Bajo su mando se desarrollan las investigaciones más complejas que se registran en La Araucanía, muchas de las cuales tienen relación con atentados de diversa índole. Para el fiscal Héctor Leiva, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona, son a lo menos seis los factores que influyen en las dificultades para aclarar estos casos.

A estos, que incluyen factores geográficos y la preparación de los autores, se suman otros elementos legislativos y que, tras buenos resultados, suele producirse una seguidilla de atentados en represalia.

¿De qué manera se investigan los hechos de violencia rural que ocurren en La Araucanía? ¿Cuál es el nivel de complejidad que tienen?

Este tipo de casos se tratan de investigaciones mucho más complejas por las condiciones en que se cometen. Hay una serie de condiciones que claramente favorecen la impunidad, se trata de lugares despoblados, donde no se cuenta con cámaras, hay hasta condiciones climáticas que son adversas para obtener la evidencia, normalmente no se cuenta con testigo y las pocas veces que se logran ubicar, estos no quieren por temor prestar declaraciones. Hay algún grado también de preparación de las personas que cometen estos delitos, en el sentido de utilizar guantes para no dejar huella, usar pasamontañas para que no los puedan reconocer e incluso, en algunos casos, contamos con algunos datos y testimonios que dan cuenta que en algunas oportunidades se recogen hasta los casquillos de las municiones que disparan, para no dejar evidencia. Entonces, nos encontramos con un escenario adverso y las personas que intervienen en esto tienen desarrollado toda una preparación para la comisión de estos delitos y evitar que estos sean descubiertos.

¿Qué se hace ante este diagnóstico?

Ahora, con todas estas dificultades que están ahí presente, significa abordar este tipo de investigaciones con un sistema lo más completo posible. Es decir, la Fiscalía Regional de La Araucanía ha encargado esto a la Fiscalía de Alta Complejidad y se investigan como casos de alta complejidad, porque requieren mayores diligencias, un mayor análisis y para eso se han designado fiscales, algunos de ellos con dedicación exclusiva, como es el caso del fiscal de Collipulli, otros con dedicación preferente. La fiscalía está consciente de las dificultades que significan estos casos y por eso ha generado todo un aparato especial para la investigación de este tipo de hechos.

Al parecer también existe un tema con los tribunales, que valoran poco la prueba indiciaria y esa sería la principal forma de aclarar estos delitos. ¿Hay algo también por ese lado?

Hay varias cosas. Desde el punto de vista global, primero no hay que dejar de pensar que sí son investigaciones en que se logran resultados. Nosotros hemos obtenido resultados en estos casos, hay condenas importantes que se han obtenido durante la investigación de esos casos. Actualmente tenemos 28 imputados en prisión preventiva por delitos de violencia rural. Ahora, es la multiplicidad de estos hechos, el número, lo que a veces hace que se opaquen estos resultados. Yendo en concreto a este tipo de casos, yo diría como ejemplo el caso del asesinato del cabo Naín, ahí se hizo una investigación sobre la base de una serie de indicios, pero se requiere en primer lugar contar con un fiscal que pueda dedicarse con un tiempo especial a este tipo de casos, con una policía especialmente dedicada y preparada para abordar este tipo de investigaciones. Y en la medida en que se cuenta con todos estos elementos, ahí recién podemos empezar a trabajar la prueba indiciaria. Esto significa recopilar una serie de antecedentes, corroborarlos y teniendo presente que las exigencias y niveles de prueba son altos en esta materia. No solo los estándares del tribunal, sino que además tenemos la complejidad de los testigos, que tampoco quieren cooperar mucho por el temor, y la falta de detenciones en situaciones de flagrancia, que nos ayudaría a tener mejores resultados también.

¿Cree que el resto de las instituciones, ya sean las policías o el Poder Ejecutivo, no ponen todo de su parte para llegar a resultados más complejos? ¿Se puede hacer más?

Lo que yo puedo contar es cómo la fiscalía está enfrentando esta situación. Para eso, hemos tratado de hacer en el último tiempo una investigación focalizada, es decir, para ir mejorando los resultados hemos ido cambiando la forma de enfrentar este fenómeno y una de las formas ha sido de los focos delictivos en materia de violencia rural. Por ejemplo, el hurto de madera, el robo de vehículos motorizados, el tráfico de drogas, el uso de armamento y últimamente, a propósito de las extorsiones que se dan especialmente en los tiempos de cosecha. Esto nos ha ido permitiendo, en general, buenos resultados. Esto nos dice que tenemos que potenciar el análisis criminal que permita a las policías anticiparse, llegar más temprano a estos hechos y lograr detenciones en situación de flagrancia. Segundo, cuando no se logra aquello, necesitar más recursos abocados a la investigación con mayor detalle de este tipo de hecho y por último, lo que hemos abogado siempre, que se necesita para avanzar en la efectividad, es contar con una legislación adecuada, que permita investigar adecuadamente estos hechos, que permita otorgar todas las medidas de seguridad y de tranquilidad que un testigo necesita para poder aportar en este tipo de investigaciones.

También hemos visto que en los últimos años estos hechos se han ido recrudeciendo. Por ejemplo, en 2020 los delitos de esta naturaleza aumentaron un 69%, según el análisis de la fiscalía. ¿Está vinculado que al haber pocos resultados se genera un ambiente de impunidad y esto lleva a que ocurran más delitos?

Yo voy a seguir un poco lo que planteaba el fiscal regional Cristián Paredes en estos temas. Uno, que efectivamente a la fiscalía le preocupa la gravedad de los delitos que se han visto en el último tiempo y cómo estos han ido aumentando su intensidad, sin duda que ese es un tema de alta preocupación para la fiscalía y que tiene que analizarlo desde el punto de protección a las víctimas, hay un mayor despliegue de protección hacia las víctimas y, por otro lado, significa hacer un análisis del contexto en que se producen estos hechos para ver cómo enfocarlos a través de la persecución focalizada. Y no hay que olvidar, como lo planteaba el fiscal Paredes, de que también en esto la respuesta penal nunca va a ser la única forma de solución a este tipo de hechos. Eso lo demuestra que frente a una acción penal donde se producen resultados, como respuesta se producen una seguidilla de hechos más violentos.

¿Cómo se trabaja con las policías?

La fiscalía ha generado un trabajo de capacitación intenso, tanto desde el punto de vista del análisis criminal como de la protección del sitio del suceso y la recopilación de la evidencia, que resulta fundamental en este tipo de delito.