Se decretó un plazo de 100 días de investigación.
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De las 6.305 propiedades que se encontraban ocupadas durante el año pasado, 248 de los casos se llevaron a la justicia. Según explica el Ministerio de Bienes Nacionales, la forma predilecta para resolver esta situación es la vía administrativa, la que en 2023 permitió emitir 1.975 órdenes de normalización de los lugares, además de otros 1.343 casos que fueron despachados, ya sea a las delegaciones o al CDE para recuperar espacios.
El fiscal regional occidente sostuvo que este tema "tiene que ver con las olas migratorias, la pandemia y la situación político-social en países vecinos".
Respecto a los desalojos de asentamientos irregulares, la autoridad indicó que las intervenciones policiales son "lo más fácil", pero que, "lo más complejo es sostener la presencia estatal".
El titular del Minvu afirmó que vivió a dos cuadras del Campamento Dignidad y conoce el riesgo que corren las familias instaladas en el lugar. La autoridad aseguró que desde el principió se planteó que "deberían salir a un campamento de tránsito".
El titular del Minvu detalló que explicó aún hay 121 mil viviendas a nivel nacional que están en construcción y otras 80 mil que comenzarán su edificación en los próximos meses, en busca de llegar a la promesa de 260 mil casas al fin del gobierno. Respecto a la situación de las tomas, reconoció que “ha habido mucha dificultad para disminuirlas”.
A nombre de Chile Vamos, el senador Felipe Kast dijo que "lo más probable es que el gobierno logre imponer su voluntad", por ello, anunció que presentarán un nuevo proyecto legal para que las tomas "no violentas" tengan penas de presidio. En la Comisión de Seguridad, al final, la derecha apoyó gran parte de las correcciones del Ejecutivo, con el fin de optar por "el mal menor".
"Será el gobierno el que tendrá que explicarle al país por qué en Chile, después de su veto, robar un celular en un supermercado va a tener penas de cárcel y usurpar una parcela va a ser simplemente una multa”, sostuvo el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la comisión de Seguridad.
En el veto enviado al Congreso para corregir la Ley de Usurpaciones, La Moneda planteó un mecanismo para que el juez resuelva si aplica una multa o bien la pena de presidio en aquellas ocupaciones sin violencia física ni intimidaciones. El Senado pretende votar esta semana las observaciones presidenciales.
Además, el jefe de Educación defendió la gestión del municipio de Santiago en relación a la situación del Liceo de Aplicación: “Mi responsabilidad y también el foco que nosotros hemos puesto es el foco educativo, entonces yo diría que el municipio sí lo ha hecho bien en términos de generar las condiciones para que al interior de los establecimientos se produzca este convencimiento”.
La alcaldesa de Providencia señaló que los esfuerzos para superar la paralización están puestos en el diálogo con los estudiantes. "No se trata de criminalizar el movimiento estudiantil, se trata de proteger y resguardar el bienestar de una comunidad escolar”, señaló la edil.
A comparación de lo que se veía hace 30 o 40 años, hoy los asentamientos en Chile han dejado de ser una alternativa transitoria y han pasado a convertirse en pequeñas localidades con calles, bazares e iglesias.
