Dónde operan los 200 líderes y 1.800 “soldados” recluidos en las cárceles del país

Yo soy el empresario de aquí, de la cana. Todas las hueás tienen que pasar por mí, si yo soy el dueño de casa, si yo soy el que vive aquí. Todos estos hueones vienen de pasada y soy yo el que va a jubilarlos a todos ustedes (sic). Todos se van a ir pa’ la calle, cumplidos, jubilados, y yo voy a seguir aquí”, se jactaba a través de una conversación telefónica, Oscar Carrasco Carrasco (46).

El “Gitano”, como lo apodan en la cárcel, tenía claro el momento que vivía: con el dinero que manejaba en un mundo de encierro, violencia y carencias, todo lo podía conseguir.

Condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas, desde noviembre de 2011, Carrasco comenzó a tejer redes dentro del penal Alto Bonito de Puerto Montt, donde fue trasladado a mediados de 2013. No era un preso cualquiera. Su nutrido prontuario estaba coronado por un doble homicidio que cometió a sangre fría el 27 de noviembre de 2009, en Rancagua, cuando cobró venganza de Ricardo Méndez Hernández, su excompañero de delitos que lo delató a la policía.

Su planificación del asesinato no dejó elementos al azar. Primero llamó a la cárcel -simulando ser un familiar- para conocer el día exacto en que Méndez cumplía su condena. Luego esperó paciente la fecha y consiguió un auto que estacionó afuera del penal. Y finalmente, lo siguió desde la cárcel hasta un camino solitario.

Lo que el “Gitano” no consideró en su plan, era que Méndez iría acompañado de un vecino –a quien no conocía- que se ofreció a llevarlo en su moto desde el penal a su casa. Sin consideraciones, esperó el momento y los acribilló usando una pistola y una escopeta.

Primero se dedicó a la reventa de cigarros sueltos entre los presos. Luego, con ese dinero, pagaba por el ingreso de objetos prohibidos. Y posteriormente, cual empresario, invirtió sus utilidades en la compra de drogas con lo que pudo corromper, a lo menos, a dos gendarmes.

A tal punto llegó su influencia que comenzó a controlar un negocio de tráfico de drogas al exterior de la cárcel, gracias al uso sin restricción de celulares, avalado por los funcionarios corrompidos. Y gracias a ese mismo privilegio Carrasco conoció a una mujer y comenzó una relación sentimental a través de Facebook.

“Lo conocí por redes sociales, por Facebook, yo soy técnico paramédico, cuando nos conocimos estuvimos hablando como un año porque yo soy de Santiago. Él nunca me dijo que estaba detenido, me dijo que tenía un taller de muebles, me dijo que en eso trabajaba”, declaró Margarita Riffo, su pareja, a la fiscalía.

La mujer, condenada a 61 días de cárcel como cómplice de tráfico de drogas, aseguró que “Óscar apareció en mi vida cuando murió mi padre y le diagnosticaron una enfermedad a mi nieto, autismo con demencia. Le dio sentido a mi vida, no sé si se burlaron de mí o me utilizaron”, declaró la condenada.

Para mantener sus redes, “El Gitano” y su banda, según la fiscalía, desembolsaba cerca de $ 500 mil mensuales a los funcionarios penitenciarios corrompidos.

La red que comenzó a operar en 2018 y dejó a 12 condenados en 2020 -entre ellos dos gendarmes y un empleado externo del penal- salió a la luz por información entregada por los propios reclusos del penal. Muchos de ellos rivales de “El Gitano”, alguna vez autoproclamado dueño del módulo 54.

El caso que desarticuló esta red de tráfico de drogas y de corrupción dentro de la cárcel, se inició por una denuncia y posterior investigación de Gendarmería. Los resultados del trabajo de investigación, fueron la antesala de lo que hoy son los nuevos departamentos de Inteligencia Penitenciaria y de Investigación Criminal.

Ambas unidades son piezas clave para investigar, monitorear y desarticular las bandas que operan dentro de las cárceles. Y a pocos meses de su puesta en marcha, ya están dando sus primeros frutos.

Mientras la Inteligencia penitenciaria recolecta información sobre casos que amenacen la seguridad pública y situaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las cárceles (como motines, ataques a gendarmes, u otros), la segunda unidad investiga los delitos complejos que se cometen detrás de los muros de los penales y que, en muchos casos, tienen un impacto directo en la vida al exterior de las celdas.

El trabajo de estos nuevos departamentos ha profundizado y reordenado en las estrategias para obtener información sensible dentro de las 83 cárceles del país. También para identificar y perfilar a los líderes de bandas dentro de las cárceles que por años se mimetizaron entre los reos comunes. Todos recluidos dentro de lo que llaman en Gendarmería como los “barrios olvidados”.

Los primeros resultados, además, muestran el impacto que esta información sensible tiene para la seguridad pública: en solo unos meses de trabajo se identificaron a más de 200 líderes que continúan dando órdenes, potenciados por más de mil “soldados” que están internados con ellos en las cárceles más peligrosas del país.

“Muchos países han apostado a combatir la delincuencia sólo en las calles y se han olvidado de que la delincuencia sigue siendo igual de peligrosa dentro de la cárcel”, advierte Christian Alveal, director nacional de Gendarmería. “No porque ingresen a una cárcel dejan de ser los peligrosos delincuentes que han demostrado ser en la calle. Siguen siendo peligrosos en la cárcel. Cuando (las autoridades de otros países) han intentado reaccionar, ya las cárceles están tomadas, así como también se han ido tomando algunos barrios. Las cárceles son los ‘barrios olvidados’”.

Por eso, identificar a cada líder y miembro de una banda criminal ha sido un tema prioritario para el director de la institución, que asumió su cargo en diciembre de 2018.

El análisis muestra que, aunque son mayoría, no todos los líderes de clanes que están tras las rejas son chilenos. Colombianos, argentinos, rumanos, son algunas de las nacionalidades de quienes ejercen mandos criminales en los patios de los penales.

Mientras un grupo de hombres encabezaba bandas trasnacionales dedicadas al tráfico de drogas, otros igualmente peligrosos, eran liderados por mujeres con acceso a armas de grueso calibre con las cuales ejercían la violencia como método de control territorial. Todos ellos, según los reportes de inteligencia y análisis criminal al que accedió La Tercera, forman parte de los primeros resultados obtenidos por los nuevos equipos penitenciarios.

Los cruces de información penitenciaria, además muestra otro factor de riesgo latente: la detección de poco más de 1.800 “reos-soldados” hoy están encerrados juntos a sus líderes.

La información recopilada por Gendarmería responde al trabajo de un grupo específico: el Equipo de Análisis Criminal.

Ubicados en un antiguo edificio bicolor de dos pisos de altura, emplazado en la esquina de Carmen con Ventura Lavalle, en el centro de Santiago, los equipos de inteligencia e investigación criminal invierten sus días analizando informes, estadísticas de violencia en las cárceles, revisando videos de seguridad y generando reportes que provienen desde alguna de las más de 80 cárceles que hoy están habilitadas en país.

El mayor Edgardo Cáceres es uno de los más de veinte funcionarios que forman parte del equipo. El uniformado asegura que “un factor olvidado es que las bandas que se desbaratan en las calles, se reagrupan dentro de las cárceles y vuelven a generar redes, en algunos casos, más peligrosas”, detalla.

El oficial penitenciario agrega que “Lo que ocurre en la calle se replica en la cárcel. Eso se puede comprobar al ver las cifras de delitos violentos, lesiones y homicidios”, enfatiza Cáceres.

Cada dato que llega a sus manos es procesado, analizado e informado a los altos oficiales penitenciarios, incluido el director de la institución.

Con esta metodología se han cruzado datos que han permitido identificar y desarticular bandas a través de traslados de módulos, detectar privilegios indebidos dentro de los penales o, incluso, seguir la pista para identificar -y sancionar- a funcionarios que sucumbieron a la tentación del dinero fácil.

El impacto de la proliferación y rearticulación de estas bandas no es solo un problema de Gendarmería. Es un asunto que afecta a la seguridad pública en su conjunto, como destacan en el Ministerio Público, organismo encargado de dirigir las investigaciones de Carabineros y la PDI.

Buscar nuevas condenas para quienes ya están condenados es parte del “círculo vicioso del delito” que es difícil de terminar ya que, dicen en la fiscalía, en la cárcel se aprenden nuevas técnicas criminales, se sellan nuevas alianzas y se tejen mayores redes de confianza, que permiten a los delincuentes comunes “mutar” a otros delitos mejor remunerados.

“Lo que se produce en la gran mayoría de los casos, son mutaciones desde el cumplimiento de una condena por delito común, a dedicarse al narcotráfico”, detalla el fiscal regional de la zona Sur, Héctor Barros. “La razón de ese cambio dice relación con que las cárceles son centros logísticos donde confluyen personas que están detenidas por internación de drogas, proveedores de drogas de países vecinos con otras nacionalidades, y lo que se producen son alianzas entre chilenos, que son los que proceden a la distribución de la droga en Chile”.

Las cárceles son centros logísticos donde confluyen personas que están detenidas por internación de drogas, proveedores de drogas de países vecinos con otras nacionalidades

Héctor Barros, fiscal regional de la zona Sur

Los días de encierro y las nuevas confianzas que surgen entre los condenados abren la opción de incursionar en nuevos delitos y crear nuevas organizaciones criminales incluso en la cárcel. Según los análisis de Gendarmería, de las 563 bandas detectadas, 388 clanes se vinculan con el tráfico de drogas.

En porcentaje, para dimensionarlo: el 68,9% de las bandas dentro de los penales, están dedicadas a traficar drogas.

“Es un círculo vicioso. Tiene que ver con una serie de problemáticas, entre ellas es que no se produce realmente una reinserción del condenado, o una reinserción real”, agrega el fiscal Barros. “Por otro lado, es súper difícil quebrar este círculo ya que las utilidades que obtienen los narcotraficantes en la comisión de estos delitos es bastante alta. Y como es bastante alta, les permite mantener en buenas condiciones a toda su familia y también a ellos al interior de las cárceles con una vida de mucho más confort de lo que tiene un delincuente por un delito común”.

Fue el 16 de febrero de 2021 cuando una investigación de la Fiscalía Sur permitió detener a los miembros de un clan narco del área sur de la capital. Lo que a primera vista parecía una historia común, rápidamente se disipó al detectar que la coordinación y logística se realizaba por un imputado que estaba recluido dentro del penal Santiago 1.

El mandamás de la agrupación narco era, según la fiscalía, Michael Montecinos Jiménez, quien estaba preso desde agosto de 2018. El acceso a teléfonos y la comunicación constante le permitían dar “instrucciones directas al resto de los integrantes de la organización criminal, efectuando vía telefónica las transacciones e incluso disponiendo para lo mismo de colaboración al interior del penal”, se lee en la resolución judicial del 19 de abril que ordenó mantenerlo en prisión preventiva.

Casos como este son los que Gendarmería busca erradicar. Y aunque han sido duras, las primeras conclusiones de los informes de inteligencia y de investigación criminal han sacado a la luz información clave para revertir esta tendencia: en 26 de las 83 cárceles del país, se identificaron a 208 líderes de bandas delictuales.

Los líderes -ya sea mediante la violencia o el uso del dinero negro- son aquellos que buscan extender sus redes de influencia y protección para imponerse a otros reclusos y controlar así parte del territorio carcelario.

Así, por ejemplo, el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, ubicado a un costado de la ex Penitenciaría y donde solo ingresan imputados, es el recinto que más líderes criminales agrupa en la capital, con 37 personas. En los registros carcelarios también resalta el Centro Penitenciario de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, el segundo con más líderes del país, donde 30 condenados luchan por ampliar su espacio de influencia entre cuatro paredes.

El penal de La Serena, Valparaíso y el centro de detención preventiva de Antofagasta, son los otros penales donde Gendarmería pone especial énfasis para controlar a estas organizaciones delictuales, rearticuladas en alguna de las 563 organizaciones detectadas dentro de los penales.

Para identificar a uno de estos líderes se realizaron análisis, seguimientos de sus casos e, incluso, estudios sicológicos. Los factores comunes que se detectaron fueron los rasgos narcisistas y psicopáticos de estos 208 reclusos que se mimetizan entre la población penal.

Sin importar el tipo de unidad penal que se analiza, los líderes de bandas proliferan en cada área de encierro. Incluso, antes de su cierre temporal por la urgente reparación de sus instalaciones, la Unidad Especial de Alta Seguridad cobijaba a 11 líderes de bandas criminales, según el catastro de Gendarmería. Uno de ellos es Marcelo Gaete Bolados, líder del clan de narcotráfico “Los Gaete”, condenado en 2011 a pasar 32 años y seis meses en la cárcel.

Aunque las estadísticas sobre líderes de bandas las encabezan chilenos (172 casos), existen otras siete nacionalidades que se integran al ecosistema criminal que detectó la inteligencia penitenciaria. Dieciocho colombianos, siete bolivianos, cuatro argentinos, tres dominicanos, dos peruanos, un mexicano y un rumano, forman parte de estas organizaciones que proliferan en los recintos carcelarios del país.

Las mujeres condenadas también juegan un rol activo dentro de este “nicho de poder”.

Según el informe de Gendarmería, 18 mujeres ostentan esta calidad ya sea por sus vínculos con el narco o con delitos de mayor gravedad como el secuestro o el tráfico de personas.

Los líderes, según el informe de la institución carcelaria, no sólo poseen privilegios entre sus pares encarcelados, sino que, además, cuentan con “soldados” a su mando. Este último grupo se caracteriza por su violencia y, en muchos casos, por inculparse de cometer delitos.

Los soldados, según detallan en la institución, son quienes pelean con estoques en los patios de las cárceles, atacan a rivales en celdas y lugares sin cámaras o, incluso, quienes se arriesgan a ser sancionados y sumar años de condenas, para ir a recoger drones o pelotas de tenis con drogas que se lanzan al interior de las cárceles.

En total, según los registros penitenciarios, 1.860 personas integran bandas criminales que están al interior de recintos carcelarios. De ellos, 1.249 tienen calidad de imputados; es decir, están a la espera de su condena. Y otros 611 ya fueron sentenciados por cometer un delito.

La segmentación de estas bandas por tipo de delito que cometen, arroja otro resultado preocupante: 388 se vinculan al narcotráfico, 115 cometían robos violentos, 26 se relacionan con el uso o venta de armas y siete son asociaciones ilícitas.

Quienes conocen de cerca el trabajo de Gendarmería aseguran que un factor que ayudaría a aislar a estas organizaciones y limitar su campo de acción es contar con sistema de Inhibición de celulares y construcción de locutorios que eviten el contacto físico entre el reo y su visita, proyecto que durante años ha buscado, sin éxito, el respaldo de las autoridades del Ejecutivo para ponerlo en marcha.

Mantener un territorio o “negocio” al interior de un recinto penal no solo tiene un costo en dinero para los líderes. En muchos casos, además, hay vidas en juego.

“Las cárceles fueron consideradas como centros de mando de las pandillas y se convirtieron en verdaderas incubadoras de crimen organizado”, relató el exsubdirector general de Centros Penales de El Salvador, Elmer Mira. La ex autoridad carcelaria debía hacer frente a organizaciones como las Maras, pandillas con más de 80 mil miembros, que ejercen la violencia extrema, matanzas y extorsiones como forma de funcionamiento.

Mira, durante un simposio que organizó Gendarmería a fines de mayo, advirtió que “la persona que está en la calle es un delincuente que sabe que de un momento a otro va a llegar a la cárcel. Y si no está en armonía con sus amigos o compañeros de la cárcel, va a pagar las consecuencias. La cárcel empezó a tener connotación nuevamente en la profesionalización de las pandillas, mientras que, debido a las políticas, los sistemas penitenciarios colapsaron. Empezó un significativo número de actos violentos dentro de las cárceles”.

La violencia dentro de las cárceles chilenas mostró un incremento en 2020. En específico respecto a los homicidios cometidos al interior de recintos penales.

Si en 2019 hubo 44 casos, el año pasado se cometieron 61 crímenes dentro de los recintos penales (+38,6%). Al comparar la situación con los homicidios cometidos a nivel nacional, la cifra muestra una tendencia similar: en 2019 hubo 692 homicidios y en 2020, este número subió a 889 casos (+28,5%).

En El Salvador las cárceles fueron consideradas como centros de mando de las pandillas y se convirtieron en verdaderas incubadoras de crimen organizado.

Elmer Mira, exsubdirector general de Centros Penales de El Salvador.

Frente a estas cifras, las autoridades penitenciarias reiteran lo que durante años han advertido: “lo que ocurre en las cárceles se replica en la calle”.

A diferencia de lo que ocurre en el exterior de los recintos penales, muchos de los homicidios cometidos por encargo, rencillas o peleas dentro de los penales se cierran sin responsables.

Apenas un 28% de los casos logra identificar al autor. El otro 72% queda sin respuesta, sin el autor condenado.

Aunque el 100% de los casos son denunciados por Gendarmería al Ministerio Público, ninguna institución pública tiene la obligación de querellarse frente a este tipo de casos donde, en una gran mayoría, las víctimas provienen de sectores vulnerables o sus familiares no cuentan con los recursos económicos para pagar a un abogado particular que presente acciones legales, o pida diligencias, que les permitan identificar y condenar al responsable.

Pablo Aranda, jefe (s) del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública (DPP), ha trabajado por más de 15 años en el área de defensa especializada. Esto es, entre otros aspectos, realizar una defensa penitenciaria, la cual asesora jurídicamente a personas condenadas que están en las cárceles para que puedan acceder a beneficios penitenciarios, traslados, entre otros aspectos.

Desde esa labor, el profesional ha visto de cerca la realidad carcelaria. “Muchos problemas de la calle han terminado arreglándose dentro de la cárcel”, asegura. Aranda agrega que uno de los elementos que está presente dentro de las cárceles son las “estructuras de poder, donde los internos con mayor poder adquisitivo, tienen cierto control sobre internos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, que se encuentran solos. La lógica de las estructuras de poder evidentemente perjudica el normal desarrollo de la vida carcelaria”, enfatiza.

Estructuras de poder, donde los internos con mayor poder adquisitivo, tienen cierto control sobre internos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, que se encuentran solos.

Pablo Aranda, jefe (s) del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

Según Aranda en el caso de conocer el caso de un reo lesionado solo pueden presentar denuncias con el consentimiento del afectado. Pero tras ello, “no podemos seguir ‘querellándonos’ por ese delito, porque por nuestro rol nos va a tocar probablemente tener que defender a la persona que termine siendo acusada de haber cometido la lesión. Eso en sí ya es un poco negativo, porque no hay una real investigación profunda respecto de estos hechos”, aclara.

El avance de la violencia dentro de los penales ha ido de la mano con un incremento sostenido que han tenido los decomisos de drogas dentro de las cárceles chilenas.

Al analizar este fenómeno, tomando la tasa de internos que cumplen sus sanciones en recintos penales versus los gramos de drogas decomisados por cada región, un antecedente salta a la vista. La Región de Magallanes es la zona donde más sustancias ilícitas han sido detectadas por cada mil internos.

En esta región la droga promedio decomisada por cada interno llega a 14,15 gramos, mientras que en la Región Metropolitana esta cifra bordea los 1,6 gramos.

El negocio detrás del ingreso de drogas, aseguran en Gendarmería, es bien recompensado, pese a los riesgos asociados. Producto de la pandemia y las nuevas restricciones de acceso a los penales, la inteligencia penitenciaria detectó que el ingreso de apenas un gramo de droga tiene un valor de $ 2.000. Es decir, por internar un kilogramo de droga (1.000 gramos) los líderes narcos que están recluidos pagan hasta $ 2.000.000.

Así, por cada gramo que ingresa y llega a manos de un traficante condenado, cuatro reos adictos pueden recibir una dosis de droga.

Aunque son desconocidas para el ciudadano común, estas cifras de consumo de drogas son un insumo que hace años está en manos de las autoridades.

Pese a ello, los grupos que se dedican al tráfico de sustancias ilegales dentro de los penales continúan creciendo y expandiendo su influencia a través de la captación de nuevos soldados para defender sus territorios.

Frente a este escenario, la confección de nuevas herramientas de inteligencia y el uso de recursos para frenar este fenómeno, no solo permitirá combatir el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado dentro de los penales, sino que podría ayudar a frenar un círculo vicioso que, hasta hoy, parece no tener fin.