Luego de una investigación administrativa liderada por el organismo que dirige Dorothy Pérez, se determinó que hubo una infracción grave al principio de buen servicio por parte del subcomisario Gonzalo Fuentes, de la Bicrim Calama. Este perdió la cadena de custodia de una prenda de la víctima, en el marco de la investigación penal por una agresión sexual grupal. Si bien la resolución es solo una propuesta, queda en manos del director de la PDI, Eduardo Cerna, la última decisión.
Por primera vez, desde que fue formalizado por violación y abuso, la otrora autoridad del gobierno solicitó revisar su prisión preventiva. El escrito ya fue ingresado y el 1 de abril se discutirá si -como plantea su defensa- las circunstancias que se tuvieron a la vista cuando fue enviado a la cárcel han cambiado o no. El Ministerio Público, y la parte querellante, en todo caso, se opondrán. ¿Logrará Manuel Monsalve revertir su situación judicial?
La expareja y una de las hijas del desaforado diputado -quien permanece en prisión preventiva y huelga de hambre- aseguran que sus declaraciones judiciales han sido mal utilizadas y que la Fiscalía no sigue una investigación imparcial en su contra. Persisten en la tesis de que hay una persecución política y que todas las acusaciones en contra del parlamentario son falsas.
Luego de tres meses desde que se le enviaron las consultas, el Mandatario entregó una respuesta escueta, que no abordó las 49 consultas hechas por la instancia parlamentaria.
Además de la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, el sujeto fue sometido a las accesorias legales de huella genética y comiso del vehículo.
El desaforado diputado por el Maule comunicó la acción de presión por medio de una carta, advirtiendo que es víctima de una investigación injusta y que hay partidos políticos aportando recursos para dañarlo.
La acción de tutela laboral presentada ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago busca concretamente que la Subsecretaría del Interior sea sancionada por no haber realizado los actos administrativos necesarios para proteger a la funcionaria, quien fue víctima -según formalizó la Fiscalía- de abuso y violación por parte de su entonces jefe Manuel Monsalve. Acá los detalles de la petición que la mujer hace ante esta instancia, donde asegura que no busca ninguna clase de compensación económica por parte del Estado.
La comisión encabezada por Miguel Mellado (RN) envió, a principios de diciembre, un documento con 29 consultas al exsubsecretario.
Richard Fuentes Fierro, de 48 años, fue condenado por los ataques sexuales que cometió contra cuatro mujeres en la Región de Tarapacá. Una de las víctimas era su pareja.
El organismo liderado por Raúl Letelier sigue analizando los antecedentes del caso. Por ahora siguen sobre la mesa las opciones de querella por mal uso de gastos reservados -malversación de caudales públicos-, infracción a la Ley de Inteligencia, obstrucción a la investigación y amenazas. Decisión se tomaría durante las próximas semanas.
Fue el 22 de octubre que detectives y profesionales de la Fiscalía llegaron junto a la víctima, de 32 años, a las dependencias de Milá, donde ella y Monsalve almorzaron el 1 de septiembre y tras lo cual él le dio "un beso por sorpresa".
Pese a que la abogada defensora Paula Vial había indicado que el exfutbolista, imputado por delitos de violación y abuso sexual, abandonaría el recinto penal el martes, el "Mago" fue liberado pasadas las 23.30 horas de este lunes.
El máximo tribunal acogió este lunes los argumentos del recurso de amparo presentado por la defensa del exfutbolista, la cual alegó que la Corte de Apelaciones de Santiago, al momento de decretar la máxima cautelar, emitió un fallo “ilegal” y con “graves errores de fundamentación”
El hombre de 58 años testificó ante efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI la mañana del 21 de octubre. Ahí reiteró que su hija le contó de lo ocurrido por teléfono y que ella le repetía que nada de lo sucedido con el otrora militante socialista había sido consentido.
Desde 2018, cuando entró en plena vigencia la ley que regula esta materia, se han interrumpido 4.875 gestaciones en los centros de salud por riesgo materno, inviabilidad fetal o agresión sexual. De ese grupo, 209 son adolescentes y 142 tienen menos de 14 años.
