El diverso mundo de los asesores de la Convención: cuántos son, qué hacen y cuáles son sus sueldos

Un geógrafo, una técnico dental, un experto en mundo evangélico, un constructor civil y una bióloga. Esas son algunas de las profesiones declaradas por parte de los 391 asesores contratados al 31 de marzo pasado como personal de apoyo para los 154 convencionales constituyentes que desde el 4 de julio del año pasado se encuentran redactando la nueva Carta Magna.

La información, que fue analizada por la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera, revela varias conclusiones, entre ellas, la hegemonía de abogados y periodistas, y la importancia que se ha dado a la gestión de redes sociales entre las funciones del personal de apoyo

Otro de los datos que emergen son la contratación de cinco, seis y hasta siete asesores para un solo convencional, y el amplio rango con el que se fijan sus remuneraciones mensuales, que van desde un curioso contrato por $1.000 a $2.300.000.

En una mirada global, durante el mes recién pasado, se pagaron honorarios por un total de $ 288.604.829 en personal de apoyo, con una remuneración bruta mensual promedio de $738.119.

Una gran carpa blanca con sillas y mesas en su interior, ubicada en el patio del ex Congreso Nacional, ha sido durante los últimos meses el hogar del personal de apoyo. En su interior es posible ver una diversidad que refleja a la misma Convención: desde jóvenes estudiantes universitarios que visten zapatillas, poleras o blusas que dejan ver sus tatuajes, hasta serios abogados que se rehúsan a abandonar la cada día menos popular corbata.

Pese a que el reglamento interno de la Convención sólo los define como “apoyo para la función constituyente”, quienes han presenciado diariamente el trabajo de la Convención destacan su importancia, especialmente en un contexto en el que buena parte de los constituyentes no tenían conocimientos previos en materias jurídicas o comunicacionales.

“Para muchos de nosotras y nosotros contar con sus aportes es muy importante, por el volumen de normas, sesiones y trabajo territorial que también debemos desarrollar”, afirma la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros.

Quizás es por ello que los abogados son por lejos la profesión predilecta de los convencionales a la hora de elegir a sus asesores. A marzo de este año, 86 abogados estaban contratados, un 21,4% de todo el personal.

Al mismo tiempo, los abogados son los mejor pagados entre los asesores. En promedio, reciben mensualmente $1.002.562, con sueldos totales que van desde los $170.680 hasta los $2.300.000.

En su mayoría declaran cumplir funciones de asesoría legal y de redacción de propuestas de articulados e indicaciones.

El segundo grupo más numeroso de asesores son los periodistas. Hasta el mes recién pasado, 44 asesores tenían declarada esa profesión, un 11% del total de los colaboradores.

Sus pagos mensuales son menores a los de los abogados, con una remuneración media de $771.781. A marzo pasado, el menor pago fue de $250.000 y el mayor pago fue de $1.850.000.

Fue la misma Convención Constitucional la que en su proceso de instalación dictó las normas para su funcionamiento. Esa regulación creó el Comité Externo de Asignaciones, compuesto por cinco integrantes de organismos públicos, como la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Tesorería General de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, más la presencia de un convencional constituyente.

Este organismo determinó que cada constituyente contaría con un presupuesto mensual de 40 UTM, unos $2.200.000 a marzo pasado, para la contratación bajo la modalidad de honorarios de personas naturales como apoyo para la función constituyente. Si el sueldo es mayor, la diferencia debe ser costeada por el convencional.

Junto con ello, cada representante dispone de 27 UTM para gastos de manutención y de 10 UTM para gastos operacionales.

Sobre la profesión, currículum o requisitos para cumplir con la función de asesor, el Comité Externo dejó en libertad de acción a los constituyentes. Tan sólo definió que “es atribución de los y las convencionales constituyentes definir la idoneidad del personal de apoyo y sus capacidades, bajo su propia responsabilidad”.

Esa es justamente una de las razones que podría explicar el fenómeno de los “sin información”.

Tras los abogados y los periodistas, el tercer grupo más numeroso de asesores contratados son los que no declara poseer ninguna profesión, estudio u oficio. Son en total 42 asesores, un 10,5% del total, que tienen en promedio una remuneración de $561.914, con sueldos que van desde los $1.000 a $1.319.382.

Entre quienes integran este grupo hay una amplia diversidad de experiencias declaradas: trabajadores comunitarios, asesoría territorial, un experto en el mundo evangélico, expertos en participación, un experto en trabajo en equipo, entre otros.

Si bien entre el personal de apoyo existen algunos con remuneraciones bajo el promedio, 69 de los asesores reciben pagos mensuales bajo el sueldo mínimo de $350.000. Ello puede explicarse porque parte de las labores contratadas son eventuales o a tiempo parcial. Pero existe un contrato que llama la atención.

Se trata de Claudia Pérez Muñoz, asesora de la convencional Giovanna Grandón Caro, quien declara la profesión de “consultora” y figura contratada desde el 27 de febrero de 2022 al 31 de marzo de 2022 por una remuneración bruta mensual de tan sólo $1.000.

En el contrato se declara que sus funciones serán “Gestión de plataformas, community manager, realización de tareas de orden administrativo”.

Consultada por si este contrato era efectivo o si se trataba de un error de la plataforma, la constituyente Grandón reconoce el convenio y da una explicación para el inusual monto a pagar.

“Claudia me ha ayudado desde mi campaña, es una asesora ad honorem. Ahora necesitaba que viniera a la Convención, y para ingresar tenía que estar registrada como asesora. La plataforma no dejaba ingresarla con un pago de $0, así que le puso ese monto y se pudo hacer”.

Sobre este punto, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, indica que “en cuanto al personal externo que puede estar colaborando con las y los constituyentes, pero que no están contratados como personal de apoyo, y por ende, no reciben recursos públicos, nuestro reglamento también establece la obligación de transparencia de identificarlos y que esa información esté disponible para la ciudadanía a través del sitio oficial de la Convención”.

Giovanna Grandón reconoce que la situación está en la mira de los entes regulatorios de la Convención. “No me alcanza la plata para pagarles a todos. Tengo otras personas más ad honorem que me ayudan, que las molesto para ver temas legales o para hacer algunas indicaciones. Pero este mes nos pidieron en la Convención que teníamos que ingresar a todos los asesores ad honorem”.

Pero este grupo desconocido de los asesores no remunerados podría ser un espacio de opacidad, asegura María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente.

“Tal como se ha visto en el Congreso, en la Convención también podría haber grupos de interés o asesores que no están siendo transparentados. En parte, ha sido un tema de premura por la instalación, pero esto no es una excusa. La transparencia es de la mayor importancia, porque lo que menos queremos es tener dudas en la legitimidad de la institución y de sus decisiones”, señaló.

La elección de convencionales constituyentes que se realizó el 15 y el 16 de mayo de 2021 fue inédita en la historia de Chile. Por primera vez se eligió una Convención paritaria, en la que se buscaba que sus integrantes estuvieran lo más cerca de tener la misma representación de género que su presencia en la población nacional. Pero la contratación del personal de apoyo quedó fuera de esos mecanismos.

Es así como de los 391 asesores vigentes a marzo de este año, 205 son hombres (52,4%) y 186 son mujeres (47,6%). Y donde se refleja mayor disparidad es en el promedio de remuneraciones pactadas: mientras el sueldo promedio de los hombres es de $758.221, en el caso de las mujeres llega a $705.174.

Otro de los puntos llamativos a la hora de revisar la información publicada por la Convención Constitucional son las funciones para las que son reclutados los asesores. De acuerdo a las normas internas, cada asesor puede desempeñar hasta tres funciones diferentes para cada convencional.

Es así como, independiente de su profesión declarada, 107 de los contratados declara realizar funciones de “asesoría jurídica” o en materias de Derecho.

Pero en cuanto a rubros, lo que se impone es la estrategia comunicacional: 75 asesores dicen desempeñar labores de “asesoría en comunicaciones” y 68 declaran trabajar en “gestión de redes sociales y community manager”, una función que ha sido ampliamente explotada por los constituyentes, que diariamente suben contenidos a sus redes sociales. Un dato que, además, pone de manifiesto lo estratégico que es para los convencionales el frente comunicacional, que ha sido objeto de quejas, críticas y reclamos a lo largo del proceso.

Así como la normativa interna de la Convención dejó en manos de cada constituyente determinar la idoneidad y las capacidades del personal de apoyo a contratar, tampoco estableció un límite de asesores por cada representante.

De acuerdo a los datos analizados por La Tercera, si se toma el total de asesores y se divide por los 154 convencionales, cada uno de ellos tiene en promedio 2,5 trabajadores de apoyo.

Por esa razón, algunos convencionales decidieron compartir los gastos y tener asesores para un grupo de ellos. Así ocurre con 29 de los funcionarios externos, quienes deben atender los requerimientos de más de un miembro de la Convención.

El caso más extremo ocurre con los constituyentes de Chile Vamos Eduardo Cretton, Constanza Hube, Felipe Mena, Katherine Montealegre y Ricardo Neumann, quienes comparten cuatro asesores, entre abogados y periodistas. Y es justamente uno de los representantes de ese grupo el que tiene más personal de apoyo.

Se trata de Felipe Mena, quien aparece contratando a siete personas por un total de $1.710.000. Le sigue Agustín Squella, con seis asesores, por un monto de $2.009.750. Ambos, eso sí, tienen como asesores a personas que al mismo tiempo trabajan para otros convencionales.

En el grupo de constituyentes de quienes poseen cinco asesores destacan por el monto total en remuneraciones pagadas Luis Barceló, con un pago de $2.843.666; Vanessa Hoppe, con remuneraciones canceladas por $2.695.000, y la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, con un total de $2.615.00 pagados a sus cinco asesores.