La Superintendencia de Educación Superior (SES) rechazó un nuevo plan de recuperación presentado por la institución y ahora deberá resolver si opta por un administrador provisional o uno de cierre.
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La administración de cierre de la casa de estudios denunció una serie de pagos por casi $ 260 millones que salieron desde las arcas del recinto con destino a cuentas personales de Fernando Lagos, la exautoridad máxima autoridad del plantel. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público. Lagos se defiende afirmando que se trata de "resguardos de dineros", mientras celebra una orden de no innovar de la Corte Suprema, que prohíbe avanzar en el cierre hasta su fallo definitivo.
