Para entender:
La diputada Catalina Pérez (RD) ha estado en la palestra durante los últimos días debido al caso Democracia Viva.
La serie de convenios entre el Serviu de Antofagasta, dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, organismo que hasta el fin de semana fue liderado por Carlos Contreras (RD)- y la Fundación Democracia Viva, presidida y fundada por la pareja de la diputada, Daniel Andrade (RD) causó un terremoto al interior de Revolución Democrática (RD) y generó diversas esquirlas al gobierno.
Tras conocerse la situación, y tras una serie de presiones de la derecha, Catalina Pérez suspendió su participación en la mesa de la Cámara de Diputados. Y desde RD, su consejo político, solicitó la expulsión de Contreras y Andrade de la colectividad.
En las últimas horas el caso se ha complicado aún más, ya que el Ministerio Público decidió abrir una investigación de oficio para indagar la transferencia de recursos a la Fundación Democracia Viva. La indagatoria será liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, quien ya ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) regional.
Desde La Moneda, en tanto, desde el primer minuto se han desmarcado del caso. De hecho, el pasado martes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “aquí hubo un Seremi que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el gobierno y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político”.
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