De a poco han ido apareciendo, sobre todo en la zona norte de Santiago. Pero en unos años, la capital estará rodeada de paneles solares. La sobreoferta de energía en el norte y la ajustada capacidad de transmisión para traerla, sumada a una legalidad que les ha favorecido ha llevado a que empresas de energía no convencional se hayan ido instalando crecientemente en la zona central del país.
Entre enero y octubre, 113 proyectos inmobiliarios iniciaron el proceso de evaluación ambiental, con una inversión total de US$4.219 millones. Si se compara con el mismo periodo del 2019, se traduce en un caída 42,7%.
La iniciativa, que demandaría una inversión de US$246 millones, busca satisfacer la creciente demanda energética industrial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Totalizó US$32.000 millones, contra US$15.800 millones de igual período de 2019. Además, el número de iniciativas presentadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pasó de 396 a 519. Lideró el sector eléctrico.
En el marco de una mesa público privada, el Consejo Minero le entregó al Ministerio de Economía los requerimientos para tener continuidad operacional en la industria, tomando en cuenta las restricciones por el Covid-19.
Cifra supone un alza de casi 100% respecto del año anterior, lo que se explica, principalmente, por grandes iniciativas en energía en el Norte Grande. En minería también se observan importantes iniciativas.
Antofagasta Minerals presentará a fines de esta semana el Plan Minero de Operaciones (MPO, por sus siglas en inglés) del proyecto ubicado en Minnesota, Estados Unidos. Se estima al menos unos cinco años de tramitación ambiental. La última estimación de costo se ubica en torno a US$1.000 millones.
Un estudio revisó 24 mil proyectos presentados a esta tramitación en los últimos 25 años, mostrando un aumento progresivo en las tasas de rechazo. La investigación también indica que hasta 2017, solo el 1,6% de los proyectos tardó más de dos años en obtener su permiso para operar.
Se trata de la planta fotovoltaica Sierra Gorda Solar, de la filial EGP, de unos 400 MW de capacidad instalada y que implica un inversión de US$400 millones.
En el período la cantidad de proyectos calificados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se incrementó en 9,4% versus la primera mitad de 2018, mientras que los tiempos de tramitación se redujeron.
Habitantes acusan que Punta Puyai, hoy en ejecución, genera riesgos para el ecosistema, por lo deberá tramitar un permiso ambiental. Abogada acusa que fallo resta certeza jurídica.
La iniciativa de US$ 1.000 millones permitirá dar continuidad a la División Salvador.
La ausencia de grandes proyectos se ha dejado sentir en el monto de iniciativas ingresadas al SEIA, que en su conjunto sumaron US$6.671 millones. Rubro inmobiliario toma ventaja en relación a los sectores mineros y energéticos, que solían llevar la delantera.
En lo que va del año, han ingresado 364 iniciativas a evaluación ambiental que en conjunto suman US$10.150 millones, mientras que en igual período del año pasado habían 360 proyectos por US$27.035 millones.
La cifra representa un descenso de US$ 25.479 millones y corresponde a un total de 336 proyectos.
