Un edificio que aspiraba a ser el símbolo del crecimiento económico venezolano terminó convertido en una cárcel de horror. Denunciado tanto por organismos nacionales como internacionales por su uso para torturar a presos políticos, en El Helicoide hoy son recluidas figuras públicas en medio de las protestas poselectorales.
Un comité de expertos de la ONU pide que se permita una "presencia internacional independiente de observadores" para investigar la situación.
En tres visitas desarrolladas a fines de 2023, el Comité para la Prevención de la Tortura identificó que la población penal de la Sección de Máxima Seguridad del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) vive en condiciones que, a ratos, no cumplen con la normativa, lo que incluso podría ser considerado como hechos de tortura, además de conllevar un profundo impacto en la salud mental y física de los reclusos.
El organismo encabezado por siete expertos dará a conocer este viernes el tercer informe anual sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país, con énfasis en el acceso a servicios sanitarios. Las falencias, acorde a la pesquisa, no son pocas.
La relatora especial de Naciones Unidas, Alice Jill Edwards, presentó este jueves sus observaciones tras una estadía de diez días en el país, que incluyó visitas a prisiones, comisarías de Carabineros y la PDI, hospitales psiquiátricos, centros de detención juvenil y unidades del Servicio Médico Legal.
Presentará un informe completo sobre la visita en una próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Redactar una cláusula que permita levantar la confidencialidad de los antecedentes no es sencillo. Una de las legisladoras que vivió esa experiencia traumática se opone al levantamiento del secreto, mientras que dos de ellas son partidarias de liberar información.
Los hechos habrían ocurrido en junio del 2020 en un caso donde la parte querellante y el fiscal acusan que el funcionario de Gendarmería habría hecho una agresión de carácter transfóbica. Tras cerraste el caso sin que el Ministerio Público haya realizado la acusación, el tribunal fijó audiencia de preparación de juicio oral y reapertura de la investigación para el 23 de febrero tras la apelación del INDH.
Así lo expresó el jefe del Departamento de Investigación de la Policía Nacional ucraniana en Járkov, Sergei Bolvinov, en un comunicado, en el que señaló la evidencia de que el Ejército ruso habría utilizado los sótanos de algunos edificios como prisión y como lugar donde torturar a residentes.
En fallo dividido, el Sexto Tribunal Oral de Santiago indicó que los hechos registrados al momento de la detención Josué Maureira Ramírez (21), "se enmarcaron dentro del uso proporcional de la fuerza" y que, por tanto, "la actividad de los funcionarios no se enmarca dentro de la calificación jurídica de torturas ni de apremios ilegítimos”.
Uno de los casos emblemáticos del estallido social empieza a llegar a su fin. Tras dos años de investigación, el Ministerio Público presentó la acusación por los hechos denunciados por el joven estudiante de Medicina de la UC Josué Maureira. En el escrito se decide llevar a juicio oral a siete carabineros, cinco de ellos acusados por tortura y dos por apremios ilegítimos. Pese a que en un inicio la causa incluía el delito de tortura calificada, al incluir una eventual lesión sexual que contaba con un informe ampliado del SML, durante el transcurso de la indagatoria no se pudo obtener pruebas suficientes para probar la participación de los acusados en ese hecho.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos eligió a cuatro de los siete expertos que encabezarán el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, una figura exigida por la ONU, cuya puesta en marcha estaba pendiente.
Teniendo en cuenta esto, el INDH solicitó al CNTV que en su papel de ente supervisor, vele para que situaciones como las descritas, "no se vuelvan a repetir a través de sus pantallas".
El jefe de la brigada de delitos contra los DD.HH., subprefecto Eric Martínez, dijo que su labor está enfocada "en saber cuál fue el trabajo o la intervención que él tuvo o no".
La acción judicial interpuesta en contra de Pesquera Arauco, busca que se investigue el rol que esta habría cumplido en casos de detenidos desaparecidos en dictadura.
