Según acreditó el tribunal, José Andrés Cuevas Meliñir cometió el ilícito contra ocho personas que fueron detenidas por su patrulla y a los cuales, cuando se dirigían a constarar lesiones, abandonó en medio del desierto luego de intimidarlos con su armamento de servicio.
Una grave situación quedó al descubierto esta semana cuando el magistrado Fernando Guzmán llegó sorpresivamente hasta dependencias del principal Centro de Detención Preventiva de la capital tras acoger un amparo en el que se denunciaban golpizas en el recinto concesionado. Junto con establecer que existe un descontrolado hacinamiento, constató que al interior operan organizaciones, principalmente compuestas por extranjeros, que cometen apremios contra imputados, envían videos a sus parientes y les piden altas sumas de dinero a cambio de no quitarles la vida. La denuncia ya está en manos del Ministerio Público y de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.
"La ministra ha destruido nuestra imagen como funcionarios públicos, comprometidos con una atención de calidad" dijo Alejandra Voigt, presidenta del Capítulo Médico del recinto. Con las movilizaciones, el hospital dejará de recibir pacientes para atención cerrada y abierta, aunque mantendrán turnos éticos y la entrega de medicamentos.
En un comunicado leído en una rueda de prensa, los familiares han alertado que con las personas encarceladas se mantiene la falta de acceso a salud de forma adecuada, persiste la política de aislamiento, acoso constante y agresiones, entre otras violaciones de Derechos Humanos, según informó el diario "La Prensa". Previamente, la Fiscalía de Nicaragua realizó cuestionados juicios contra los opositores a los que tildó de “delincuentes y criminales”.
El Juzgado de Garantía de Talagante decretó que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, quien fue violentamente agredido y sometido a humillaciones por parte de los imputados en una dependencia policial, en el marco del estallido social.
En 2021, el Tribunal Oral de Iquique condenó a 12 años de presidio a J.M.S.R. por someter a vejámenes a tres ciudadanas bolivianas. Según explicó la defensa de la mujer, el máximo tribunal decidió anular el juicio y la realización de uno nuevo debido a que “se condenó a esta persona dándole por establecida una intencionalidad que no era materia del delito”, al sentenciarla por el delito de torturas.
El emiratí Ahmed Nasser Al Raisi enfrenta denuncias en distintos países, mientras Abu Dabi alega una “campaña de distorsión”.
Dos de los imputados entregaron detalles a la fiscalía de cómo habrían torturado y agredido a dos hombres, víctimas de un caso sin parangón en La Araucanía y que se originó por un supuesto robo de armas y drogas. Uno de los secuestrados logró escapar y el otro fue asesinado tras ser golpeado con un palo y "ahogado con vino", según relatan algunos de sus captores. Luego, lo habrían descuartizado y quemado. El sujeto que logró escapar describió ante el Ministerio Público los días más oscuros de su vida.
En declaraciones a La Red, el “comandante Ramiro” se refirió a los otros objetivos que tenía el FPMR a principio de los 90 y criticó la actualidad de la izquierda en Chile.
Tras el sobreseimiento de la investigación, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, afirmó que quienes hicieron "denuncias falsas" en el marco del estallido social, deben asumir su responsabilidad.
Tribunal de alzada revocó el fallo de primera instancia dictado el 26 de diciembre, argumentando que lo que había era un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
En dictadura existieron más de 1.168 centros de detención y tortura a lo largo del país. Eran casas particulares, clínicas, oficinas, centros comerciales, recintos deportivos y edificios públicos que fueron transformados en lugares de reclusión, interrogación, violación, desaparición y detención política. Lugares que hoy se mimetizan en la ciudad y que han desaparecido con la misma rapidez que aparecieron.
Matías Walker, Gabriel Ascencio y Gabriel Silber emplazaron al ministro del Interior para que adopte medidas ante la inacción del mando institucional que aún mantiene en sus cargos a los uniformados acusados de tortura de la 21° Comisaría de Estación Central.
Catorce carabineros de la 21° Comisaría, liderados por Francisco Arzola -conocido en EstaciónCentral como "el paco nazi"- están imputados por infligir apremios a comerciantes, taxistas y estudiantes de la zona. Pese a la gravedad de los hechos, la mayoría sigue activo, aunque la propia institución los sindica como autores de delitos de lesa humanidad.
El exjefe militar dice que siente honor por haber rescatado al Ejército y transformarlo en el "Ejército de todos los chilenos". Hoy -cuando suma su segunda vinculación a una causa de violaciones a los derechos humanos, cuyas acusaciones rechaza de plano-, Cheyre asegura que es objeto de una persecución que busca -a través de su descrédito- desestimar el proceso de transición que decidió liderar.
