En los próximos días los ministerios encabezados por Jeannette Vega y Javiera Toro suscribirán un acuerdo que tendría como objetivo "implementar mecanismos ágiles de compra de tierra". Sin embargo, el anuncio dejó varias dudas en el aire. Mientras exautoridades acusaron que se podría vulnerar la norma que prohíbe que se adquieran tierras "perturbadas", abogados expertos recalcaron que no habría atribuciones claras para avanzar en restitución de terrenos en la Macrozona Sur.
Mientras desde el oficialismo y la izquierda calificaron la jornada como histórica, convencionales de Vamos por Chile criticaron la aprobación de la norma que señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, donde se explicita además que el Estado deberá tener un “mecanismo preferente” de restitución de tierras a los pueblos indígenas.
Esto pasa ahora al borrador de la nueva Constitución. Por otro lado, el pleno también votó sobre derecho de propiedad por última vez, y aprobó que se pague el “justo precio del bien expropiado”. En la derecha hay críticas a ambas materias.
La entidad que dirige el contralor Jorge Bermúdez rechazó las bases y realizó más de 30 observaciones administrativas al texto que fue ingresado por la Conadi para su toma de razón a inicios de diciembre. El objetivo era licitar este análisis para así tener claridad de cuál era el universo total de terrenos a restituir, cuánto ya se había devuelto y qué es lo que faltaba por comprar. La Moneda ya había querido hacer esto en 2018 y hoy en este segundo intento, y a poco más de un mes que se termine el Gobierno, sufre un nuevo revés.
