Las irregularidades en la Tía Rica que permitieron la desaparición de dos kilos de oro

A las cuatro de la tarde del miércoles 14 de agosto de 2019, seis altas autoridades de la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como La Tía Rica, se reunieron para una importante tarea. Los funcionarios fueron convocados porque iban a sesionar, por primera vez, como una comisión especial de jefaturas creada para hacerse cargo de un tema que hace rato estaba generando incomodidad al interior del organismo.

Las seis autoridades tenían como único objetivo saber qué fue lo que pasó con las joyas que en 2010 fueron robadas en la oficina de la Dicrep en Concepción.

En la mañana del domingo 2 de mayo de ese año un grupo de personas llegó en un jeep blanco hasta la oficina de la Dicrep de esa ciudad. Con una escalera metálica subieron al balcón del edificio, rompieron una puerta, forzaron la caja fuerte y robaron más de 34 mil joyas que estaban en poder de La Tía Rica, al tratarse de préstamos otorgados a sus usuarios a través de contratos de prenda.

Posteriormente el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) logró detener a los responsables. En el juicio uno de los cuatro acusados fue condenado por robo con fuerza y la policía uniformada pudo recuperar 2.556 especies. El fallo consignó que el perito tasador avaluó las joyas recuperadas en $ 83.996.790.

Lo que vino después fueron una serie de irregularidades e incoherencias que envuelven a la Dicrep en una trama difícil de resolver y que terminó con poco más de dos kilos de oro desaparecidos y más de 2.500 joyas en una bodega de la oficina matriz de la Tía Rica en Santiago que nunca fueron devueltas a los dueños de sus pólizas.

La misión que se le encargó a la comisión especial creada por la Dicrep implicaba ejecutar el mandato establecido en el Decreto Nº 6.465 de 1951 del Ministerio de Hacienda. La norma establece que si la institución no puede devolver la especie empeñada por pérdida, extravío u otra causa “se sustituirá la obligación de restituirla al empeñante por una indemnización en dinero”. En el caso de las alhajas se paga entre 2,2 veces y 4 veces el avalúo de la especie.

Sin embargo, el mismo decreto fija que si la indemnización ya fue pagada y luego las joyas aparecen —tal como ocurrió con el robo de Concepción— la Dicrep podrá devolver la especie al empeñante, quien a su vez debe entregar la indemnización.

Para el caso de Concepción, nada de esto ocurrió.

El camino para que las joyas llegaran desde Concepción a la bóveda de Santiago está lleno de incoherencias y puntos difíciles de ser explicados. El detalle quedó estampado en el acta final de la comisión, a la cual accedió La Tercera, de fecha 4 de octubre de 2019.

En el punto cuatro del documento se detalla que la resolución exenta Nº 352 del 1 de junio de 2010 calificó la pérdida de las joyas robadas y dispuso el pago de indemnización a los usuarios afectados.

Las joyas estuvieron en dependencias de la Fiscalía Local de Concepción hasta el 21 de febrero de 2011. En ese momento el Ministerio Público entregó tres bolsas que contenían un total de 2.625 joyas sin especificar su peso.

El 17 de mayo de 2012 se tomó la decisión de trasladar las joyas a Santiago y las bolsas lograron llegar hasta la bóveda matriz en la capital.

En ese acto se reciben 14 bolsas selladas e identificadas con código, las que se recepcionan sin ratificar su peso total ya que se indica que no se cuenta con una balanza para dicho efecto.

Extracto del acta final de la comisión

Dos años después la Dicrep volvió a armar una comisión para ver el estado de las joyas. Este espacio estuvo a cargo del Departamento de Tasaciones. En el informe final se dejó constancia de lo siguiente: “La comisión no tenía medios para identificar las especies como aquellas fruto del delito ocurrido en la unidad de Concepción y revisaron 2.555 especies con un peso total de 8.498,50 gramos con un avalúo de $ 72.237.250 a un precio estimado de $ 8.500 por gramo a la fecha”.

En 2016 se redactó otro documento sobre las joyas de Concepción. El acta final señala que en ese escrito se especificó que habían “2.557 especies con un total de 8.277,70 gramos”. Esa información quedó registrada en la resolución exenta Nº 540 de diciembre de ese año.

Nuevamente las cifras no calzaban.

Luego de todas estas idas y vueltas, las joyas seguían en la bóveda de Santiago y el proceso para la recuperación por parte de los dueños de las pólizas nunca se inició. Por eso es que en agosto de 2019 las seis autoridades de la Dicrep se reunieron para conformar la última comisión que pudiera aclarar de forma definitiva este asunto.

Para cumplir con su objetivo, entre el 19 y 23 de agosto la comisión se constituyó en la bóveda para hacer la revisión física de las joyas. Se optó por hacerlo público para que todos los funcionarios pudieran ver la operación. Incluso se dejó registro fotográfico y audiovisual del procedimiento.

La última palabra de todo este lío quedó plasmada en el acta final: “El peso de las especies identificadas y pesadas de manera individual que se encontraban en custodia en la unidad matriz determinado por la comisión corresponde a 2.426 especies con un peso total de 6.453,132 gramos”.

En la página 10 del mismo documento se especificó que faltaban 125 joyas. Además se dejó registro que “cinco especies no coinciden los pesos registrados en informe Labocar con una diferencia en contra de 143,25 gramos”.

Otra vez nada calzaba.

La primera denuncia por las joyas recuperadas de Concepción, realizada bajo identidad reservada, se hizo en Contraloría. Los hechos fueron reportados al organismo fiscalizador el 7 de mayo del año pasado.

El denunciante expuso que, a su juicio, lo ocurrido significaba un eventual incumplimiento de funciones, faltas a la probidad y vulneración de derechos de usuarios. En la denuncia se exponen los mismos hechos analizados por la comisión de 2019 que revisó el asunto de las joyas recuperadas en Concepción.

Se detectaron solo 2.426 especies con un peso total de 6.453,132 gramos lo que difiere, por ejemplo, del Informe Pericial Fotográfico 621-2010 de Jefe Sección Criminalística de Carabineros de Chile que señala que el peso total es de 8.873 gramos produciéndose una diferencia de 2.420 gramos de oro. Traducido valor de remate del gramo de oro, aproximadamente unos $ 19.000, daría casi $ 46 millones susceptibles de percibir en subasta pública.

Extracto de la denuncia a la que accedió La Tercera

Como consecuencia, el director de la Dicrep, Andoni Elorrieta, inició el 19 de junio del año pasado un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. La investigación administrativa quedó a cargo de la Subsecretaría del Trabajo, servicio público del cual depende la Dicrep.

Desde la Tía Rica aclaran que la investigación de este proceso terminó y que la fiscal remitió sus conclusiones al Departamento Jurídico de la Dicrep. Solo faltaría que se emita el informe de legalidad, “el que servirá de base para el pronunciamiento de este servicio con miras a una pronta resolución del caso”.

Esta no es la primera vez que se intenta investigar este hecho. Cuatro años antes el organismo abrió un sumario por el mismo tema. Sin embargo ese proceso administrativo quedó en nada. En una resolución del 3 de junio de 2016 el exdirector de la Dicrep Mario Acuña sobreseyó el sumario “por cuanto la eventual responsabilidad administrativa que podría haberse configurado en este caso se ha extinguido”.

En ese momento la institución no derivó los antecedentes a las policías o al Ministerio Público. Pese a que la responsabilidad administrativa estaba prescrita, los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar cuando existen indicios de la comisión de algún delito. Esta situación no cambió, ni siquiera en 2019 cuando se firmó y entregó el acta final de la última comisión investigadora.

El director del organismo se defiende. Consultado por La Tercera, el jefe de la Tía Rica respondió una serie de consultas a través de una minuta por escrito. La Subsecretaría del Trabajo también fue requerida, pero desde esa repartición se limitaron a indicar que las respuestas vendrían de la administración de la Dicrep.

En la minuta, Elorrieta pone en duda la validez del acta final de la propia comisión encargada por la dirección de la Dicrep en 2019 por el entonces director (S) Omar Fernández y asegura que los más de dos kilos de diferencia entre las joyas recuperadas y las inventariadas de las bolsas de la bóveda de Santiago no es “un hecho acreditado”.

Precisamente porque podrían existir diferencias metodológicas en el proceso de registro y conteo se dio curso a un proceso de investigación que permita esclarecer y determinar los hechos asociados a las especies recuperadas. Por tal motivo en esta etapa de la investigación resulta ser un juicio apresurado afirmar que ‘desaparecieron’ especies.

Respuesta de Elorrieta en su minuta escrita

Respecto del deber de denuncia, Elorrieta contesta que como aún no se trata de un “hecho acreditado” recién cuando se termine este segundo sumario “se ponderarán los antecedentes que permitan adquirir el grado de convicción necesario para dar por establecida la eventual ocurrencia de un hecho irregular”.

Su respuesta no se condice con las conclusiones del acta final de octubre de 2019, pero tampoco con el cierre del sumario de 2016. De haber existido deficiencias metodológicas para contar las joyas, dicha observación debió quedar registrada en ese proceso administrativo como una de las razones para el sobreseimiento, pero aquella vez solo se cerró el sumario por prescripción.

Carlos González entró a trabajar a la Dicrep en 1989. Desde ahí no se ha movido más. Hoy es el administrador de la Unidad de Crédito de Valparaíso y el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Crédito Prendario (Anacrep), una de las tres asociaciones gremiales del organismo. Es la más grande ya que agrupa a cerca de 220 funcionarios, más de la mitad de la dotación de la Tía Rica.

González sabe de denuncias. Hace varios años, en 2006, le tocó trabajar en la unidad de Antofagasta. Al llegar, se dio cuenta de un robo de más de $ 140 millones. Al primer indicio reportó los hechos a la PDI y se inició una investigación en la fiscalía. Por eso dice que “no le ha tocado fácil”.

De toda su trayectoria, González concluye que la autonomía de la Dicrep “permite encubrir muchas cosas, porque solo de vez en cuando te controlan”. Por eso al igual que el caso de Antofagasta, el dirigente está decidido a que estos nuevos hechos se indaguen como corresponde. “Lo del oro es un punto muy negro, como tantos otros que han ocurrido”, asegura.

En septiembre de 2020 denunció la desaparición del oro de Concepción a la PDI. Meses después, en febrero de este año, declaró de forma voluntaria ante la policía civil. “Yo creo que siempre se tuvo la intención de que esto pasara. Ese oro nunca debió haber sido trasladado de Concepción. Se vulneraron una serie de normas internas”, dice hoy el dirigente de Anacrep.

Su denuncia abrió una investigación que fue remitida a la Fiscalía Centro Norte y asignada al fiscal Ricardo Villarroel. Fue archivada en abril, pero fuentes del Ministerio Público aseguran que podría volver a abrirse en caso de que lleguen nuevos antecedentes.

Lo del oro es solo un punto de un largo historial que opaca a la Tía Rica. Otro de los ejemplos que ilustran la precariedad institucional de la Dicrep es la inexistencia de permisos claros para manejar ácidos.

Hace 92 años que la Tía Rica ocupa ácido nítrico y ácido clorhídrico para tasar las joyas. Hasta la fecha la institución no cuenta con un protocolo para disponer y eliminar este tipo de materiales.

Fuentes expertas en la materia señalan que ambos ácidos son sustancias químicas peligrosas, por lo tanto debería existir un procedimiento adecuado para su utilización y un protocolo de eliminación que sea conocido por los funcionarios.

Trabajadores del organismo comentan que el ácido ocupado se acumula en botellas en salas de la institución que no han sido acondicionadas para esto. ¿Qué se hace con esos recipientes? La respuesta no es clara. Algunos dicen que solo se van acopiando año tras años. Otros incluso cuentan que la eliminación corre por el criterio de cada unidad.

El director se defiende. En su minuta asegura que “el uso de ácidos no reviste riesgo alguno para los tasadores” y que los desechos producidos son muy pocos dado que anualmente ocupan pequeñas cantidades de ácido. Luego expone que los protocolos fueron elaborados en 2012 y estarían descritos en los procedimientos de trabajo seguro los cuales van acompañados de un instructivo.

Dichos residuos deben ser desnaturalizados y dispuestos de la forma en que el referido instructivo señala, correspondiéndole a cada uno de los administradores de unidad el control de dicho proceso.

El director Eloni Elorrieta en su minuta escrita

Para buscar otras formas más eficientes y modernas para tasar sin usar ácido, en diciembre de 2019 la Dicrep compró 17 espectómetros o detectores de metales, un instrumento que permite desarrollar técnicas de análisis más sofisticadas. En esta licitación se gastaron $ 240 millones, pero hasta la fecha no se han usado.

Elorrieta replica diciendo que no emplean esta técnica “por su alto costo” y que además, según él, se requiere “de protocolos especiales por emisión radioactiva de rayos X”.

Quienes conocen del trabajo de la Dicrep aseguran que sus usuarios corresponden a personas de niveles socioeconómicos bajos y que necesitan acceder a créditos de emergencia de manera simple, rápida y conveniente.

A pesar de la existencia de empresas privadas de compra y venta de oro, el objetivo de la Tía Rica es evitar la usura y dar créditos con un objetivo social. Por eso llevan 101 años a cargo del monopolio de los préstamos pignoraticios.

El problema radica en la postura mínima fijada por la Dicrep para rematar la joya, es decir, el valor con el cual se inicia la subasta. La fórmula ocupada por la Tía Rica para establecer este monto suele ser bajo y alejado del avalúo de la joya. La ecuación está reglada por una “relación” con el valor de las especies empeñadas, pero sin especificar más detalles.

Quienes han asistido a dichas actividades reconocen que en determinadas especies la adjudicación no se realiza en la primera ronda. Cuando eso pasa, las especies son puestas nuevamente en remate “con un mínimo rebajado a los dos tercios” del precio anterior.

Cuando se cierra el remate y se producen excedentes respecto del precio ofrecido en la subasta, ese dinero se devuelve al dueño de la prenda. Como se remata en la segunda vuelta, con un precio reducido, pocas veces se generan excedentes.

Esta situación también fue denunciada a la Contraloría en mayo del año pasado. El motivo principal apunta a que este sistema favorece a los compradores de oro, que adquieren a precios bajos y va en desmedro “del resguardo del patrimonio de los usuarios”.

En la minuta de Elorrieta se justifica el método empleado. Lo primero que dice es que la fórmula para calcular los mínimos de subasta existe de hace al menos 20 años y se basa en las normas que regulan la Dicrep.

La norma no establece la forma en que esta relación debe configurarse. En tal sentido si el requisito normativo hubiera establecido que el valor mínimo de remate fuese el propio valor de tasación se habría establecido expresamente.

Eloni Elorrieta en su minuta escrita

El funcionario Danilo Leiva lleva 33 años trabajando en la Dicrep. Actualmente se desempeña como el contador de la unidad de Los Andes. Por eso cuando Leiva se refiere a estos hechos lo hace con autoridad, porque conoce de cerca la institución, sobre todo los remates y es ahí donde apunta sus críticas.

“Todo depende de las personas que participan de la subasta. Lo que se puede ver a nivel nacional es que hay grupos que se dedican a comprar el oro que sale a subasta en la Tía Rica”, revela Leiva.

El contador cuenta que eso implica que dichas personas son las que manejan los precios de las subastas públicas y que inciden en que las prendas vayan casi siempre a la segunda rota del remate: “Yo he estado en varias unidades y he visto la participación de las personas que van a rematar. En la misma matriz de San Pablo los rematantes se ponen de acuerdo y hacen que las especies salgan al mínimo posible. Ahí el que siempre sale perjudicado es el empeñante”.

Leiva dice con toda certeza que no hay nadie en la Dicrep que no sepa que esto ocurre todos los meses, pero poco se ha hecho para revertirlo. Este mismo nivel de organización entre los compradores de oro incide en que se pase al segundo remate, perdiendo así un tercio del precio original de la joya.

El ambiente al interior de la Tía Rica está tenso para algunos de sus funcionarios. Quienes han denunciado estos hechos temen represalias en su contra. Acusan que se han producido despidos en circunstancias poco claras, sumarios abiertos en contra de trabajadores y formulación de cargos.

La Tercera le preguntó al director si podía garantizar que estos hechos iban a ser indagados internamente sin represalias y Elorrieta afirmó que “no existe registro” de despidos o amenazas y que los canales formales siempre están disponibles “para recibir y encausar cualquier tipo de denuncia”.

Pese a estos riesgos, el dirigente González concluye que lo que más le molesta es que los perjudicados siempre terminan siendo las personas más humildes. “Hay un valor sentimental en estas joyas. Hay cero consideración por la historia de quienes vienen a empeñar sus bienes. Eso ocurre porque el sistema ha permitido que en la Dicrep se actúe con impunidad”, dice el funcionario.

Como presidente nacional de Anacrep cuenta que su mayor temor es que se busque dilatar los procesos administrativos y penales para que prescriba la responsabilidad de los involucrados.

Espero que la autoridad sea capaz de hacer una denuncia formal en la fiscalía, que se transparente todo y se reconozcan los errores cometidos. El servicio necesita ser reestructurado, intervenido y auditado. Las autoridades actuales no dan el ancho para hacerse cargo de este proceso.

Carlos González, presidente de Anacrep

Con intervención o sin intervención, las bolsas con las joyas recuperadas de Concepción siguen en la bóveda de San Pablo y a pesar de todos los intentos, la institución todavía no busca la forma de posibilitar que sus dueños puedan reconocer y recuperar lo que les pertenece.