
El desalojo de la toma Lajarilla en imágenes
El martes 4 de marzo, cerca de las 7.00 de la mañana funcionarios de Carabineros, de la Delegación Presidencial y de la Municipalidad de Viña del Mar llegaron hasta la toma Lajarilla, en Reñaca Alto, para efectuar el desalojo que estaba agendado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Toma Lajarilla
La Corte de Apelaciones de Valparaíso informó que la toma ubicada en el sector de Lajarilla, en Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, tenía que ser desalojada. De acuerdo a la resolución del tribunal de alzada, el desalojo en la toma Lajarilla se debía efectuar el martes 4 de marzo, a partir de las 9.00 de la mañana.

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El predio en cuestión es propiedad del empresario José Massú, quien adquirió las parcelas 764 y 766 en la comuna de Viña del Mar en 2012. El fallo de la Corte Suprema que ordena a los ocupantes hacer abandono del terreno.

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A febrero de 2025 se contabilizaban a cerca de 450 personas en la toma, pertenecientes a unas 86 familias.

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Carlos Calixtro, vocero de la Toma Edén de Lajarilla, aseguró que el dueño del terreno les “regaló” un sector de la parcela. “El tercer día estando acá, llegó el señor Massú y nos regaló... delimitó la parte que donaba”. “Hubo un compromiso verbal de parte de él con nosotros, de que la parte demarcada era la que nosotros podíamos habitar y la otra garantizarle que eso no se siguiera invadiendo”, sostuvo.

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En un principio el desalojo estaba programado para el sábado 22 de febrero, sin embargo, el abogado del propietario del terreno, llegó a un acuerdo entre el Municipio y Carabineros, y solicitó a la Corte de Apelaciones postergar el lanzamiento para el 4 de marzo, alegando que no estaban los medios para efectuar la diligencia ahora, debido al periodo estival y el inicio del Festival de Viña, lo que obligó a las fuerzas de orden público y al Municipio a reforzar sus dotaciones en torno al evento.

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En definitiva, la Corte acogió la solicitud del abogado, y postergó la medida para marzo.

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Desde el gobierno han intentado dialogar con las partes para llegar a posibles acuerdos de compra de terreno, sin embargo, el abogado de Massú, Waldo del Villar, señaló a El Mercurio de Valparaíso que su cliente “no quiere vender, y eso se les ha dicho reiteradamente a los ocupantes, por distintos conductos”.

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Cerca de las 7.00 de la mañana de este martes 4 de marzo funcionarios de Carabineros, de la Delegación Presidencial y de la Municipalidad de Viña del Mar llegaron hasta la toma Lajarilla, en Reñaca Alto, para efectuar el desalojo que estaba agendado para esta jornada.

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El abogado Gustavo Burgos, representante de los habitantes de la toma Lajarilla, acusó que desde la Municipalidad de Viña del Mar y otras autoridades no han entregado información precisa para ayudar a los ocupantes del lugar, además, de no difundir sobre la disposición de albergues que dijeron tener.

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"Yo me informé de los lugares donde hay disposición albergue a través de Canal 13, creo. O unos periodistas que me lo dijeron desde Santiago. Pero los pobladores no tienen ni idea a dónde concurrir. No saben. Están en absoluto desamparados”, expresó el abogado Gustavo Burgos.

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Camila Estay, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Viña del Mar, llegó hasta el lugar, donde se refirió a las declaraciones del abogado aseverando que “es totalmente falso”.

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“Nosotros estamos mandatados, no es voluntad del municipio y no es rol del municipio hacer desalojo. Acá es el privado quien a través de la Corte nos obliga, nos obliga lamentablemente a tener que realizar y estar hoy día acá”, añadió la funcionaria municipal.

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Los pobladores acusaron que autoridades no se han hecho responsables y que no han brindado ayuda para efectuar el desalojo. Además, señalaron que efectuarían una nueva toma del lugar.

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El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme González, acusó ya estar terminando el desalojo de la toma Edén de Lajarilla en Viña del Mar y advirtió que en caso de existir una nueva usurpación, queda en manos del dueño del terreno.

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Asimismo, el delegado presidencial apeló al propietario para que tenga una mayor responsabilidad: “Nosotros hicimos todas las acciones que correspondían y, por lo tanto, hoy día ya está en manos del propietario. Si es que hay una nueva ocupación o si hay alguna otra situación por el estilo, ya no es resorte de los servicios públicos”.