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El abogado de la senadora socialista, Gabriel Osorio, además solicita que se oficie a la Contraloría, al Ministerio de Bienes Nacional y al Conservador de Bienes Raíces de Santiago para reafirmar su argumento de que el contrato no se celebró, ya que faltaba un último acto administrativo para autorizar la compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.
El organismo había postergado un pronunciamiento respecto a presentación que busca destituir a la actual ministra de Defensa.
Las quejas de legisladores apuntaban especialmente al artículo, que habilita el uso de dispositivos electrónicos, entre ellos el IMSI catcher, para rastrear e intervenir celulares y direcciones de IP.
La arremetida fue promovida por el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), quien buscaba que firmaran el requerimiento los 38 parlamentarios que votaron en contra en la Cámara, sin embargo al legislador solo le faltaron tres rúbricas.
Según indicó el gobierno, la nueva normativa permite a la legislación ser más “eficaz y democrática”, estableciendo -entre otras cosas- sanciones penales a todos aquellos que formen parte de una asociación terrorista, independiente de si ésta comete o no los delitos que organiza.
El organismo no hizo objeciones sobre el uso de dispositivos IMSI catcher, que permiten rastrear celulares. La norma quedó redactada en términos amplios, y una vez que el Presidente publique la nueva ley, estas herramientas de intervención y detección -que a juicio de la izquierda eran invasivas de la vida privada- pueden servir para delitos terroristas y también para casos de drogas, de control de armas y de crimen organizado.
Nueva arista de la venta fallida de la casa del expresidente Allende.
Abogados John Reid y Raimundo Palamara desembolsaron los $ 500 mil solicitados por el tribunal, que ahora deberá definir la admisibilidad de la solicitud presentada por los juristas, que busca que la secretaria de Estado sea destituida.
El trámite se encuentra en la fase de afianzar un pago de los abogados que presentaron el escrito. En un plazo de cinco días deberán cancelar $500 mil.
La defensa tiene 10 días para responder. Su equipo está trabajando en la respuesta desde que fue contactado por la legisladora.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
La parlamentaria socialista está consciente de que pese a que el Tribunal Constitucional suele fallar a favor del oficialismo y que ya tiene tres votos seguros, su caso no lo tiene ganado. La decisión de los dos ministros judiciales y las dos ministras DC son las piezas clave para no perder su escaño. El requerimiento de la derecha abrió un caso que será histórico, ya que nunca antes, en los casi 50 años del TC, el artículo 60 de la Constitución ha sido interpretado.
Las bancadas de la UDI, RN y Evópoli acudieron a las dependencias del órgano para presentar la solicitud en contra de la parlamentaria socialista, tras la controversia por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Tras la presentación, además abordaron las diferencias con el requerimiento de republicanos.
