“El voto es secreto”. Es una máxima tradicional de los procesos electorales: nadie debe saber por quién vota una persona, y dicho proceso se resguarda con una serie de medidas de custodia, como eliminar los materiales que se ocupan en las votaciones mismas.
Pero además, en Chile hay otro elemento que se ha mantenido en reserva y protegido a lo largo del tiempo: el hecho de saber si una persona votó o no en un comicio determinado. Al menos desde 2012, dicha información es obtenida por el Servicio Electoral (Servel) al hacer el denominado “pistoleo” de las actas que cada mesa tiene para la elección.
Dichas actas se destruyen, pero la información permanece. Consistentemente, el mismo organismo ha señalado que ocupa este acceso con fines estadísticos agregados, y ha disponibilizado durante los últimos años en su web los datos anonimizados; es decir, sin que haya un elemento que pueda permitir que se identifique a la persona para saber si ésta votó o no. Además, en el pasado el organismo ha denegado solicitudes de acceso a la información en esa línea esgrimiendo el argumento de la privacidad de los datos personales.
Esto, sin embargo, se rompió durante los últimos días. Según información recabada por la Unidad de Investigación de La Tercera, el Servicio Electoral subió durante abril a su sitio web un archivo comprimido, en formato zip, que contenía la información a nivel personal de 14.900.189 electores, es decir, el padrón total para las elecciones municipales que se realizaron en mayo de 2021.
El documento identifica, con RUT incluido, quiénes fueron las 6.446.845 personas que sufragaron en la elección, así como las 8.453.344 que no sufragaron. Pero además, en el caso de cada persona, entrega información sobre su edad, su nacionalidad, si pertenece o no a un pueblo originario y si está afiliada a un partido político, indicándose además en caso de que se encuentre militando en una colectividad a cuál corresponde.
Con todo esto, es cuestión de segundos poder saber si una persona participó en esa elección o no, con un acceso a información sensible que es inédito para este tipo de estadísticas en el país. Y además, vulnera un principio constitucional: el del artículo 19, número 15 de la actual Carta Magna, que señala que ese dato personal debe ser mantenido en reserva por el Servel.
La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera tuvo acceso al archivo, denominado VW_VOTARON_2021MUNI_BDSERVEL__Datos_completos-1.zip, cuyo peso es de 206 mb y que estaba disponible en el sitio al menos hasta ayer en la noche. La situación cambió durante esta mañana, dado que, a eso del mediodía, ya no era posible descargar el archivo desde su ubicación original.
Sin embargo, al menos hasta la tarde de este jueves el link que redirigía al contenido original seguía presente en las diferentes variables de estadísticas de datos abiertos del organismo, aun cuando no conducía al archivo.
La importancia de los datos electorales
La publicidad sobre los registros de votación -es decir, si una persona acude o no a votar- es un tema largamente debatido a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos existe diferente tratamiento a nivel de estados, habiendo algunos que consideran esa información como privada y otros como pública.
El debate se da por dos grandes variables. La primera, el hecho de que saber si alguien fue a votar o no genera un espacio donde las personas podrían ser objeto de presiones para ejercer ese derecho, con una comprobación posterior de si participaron. Es por eso que hay organizaciones que lo consideran como un dato sensible.
Y la segunda, porque el poseer dichos registros hace que las campañas puedan diseñar su estrategia a niveles hiperpersonalizados en un entorno de voto voluntario, considerando que, incluso en las elecciones más exitosas, la movilización no es total. Como ejemplo, en el caso chileno el máximo porcentaje del padrón que ha votado desde que se implementó ese sistema en 2012 es el 55,65% que lo hizo en la segunda vuelta presidencial de diciembre pasado.
Además, la tendencia en el caso del padrón chileno se ha ido moviendo en la dirección opuesta. De hecho, para las últimas elecciones, este documento -que es quien registra las personas con derecho a voto y que es público de acuerdo a la actual Constitución- eliminó el RUT de la información que entrega, así como en 2012 se había quitado las indicaciones de si un votante tenía algún tipo de discapacidad visual a partir de las reformas electorales que se aplicaron desde los comicios municipales de ese año.
De hecho, en el decreto con fuerza de ley de 2017 que aborda el sistema de inscripciones electorales y el Servicio Electoral, se señala en lo referente al Registro Electoral, en el artículo 4, que “el Servicio Electoral deberá dar cumplimiento a lo previsto en la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, salvo en los casos señalados en esta ley”, aunque queda la incógnita si este elevado nivel de protección a los datos personales se aplica también a productos estadísticos, como el análisis de las votaciones.
Con todo, la filtración de los datos revela que el Servel posee en su existencia este tipo de documento con la información vinculada a nivel personal, y genera la pregunta de si han ocurrido incidentes similares para otras elecciones, o bien si la información sin anonimización ha sido compartida a otras entidades más allá del propio servicio, ya sean organismos privados o públicos.
La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera contactó al Servel para consultarle sobre la situación. Hasta el cierre de esta edición, no habían entregado la versión oficial sobre lo ocurrido y sus potenciales alcances.
