Fue designado como jefe de la Macrozona Sur para el control de Orden Público, el 6 noviembre de 2020. Ese mismo año, frenar la escalada de violencia que afectaba a las regiones del Biobío y la Araucanía se transformó en una las tareas principales del general Carlos González Gallegos. Una misión que hasta hoy intenta contener sin grandes resultados. En una conversación realizada con La Tercera los primeros días de abril, el alto oficial aborda, entre otros temas, el rol de Carabineros en las causas de violencia rural, la difícil obtención de resultados y la necesidad de contar con nuevas leyes que permitan realizar nuevas tareas investigativas.

¿En qué situación se encuentran hoy las regiones del Biobío y la Araucanía Macro Zona Sur frente a los hechos de violencia rural, como ataques armados y quemas?

No hay que perder el foco de lo que se ha visto en el cono sur de Arauco. No solamente se ha atacado a civiles, porque cuando vemos el ataque que sufre el equipo de TVN en el sector de San Ramón, también Carabineros de Chile durante esa misma semana sufrió ataques contra carabineros que van salientes de servicio, que se dirigían a su domicilio (…) A partir de eso, nosotros tenemos una serie de servicios policiales para brindar seguridad, porque lo que nos interesa, nos preocupa y nos ocupa es brindar seguridad, tranquilidad a esos sectores que son tremendamente hermosos y que merecen tener una paz y tranquilidad, no solamente para ir a desarrollar la actividad turística, como lo que ocurre en el lago Lanalhue o el lago Lleulleu, sino que para todos y cada uno de los habitantes del sector de Arauco, Cañete, Tirúa. Estamos tremendamente preocupados y ocupados para tratar de mejorar las condiciones de seguridad para tratar de lograr la detención de estos grupos armados que siembran el terror dentro de la P70, la P72S, y tratar de ponerlos a disposición de los tribunales de justicia para que puedan ser juzgados.

¿Por qué en Tirúa casi no ocurren detenciones contra los autores de delitos violentos como quemas y atentados armados?

Hay que diferenciar dos cosas: una que dice relación con la persecución penal, que se hace a través de una investigación judicial de un hecho denunciado, o que finalmente es un hecho que ocurre en un determinado sector jurisdiccional. Esto pasa porque finalmente el ente persecutor, a través de las policías, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, eventualmente se hacen cargo de la investigación posdelito. Eso significa que en el caso particular y en un universo muy significativo, todas las investigaciones de violencia rural, tanto en la Araucanía como en el sector del Biobío, particularmente en el Cono Sur de Arauco, son realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile. Por lo tanto, siempre hay que diferenciar dos grandes escenarios: el posdelito, que es la investigación judicial a través de las policías, y la detención en flagrancia. Ahí es donde tenemos participación directa los carabineros respecto a eventualmente poder responder y tener un resultado exitoso de la detención. Pero aquí se ven una serie de aristas que son tremendamente importantes, porque muchas veces se preguntan ¿Por qué los carabineros no detienen ante un evento de ataque armado? Porque siempre nosotros estamos en una posición extremadamente negativa respecto de cómo nos enfrenta este subversor. Somos atacados desde bosque, somos atacados desde la oscuridad, somos atacados desde un punto donde no tenemos un objetivo claro, no tenemos un objetivo a la vista para poder responder, a partir de los protocolos de intervención, respecto a los niveles del uso de la fuerza. Siempre vamos a tratar, por todos los medios posibles, de causar el menor impacto ante un enfrentamiento armado.

Usted menciona que la gran mayoría de las causas post-delito, no en flagrancia, las asume la PDI. ¿Influyó la Operación Huracán o el caso de Camilo Catrillanca en que la fiscalía no considera a Carabineros?

El mejor ejemplo que te puedo dar, es la muerte el cabo (Eugenio) Nahin, en el sector de Metrenco, en la Ruta 5 Sur. En esa investigación, el Ministerio Público podría haber dicho que lo investiga la PDI, o la realiza carabineros. Y se la entregó a personal del OS9 de Carabineros. Y nosotros, como resultado, tenemos al minuto una persona posicionada en el sitio del suceso y otras que están siendo ampliamente evocas. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene la facultad por ley de decidir con qué policía el fiscal inicia la investigación post-delitos. Están los equipos OS9, OS7, SEBV, Labocar, tanto en el Biobío como en la Araucanía. El que nosotros hagamos investigaciones en este u otro caso es porque estamos preparados, tenemos el personal, tenemos los equipos investigativos y es resorte del fiscal del Ministerio Público decidir si lo hace con Carabineros o si lo hace con la PDI.

¿Cómo repercute en la seguridad pública el hecho de que Carabineros tenga que realizar puntos fijos u otras medidas de protección en predios de personas particulares?

Hay del orden de 405 medidas de protección en la Macrozona Sur. Indudablemente que una medida protección involucra una cantidad importantísima de Carabineros. A mayor cantidad de medida de protección, es menor la capacidad preventiva de la institución. Y en eso hemos sido tremendamente claros en manifestarlo. Mientras más puntos fijos nos dispongan, más nos afecta. Es importantísima la cantidad de carabineros que de la Macrozona Sur, que está abocada a la protección de instalaciones, de predio, de casa, de víctimas. Hemos ido en el tiempo conversando con el Ministerio Público en las mesas de trabajo para tratar de pasar de puntos fijos de 24 o 12 horas, a otro tipo de medidas que no implique la presencia física de un carabinero en un punto determinado. Porque hoy día es tremendamente complejo cuando se nos dice -o se nos critica-, por ejemplo, que en el fondo ‘x’ del sector ‘x’ fue quemado el bosque. Y la crítica dice relación con que en el sector había un punto fijo de Carabineros. Efectivamente había un punto fijo carabineros, pero también hay que recordar que el bien jurídico a proteger por parte de la institución y por parte Ministerio Público para poder entregar una medida de protección, son las personas, es sobre las víctimas de un delito, no sobre el patrimonio, no sobre las 50 hectáreas de bosque pinos, no sobre el galpón, no sobre la casa patronal.

Cuando se decreta una medida de protección como un punto fijo ¿Cuántos carabineros en promedio de destinan para cumplirla?

Las medidas de protección están sobre las personas. Nosotros no podemos hacernos responsables de medidas de protección para cuidar un bosque de cuatro o 50 hectáreas, porque no existe la capacidad. Tendríamos que, de los tres carabineros que normalmente están en una medida de protección, tendríamos que pasar a 5.000 carabineros para poder cubrir un campo que tiene 40 hectáreas. Es imposibles. Es inviable. Son como mínimo dos carabineros, pero depende de los niveles de riesgo de la medida de protección. La medida de protección es una medida que impone un fiscal, a través del Ministerio Público, pero también tenemos una responsable institucional de que nuestro personal esté sobreseguro. Por eso hay determinados puntos fijos de 24 horas, que hoy día nosotros hemos tenido la capacidad de ponerlos bajo condiciones un poco más seguras, a través de casetas blindadas, con la finalidad de no solo responder por la integridad física de la persona que está siendo favorecemos con la medida protección, sino que también velar por la seguridad personal de nuestros carabineros.

Mencionamos lo que pasa en (la Provincia de Arauco) y en la Araucanía. Efectivamente los ataques son extremadamente violentos en el Biobío. Pero hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos un problema que está tremendamente en alza, que son las usurpaciones en el área de operaciones de la IX zona de la Araucanía. Hoy día en todas las usurpaciones o la gran mayoría de ellas, estamos siendo atacados, ya sea con armamento o palines, con piedra, con incendio, o cuando van huyendo estos delincuentes van generando focos de incendio. Hoy día una de las preocupaciones institucionales de nuestro general director es que nuestro personal actúe sobreseguro, nuestro personal tenga condiciones de seguridad para poder enfrentar estos puntos fijos, a través de casetas blindadas, mayor equipamiento blindado motorizado.

¿Cómo evalúan los resultados policiales que han tenido a estas zonas en conflicto?

Nunca vamos a caer en el relativismo de que está todo normal. Nosotros todos los días nos levantamos con la seria intención de tratar de llevar la tranquilidad y la paz a Chile. Una de nuestras preocupaciones es tratar de quien pueda dar seguridad, no solamente con lo que dice relación con la violencia rural, también estamos preocupados del portonazo, del robo de intimidación en la población, del maltrato a los animales, de los cordones sanitarios a través de la media de salud impuesta a través del Estado de excepción constitucional. Nuestra preocupación es seguir trabajando. ¿Es difícil el trabajo bajo condiciones de fuego? Claro que lo es, pero ahí están nuestros carabineros enfrentando día a día el trabajo en la población. Cuando hablamos de detenidos, da la impresión de que falta información, porque si ha habido detenidos, sí tenemos detenidos con armamento, con fusiles de guerra, en el sector de la Temulemu el año recién pasado. Tenemos persona detenida por quema de camiones en el sector urbano de Collipulli. Sí tenemos detenidos por quema de camión en Traiguén. Sí tenemos detenidos por porte de armamento en el sector de la Ruta 5 Sur o un sector complicado de la Región de la Araucanía. Es decir, sí hay un trabajo de control y prevención.

Cuando hablamos de que no hay detenidos, sí hay detenidos. Hay detenido por hechos de violencia rural que están siendo procesados, que están en la cárcel, tanto en Angol, en Lebu o en Temuco.

General Carlos González

¿Tienen alguna noción de cuántas personas conforman los grupos más radicales de estas zonas? Hoy en La Araucanía, por ejemplo, el problema que tenemos latente, permanente, que nos ocupa y nos preocupa son las usurpaciones. Hemos tenido cinco desalojos judiciales en el sector de Lautaro, y cuando hablamos de quiénes son los que participan, indudablemente hay una serie de comunidades que están presionando con este tipo de usurpaciones, presionando a los propietarios para que vendan, presionando a la Conadi, para que les compre y le entregue los terrenos. Lo que pasa en el Cono Sur Arauco es exactamente lo mismo. Y todo esto está en manos y está siendo analizado, trabajado a través de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público en ambas regiones. Hay organizaciones que están bastante identificadas. Ahora, puede ser más o menos, pero todo eso es materia de investigación.

¿Hay zonas del Biobío o la Araucanía en donde Carabineros no pueda entrar a patrullar?

Nosotros entramos a todas partes. En todo Chile, no existe una zona donde las policías no puedan ingresar.

Si uno georreferencia los ataques armados y quemas, se ve que ocurren en las mismas zonas o en puntos muy cercanos y afectan a las mismas comunas. ¿Qué hacen ustedes con esa información?

Yo las presentaciones a las autoridades las comienzo con el mapa, por ejemplo, de la Región de la Araucanía. Porque cuando hablamos de sectores boscoso, hay que hablar que La Araucanía, la IX Región, tiene 32 mil kilómetros cuadrados. Y sobre 950 mil personas (…) Hay que partir de la base que deben existir, a lo menos, unos tres mil caminos en La Araucanía. Los caminos formales, los caminos forestales, los caminos que tienen los fundos donde se están realizando faenas forestales. Es decir, existe todo un escenario tremendamente complejo para desarrollar los servicios, pues insisto, no es lo mismo patrullar en Las Condes que tienen, el 100% de su camino reconocido, que están mapeados, que operar en el sector alto, por ejemplo, de la cordillera Nahuelbuta, donde no hay caminos o donde hay caminos son conocidos por los forestales, donde los forestales o la empresa forestal ‘X’ tiene 20, 30, 40, 60 acceso 60 caminos forestales. Por lo tanto, existe una complejidad que está dada por la geografía en la cual estamos operando.

¿Por qué pese a la mayor presencia de policías en la zona sigue creciendo la violencia?

El conflicto no solamente está dado porque atacan a la policía o atacan al Estado que representa a la policía, sino que atacan a personas civiles como Monserrat (de 9 años), que fue atacada en la ruta 182, entre Angol y Collipulli, una menor de edad que es atacada. Esto nos debe llamar a la reflexión, a denunciar la violencia de manera transversal. Porque hoy día nosotros no podemos sostener este conflicto, para que sea resuelto por la autoridad policial. Aquí el Congreso Nacional tiene una responsabilidad, hay que analizar lo que está pasando con el delito de la usurpación. Hoy día la usurpación es un delito que tiene asociada una pena de falta, que no tiene una pena privativa de libertad. Por lo tanto, a nosotros lo único que les compete notificar al usurpador que se vaya del predio. Y eso no lo entiende la comunidad, eso no lo entiende la persona que tiene usurpado su predio, porque nosotros hacemos lo que la ley nos permite.

¿Eso pasa por cambiar leyes y aumentar penas?

Hay que verificar el tema de usurpación. Nosotros hemos sido majaderos en todas las mesas que hemos participado de los últimos tres años, que llevo de mi permanencia en La Araucanía, en que dijimos a la Comisión de Seguridad del Senado, donde hay que hacer una modificación al delito de usurpación. Debe estar sancionado con una pena privativa de libertad, para poder detener a estas personas y que se pueda adoptar una medida precautoria sobre esta persona.

¿Existe algún registro o catastro de cuántos son los grupos que hoy están en conflicto?

Todo lo que dice relación con las reivindicaciones está asociado a situaciones ancestrales, a títulos de merced, a determinadas negociaciones de compra y venta por parte de la Conadi. Por lo tanto, ahí donde hay otro estamento que tiene que dar cuenta de lo que está haciendo como organización respecto a la compra o adquisición o finalmente a cómo poder, desde ese nivel central, poder ir viendo si tienen solución o no tienen solución ‘x’ problema en ‘x’ sector. La Araucanía debe tener más de más de 3.200 comunidades, que están debidamente registrada en la Conadi y el universo en conflicto debe ser menor al 10 por ciento. Por lo tanto, eso está en carpeta, es de conocimiento de la Conadi.