Cuatro hechos de violencia se registraron desde que terminó la medida que facultaba a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a disponer medidas de control y fiscalización en la zona, aún así los eventos fueron de menor gravedad a otros registrados en semanas atrás. El gobierno busca impulsar una mayor presencia policial, pero a la vez buscar el diálogo con las comunidades mapuches.
En los casi 70 km que separan estos dos puntos de Arauco han muerto 21 personas en los últimos 10 años por delitos de violencia rural. Otras 45 han sufrido incendios, y eso sin contar a los que han sido amenazados. En esta parte del Biobío, donde hay códigos violentos, sobrevivir, muchas veces, depende de mantener el silencio.
Roberto Garrido, persecutor jefe en la denominada "zona roja", pide una mayor inyección de recursos a las policías para las indagatorias de ilícitos que van al alza. Dice que los grupos que perpetran estos ataques cuentan con colaboración y revela reuniones con fiscales argentinos "ante eventuales intercambios e ingreso de armamentos desde Argentina a Chile y viceversa”. Además, sostiene que la colaboración entre el narcotráfico y los grupos más radicales es cada vez mayor.
Roberto Garrido también se refirió a temas como la venta de armas a cambio de drogas y dinero, las cuales tienen como destino final a comunidades de la provincia de Malleco, además de los delitos de ataques incendiarios. "Seguiremos persiguiendo con decisión las manifestaciones criminales de un fenómeno cuyas causas son políticas y respecto del que, como todos los habitantes de La Araucanía, esperamos puedan encontrar una solución a través de la institucionalidad democrática”, dijo.
El hijo del matrimonio Luchsinger Mackay -cuyo asesinato cumplió nueve años- dice que espera que a la administración de Gabriel Boric le vaya bien, pero no mantiene expectativas sobre lo que pueda hacerse ante la violencia rural en la Macrozona Sur. Dice que cree en el diálogo, pero sin amenazas, y con un plan concreto. Sobre las declaraciones de Izkia Siches, quien se abrió a conversar con la CAM, sostiene que “cuando hay una persona con un fusil del otro lado, no es un diálogo, es una imposición”.
Entre la 1.20 de la madrugada y las 8 de la mañana de este martes se registraron distintos hechos de violencia en esta zona de la Región del Biobío: desde el ingreso a una empresa forestal, hasta la quema de cabañas en Contulmo. Para el gobierno estas situaciones tienen su origen en la eventual extensión del estado de emergencia y un fallo que está pronto a salir, que vincula a imputados con un grupo radical que opera en la Macrozona Sur.
Era un joven de 29 años, integrante de la comunidad Lof Quemquemtreu, quien falleció por un disparo en el pecho el domingo 19 de noviembre en la localidad de El Bolsón, Argentina, provincia de Río Negro, luego de un altercado con dos personas que trabajaban como contratistas de un predio tomado. El gobierno mira con atención los vínculos entre comunidades chilenas y transandinas donde el presunto tráfico de armas asoma como la principal sospecha.
La Carretera P-72 concentra 75 atentados desde enero de 2020, siendo la más peligrosa del Biobío. Sus 90 kilómetros, que unen las comunas de Cañete, Quidico y Tirúa, han sido escenario de diversos hechos de violencia. El último, protagonizado por, según Carabineros, “15 sujetos armados” y efectivos de la Armada, donde se indagan los hechos que dejaron un herido y a una persona fallecida. De acuerdo a información policial, allí operan seis grupos radicalizados, los que se dividen el territorio para perpetrar asaltos y robos a camiones, aprovechando los bosques y complejos caminos rurales que rodean la ruta.
El fiscal Nelson Vigueras deberá esclarecer una eventual participación de agentes del Estado en la muerte de una persona y las lesiones de al menos tres. Por su parte, Juan Yáñez indagará la responsabilidad de los detenidos ayer por los delitos de atentado contra la autoridad, infracción a la ley de armas y receptación.
Entre el 13 y el 27 de octubre se registraron 15 delitos asociados a la violencia rural en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco. Durante las dos semanas previas habían sido 25 los ataques de este tipo.
Hasta ahora, los persecutores no logran establecer un vínculo claro entre el atentado y una reivindicación territorial ¿Por qué? Nadie se ha adjudicado el ataque, no se encontraron panfletos en el lugar y las víctimas no tienen denuncias previas por tomas o intentos de ataques. Lo que sí hay -señalaron fuentes consultadas- es un probable vínculo con el robo de madera. Eso, dado que en junio del 2020, el matrimonio denunció amenazas, luego de que una forestal les cediera madera que había sido sutraída de un atraco.
A ocho años de ocurrido el crimen del matrimonio en el Fundo Granja Lumahue, en Vilcún, el máximo tribunal del país acogió la demanda presentada por sus hijos y ordenó al Fisco resarcir los daños que provocó la muerte de Werner Luchsinger (75 años) y su esposa Vivianne Mackay (69 años) la noche del 4 de enero de 2013. A juicio de la Tercera Sala del máximo tribunal, hubo falta de servicio ante las constantes amenazas de muerte que denunció el matrimonio y su familia. La sentencia, en que se ordena un pago de $ 250 millones a cada hijo, se convierte en un hito en el contexto de los casos de violencia rural y un precedente que será observado atentamente por las víctimas de la Macrozona Sur.
Analistas políticos y dirigentes de Apruebo Dignidad y Chile Vamos intentan explicar por qué el primero de los bloques se impuso con holgura en las zonas de menores recursos de la Región Metropolitana, y el segundo movilizó más gente en la macrozona sur, afectada por la violencia rural. Las zonas fronterizas también se analizaron con un resultado más equiparado.
El presidente de la Multigremial de La Araucanía pide buscar una salida, impulsada por las autoridades regionales, a través del diálogo con las comunidades que no amparen la violencia. Además, es crítico sobre el avance de las investigaciones judiciales y pide más recursos para la policía.
El documento revela los temores de los funcionarios judiciales de la zona y cómo es convivir con la violencia rural, en medio de audiencias de formalización y juicios. “Varios funcionarios han sufrido ‘encerronas’ durante el traslado a sus hogares (...). Salir se torna una aventura riesgosa e insegura". Se expone el caso de la jueza que circula en un vehículo blindado, o el caso de un magistrado que no encuentra arriendo disponible, porque nadie quiere pasarle su casa a un miembro del Poder Judicial que podría ser blanco de un atentado. Hay "muchos testimonios de sucesos del día a día que los hacen trabajar con el fantasma del temor”, dice el texto remitido por el ministro Arturo Prado al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
