El 12 de julio de 2020 el país aún vivía la etapa crítica de la pandemia. Más de 1,8 millones de personas habían perdido su trabajo producto de las cuarentenas, y la pobreza se expandía tan rápido como el coronavirus. Horas antes, la Cámara de Diputados aprobaba el primer retiro del 10% de los fondos de las AFP, como medida de emergencia para paliar la crisis.

Quizás fue esto último, la esperanza de tener dinero en efectivo de inmediato, lo que motivó a decenas de familias a tomarse un terreno en Cerrillos, donde hasta 1995 funcionó el vertedero Lo Errázuriz, y comenzar la construcción de sus casas. No con mediaguas, sino que con ladrillos y cemento.

La noticia de la toma corrió rápido entre las familias más necesitadas, en especial la población migrante. El día 20 de ese mes, un grupo de 500 haitianos llegó al lugar, delimitaron sus espacios y comenzaron a instalar sus casas. Y la ocupación no ha parado de crecer hasta hoy.

En menos de dos años, el campamento Nuevo Amanecer de Cerrillos se convirtió en el más grande de la Región Metropolitana, y el segundo más grande del país: ahí viven entre 9 mil y 10 mil personas, de las cuales el 85% son migrantes, y tiene una extensión de 20 hectáreas. Ya es más grande que la histórica toma de Peñalolén.

La ocupación es tan grande que los mismos vecinos la organizaron en 11 zonas, por donde pasan más de 50 calles que ellos dibujaron. El lugar tiene de todo: varios negocios de barrio, carnicerías, dos restaurantes (uno llamado Dubái), ferreterías, una pizzería y una iglesia evangélica. Todo, menos agua, alcantarillado y conexiones eléctricas estables.

¿Por qué creció tan rápido? Porque estas familias no pudieron seguir pagando sus arriendos. No se trata de migrantes que hayan llegado en los últimos meses a Chile, sino que en su mayoría son familias prácticamente chilenas, pues llevan varios años en el país, pero no los suficientes como para adquirir una vivienda, y que vieron en el retiro de sus ahorros de las AFP una oportunidad para tener su casa.

Una de las dirigentas -todas las líderes de la toma son mujeres- es Pamela Santisteban, peruana cuya madre postuló por años al subsidio de vivienda, sin lograrlo, y a quien la pandemia la obligó a moverse a la toma.

“La mayoría de los que llegan acá viene con la idea de quedarse definitivamente, porque no han logrado encontrar otra oportunidad de tener un techo propio y vivir dignamente, sin excesos en el cobro de arriendos. Vine a la toma por lo mismo”, relata, mientras recorre junto a La Tercera las calles del campamento.

Otro peruano, Carlos Morales, llegó a la toma luego de vivir 23 años arrendando. Vivía en una pieza en Estación Central, pero pagar se le hizo insostenible. “Los gastos eran excesivos y los arrendatarios no perdonaron ni un mes de atraso”, dice.

La situación de los chilenos es exactamente igual. Ese es el caso de Elsa Núñez, quien se trasladó de Peñalolén a Cerrillos hace siete meses. “Me vine porque cada mes me subían más y más el arriendo. Nos íbamos a gastar nuestros pocos ahorros en arriendo, porque no podíamos trabajar, y decidimos venirnos acá con mi esposo y mi hijo”, cuenta.

Todos coinciden en que cambiar la casa o la pieza arrendada por una “casa propia” en una toma no es tan dramático, excepto por la falta de servicios básicos. “Tenemos que salir con baldes a buscar agua todos los días, a donde sea, para tener agua para los hijos. Esa es una pega de todos los días”, cuenta Núñez.

¿Qué buscan ahí? “Me gustaría que regularicen acá o que nos den una solución, para tener algo propio. Nuestra idea no es vivir gratis, queremos pagar la luz y el agua para vivir más dignamente, por nuestros niños. Queremos más para el futuro de ellos”, añade la chilena.

La situación de la toma Nuevo Amanecer se repite por todos los campamentos del país, los que han aumentado dramáticamente en los últimos dos años a causa de la pandemia, pero también por la falta de oportunidades de vivienda, que es algo que no se puede achacar al coronavirus, sino que a la deficiente política habitacional chilena.

En marzo de 2021, TECHO-Chile publicó un catastro nacional que mostró que 81.643 familias estaban viviendo en 969 campamentos (ver infografía), la cifra más alta desde 1996, cuando los hogares en zonas precarias alcanzaban los 100 mil. Pero la situación actual podría ser mucho peor.

La Tercera solicitó a las 345 municipalidades del país información sobre los campamentos de sus comunas. Al cierre de esta edición, la mayoría había respondido y 133 municipios afirmaban tener al menos un campamento establecido, según la definición del Ministerio de Vivienda (Minvu) de campamento, que es de ocho o más familias viviendo en un terreno irregular.

El caso más crítico sigue siendo Alto Hospicio: en el catastro de campamentos hecho por el Minvu en 2019 tenían 3.519 familias en ocupaciones ilegales. En el conteo de TECHO-Chile de 2020 había 7.587 familias en esa situación. Pero ahora en 2022, según lo reportado por la municipalidad, ya son 8.833 familias agrupadas en un centenar de tomas, tan juntas entre ellas que forman “macrocampamentos”.

El segundo caso más crítico es Viña del Mar, donde hay 7.320 familias en un centenar de campamentos, aunque la cifra es algo menor que las 9.138 familias reportadas por TECHO. Y un tercer caso masivo es el de Puente Alto, donde hay 2.353 familias en esta situación, cuatro veces más que las que contabilizó el Minvu hace apenas tres años (ver infografía interactiva).

La situación en Puente Alto es similar a la de Cerrillos: en sus 14 campamentos viven 6.355 personas, de las cuales 3 mil son inmigrantes, entre ellos, un millar de haitianos. Pilar Bunster, directora de Desarrollo Comunitario del municipio, cuenta que, a partir de la pandemia, todos los viernes, llegaba una oleada de 60 a 80 familias organizadas que se tomaban los terrenos.

“Como municipio, sabemos que esto (las tomas) no es lo mejor, porque hay muchos que están instalados en la ladera del río, que son terrenos que no se pueden regularizar, no se pueden hacer proyectos habitacionales ahí”, dice.

Según los reportes de las municipalidades a La Tercera, Cerrillos tiene 2.353 familias viviendo en campamentos, aunque no han censado completamente la toma Nuevo Amanecer, y Lota tiene 1.934, un quinto más que hace dos años. Le siguen Colina con 1.518 familias y Osorno con 1.284.

Entre las comunas donde más han aumentado las familias viviendo en tomas, en comparación con el catastro de TECHO, están Coronel (801 familias), Casablanca (581), Curanilahue (581), Arauco (519), Salamanca (449) y Rancagua (414).

Por otra parte, 150 municipalidades afirmaron que no tenían campamentos, según la definición del Minvu, aunque algunas sí tienen población en viviendas precarias. Ese es el caso de Arica, que informó que los que viven en esta situación son migrantes que cambian de lugar constantemente y que viven en bienes de uso público. Según TECHO, hace dos años en esa comuna había 1.119 familias sin hogar.

“Estamos en una verdadera emergencia habitacional y necesitamos un plan de emergencia”. Así lo cree el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien cree que toda la sociedad tiene la responsabilidad de abordar la crisis antes de que se desborde.

“¿Por qué se produjo esto? Porque crecimos como población y los subsidios orientados a los sectores de menores ingresos, como el DS 49, no funcionaron en las grandes ciudades porque el suelo era muy caro, entonces aumentaban más las familias que necesitaban viviendas, que las viviendas que se estaban construyendo”, explica (ver entrevista).

Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, organización que nació al alero de TECHO y que busca enfrentar el difícil acceso a la vivienda en Chile, dice que las tomas de terrenos son solo la punta del iceberg de un drama mayor: la exclusión habitacional.

Más del 75% de las familias que viven en campamentos, hace poco tiempo estaban en otra forma de exclusión habitacional, viviendo como allegados, con arriendos informales. El campamento no es el primer lugar de llegada.

Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero

El experto añade que el campamento “es un síntoma de un problema que muchas veces está más oculto, que es el del acceso a la vivienda. La vivienda está siendo cada vez más inaccesible y se está instalando la idea de que el campamento es una solución de emergencia, y si la solución es el campamento, entonces la inequidad nos está ganando”.

La población excluida de soluciones habitacionales no solo es aquella que vive en campamentos. También se considera a las familias que viven hacinadas y allegadas, producto de cobros excesivos en los arriendos.

En 2020, el Minvu calculó que el déficit habitacional era de 438 mil viviendas, considerando solo a las familias que viven allegadas (270 mil), hacinadas (133 mil) y que habitan inmuebles dañados e irreparables (36 mil). A eso hay que sumar los hogares de los campamentos (ver infografía).

“El fenómeno de la exclusión habitacional nos indica que el acceso a la vivienda es cada vez más exclusivo. Ese problema está en uno de sus puntos más álgidos, que es la crisis de la vivienda en Chile. Podríamos decir que estamos viviendo una verdadera emergencia habitacional”, alerta el experto.

Ese diagnóstico se repite en todos los campamentos. Jeannette Roa es dirigenta de la toma Fe y Esperanza de Maipú, ubicado en el cruce de Av. Pajaritos con Camino a Melipilla, donde viven 600 personas. Ella llegó hace seis años, cuando no pudo seguir pagando el arriendo de su casa en San Joaquín:

En cuanto me echaron de la casa, con una orden de desalojo, llegué acá. No tenía cómo pagar los arriendos. Me pedían 12 cheques de garantía, $ 450 mil el arriendo y además había que pagar un mes de garantía.

Jeannette Roa, dirigenta del campamento Fe y Esperanza

Con la pandemia, por supuesto, la toma se expandió, principalmente con inmigrantes que llegaron de Estación Central. La ocupación creció tanto que hay casas -algunas de dos pisos- que están debajo del trébol que une ambas avenidas. Es decir, la gente duerme bajo una carretera. “Hace unos días hubo un choque de un auto. Imagínate, si cae uno, nos mata”, relata Roa.

Los expertos en el tema caracterizan a la población que vive en campamentos en tres grupos. Uno es el de las familias pobres que no han podido acceder a un subsidio de vivienda, porque estos simplemente no alcanzan para todos. Entre ellos, hay familias migrantes, pero que llevan 10 o 20 años en el país, por lo que en la práctica ya son chilenos -tienen hijos nacionales- y no obtienen ayuda, como los casos expuestos del campamento Nuevo Amanecer.

Un segundo grupo está formado por quienes viven además una exclusión laboral, es decir, tienen trabajos informales, sin contrato, lo que les impide acceder a arriendos o al mercado habitacional, pese a que posiblemente tengan recursos para hacerlo.

Y un tercer grupo es el de los extranjeros que llegaron al país en la última ola migratoria, y para quienes se necesitarían soluciones transitorias de emergencia. Estos casos se concentran principalmente en el norte.

“Quien no puede acceder a una vivienda básica a través del mercado o un subsidio, está destinado a acudir al hacinamiento o a los campamentos. No tenemos ninguna solución transitoria que sea una política de acogida para que las familias lleguen a un lugar y tengan condiciones básicas”, alerta Bowen.

Por lo tanto, una solución pasa necesariamente por reformar la política habitacional. Pía Palacios, directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHO-Chile, dice que estos programas no han sido efectivos porque no hay una oferta suficiente de viviendas donde usar los subsidios, y también porque a las familias no logran cumplir los requisitos más fuertes que se exigen, como la formalidad en los ingresos y los ahorros:

Debemos poder llegar a más familias, pero también hay que crear una mayor oferta de vivienda de ese rango de precios para que los hogares puedan acceder a una vivienda. Son muchos los casos en donde se quedan con el voucher en la mano, sin poder ser cobrado.

Pía Palacios, directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHO

“El acceso a la vivienda es y ha sido muy lento. Y mientras las soluciones no sean de la misma magnitud del problema, no podremos solucionarlo. De esta manera, la política vivienda se ha visto sobrepasada, tanto por el déficit habitacional como por los campamentos”, añade la experta.

Palacios afirma que más de la mitad de las familias que llegan a campamentos lo hacen por problemas económicos como el alto valor de los arriendos. “A partir de esto, y pensando en la situación actual del país, no es de extrañar que los campamentos y las familias viviendo en ellos sigan al alza. Tenemos una oferta de vivienda que no está llegando a los grupos que más la necesitan”, concluye.

Uno de los casos más difíciles de solucionar son las tomas del norte del país, donde se concentran los migrantes recién llegados, los que, por lo tanto, tardarán más en acceder a una solución. Carlos Colihuechún, director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Antofagasta, cuenta que la pandemia aumentó la densificación de las ocupaciones.

“Los campamentos no ha ido creciendo, pero sí se han ido densificando y ese es un factor de riesgo mucho mayor que la expansión, porque hay un aumento vertical, con conexiones eléctricas y de agua deficientes, por lo que el riesgo aumenta”, dice.

Como muchas de ellas son familias recién llegadas, que entraron al país por pasos no habilitados, no están regularizadas, lo que hace aún más difícil su acceso a ayuda. Por ejemplo, en algunas tomas el 70% de las familias no cuenta con factibilidad para acceder a beneficios, muchas veces porque ni siquiera han ingresado al Registro Social de Hogares.

A eso hay que añadir que el costo de la vida en el norte es alto, por la falta de agua, lo que encarece la habitabilidad, y que los extranjeros necesitan enviar remesas de dinero a sus familias en el exterior, por lo que se les hace más difícil pagar un arriendo. Por eso, dice Colihuenchún, es necesario caracterizar bien a las familias.

“Si las caracterizamos, nos daremos cuenta del impacto de la política habitacional. En Antofagasta, el déficit habitacional está dado por el precio del suelo. Entonces, si la política habitacional no es intersectorial con otros organismos, es poco probable que se pueda solucionar”, señala.

Isidora Lazcano, directora social de TECHO-Chile, explica que se ha intentando diversificar la ayuda con los subsidios de arriendo, “pero estos presentan la dificultad de acreditar ingresos formales y estables. A su vez los altos precios son una limitante al momento de aplicar este subsidio. En este sentido, tenemos que innovar y diversificar las soluciones transitorias”.

¿Cuánto costaría solucionar la exclusión habitacional? Sebastián Bowen tiene un cálculo: “Se requeriría una inversión de al menos US$ 60.000 millones, y esa cantidad, que es una parte importante del PIB, es algo que tiene que salir del aporte de todos los sectores. Vamos a necesitar inversión privada, mecanismos de deuda pública y también el aporte de las personas”.

El programa de gobierno de Gabriel Boric contempla avanzar en la construcción de 65 mil viviendas anuales para frenar la crisis, pero también hace un mes se aprobó un proyecto de ley sobre integración social que ayudará en esta materia.

“La ley mandata al actual gobierno a que, de aquí a cinco meses, tenga un diagnóstico y un plan habitacional, con objetivos concretos por región, con mecanismos de seguimiento, y le da la potestad al Minvu para diseña mecanismos para ejecutar este plan”, culmina Bowen.

El ministerio elaborará este semestre un plan de emergencia habitacional, con metas de construcción de viviendas. Pero, en esta entrevista, la autoridad advierte que no será fácil acabar con los campamentos:

¿Cuál es su evaluación del sistema de subsidios?

Los subsidios seguirán existiendo, el tema es con qué lo complementamos para cumplir la meta de 260 mil viviendas nuevas en cuatro años. En este momento estamos avanzando, pero tenemos que más que duplicar el ritmo para llegar a la meta y eso significa diversificar las formas de hacerlo. No todo puede ser con subsidio, porque cada persona tiene un voucher, sale a comprar, pero las casas van subiendo y subiendo, no le alcanza y tampoco puede pedir crédito. Lo que estamos buscando es diversificar. Se aprobó una ley de integración social que nos entrega dos modalidades para llegar a la vivienda. Una son los subsidios, pero otra será el financiamiento de un proyecto habitacional en su conjunto, para empujar proyectos diversos.

¿Se puede regular el precio del suelo?

Hay experiencias internacionales. Hay un fenómeno mundial de que se están comprando muchos terrenos y viviendas, y eso hace que los suelos suban. El problema es que hay países que no tienen un sistema tributario adecuado; no pagan impuestos quienes compran terrenos y ganan mucho a costa de eso. En Chile se paga poco, en otros países hay impuesto a la plusvalía, donde una parte del aumento del valor producto del desarrollo va a las ciudades y otra parte al propietario, no todo queda en el propietario. Falta tener un sistema que no incentive la especulación del suelo. Chile es el paraíso del negocio del suelo, en ninguna parte son más rentables que acá. Tenemos que ver cómo controlarlo.

¿Eso es parte de sus tareas en el Minvu?

Es muy difícil hacerlo, pero personalmente creo que tendrá mucho que ver con la reforma tributaria. Y también con otras medidas, por ejemplo, con las viviendas sociales. Una persona que obtiene una vivienda social, después solo se la debería vender a otra persona con subsidio. Es decir, estas son viviendas que produce el Estado para apoyar a las familias, y esas viviendas deberían quedarse en el mundo de las mayores necesidades, del 40% más vulnerable.

La ley sobre integración social que menciona mandata al Minvu a tener este semestre un plan de acción para frenar la crisis. ¿Cómo lo harán?

Estamos elaborando las metas a partir de la información que tenemos del déficit. Tenemos que ver cuánto terreno se requiere hasta el fin del gobierno, cuántos recursos tenemos para construir, cuáles son las capacidades técnicas y cuánta velocidad debemos aplicar. Y eso lo veremos a nivel nacional, regional, y ojalá llegar también a nivel comunal. Cuando hay un déficit de 600 mil viviendas, y un gobierno que plantea que avanzará con 260 mil viviendas, significa que no se resolverá el problema para todo el mundo, sino que daremos un paso significativo hacia adelante.

¿Ha funcionado el banco de suelos?

Hasta 1994 el Estado compraba suelos. Por distintas razones, eso no se siguió haciendo así y ahora se busca recomponer eso, no pensando en lo inmediato, sino que en cuatro o cinco años más, antes de que suban los precios. Creemos que hay que tener los terrenos necesarios para cumplir las metas y proyectar metas futuras superiores.

¿Hay alguna otra medida que pueda aliviar la crisis?

Hay algunas cosas que vienen de antes, que es el tema de los arriendos. (La idea es que) las personas tengan estaciones antes de llegar a la casa propia, y una de ellas es el arriendo. Tener arriendos a precios razonables supone tener arriendos protegidos, y eso supone que el Estado tendrá capacidad de administrar departamentos o casas en arriendo, y eso no es fácil. Esa es una alternativa.

¿Cuál será el criterio para erradicar los campamentos?

Nosotros vamos a partir por los campamentos que tienen una historia más larga. El tema de los campamentos durará 10 o 15 años en Chile, no podemos generarnos ilusiones de que esto se resolverá rápido. Esto durará una buena cantidad de años.