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La abogada que representó a los senadores de Chile Vamos y Demócratas que impugnaron siete de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric asegura que Nancy Yáñez debió haberse inhabilitado en este caso, ya que previamente había emitido un pronunciamiento jurídico en torno al tema en cuestión. A su juicio, pese a que sus intereses se vieron frustrados por el organismo, lograron poner en evidencia que el Mandatario habría actuado negligentemente al dejar en libertad a los beneficiarios.

Este martes, tras el rechazo de los requerimientos presentados contra los indultos, representantes de Chile Vamos apuntaron a la actual composición del Tribunal Constitucional (TC), y en particular, a su presidenta. Aseguran que debió haberse inhabilitado por su cercanía con el actual gobierno, sobre todo con el ex jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, quien salió por esta crisis.

Ayer los senadores transmitieron críticas a los diputados por el perfil del abogado Manuel Núñez, carta que empujan para integrar el Tribunal Constitucional. Los cargos acumulan un año vacantes.

Los comisionados no tienen acuerdo respecto de qué hacer en la revisión de constitucionalidad de la futura Corte Constitucional sobre los requerimientos de parlamentarios en las leyes antes de que entren en vigencia. Mientras algunos en el oficialismo quieren quitarlo por completo, otras voces en la oposición están a favor de preservarlo con algunas modificaciones.

En acaloradas discusiones en el pleno del Tribunal Constitucional (TC), la mayoría de los ministros decidió desestimar las acciones presentadas por Chile Vamos y Demócratas al considerar que la naturaleza del indulto le da potestades amplias al Presidente para otorgarlo y que, por ende, no se cuestiona lo que señala la Carta Fundamental. En la vereda opuesta, los jueces que estuvieron por acoger el requerimiento defendieron que el acto en sí es discriminatorio al no fundar de forma profunda y detallada por qué se benefició a unos y no a otros. Con todo, la jornada estuvo marcada por el reclamo del ministro José Ignacio Vásquez, quien se manifestó molesto de que la presidenta Nancy Yáñez, nombrada en el cargo por la actual administración, adelantara la votación en dos días, y en su intervención, según tres presentes, acusó que los partidos políticos han cuoteado al TC al punto de transformarlo en una "tercera cámara".

Esto, luego de que el tribunal rechazara los requerimientos que buscaban impugnar siete indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric. Sobre lo indultados, Luis Cordero dijo que están sujetos "vigilancia de los centros de reinserción social de Gendarmería” y que "cualquier incumplimiento de las condiciones en que ellos han sido otorgados, implicará que vuelvan a cumplir sus condenas en un establecimiento penitenciario”.

El Tribunal Constitucional rechazó esta tarde los requerimientos que fueron presentados por senadores de oposición y Demócratas.

Los requerimientos presentados en contra de los indultos concedidos al exfrentista Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos vinculados al estallido social fueron desestimados por el organismo encabezado por Nancy Yañez. De acuerdo con lo resuelto, los actos suscritos por el Presidente Boric y reclamados por la oposición no revisten vicios de constitucionalidad.

Tras suspender la audiencia ante los reclamos del magistrado José Ignacio Vásquez, los integrantes del organismo resolvieron realizar una sesión extraordinaria que está convocada para este martes a las 13:30 horas. Esto luego de varios dimes y diretes entre los magistrados ante la molestia que provocó en uno de ellos el adelanto de la deliberación por parte de la presidenta Nancy Yáñez.

A través de un correo, el magistrado manifestó su molestia con la decisión de la presidenta del organismo, Nancy Yáñez, de adelantar la votación para esta jornada y aseguró que no participará del pleno lo que deja sin el quorum necesario (ocho ministros) para sesionar.

En un inicio se había acordado deliberar este jueves 23 respecto de los requerimientos presentados por Chile Vamos y Demócratas que buscan impugnar siete indultos concedidos por el Presidente Boric. Sin embargo, el viernes en la tarde la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) Nancy Yáñez determinó adelantar la votación para la sesión de pleno de este martes 21. La decisión molestó a uno de los integrantes más antiguos del organismo, el ministro José Ignacio Vásquez, quien anunció mediante un correo enviado a sus pares que sólo revisará lo que estaba acordado antes del cambio en las tablas que calificó de "sin precedentes".

Los informes de Gendarmería recomendando que no se indultara a 6 de los 12 beneficiados por el Presidente Gabriel Boric, reabrió el flanco que el gobierno se ha empeñado en radicar en el Tribunal Constitucional. La derecha canalizará una arremetida a través de la comisión investigadora y hay voces que no descartan una acusación constitucional al propio Mandatario.

El abogado y consejero Raúl Letelier fue el encargado de defender la constitucionalidad de los decretos impugnados por los senadores de Chile Vamos y Demócratas. Y frente a los cuestionamientos que hicieron los requirientes, representados por la abogada y exconvencional Constanza Hube, fue enfático en que cada decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric cuenta con su debida fundamentación.

Los abogados del legislador habían ingresado ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para que se declare inconstitucional la apelación del Ministerio Público ante la Corte Suprema tras el rechazo del tribunal de alzada de Copiapó a desaforar al parlamentario. En este proceso, la fiscalía respondió al TC, lo que generó los cuestionamientos de los defensores.

La entidad pública expone que el recurso presentado por la menor de los Pinochet Hiriart cuenta con una serie de errores en sus planteamientos legales y que debió acudir a otras instancias para reajustar la deuda antes de recurrir al Tribunal Constitucional. Además de acusar de que el recurso de apelación que presentó la mujer ante la resolución del Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) y que origina este requerimiento también estaría mal planteado.