Yoon Suk Yeol ha justificado el envío de tropas al considerar que existían acusaciones de fraude electoral que ponían en peligro la estabilidad y democracia.
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Corea del Sur El destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol defiende legalidad de la ley marcial
Esta es la primera vez que Yoon Suk Yeol se pronuncia oficialmente sobre lo sucedido desde que fue imputado hace dos días.
La acción ocurre en el marco de la investigación por la fallida declaración de ley marcial promulgada el pasado 3 de diciembre por el exmandatario.
De forma paralela, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la declaración de la ley marcial. Si al final avala la destitución de Yoon, el país deberá celebrar elecciones en un plazo de 60 días.
Durante el fin de semana, Yoon fue trasladado a una celda de aislamiento de doce metros en el centro de detención de Seúl.
Los investigadores surcoreanos que investigan a Yoon por presunta insurrección pidieron a un tribunal de Seúl que prorrogara su detención después de que se negara a ser interrogado.
El mandatario que fue detenido en la madrugada de este miércoles, luego de entregarse voluntariamente, está siendo investigado por la comisión del supuesto delito de insurrección por su fugaz declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Las autoridades detuvieron al destituido Yoon Suk Yeol, una medida que algunos dicen prolonga las divisiones que han asolado a Corea del Sur desde que declaró la ley marcial en diciembre.
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Se convierte así en el primer mandatario surcoreano que afronta un arresto, en el marco de la investigación por cargos de sublevación y abuso de poder, tras su fallido intento de imponer la ley marcial en su país el pasado 3 de diciembre.
Esto luego de que la Justicia de Corea del Sur ampliara el martes el plazo para detener al presidente destituido tras varios intentos infructuosos de arrestarlo.
Tras el fallido intento de arresto, la seguridad presidencial ha reforzado la residencia oficial instalando alambres de púas y utilizando autobuses para bloquear el acceso al edificio.
El exmandatario surcoreano cuenta con una orden de arresto para interrogarlo por haber decretado la ley marcial en el mes de diciembre.
De acuerdo a la información dada a conocer, unos 200 agentes de seguridad estaban creando un muro, haciendo imposible la entrada.
El gobernante surcoreano está siendo protegido en su residencia en Seúl por personal de seguridad presidencial, tropas militares y partidarios, los que impiden la acción de la policía para lograr la captura, tras ser imputado por insurrección por su intento de aplicar ley marcial el pasado 3 de diciembre.
La decisión judicial se tomó luego que el mandatario surcoreano ignorara tres citaciones para ser interrogado sobre su declaración de ley marcial, el pasado 3 de diciembre. El gobernante depuesto enfrenta cargos penales por insurrección que podrían acarrearle una sentencia de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
