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Es difícil pensar que nuestra institucionalidad y el estado de derecho puedan salir fortalecidos cuando forzadamente se ha tenido que aplazar el cumplimiento de una orden judicial y se está demostrando que las tomas pueden ser un vehículo efectivo de presión.
La diligencia está programada para el próximo martes 4 de marzo, en la comuna de Viña del Mar. Además, contestó a los dirigentes del PC que han apuntado a que se evite el desalojo y sostuvo que: "El Presidente siempre envía un mensaje que yo creo que es clave, que los fallos judiciales se cumplen"
Personal de la policía uniformada sigue a la espera de la instrucción formal para llevar a cabo la expulsión forzosa de la toma en San Antonio, donde habitan cerca de 10.000 personas. Pese a que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que el desalojo -por la magnitud de este asentamiento- no se hará en un solo día, las autoridades regionales reconocen que sí o sí se necesitará el traslado de efectivos desde la capital.
Desde la Subsecretaría de Servicio Sociales señalan que se ha trabajado en “entregar asistencia y, en los casos que sea necesario, poder derivarlas a los programas que llevan adelante diversos servicios públicos”.
“Entendemos absolutamente la preocupación y por eso esperamos que esto se pueda resolver, pero si lamentablemente no se produce, los programas sociales están a disposición de poder apoyar a las personas”, señaló la ministra de Desarrollo Social.
La diligencia está programada para el 4 de marzo, y los residentes de la toma no están contentos con el eventual desalojo. El dueño del terreno, en tanto, ha manifestado a través de su abogado que no tiene intenciones de vender las tierras y solo busca que la expulsión se concrete.
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio es dueña del terreno desde 1997. El plan original era que el terreno fuera expropiado por el MOP para la construcción de un acceso a la comuna. Sin embargo, desde 2019 una gran cantidad de personas llegó a vivir al predio. La dirigenta de la Coordinadora V Costa de San Antonio, aseguró que ella, junto a otros habitantes de la toma llegaron al lugar "con el permiso del representante legal del dueño".
El siniestro habría dejado cerca de 70 personas damnificadas, las que serán trasladadas hasta un albergue.
"Son miles de familias las que están hoy día amenazadas por una orden de desalojo que podría cumplirse en cualquier momento. Hay que tomar en cuenta que dentro de las miles de personas que viven hoy día en el campamento Centinela hay niños, personas mayores y enfermos", señaló el diputado comunista, Luis Cuello.
Al menos cinco familias resultaron afectadas tras comprar de manera informal estos terrenos, para luego ser amenazadas por el mismo grupo de vendedores para que abandonaran el sitio, realizando disparos de armas de fuego e incluso incendiando sus viviendas.
