Una grave situación quedó al descubierto esta semana cuando el magistrado Fernando Guzmán llegó sorpresivamente hasta dependencias del principal Centro de Detención Preventiva de la capital tras acoger un amparo en el que se denunciaban golpizas en el recinto concesionado. Junto con establecer que existe un descontrolado hacinamiento, constató que al interior operan organizaciones, principalmente compuestas por extranjeros, que cometen apremios contra imputados, envían videos a sus parientes y les piden altas sumas de dinero a cambio de no quitarles la vida. La denuncia ya está en manos del Ministerio Público y de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.
