Basura: la crisis que amenaza a la zona sur de Santiago

Una bomba de tiempo amenaza a más de un millón y medio de santiaguinos. El 31 de diciembre próximo, nueve comunas de la zona sur de la Región Metropolitana podrían quedar sin un lugar para el depósito final de las más de 700 mil toneladas anuales de basura que generan sus habitantes.

Los dos contratos que rigieron por 20 años, suscritos por los municipios de La Florida, Macul, San Joaquín, La Granja, El Bosque, San Ramón, La Pintana y Lo Espejo con el relleno sanitario Santa Marta, ubicado en la comuna de Talagante y que recibe cerca del 38% de los residuos sólidos domiciliarios (RSD) de la Región Metropolitana, vencieron el 13 de agosto pasado y sólo gracias a un acuerdo de última hora entre las partes se logró extender el servicio hasta fin de año, postergando una crisis sanitaria de grandes proporciones.

Desde hace años los municipios y los dueños del relleno sanitario Santa Marta mantenían una disputa sobre la fecha en que expiraban los contratos. Según los municipios, estos finalizaban el 18 de abril de 2022, fecha en la que se cumplían 20 años desde que el relleno recibió la primera descarga de basura.

El mismo 13 de agosto pasado, la Empresa Metropolitana de Tratamientos de Basuras y Limitada (Emeres), un organismo intercomunal de responsabilidad limitada, sin fines de lucro, creado a mediados de los años 80 por un grupo de alcaldes del Gran Santiago para la gestión de los RSD, envió una carta al consorcio que controla el relleno solicitándole dejar a un lado esa disputa y extender el servicio hasta el último día de este año.

Argumentaron que se había iniciado un proceso de licitación privada a la que se invitó a participar a tres de los cuatro rellenos sanitarios que operan en la Región Metropolitana, para “la disposición intermedia y final por una cantidad de 734.000 a 880.000 toneladas de RSD”, es decir, la totalidad de la basura domiciliaria de las ocho comunas de la zona sur -además de Peñalolén, que espera trasladar parte de sus residuos de mayor volumen-, por los próximos cinco años.

“Puedo señalar con certeza que los nuevos contratos iniciarán su vigencia el 2 de enero”, decía la carta que envió Emeres a Santa Marta, para convencer al consorcio privado que extendiera el servicio, desechando de antemano cualquier posibilidad de que se pudiera declarar desierta la licitación, entre otras razones debido a las nuevas tarifas que impusieron los operadores de los rellenos sanitarios y a la obligación de mantener la cantidad de basura que se desecha en los botaderos, lo que pone en riesgo el compromiso de Chile para enfrentar el clambio climático.

Los municipios están amarrados de manos en un negocio donde los privados tienen el monopolio.

Para algunos alcaldes, como el edil de La Florida, Rodolfo Carter, la forma en que se ha llevado adelante el proceso ha sido “irresponsable”. “No es posible que tras 20 años no tengamos alternativas de sustitución a los rellenos sanitarios”, dice el edil.

Una situación que podría desincentivar el cumplimiento de las metas comprometidas por Chile para los próximos nueve años para enfrentar el desafío del cambio climático y que buscan reducir en un 30% los residuos que se llevan a disposición final en los rellenos sanitarios.

Y más del 90% de los RSD acaban en los rellenos.

Aunque hasta ahora son la alternativa más económica para la disposición final de los RSD, los rellenos son la tercera fuente antropogénica de generación de gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido de carbono, y por lo mismo, algunos países desarrollados aplican un castigo económico al uso extensivo de los rellenos sanitarios, para fomentar alternativas que permitan pasar de una economía lineal -basada en extraer recursos de la naturaleza, utilizarlos una vez para luego desecharlos- hacia una economía circular, en la que las personas se hacen cargo de la basura generada convirtiéndola en un recurso.

La reciente entrada en vigencia en Chile de la Ley de Responsabilidad Extendida de los Productores y Fomento del Reciclaje obliga a los fabricantes de nueve artículos declarados prioritarios: neumáticos, aceites y lubricantes, envases y embalajes, vidrios y plásticos, a hacerse cargo de la valorización y reutilización de hasta un 60% y 80% de materiales en un plazo de 12 años.

La medida liberará a los municipios de un gasto significativo, ya que hasta ahora deben subsidiar en un 50% el financiamiento de los programas de reciclaje a muy pequeña escala que llevan adelante; la otra mitad se obtiene de la venta de los materiales.

Aún así Chile está lejos de solucionar el problema de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios.

Más del 57% de la basura que va a dar a rellenos sanitarios son residuos orgánicos, de los cuales se pueden obtener energía, compost que sustituya a los fertilizantes químicos, e incluso agua. Sin embargo, en la Región Metropolitana menos del 1% de los residuos orgánicos son tratados para su valorización.

Pero el cumplimiento de esas metas no se ve reflejado en el proceso de licitación privada que está en marcha.

Un proceso distinto habría marcado un precedente y una pauta para las demás licitaciones en tema de basura que vendrán muy pronto. En 2024 vencen los contratos suscritos por Emeres con el Grupo Veolia, dueños del relleno Santiago Poniente, y que involucra a los municipios de Cerrillos, Estación Central, Maipú, Peñalolén y una parte de los residuos de La Cisterna.

Además, en 2026 terminan, a su vez, los contratos suscritos por los municipios de Las Condes, La Cisterna, La Reina, Ñuñoa, Providencia, San Miguel y Santiago con el relleno Lomas Los Colorados de KDM.

El viernes 6 de agosto, una semana antes de que vencieran los contratos con el relleno sanitario Santa Marta, en la vieja casona de dos pisos en la comuna de San Miguel donde tiene su sede Emeres, se procedió a la apertura de las ofertas económicas presentadas por los consorcios privados dueños de los rellenos sanitarios que operan en la Región Metropolitana.

Fue entonces que se desató otra crisis.

En la actualidad, los municipios pagan $ 13 mil por tonelada de basura para su disposición intermedia (es decir, por dejar los residuos en la planta de transferencia Puerta Sur, que el consorcio Santa Marta posee en la comuna de San Bernardo) y final (en el relleno en Talagante, controlado por el grupo privado formado por las sociedades chilenas Hidrosan Inversiones S.A., Hidrosan Ingeniería S.A., Empreterra S.A., Constructora Agua Santa e Inversiones y Servicios Iser S.A., en la comuna de Talagante).

Ahora, el mismo operador exige el pago de $ 17.900 por tonelada. La empresa KDM con su relleno sanitario de Lomas Los Colorados, en la comuna de Tiltil, al norte de la Región Metropolitana, ofrecía recibir los desechos de las comunas de la zona sur de Santiago por $ 17.000 por tonelada, y el relleno sanitario Cerros La Leona, que el grupo privado Gersa S.A. posee a 52 kilómetros al norte de Santiago, en el fundo Talhuenes, de la comuna de Tiltil, postuló con la suma de $ 29.897.

Según cifras de la Contraloría, que fueron analizados por la empresa consultora Siga Ingeniería a fines de 2018, en el estudio Diagnóstico Nacional y Regional sobre Generación y Eliminación de Residuos Sólidos Domiciliarios, y que fue financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en 2017 el déficit que acumulaban los municipios de la Región Metropolitana entre lo que cobraban por derechos de aseo y lo que pagaban por el retiro, transporte y disposición final de RSD en rellenos sanitarios ascendía a $ 88.771 millones.

Este déficit es aún más grave precisamente en la mayoría de las nueve comunas de la zona sur que deberán enfrentar la primera licitación que se hace en 20 años. Mientras en las comunas de Las Condes o Vitacura prácticamente el 100% de los hogares pagan derechos de aseo, tributo que permite a los municipios financiar el costo de gestionar la basura, en La Pintana, La Granja, Lo Espejo y San Joaquín más del 90% de las viviendas están exentas del pago de contribuciones y, por lo mismo, no cancelan derechos de aseo.

En estas nueve comunas, lo que se gasta en retirar la basura sale de los recursos que obtienen del Fondo Común Municipal, de donde también tienen que financiar las obras de infraestructura, salud, educación y desarrollo social.

Una de las preocupaciones que los equipos técnicos hemos planteado a los alcaldes es el alza de los costos, porque nos implicaría un incremento anual de más de 450 millones de pesos para el presupuesto municipal si siguiéramos depositando la basura en Santa Marta, por sobre lo que estamos pagando este año.

Felipe Marchant, jefe de la Dirección de Medioambiente de La Pintana

Y para La Pintana, con esos $ 450 millones, por ejemplo, podrían financiar la construcción y habilitación de 60 plazas, en una comuna donde el déficit de áreas verdes es dramático, con apenas 3,4 metros por habitante, cuando el estándar internacional es de 10 metros cuadrados por habitante.

Sólo este año, según las proyecciones que hace Marchant, La Pintana desembolsará cerca de $ 1.200 millones por dejar su basura en el relleno sanitario Santa Marta. A esa cifra se debe sumar el costo del servicio de recolección y trasporte de los residuos domiciliarios desde la comuna hacia las estaciones de transferencia, donde el material es compactado y llevado a su destino final en el relleno sanitario.

La Pintana licitó en julio de 2017 el servicio de recolección y traslado de las cerca de 71.400 toneladas de residuos sólidos domiciliarios a la empresa Vicmar S.A., por una suma anual que supera los $ 1.500.000 millones. Contrato que vence este año.

“Para La Pintana, cualquier incremento de gastos permanente de esta magnitud es sumamente importante. Implica una serie de obras de infraestructura que tendremos que dejar de hacer, obras que nuestros vecinos demandan”, recalca Marchant, quien en representación de la alcaldesa Claudia Pizarro ha estado monitoreando esta licitación.

En San Ramón la situación es aún más compleja. Allí el alcalde Gustavo Toro asumió como jefe comunal recién el 18 de agosto pasado, luego de que la justicia electoral ordenara repetir las elecciones y la justicia penal formalizara al exalcalde Miguel Ángel Aguilera por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, por lo que recién las nuevas autoridades comunales están conociendo de la licitación que lleva adelante Emeres y que involucra a su comuna junto a otras ocho de la zona sur.

Para Toro, el impacto del alza en las tarifas fue enorme, más aún cuando debe hacer frente al déficit de más de $ 4 mil millones en las arcas municipales que dejó la gestión de Aguilera, quien hoy está en prisión preventiva.

Pero el nuevo edil de San Ramón no es el único que recién está enterándose de los alcances de este proceso que se dejó en manos de Emeres. Los alcaldes de San Joaquín (Cristóbal Labra), Lo Espejo (Javiera Reyes) y de El Bosque (Manuel Zúñiga) también fueron electos en las megaelecciones del 15 y 16 de mayo pasado y asumieron el cargo el 28 de junio pasado, por lo que han debido interiorizarse en poco tiempo del curso de esta licitación, cuyo plazo para adjudicar vence el 15 de octubre próximo.

No sólo eso, hasta ahora, los equipos técnicos de los nueve municipios aún no habían visto las ofertas técnicas elaboradas por las empresas privadas que manejan los rellenos sanitarios y que les permita evaluar las razones que justificaran las alzas de tarifas.

El 13 de agosto de 2020, justo un año antes de que vencieran los contratos, el presidente del directorio del consorcio Santa Marta, Guillermo Ruiz Pérez, envió cartas a los alcaldes de las nueve comunas de la zona sur y al gerente general de Emeres, Jaime Cataldo, quien lleva 11 años en el cargo, advirtiéndoles que estos estaban por vencer y que la empresa no estaba disponible para prorrogarlos.

Informo a usted que de acuerdo con la cláusula vigésimo quinta de los contratos, denominada ‘Construcción, operación y cierre de relleno sanitario Santa Marta’ y ‘Construcción, operación y cierre de estación de transferencia denominado Puerta Sur’, celebrados entre la Empresa Metropolitana de Tratamiento de Basura Limitada y Consorcio Santa Marta S.A.’, y que constan en las escrituras públicas extendidas ante el notario de Santiago don Alberto Mozo Aguilar con fecha del 13 de agosto de 2001, respectivamente, que no concurriremos a la prórroga de común acuerdo de los respectivos contratos en las condiciones que ellos señalan, de tal modo que estos contratos terminarán definitivamente con fecha 13 de agosto del año 2021. Informo a Ud. de esta medida con un tiempo razonable para los fines que usted estime pertinente.

Extracto de la carta

Nunca hubo respuesta a esas cartas, afirma Rodolfo Bernstein, gerente general de la empresa relleno sanitario Santa Marta, ni siquiera por vía informal.

Recién en diciembre del año pasado, Santa Marta al igual que KDM y los representantes del grupo Gersa, ambos propietarios de los dos rellenos sanitarios que operan en Tiltil, fueron citados a las oficinas de Emeres para proceder a la apertura de la licitación privada para la contratación de los servicios de disposición intermedia y final de los residuos sólidos domiciliarios de las comunas socias de Emeres, por un total de 734.000 a 880.000 toneladas anuales, durante los próximos cinco años.

Poco antes, el 19 de noviembre, el consejo de alcaldes de Emeres, que por entonces presidía el alcalde de El Bosque Sady Melo, quien no pudo ir a la reelección por llevar más de dos periodos consecutivo en el cargo, había aprobado las bases y el cronograma de esa licitación, las que contemplaban, entre otras particularidades, la posibilidad de dividir el contrato entre varios oferentes y el que estos serían suscritos por Emeres y no por cada uno de los municipios socios, que en definitiva son quienes pagan por este servicio.

Y es que, si algo era obvio para Emeres y los municipios en ese momento, con la licitación vendría un alza de las tarifas.

En 2004, primero, y luego en 2019, los dueños del relleno sanitario Santa Marta demandaron a Emeres por un incremento en sus tarifas, alegando que los costos del servicio se habían disparado debido a las obras que han tenido que realizar para cumplir con las nuevas normas ambientales que rigen en Chile y que eran prácticamente inexistentes en el país en 2001, cuando, siguiendo con la lógica privatizadora de esos años, la misma que traspasó al sector privado las empresas sanitarias, esta vez le quitaban a Emeres la gestión de los vertederos para dejar que fueran los privados los que invirtieran en la construcción y gestión de nuevos rellenos sanitarios.

Y si en 2004 Emeres y Santa Marta llegaron a un acuerdo, que implicó un alza de cerca de $ 3 tres mil por tonelada, las cosas no fueron igual con la demanda del 2019, que derivó en un extenso arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago que concluyó recién en julio de este año, con un fallo favorable para la empresa intercomunal, pues desestimó los argumentos por los cuales Santa Marta reclamaba una nueva alza de 6.000 pesos por tonelada.

Un relleno sanitario tiene que funcionar a un alto nivel respecto de la implementación de tecnologías y de los procesos de control y de protección ambiental. Está bien que la autoridad imponga normas más exigentes, pero quién las paga. Nosotros le hemos tratado de hacer ver a Emeres ese tema, entendemos que son municipios que tienen presupuestos limitados, pero no podíamos seguir operando en los términos que estábamos.

Rodolfo Bernstein, gerente general del relleno sanitario Santa Marta

Bernstein es el mismo que ha recibido 14 sanciones de las autoridades sanitarias desde que entró en operaciones y que en 2016 fuera responsable de un incendio de proporciones que provocó una nube tóxica que cubrió la capital por varios días.

Es más, tres ejecutivos y dos exdirectores de Santa Marta fueron formalizados el jueves pasado por la descarga en el estero El Gato de niveles de concentración de contaminantes más altos de lo permitido proveniente de sus piscinas de lixiviación.

Según la empresa que controla el relleno sanitario en Talagante, los ingresos de última línea han sido menores al 2%. “Han sido muy bajos, incluso en los últimos cinco años los socios han tenido que hacer aportes de capital para sostener las operaciones del relleno”, afirma Bernstein.

Pese a su derrota, Santa Marta no apeló al fallo del juez arbitrador. De haberlo hecho, habría quedado impedida de participar en la licitación.

Esta licitación demuestra los riesgos de llevar adelante un proceso licitatorio de un servicio público cuando no tenemos una normativa, es decir, no hay una ley general de residuos domiciliarios que pueda regular este tipo de actividades y, por lo tanto, los municipios quedan en una suerte de indefensión frente a las empresas privadas que prestan estos servicios. Pero no teníamos otra alternativa. Los municipios de la Región Metropolitana ya no administran rellenos sanitarios con los que pudiéramos dar alternativas

Jaime Cataldo, gerente general de Emeres

Los alcaldes demandan que la gestión de los residuos sólidos domiciliarios sea declarada un servicio de utilidad pública y que quede en manos del gobierno regional.

La decisión política, social y económica de los municipios, dice Cataldo, es que no se construya ningún relleno sanitario más en la Región Metropolitana. Por los enormes costos sociales y medioambientales que eso tiene. Pero cumplir con esa meta obliga a gestionar de un modo integral y diferente los RSD.

En 2015 los municipios de la Región Metropolitana crearon la asociación intermunicipal MSUR -que opera a la par de Emeres, en la misma sede y con los mismos equipos gerenciados por Cataldo- para empujar la ley REP y gestionar la valorización de los residuos domiciliarios.

Un año después ya tenían un proyecto para la construcción de dos o tres plantas de generación eléctrica a partir de metanización en seco de biogás, como las que ya operan en Alemania y otros países de la Unión Europea. Eran unos US$ 200 a 300 millones de inversión inicial, pero exigía cuantiosos subsidios. Disponer de los residuos orgánicos en esas plantas podría llegar a costar US$ 70 por tonelada.

Algunos alcaldes recuerdan que el proyecto fue presentado al entonces ministro de Hacienda de Bachelet Rodrigo Valdés. La respuesta que recibieron fue tajante: que lo hagan los privados.

El viernes 24 de agosto pasado, en la tarde, Cataldo y algunos alcaldes que acaban de asumir en el directorio de Emeres lograron una audiencia con el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, para darle a conocer la situación que enfrentaban con la licitación y proponerle que la gobernación formara una mesa de trabajo que incluyera a las asociaciones municipales (Emeres, MSUR, Amusa, Amur), el Ministerio de Medio Ambiente, la Subdere y otros organismos públicos relacionados con el tema de los RSD, para establecer un marco regulatorio para la gestión de residuos y se transforme en un servicio de utilidad pública, financiado y gestionado por una autoridad central.

La audiencia duró apenas 28 minutos, y aunque Orrego no se opuso a la creación de las mesas de trabajo solicitadas por los alcaldes, no fue lo que Emeres esperaba.

El nuevo gobernador regional carece de atribuciones en esta materia.