Este domingo, las autoridades del país trasandino anunciaron la detención del dirigente mapuche por intento de hurto y resistencia a la autoridad.
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A su llegada a La Moneda el Presidente Gabriel Boric fijó entre sus prioridades encontrar una salida institucional para resolver la violencia en la Macrozona Sur. Primero cedió a la idea de establecer la intervención militar promoviendo el estado de excepción. Pero en paralelo creó vía decreto la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que se comprometió a ofrecer una fórmula ante la demanda de tierras. Aquí, en exclusivo, las ideas que están sobre la mesa.
En 1882, once mujeres gestionaban un tercio de las mayores fortunas del país. Todas eran viudas que se convirtieron en líderes empresariales y rompieron con la invisibilidad y los estereotipos, a fin de mantener la riqueza de sus familias y garantizar la supervivencia de los negocios, tras la muerte de sus maridos. Todas, alumbraron una etapa de expansión y dinamismo de la economía chilena e invirtieron especialmente en el sector inmobiliario.
Según un estudio de Libertad y Desarrollo y a 30 años de su implementación, el monto destinado -y actualizado al valor del peso a septiembre de 2023- superaría el billón. Sin embargo, desde Conadi retrucan señalando que hasta la fecha el gasto estatal para la destinación de tierras es de $ 732.751.410.348. Ante la discrepancia, la Comisión por la Paz y el Entendimiento solicitará un informe detallado.
Este es un listado de ocho conceptos clave para entender este especial de La Tercera. Se trata de las definiciones técnicas de los elementos que están sobre la mesa en el proceso administrativo creado por el Estado para comprar predios y así restituir las tierras ancestrales de las comunidades indígenas.
Desde que se aprobó la Ley Indígena en 1993, el conflicto del Estado con las comunidades era muy distinto al actual. Han pasado 28 años, pero la ley sigue intacta. Por eso todos los expertos dicen que el sistema está saturado y hay que buscar otros caminos. Algunos apuntan a la Convención Constitucional, a un cambio global de enfoque, a compensaciones económicas e incluso al uso de la expropiación por causa de interés nacional como una salida a esta crisis.
Uno de los tantos problemas que arrastra la política de restitución territorial es que lleva casi 28 años funcionando sin saber cuál es el universo total de predios que hay que adquirir para saldar la llamada deuda histórica con los pueblos indígenas. En 2016 la Comisión Vargas propuso hacerse cargo de este vacío y en 2018 el ministro Alfredo Moreno casi lo logró. Ahora el gobierno está a punto de abrir una licitación para contar con este estudio en un tiempo récord de seis meses.
La Tercera accedió a los registros de la Conadi que permiten rastrear todo lo que se ha hecho en casi 28 años con el mecanismo que contempla el Fondo de Tierras y Aguas para restituciones territoriales. Los datos son una primera pista de lo logrado en siete gobiernos. Si se toma como universo únicamente a los títulos de merced entregados entre 1884 y 1929 —métrica que es disputada por los pueblos originarios al considerarla insuficiente— a la fecha se ha comprado el 41% del territorio abarcado por esos documentos.
Hace 30 años el expresidente Patricio Aylwin logró reunir a cinco mil personas, realizar casi tres mil asambleas y elegir a tres mil delegados para cimentar las bases de lo que hoy se conoce como el Fondo de Tierras y Aguas. Esta fue la solución política que se aprobó en 1993 y que instauró un mecanismo para saldar la deuda territorial que tiene el Estado con los pueblos originarios.
En lo concreto, la defensa de la autoridad pide que se anule el proceso por ley indígena y se someta a un juicio ordinario. En el escrito se sostiene que el informe de la Conadi lo solicitó la Subsecretaría de Interior.
Comisión investigadora de la Cámara, además, indagará la compra de tierras en zona mapuche que hizo el subsecretario.
La acción presentada ante el Juzgado de Letras de Pucón pretende dejar sin efecto la adquisición de terrenos en la comunidad Mariano Millahual por parte de la autoridad. Ubilla Mackenney defiende la adquisición y asegura que contratará a un abogado particular para que lo represente en calidad de ciudadano.
Mientras comunidades y autoridades esperan que disposición de las forestales traiga soluciones, contratistas acusan abandono.
