Si no ocurre nada extraño, la propuesta de nueva Constitución que la Convención Constitucional someterá a plebiscito el segundo semestre del próximo año, va a establecer el reconocimento constitucional de los pueblos originarios, mantendrá la autonomía del Banco Central y establecerá el agua como un bien nacional de uso público.

Esos temas son algunos de los que, a la luz de las respuestas de 133 constituyentes a una encuesta realizada por La Tercera, alcanzan el quórum de dos tercios -ratificado en el reglamento del órgano constituyente-, o sea, tienen la aprobación de al menos 103 o más convencionales.

Durante la inédita campaña de los candidatos a la Convención, un equipo de La Tercera aplicó una encuesta que contenía una serie de preguntas sobre las principales discusiones constitucionales que podría abordar la Convención. Esas respuestas se utilizaron para realizar la herramienta interactiva “Match Constituyente” que permitió que muchas personas pudieran ver con quiénes tenían más afinidad ideológica y además conocer quiénes eran los postulantes de sus distritos.

Durante ese proceso respondieron 126 constituyentes, incluido Rodrigo Rojas Vade que hace algunas semanas renunció a su escaño en la Convención y por lo tanto para este artículo no fue considerado. Hace dos semanas, se volvió a pedir la respuesta del resto de los convencionales que no habían contestado. Finalmente, se obtuvo una base de respuesta de 133 constituyentes, es decir, un 86% de los integrantes de la Convención.

Entre quienes no quisieron responder la encuesta se encuentran ocho constituyentes de escaños reservados, cinco independientes y exLista del pueblo, cuatro de Apruebo Dignidad, dos de Vamos por Chile, uno de la Lista del Apruebo y uno indepediente.

Es claro que con solo mirar la composición de la Convención Constitucional se pueden deducir cuáles serán los temas que probablemente se incluirán en la propuesta de nueva Constitución. El hecho de ser un órgano con paridad de género, con presencia de los pueblos originarios, con mayoría de personas que no viven en la Región Metropolitana y que impulsan demandas medioambientales, da cuenta que esas banderas serán muy relevantes en esta etapa.

“Otorgar un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y reconocer la diversidad cultural del país”. Esa alternativa, enfrentados a la pregunta sobre qué se debe introducir en la nueva Constitución en relación a los pueblos originarios, es la que más apoyo concita entre los constituyentes que respondieron el cuestionario. 132 convencionales apoyan esa idea, superando ampliamente el quórum de dos tercios. Sin embargo, 93 constituyentes elegieron la alternativa que además de otorgar el reconocimiento constitucional también establece un Estado plurinacional.

De igual forma es transversal el apoyo a la idea de “agregar en la nueva Constitución, como un deber del Estado, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. Son 130 los constituyentes que se inclinaron por esa opción en la pregunta sobre género. Dentro de este total, hay 109 convencionales que, además de la idea anterior, apoyaron que se debería incluir “una norma de no discriminación arbitraria de las mujeres”. Ambas normas reúnen el umbral de 103 votos para su aprobación.

Miriam Henríquez, abogada y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, valora ambos puntos. “En general se aprecia un importante consenso en establecer constitucionalmente una igualdad no solo formal, sino real, que habilite a todas las personas a ser sujetos plenos de derechos sin restricciones ni obstáculos. Ello permite, a su vez, estar de acuerdo en el reconocimiento constitucional de aquellos grupos que históricamente han estado marginados de las Constituciones y, particularmente, de nuestras cartas fundamentales”, comentó.

En cuanto a la inclusión de mecanismos de democracia directa, 123 de los convencionales son partidarios de que “la nueva Constitución debiese incorporar mecanismos de democracia directa que complementen la representación como por ejemplo la iniciativa popular de ley y plebiscitos”.

La misma cantidad de convencionales, están a favor de incluir el agua en el proyecto de nueva Carta Magna, ya que eligieron la alternativa que señala “lo incluiría en la Constitución considerando el acceso, protección y distribución del recurso hídrico como un derecho fundamental, un bien nacional de uso público”.

Otro de los temas que cumple con el quórum de los dos tercios es lo relativo a la autonomía del Banco Central. De acuerdo a la encuesta, 117 de los convencionales están de acuerdo en “mantener su autonomía constitucional”. Sin embargo, entre aquellos de acuerdo con esto, se difiere entre 67 de ellos que creen que “se debe mantener su autonomía constitucional, pero introduciéndole reformas a su funcionamiento”, mientras que los otros 51 piensan que “se debe mantener su autonomía constitucional y su funcionamiento actual”.

Para la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del centro de estudios Libertad y Desarrollo, Natalia González, es una buena señal que se alcance un quórum de dos tercios para mantener la autonomía del Banco Central. “No obstante hay que dejar muy claro que no basta con la mera declaración constitucional de autonomía. La regulación constitucional y posteriormente legal debe garantizar que esa autonomía se de efectivamente, de iure y de facto. No sacamos nada con la declaración si al mismo tiempo se aprueba que los consejeros serán acusables constitucionalmente ante el Congreso, si le metemos objetivos sociales o de otra índoles al BC, si no garantizamos su independencia presupuestaria o si no garantizamos su carácter técnico por sobre cualquier otro criterio”, agregó.

En último lugar, los dos temas que cumplen con el quórum pero por pocos votos son el acceso a internet y establecer un seguro único de salud. 114 de los convencionales encuestados piensan que “el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo las plataformas de suministro como internet”.

Mientras que 110 eligieron la alternativa “el Estado debe garantizar y administrar de forma exclusiva un seguro único que garantice el acceso a la salud de la población y, además, garantizar un sistema nacional de salud, público, único que asegure universalidad y calidad en la prestación”.

Dentro de las preferencias de los constituyentes existen temas que, si bien no reúnen los dos tercios requeridos, tienen una mayoría relativa, o sea, están cerca de alcanzar el quórum requerido.

La actual Constitución, dentro de su catálogo de derechos, no incluye el derecho a la vivienda. Sin embargo, es muy probable que en la propuesta de nueva Constitución sí se incluya. Así quedó de manifiesto con los 95 constituyentes que eligieron la alternativa: “El Estado debe garantizar y proveer el acceso igualitario y universal a la vivienda digna”. Esta opción, está a solo ocho votos de alcanzar los 103 votos necesarios.

Por otra parte, 86 constituyentes, frente a la pregunta sobre qué debe ocurrir con el derecho a la propiedad en la nueva Constitución eligieron la opción: “Mantenerlo como derecho fundamental subordinado al bien común y modificarlo reforzando una protección del Estado a todos los recursos naturales”.

En cuanto a los cambios que se deberían realizar al Tribunal Constitucional, 85 convencionales coinciden en que el órgano debería reformarse considerablemente. De ellos, 35 establecieron que prefieren “reformar el sistema de nombramiento de los ministros y ministras integrantes del TC”. Mientras que 44 eligieron la opción que incluía la anterior y también la afirmación “eliminar el control de los proyectos de ley durante su tramitación en el Congreso (control preventivo)”. En tanto, seis consideran que solo debiese eliminarse el control preventivo para reformar el TC. Por otra parte, 45 constituyentes creen que se debe “eliminar el Tribunal Constitucional y crear un nuevo órgano”.

El cuestionario también consultó por la duración del mandato presidencial. En ese sentido, 81 constituyentes se inclinaron por la opción de mantener los cuatro años del Presidente en La Moneda en desmedro de las alternativas de alargarlo a cinco o seis años.

Otra discusión interesante será la relativa al régimen político. La Convención podrá decidir si mantener el presidencialismo actual, atenuarlo, modificarlo o pasar derechamente a otro sistema como el semipresidencial o el parlamentarista.

En esta pregunta, hubo respuestas divididas sobre el sistema pero el consenso se centró en que se necesitan cambios al sistema presidencial. 62 constituyentes optaron por el sistema semipresidencial donde “la o el Presidente de la República es el Jefe de Estado y es electo directamente por la ciudadanía; y un Primer Ministro nombrado por el Presidente y aprobado en el Congreso, que es el Jefe de Gobierno”. Por su parte, 53 integrantes de la Convención creen que se debe avanzar a un presidencialismo atenuado. O sea, “mantener en lo básico el régimen presidencial, pero otorgándole más atribuciones y facultades de nombramientos al Congreso”.

“Lo anterior cobra especial relevancia considerando un segundo aspecto que vale la pena subrayar: entre los temas que alcanzan dos tercios según esta encuesta, hasta ahora en general no se observan aquellos que guardan directa relación con el sistema político. Por supuesto, es muy positivo que se vislumbren amplios acuerdos sobre la autonomía del Banco Central y otros temas de índole socioeconómica, pero el fenómeno no deja de ser inquietante. Por decirlo así, lo propiamente constitucional pareciera estar relegado a un segundo plano”, comentó Claudio Alvarado, abogado y director ejecutivo del IES.

En tanto, frente al controversial tema del Poder Legislativo y si el Congreso Nacional debe mantener su actual configuración bicameral, 68 constituyentes se inclinaron por la opción de “Congreso unicameral: una sola Cámara”.

Finalmente, sobre si Chile debiese continuar siendo un Estado unitario -como lo es en la actualidad- o cambiar a otras formas de organización regional, 77 convencionales se ajustaron a la opción de mantener la forma de Estado actual pero “dándole más atribuciones a las autoridades regionales”.

“La segunda Cámara va a requerir mucha justificación para su existencia, porque hay una voluntad inicial de que sea un congreso unicameral, por lo tanto, podemos avanzar a que, más que haya un Congreso unicameral, es que la segunda Cámara del Senado tenga un rol distinto a lo mejor, y ligado a lo anterior, a la representación regional, porque básicamente también estamos a la vista de que se va a abandonar esta idea del Estado unitario como lo conocemos hoy, se va a avanzar a un proceso de mayor descentralización”, comentó Tomás Jordán, abogado y académico de la Universidad Alberto Hurtado.