La directora de la institución, en relación a sus dichos del domingo, señaló que la distinción que hizo “en ningún caso significa que no existieron violaciones a los derechos humanos, graves y masivas” y que “tampoco significa que esas violaciones no puedan constituir crímenes de lesa humanidad”.
Las recientes declaraciones de la candidata a la vicepresidencia Victoria Villarruel, quien calificó como “familiares de terroristas” a los hijos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura argentina, provocaron incluso la reacción del actual mandatario, pese a su autoexclusión del debate presidencial.
El consejo del organismo, encabezado por Consuelo Contreras, aprobó este lunes 14 de noviembre, por siete votos contra dos, el texto de la acción judicial. Como se indica, al menos en el período comprendido entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019, jefaturas de la institución policial "omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos" en el contexto de las manifestaciones. Hacen hincapié en que pese a que estaban en conocimiento de las irregularidades, no habrían dictado órdenes para revertir el escenario.
La medida se da tras la declaración del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el miércoles pasado advirtió sobre la profundización de la violación a los DD. HH. en Nicaragua.
Se trata de causas complejas que fueron asignadas a fiscales y equipos investigativos que debieron invertir en peritajes nunca antes realizados en la Reforma Procesal Penal. Las investigaciones por las lesiones graves gravísimas, que dejaron ciegos a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, ejecutadas -según el Ministerio Público- por agentes del Estado, están en momentos clave. Es ahora la justicia quien determinará la pena que impondrá a los carabineros imputados.
El director del Instituto Nacional de DD.HH. cuestiona la falta de reconocimiento del Estado ante las consecuencias del estallido social. Además, critica las modificaciones introducidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2022, que aluden a la reparación monetaria de las víctimas de abusos por parte de agentes policiales y militares.
La instancia tendrá como objetivos recoger en una memoria los testimonios de las víctimas que fueron entregados el año pasado y busca que se le destinen los recursos al programa PRAIS para que atienda a víctimas de lesiones graves.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia advirtió además que el documento elaborado por AI “no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas".
El organismo evidencia falta de entrenamiento al personal de menor rango sobre el riesgo de usar armas de poca precisión como son las escopetas antidisturbios.
El informe que será presentado a la Corte de Apelaciones no es vinculante, pero establece una mirada jurídica respecto al excomandante en Jefe del Ejército que -de ser acogida- podría elevar la condena de 3 años y un día en libertad vigilada que dictó en primera instancia el juez Mario Carroza.
El juez Mario Carroza se apronta a condenar al excomandante en jefe del Ejército -quien fue el primer jefe militar en pedir perdón a nombre de la institución por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen del general Pinochet- a una pena de entre cinco y 10 años de cárcel por el episodio "La Serena" de la denominada Caravana de la Muerte.
Desde el PC explicaron que no dieron la unanimidad para que la iniciativa fuera votada hoy ya que no contemplaba sanciones para quienes niegan las violaciones a los Derechos Humanos.
La Suprema está en plena redacción de un dictamen que complicaría los penales destinados a ex agentes y militares condenados por DD.HH.
Parlamentarios y agrupaciones de DD.HH. esperan que el juez Carroza pueda indagar otros casos.
En estos casos el tribunal de garantía podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total para los presos que sufran una enfermedad terminal.
