El caso que revela los tentáculos del cártel de Sinaloa en Chile

La zona de embarque del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Pudahuel, fue el punto elegido por la fiscalía para terminar con más de un año de seguimientos discretos y la infiltración de agentes encubiertos.

La decisión acarreó medidas urgentes. Una de ellas, trasladar y resguardar de inmediato a los policías que por más de 12 meses utilizaron identidades falsas y lograron captar cientos de imágenes, videos y escuchas telefónicas desde febrero de 2020, cuando comenzó esta investigación secreta.

El operativo comenzó cerca de las 17.00 horas, a plena luz del día y frente a cientos de pasajeros que a esa hora transitaban por el terminal aéreo, días antes del cierre de fronteras decretado por el gobierno a causa de la pandemia. Los 28°C que a esa hora se sentían en la capital, aumentaron de golpe entre el grupo de detectives que recibió la orden para detener a una pareja de mexicanos que estaba a minutos de tomar un vuelo con destino a México.

La aprehensión ocurrió sin contratiempos. Los extranjeros fueron alejados de sus maletas, rodeados por efectivos policiales y esposados por la espalda. El arresto apenas duró un minuto. No hubo resistencia, disparos, ni lesionados, según testigos. Sus teléfonos móviles, con sus agendas de contactos y otros elementos requisados engrosarían la lista de evidencias en el caso.

Las pruebas obtenidas a lo largo de la investigación sirvieron para que la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Tarapacá formalizara -en una audiencia reservada- a los hermanos Yolanda y Ricardo Salazar Tarriba, presuntos brazos operativos de la peligrosa organización de narcotráfico mexicana fundada en 1989 por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y Héctor Palma Salazar. Los Salazar Tarriba fueron acusados de tráfico de droga y asociación ilícita. Hoy cumplen su prisión preventiva en recintos de alta seguridad de Santiago.

Lejos de ser el fin de esta indagatoria, la detención de estos mexicanos abrió nuevas interrogantes sobre las operaciones del cártel de Sinaloa en Chile y las redes que tejió la organización tras asentarse por más de un año en suelo nacional.

La trama de espionajes y drogas que se esconde detrás del arresto de los Salazar Tarriba comenzó a escribirse a 1.750 kilómetros al norte de Santiago, específicamente en la Región de Tarapacá, donde aún quedan vestigios del paso de la organización criminal que, “el Chapo” lideró hasta 2017.

El primero en llegar a Chile fue Ricardo Salazar Tarriba. Lo hizo a comienzos del año 2020, en silencio y portando apenas un bolso que no entorpeciera su ingreso ilegal, tras cruzar la frontera a través de un paso no habilitado de la Región de Tarapacá.

Solo una alerta enviada días antes por la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, advirtió a las autoridades chilenas sobre la entrada clandestina del presunto integrante del cártel de Sinaloa. La primera impresión, recuerda una fuente del caso, fue incredulidad. Luego se pusieron en marcha una serie de medidas. Una de las más importantes fue infiltrar a detectives y caracterizarlos como el nexo chileno que apoyaría las operaciones de la banda que se alistaba a operar en suelo nacional.

Un departamento arrendado en la costanera de Iquique, uno de los sectores más acomodados de la ciudad, esperaba a Salazar Tarriba por su llegada a la región.

Sin grandes lujos, pero con un alto poder adquisitivo, el emisario mexicano comenzó a recorrer escoltado cada rincón de la zona donde el cártel de Sinaloa apostaba a formar su centro de operaciones para el tráfico internacional de cocaína. Locales nocturnos, áreas comerciales e, incluso, visitas programadas a la zona portuaria de Iquique y Valparaíso, formaron parte de los lugares de interés para este presunto líder narco.

Cada movimiento, sin embargo, quedaba registrado en el expediente secreto de la fiscalía.

El acuerdo permitiría al cártel que hoy lidera Iván Guzmán Salazar, hijo del “Chapo”, extender sus áreas de influencia en el Cono Sur y abrir nuevas rutas internacionales para el tráfico de droga. Si las negociaciones salían como se acordaron entre ambos grupos, a Chile debían llegar durante 2021 más de seis toneladas de cocaína de alta pureza. Un negocio que transformaría a los puertos nacionales en uno de los principales exportadores del alcaloide a Europa y Asia.

Pero algo salió mal.

Fue en octubre de 2020 cuando una insuficiencia cardiaca afectó a Ricardo Salazar. La emergencia lo mantuvo hospitalizado grave, tras lo cual fue trasladado a Santiago para una intervención. Sin saberlo, su círculo de hierro, el mismo donde había policías infiltrados, lo acompañó en su proceso de recuperación.

El problema cardiaco de Salazar lo obligó a tomar medidas: contactó de urgencia a su hermana Yolanda, a quien encomendó viajar a Chile para tomar las riendas del negocio.

Con la llegada de Yolanda Salazar, las negociaciones retomaron su curso y se selló el primer envío de cocaína. Se trataba de una “muestra” de 54 kilos de cocaína, a la cual se le analizó su composición química para establecer su pureza. La mexicana comenzó entonces a trabajar para diseñar junto a sus nuevos socios bolivianos la logística necesaria para trasladar volúmenes más grandes de drogas por pasos ilegales. También emprendió la búsqueda de zonas de acopio de la droga, para lo cual se recorrió las zonas aledañas a Iquique.

La presencia del cártel de Sinaloa en la zona sur de Sudamérica ha sido detectada también en países vecinos como Perú. En ese país, a fines de marzo, se arrestó a otra “delegación” de integrantes de esa organización criminal, que ocultaba 887 kilos de cocaína de alta pureza en un condominio de la ciudad de Callao, lista para ser enviada fuera de ese país.

“Chile es un país bastante estratégico para cualquier cártel, sobre todo para los cárteles mexicanos”, asegura Ainhoa Vásquez Mejías, escritora chilena que vive hace 14 años en México, donde ejerce como profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma. Por años ha trabajado en temas vinculados al narcotráfico, y es autora de varios libros relacionados a esta materia.

La experta advierte que “una gran lección que tiene que aprender Chile de lo que ocurrió con México, es que la guerra contra el narcotráfico fue una falla completa. La violencia vino de ahí, de la guerra contra el narco. Los cárteles se volvieron muchísimo más violentos, empezaron a pelear por el territorio. La violencia viene cuando peleas por un territorio”, señala.

Los cárteles tienen un poder de infiltración tremenda a nivel económico, son capaces de comprar a cualquiera. Imagina todo el dinero con el que llegan y el poder de coerción con su lema: ‘plata o plomo’, que es su máxima. O te compro con millones de dólares o te mato a ti y a tu familia, No hay mucha elección.

Ainhoa Vásquez Mejías

Algunas fuentes de la investigación del caso en Chile indican que el grupo ya había definido una ruta preliminar para la droga, que consideraba el traslado de drogas desde Bolivia hacia Iquique, para luego trasladar la mercancía hasta puertos de esa ciudad o de Valparaíso. La primera ruta esbozada, además, contemplaba enviar remesas de droga con destino a Rotterdam, en Países Bajos, para luego ser trasladada hasta la ciudad de Amberes, Bélgica, donde finalmente sería entregada a otra facción del cártel para su comercialización en el Viejo Continente.

“Hubo información que provino desde el extranjero, porque de otra forma no habríamos tenido la oportunidad de saberlo”, asegura a La Tercera el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. “Efectivamente creo que estamos frente a un intento real y serio de una organización importante de México de instalarse en Chile con el objeto de preparar rutas y de poder abrir nuevos caminos para la droga, droga que provenía desde Bolivia”.

El 3 de marzo fue una fecha clave en la investigación.

Ese día Yolanda y Ricardo Salazar Tarriba viajaron a Santiago de manera inesperada. Una supuesta reunión de negocios los obligó a dejar su centro de operaciones en Tarapacá. Una vez en Santiago compraron pasajes con destino a México con fecha 10 de marzo.

El antecedente sirvió a la fiscalía para planificar los arrestos frente a su inminente salida del país. Así, el sector de embarque del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez se transformó en el punto final a más de 400 días de investigación secreta.

Aun cuando los arrestos no se realizaron en una audiencia pública, ni el caso fue cubierto por la prensa nacional, una de las primeras visitas presenciales que recibió Yolanda Salazar fue la de una funcionaria consular mexicana. Específicamente, el de la jefa de Sección Consular, Norma Ramírez. La misma funcionaria contactaría horas más tarde, pero vía telemática, a Ricardo Salazar Tarriba.

Desde el consulado mexicano aseguran que “los funcionarios consulares mexicanos tienen la facultad, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la legislación mexicana y chilena aplicables, de realizar visitas o entrevistas a connacionales que se encuentran privados de libertad, en caso de que ellos así lo soliciten”.

Este tipo de asistencia consular se realiza con el objetivo de verificar el buen estado físico de los connacionales, así como para dar seguimiento de los procesos a los que son sujetos.

Respuesta del consulado de México en Chile

Añaden desde la repartición diplomática que la visita al penal de mujeres de San Miguel se realizó debido a que el centro penitenciario no se encontraba en cuarentena en esa fecha.

Pero no fueron las únicas visitas que recibió Yolanda Salazar. En menos de una semana la mujer recibió a cuatro abogados interesados en ofrecer sus servicios legales para defender ante la justicia a los hermanos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa.

Guillermo Valdés es el exdirector del Centro de Inteligencia Nacional de ese país y autor del libro Historia del Narcotráfico en México. El experto asegura que, pese al avance de otras organizaciones criminales, todavía el cártel de Sinaloa es muy poderoso en sus territorios, en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora. Y el cártel de Jalisco Nueva Generación, al sostener guerras con Sinaloa en la frontera norte le es muy costoso.

Los dos cárteles son el gran oligopolio de producción y exportación de droga a Estados Unidos. Entre ellos deben tener alrededor del 80% del mercado estadounidense. Todavía son muy poderosos.

Guillermo Valdés

Aunque la investigación aún se mantiene vigente y con diligencias en curso, el fiscal regional Raúl Arancibia enfatiza que la Unidad de Drogas que dirige “podría haber actuado cuando recibimos el antecedente (de la DEA). Podríamos haber alertado en la frontera o cuando Ricardo Salazar llegó a Chile, haberlo expulsado. Pero el objetivo de todo esto fue primero ver si esto era efectivo (su vínculo con el cártel de Sinaloa) y también dar una señal nosotros como país no estamos dispuestos a que se nos venga a instalar gente con esos propósitos. Así de simple”.

Mientras la investigación sigue su curso, la Fiscalía aún trabaja en dilucidar hasta dónde se extendieron los tentáculos de esta organización dedicada al tráfico de drogas, extorsiones y homicidios que, por primera vez, dejó huellas visibles de su interés de asentarse en suelo chileno.