La red de protección que mantiene vivo al “aguilerismo” en la zona sur de Santiago

-”¿Quiere decir algo?”, dice el magistrado René Cerda.

-”¿Se puede?”, responde el exalcalde Miguel Ángel Aguilera.

-”Lo estamos esperando. ¿Qué quiere decir?”, le dice el juez del 15º Juzgado de Santiago.

“No puedo hablar bien”, espeta el ex vicepresidente del Partido Socialista, quien se encuentra en una pequeña sala en el Centro de Justicia, custodiado por varios gendarmes. Su voz se percibe delicada y en su rostro destaca un llamativo parche que cubre la totalidad de su ojo derecho. Es 7 de marzo y las últimas 72 horas no fueron positivas para el exalcalde de San Ramón. Tuvo que ser trasladado de urgencia a la Posta Central por el riesgo de estar sufriendo un accidente cardiovascular.

Por esto, su equipo de abogados, liderado por Eduardo Lagos, solicitó de urgencia una audiencia para analizar la posibilidad de romper los 8 meses de prisión preventiva y cambiar a la medida cautelar de arresto domiciliario. A juicio de la defensa, no había otra opción.

Por lo mismo, ese día, el juez René Cerda, de forma inesperada, le concedió la palabra al imputado Aguilera, quien fue formalizado en julio de 2021 por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. Quería constatar personalmente el estado de salud.

“No es cierto que me hayan hecho todos los exámenes que pidió el médico”, le señala al juez. Luego, comenta que esto es progresivo. “Empieza en el oído, en la cabeza con dolores estrepitosos, se van a la garganta, se va doblando por acá en el ojo, si me permite mostrar magistrado, el ojo yo no lo cierro”, advierte Aguilera, quien dice que puede quedar ciego al cabo de seis meses.

Su exposición duró cerca de cuatro minutos y no logró impactar al magistrado Cerda. Tras escuchar atentamente al exalcalde, no acogió la solicitud de terminar con la prisión preventiva. “Por lo que veo por ahora, la urgencia se atendió”.

Miguel Ángel Aguilera tuvo que volver a su celda, ubicada en el módulo 12 de Santiago 1. Si bien se descartó el accidente cardiovascular, le diagnosticaron una parálisis facial en la zona derecha de su rostro. Por ello, desde el 7 de marzo cuenta con más atención de los médicos especialistas de Gendarmería. Aunque mantiene la misma rutina que el resto de los internos de su sector: puede salir al patio a las 10.30 de la mañana y debe regresar al calabozo pasadas las 17.30. Es así como ha estado desde el 26 de julio pasado, cuando el fiscal Víctor Núñez logró dejarlo tras las rejas, luego que le imputara los diversos delitos de corrupción, en una investigación que partió en octubre de 2017, tras una denuncia de Informe Especial que advirtió la contratación de peligrosos narcotraficantes en la municipalidad de San Ramón.

A pesar del impacto mediático, el ex militante socialista aún mantiene un círculo de hierro que lo protege. Se trata de los llamados “fieles” de Aguilera, quienes se mostraron públicamente a fines de marzo en el Segundo Tribunal Electoral Metropolitano de Santiago (TER) para presentar su testimonio a favor en la desconocida causa que tramita una eventual inhabilidad como funcionario público.

No fueron escogidos al azar y todos aseguraron que venían por voluntad propia. Por lo menos, eso es lo que le dijeron al abogado miembro titular del TER, Cristián Peña y Lillo, a cargo de la causa y quien los interrogó personalmente, el pasado 31 de marzo.

El primero en hablar fue Manuel Pavez Henríquez, director de Tránsito de la Municipalidad de San Ramón. El funcionario municipal tuvo a su cargo el sumario que ordenó el exalcalde Aguilera para determinar su propia responsabilidad en la contratación de personas vinculadas al narcotráfico, donde el caso más bullado es el de Jorge Pinto Carvajal, quien desempeñó funciones para la municipalidad pese a sus juicios y condenas por tráfico de drogas.

“No se llegó a la conclusión de que el alcalde Aguilera participara en la contratación del Sr. Pinto, a lo que se llegó es que un funcionario fue el que realizó la contratación (...) También se establece en el sumario que el Sr. Pinto no realizó los trabajos para los que fue contratado”, dice la declaración de Pavez, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera. El director de Tránsito sin darse cuenta reveló una posible red de contratos falsos que impactaron en el patrimonio municipal, dando cuenta -según plantea la parte querellante- de un eventual delito de fraude al fisco.

“El hecho de que se utilice la plataforma de un municipio, que es uno de los municipios más pobres de Chile y de peor calidad de vida, para generar una suerte de caja pagadora disfrazada de honorarios es un escándalo. Estos hechos son relevantes para acreditar un notable abandono de deberes”, señala el abogado querellante, Ignacio Ried.

Dos horas después y, para sorpresa de los demandantes, hizo su ingreso al tribunal Francisco Olguín Guzmán, quizás uno de los “fieles” más cercanos al ex edil. Se trata de un ex funcionario que fue denunciado por trabajar en el municipio con un brazalete electrónico, el cual indicaba el cumplimiento de una condena en libertad por receptación de vehículos y conducción en estado de ebriedad.

Francisco Olguín también fue mencionado en un reportaje de La Tercera en marzo de 2021 por integrar el círculo de hierro de Aguilera que intentaba expandirse en la zona sur de Santiago con cupos del Frente Regional Verde Social en las elecciones municipales. Consultado por los vínculos con el exalcalde, Olguín Guzmán se desmarcó. “Salvo que obviamente es la autoridad, no tengo ninguna relación”, comentó en ese momento.

Un año después, él mismo decidió romper ese diseño al aceptar declarar como testigo para evitar que el Tribunal Electoral condene a Aguilera por la red de corrupción que habría construido durante su dos períodos en que lideró la comuna de San Ramón.

Según fuentes de la causa, el ex funcionario municipal se mostró tranquilo y en ningún momento mostró un malestar contra Aguilera. Una de las primeras cosas que intentó aclarar es su situación criminal. “El alcalde Aguilera no tenía conocimiento de que yo tuviera una condena”, mencionó al abogado a cargo del caso en el TER.

Sin embargo, en las pocas entrevistas que ha dado Miguel Aguilera sobre Francisco Olguín siempre ha mencionado que lo “apadrinó” y que era una persona que estaba en reinserción social.

El ex candidato a concejal cerró su declaración negando conocimiento sobre la presencia de narcos en la municipalidad: “Yo no prestaba ningún servicio de protección para el Sr. Aguilera, solo funciones administrativas, como señalé anteriormente. No conocía al Sr. Pinto, como administrativo no hacía contrataciones”, señaló.

El abogado titular Cristián Peña y Lillo estaría realizando las últimas diligencias para emitir su fallo que podría inhabilitar por cinco años a Miguel Aguilera como funcionario público. Según fuentes del caso, el notable abandono de deberes se podría dar por cuatro aristas: contratación de personas con antecedentes penales, licitaciones irregulares, contratos injustificados y el funcionamiento de la orgánica municipal.

“No es sano, sobre todo con todos los antecedentes que hay, que aparezcan personas que formaron parte de su equipo tratando de blanquear una imagen que no es así, por el contrario, los mismos tribunales han señalado el peligro que genera Miguel Aguilera”, asegura el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro.

“Capitán, ¿cúal es la respuesta que da el alcalde acá?”, es una pregunta que reitera constantemente Aldo Ortiz a Carabineros, mientras realiza un video en vivo para la cuenta “Alerta San Ramón” en medio de una protesta con más de 200 personas afuera de la municipalidad, liderados por la feriante Bárbara González, el 8 de marzo pasado.

La manifestación irrumpió en un acto público que había diseñado el alcalde Gustavo Toro para conmemorar el Día de la Mujer en la comuna, el mes pasado. En cosa de segundos, se tuvo que suspender y la policía tuvo que cerrar el perímetro.

Al revisar los rostros y nombres en los videos que se suben a redes sociales parecen dar pistas de quiénes están detrás de estos violentos hechos..

Aldo Ortiz y Bárbara González fueron ex funcionarios de la municipalidad San Ramón y ahora integran la red de “fieles” que busca mejorar la alicaída imagen del ex edil.

Bárbara González tiene una veintena de fotos junto a Miguel Aguilera en sus redes sociales. “El alcalde del pueblo”, es la frase que más postea. Ella cumplía funciones de llamados telefónicos con la comunidad. Hasta julio pasado recibía 450 mil pesos por esas funciones hasta que la nueva administración terminó su contrato. Se sospecha que su rol era realizar campaña encubierta para Aguilera. Tras su despido, se convirtió en el principal dolor de cabeza del nuevo alcalde Gustavo Toro.

Una situación similar ocurre con Aldo Ortiz, otro reconocido escudero del ex jefe comunal. En la era Aguilera, el funcionario estaba a cargo de las comunicaciones en el municipio sin ningún título profesional. En su contrato sólo aparecía tener hasta cuarto medio rendido.

Desde que fue desvinculado, Ortiz realiza videos en vivo en una página de Facebook llamada “Alerta San Ramón”, cuyos contenidos por lo general buscan denostar al alcalde Gustavo Toro. Curiosamente, también fue contratado en la Municipalidad de La Granja para realizar las mismas funciones de comunicación y gestión de prensa por casi 800 mil pesos.

La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera preguntó por esta dualidad de funciones al alcalde Felipe Delpín -quien en marzo pasado fue electo como presidente de la DC-, el que se excusó de responder directamente. Pero envió una respuesta firmada por el director de Recursos Humanos, Mauricio Reyes, quien señala que Aldo Ortiz estuvo vinculado por 4 meses en la municipalidad y lamentó cualquier acción que menoscabe o agreda a otra persona como una funa.

“Es un personaje que intenta a toda costa denostar mi imagen y la gestión municipal, muchas veces inventa y arma espectáculos y show para generar conflictos políticos. Siento que en base a mentiras, en base a cuestiones que son violentas por los ex funcionarios y los vecinos no se puede construir una política”, dice el alcalde Toro, quien cuenta con doble protección policial por las amenazas que recibe día a día.

Era un verano tranquilo en Pedro Aguirre Cerda. Todo marchaba bien hasta el 10 de febrero, cuando el Coordinador del Programa de Comunicaciones, Víctor Paredes, presentó su renuncia de forma irrevocable en un escrito dirigido al alcalde Luis Astudillo.

En tres puntos describió por qué tomaba esta decisión. Uno de ellos, el caso San Ramón. Nuevamente, las redes del exalcalde generando problemas en otro municipio de la zona sur de Santiago. Paredes denunciaba la presencia de un ex asesor clave.

“No quiero verme involucrado en un equipo donde, a espalda mía , se autoriza la gestión de medios a un personaje como Ricardo Peña, sujeto cuestionado y vetado en múltiples medios de comunicación por su actuar y además por ser conocido como asesor comunicacional de Miguel Ángel Aguilera, exalcalde investigado por la justicia”, dice la carta a la que obtuvo acceso la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera.

Ricardo Peña realizó gestión de imagen y prensa al exalcalde Aguilera cuando explotó el caso por televisión en 2017. Nunca se supo qué entidad pagaba por ese servicio, ya que sólo apareció su contrato oficial en San Ramón en 2018.

La municipalidad de Pedro Aguirre Cerda lo contrató bajo una fórmula de tres meses este año. Es decir, de enero a marzo por un sueldo bruto mensual de $2.279.202 para realizar la gestión de prensa en el área de Salud.

Este conflicto no cayó bien en el concejo municipal. Por esa razón, de los ocho miembros, siete firmaron una carta de carácter urgente para pedirle explicaciones al alcalde Astudillo por esta contratación. En dicha misiva también plantean que el edil responda si este fichaje tiene relación con hechos de corrupción municipal.

“¿Cuáles son entonces las políticas del municipio para cambiar las viejas prácticas de contratación que han facilitado la instalación del narcotráfico y la corrupción en las comunas del sector sur de Santiago?”, señala el documento.

Respuestas que aún no ha logrado responder el alcalde Astudillo, según comenta el concejal Jorge Saavedra, quien prepara además un requerimiento a Contraloría para que inicie una auditoría de las últimas contrataciones por presencia de personas con antecedentes penales.

“Es sumamente complejo, porque estamos en un proceso de desconfianza institucional donde los municipios siguen siendo cajas pagadoras de los partidos políticos, entonces que se responda al concejo municipal que no se tenían los antecedentes de esta persona, es mentir y burlarse de la comunidad, afirma el concejal de Pedro Aguirre Cerda.

Ricardo Peña no quiso entregar ningún comentario sobre esta denuncia. Por su parte, hasta el cierre de esta edición al alcalde Astudillo no fue posible contactarlo para conocer su posición sobre el tema.

El caso San Ramón está lejos de terminar. Mientras el Tribunal Electoral alista el fallo por abandono de deberes, la Fiscalía Metropolitana Sur espera los últimos informes de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI para analizar el cierre de la causa penal y presentar una acusación para llevar a juicio al exalcalde Aguilera, quien, pese a las acusaciones, mantiene una firme lealtad entre su grupo de excolaboradores, que siguen trabajando para mantener vivo su legado, imagen e influencia en las comunas de la zona sur de Santiago.