El Estado ha comprado 212 mil hectáreas y ha beneficiado a 509 comunidades indígenas

Desde que comenzó a funcionar la Ley Indígena han sido beneficiadas 509 comunidades que reúnen a 19.969 familias. Además el Estado ha comprado 212.073 hectáreas en el país, para lo cual se gastaron en total $ 491 mil millones.

Estos son algunos de los datos que se pueden analizar en los registros históricos de la Conadi. Siempre se ha dicho que la compra de tierras, en lo que respecta al artículo 20 letra b), es una caja negra.

De hecho varios actores ligados al tema —comunidades indígenas, consejeros del organismo, representantes de las empresas forestales e investigadores— admiten que no existe claridad de todo lo que se ha comprado desde que el fondo entró en vigencia en 1994.

La Tercera accedió a los registros de estos casi 28 años. Las cifras permiten hacer una primera reconstrucción de lo logrado desde el gobierno del expresidente Patricio Aylwin hasta la fecha en materia de devolución de tierras a través de la política de compra de predios de la Conadi.

Pese a lo avanzado, la lista de espera de las comunidades que cuentan con sus aplicabilidades aún es muy larga. Según la Conadi, desde el año 2000 hasta julio de 2021 existen 617 informes jurídicos administrativos que representan las reclamaciones de 678 comunidades.

De ese total hay 146 comunidades con demanda completa, es decir, que reconocieron que su deuda ya quedó saldada. Luego hay otras 219 que no registran ninguna compra anterior, por lo tanto según la ley tienen prioridad. El resto, detalla el organismo, son comunidades que tienen compras anteriores, pero no han cerrado sus procesos ya que estiman que su demanda territorial sigue incompleta.

El año de mayor actividad del fondo de compra de tierras fue 2015: se gastaron $ 73.711 millones, el 15% de los recursos invertidos en casi 28 años. Ese período estuvo marcado por un récord de familias beneficiadas, pero también por tierras que fueron compradas en medio de polémicas y presiones.

Ese es el caso de una compra por 1.259 hectáreas de Freire para la comunidad Fermín Manquilef que agrupaba a cien familias. Los terrenos fueron adquiridos en $ 11.274 millones. Esta ha sido la compra más grande registrada hasta ahora cuyo dueño era el empresario Carlos Heller.

Esa comunidad se hizo conocida por ocupar la pista del aeropuerto de Temuco el 21 de julio de 2014. Por ello —y ya que la Conadi había dicho que no iba a comprar tierras para comunidades violentas— esta adquisición fue criticada por los empresarios de la zona.

Otras 725 hectáreas fueron entregadas a la comunidad Juan Catrilaf II, en Padre Las Casas, por $ 4.531 millones. Esta fue la segunda compra más grande de ese año. A esta comunidad pertenecen comuneros como Luis y Juan Tralcal, la que recibió terrenos que pertenecieron a la familia Luchsinger Mackay.

Las comunidades Fermín Manquilef, Antonio Rapiman, Antonio Caniu y Juan Catrilaf II son las agrupaciones en las que se han gastado más recursos para adquirir predios en estas décadas. Miembros de la comunidad Rapiman se tomaron oficinas de la Conadi en 2014 y luego accedieron a las tierras. Las familias que han recibido más territorios son las comunidades Catrihuala —13.231 hectáreas—, Coihuin de Compu y Cauñicú.

Otros años donde aumentó significativamente el gasto en la compra de terrenos fue en 2009. Esa vez, durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, se gastaron $ 30.438 millones. Le sigue el año 1999 con el entonces presidente Eduardo Frei quien desembolsó $ 7.241 millones.

Al analizar la cantidad de terrenos entregados, existe un claro aumento en tres años clave: 2009, 2012 y 2018 cuando fueron devueltas 16 mil hectáreas cada vez.

El volumen de 212 mil hectáreas restituidas en todo el país equivale al 41% de las tierras incluidas en los títulos de merced. Dichos documentos históricos, de acuerdo a los que están registrados por la Conadi, contemplan un universo de 512 mil hectáreas.

Este cálculo solo es una forma de poner en perspectiva lo avanzado por el Estado para saldar su deuda territorial con las comunidades indígenas. Tiene varias limitaciones, como por ejemplo, que excluye los títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas.

Además, hay una arista que va directo al fondo del problema. Los pueblos originarios han sido enfáticos en dejar en claro que sus demandas ancestrales van mucho más allá de lo que está establecido en esos documentos jurídicos reconocidos por el Estado.

Uno de los nudos críticos de toda esta trama son las forestales y los terrenos de los cuales hoy son dueños. Por eso el 9 de noviembre de 2018 fue un día tan importante. En esa fecha el exdirector de la Conadi Jorge Retamal firmó el oficio 879 para cuantificar por primera vez las demandas de tierras de las comunidades mapuche a las forestales.

En el oficio se adjunta una tabla con los “predios de empresas forestales presentados por comunidades indígenas al 30 de octubre de 2018”. Se trata de 64 terrenos, que equivalen a más de 12.800 hectáreas, reclamadas por 66 comunidades. De todos ellos, hay cinco predios que no tienen información de superficie y el resto son fundos reclamados por más de una comunidad.

La elaboración de este listado fue posible gracias a un trabajo realizado por la comisión de política forestal de la Conadi y las empresas forestales. Los privados, hace al menos tres años, han confirmado su disposición a vender en el marco del proceso institucional de la Conadi.

La voluntad de los privados ha chocado con las trabas y dificultades propias del mecanismo de compra de tierras del Estado. En privado una fuente cercana a este proceso reconoce que si solo dependiera de las forestales, al menos considerando los 64 predios del oficio, ya los habrían vendido.

Luego de haber elaborado el oficio, la Conadi analizó en detalle la tabla y concluyó que de las 66 solicitudes, hay 49 que cumplen con los requisitos estipulados en la glosa 16. Esta es la norma que exige, entre otros criterios, que la comunidad no registre compras previas. De ese filtro, el organismo identificó 36 que estaban en condiciones de avanzar rápido.

Así fue como el año pasado la Conadi consiguió dar un paso más y tasó 12 predios, un hito relevante para concretar las compras. De todos ellos, hasta la fecha, solo se han comprado siete terrenos. Este año, reconocen en la institución, esperan seguir avanzando y tasar otros 12 predios más.

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