“Narcofusibles”: ¿Por qué fiscales y policías persiguen al eslabón más débil?

El golpe seco que derribó la puerta y los gritos que provenían del living del departamento fueron las únicas advertencias que recibieron Narci Feliz y Aldé Marte antes de ser encañonadas con armas y obligadas a tenderse boca abajo en el baño de la estrecha vivienda ubicada en calle Alonso de Ovalle, en Santiago Centro.

La mañana de ese 22 de mayo de 2019, ambas mujeres fueron sorprendidas dosificando ladrillos con marihuana en pequeñas bolsas, que luego saldrían a la venta. El hallazgo no sería la única mercancía que estaba en su poder: la posterior revisión del departamento aportaría nuevas evidencias en su contra, ocultas detrás de un tabique. Marihuana y pastillas de éxtasis serían otras drogas que tenían como destino la venta callejera.

Aunque el caso que terminó en el arresto de Feliz y Marte fue calificado como un éxito para la PDI, policía a cargo del operativo, la pareja enfrentó cargos por microtráfico y, tras ser dejadas en libertad por orden del 7° Juzgado de Garantía capitalino, fue la Corte de Apelaciones de Santiago la que intervino para revertir la medida y ordenar su arresto preventivo. Aunque este fue el primer caso que llegó ante un tribunal superior de justicia en 2020, no sería el último con características casi idénticas.

Pese a que en su mayoría estas causas terminan en el encarcelamiento preventivo de los vendedores de drogas a pequeña escala, un sinfín de dudas se repiten con frecuencia entre los magistrados que deben analizar este tipo de casos: ¿Quién fue el proveedor de la droga incautada? ¿Cuál era el origen de estas sustancias? ¿Qué red se esconde detrás de este último eslabón de la cadena de narcotráfico?

Tampoco en los expedientes existen pistas que ayuden a despejar estas interrogantes, dentro de las causas amparadas bajo la Ley de Drogas que ingresaron a los tribunales superiores. Así lo constata este reportaje de Investigación y Datos de La Tercera.

Para este análisis se revisaron en detalle las investigaciones de tráfico de drogas que ingresaron entre enero de 2020 y el primer trimestre de 2021, en pleno estado de excepción constitucional por la pandemia de Covid-19, a las salas de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, que juntas concentran la totalidad de la jurisdicción de la Región Metropolitana, una de las zonas con más casos de narcotráfico del país.

Sumando esos 15 meses, se analizaron en detalle más de 1.000 indagatorias -730 de ellas corresponden a casos únicos- y que se convierten en un fiel reflejo de cómo se enfoca el sistema de justicia en esta materia y que, según fiscales y jueces, tienen como denominador común la detención y formalización de los llamados “narcofusibles”, que corresponden al último eslabón de la cadena del narcotráfico, que se encarna en los vendedores de pequeñas cantidades de drogas en la calle o quienes comercializan desde sus propias casas.

Estos casos, además, llegaron ante los tribunales superiores para que se pronunciaran sobre aspectos tan complejos como la concesión de libertad de imputados presos por traficar drogas, zanjar sus medidas cautelares o confirmar sus condenas. La revisión de estas más de 700 causas, permitió responder a una pregunta que diariamente ronda en el sistema de justicia: ¿Qué investigan realmente los fiscales y las policías cuando hablan de tráfico de drogas?

Esta interrogante, según distintos expertos, es relevante para establecer cómo se aborda esta problemática a nivel nacional, especialmente hoy, cuando Chile entró al radar de los más peligrosos carteles internacionales que buscan apoderarse del “mercado local” y donde las incautaciones de narcóticos se elevan año tras año. Incluso, en su informe anual la Fiscalía Nacional advirtió que Chile dejó de ser un país de tránsito para las drogas, transformándose en activo consumidor de estupefacientes.

Además de utilizar la tipificación penal que realizan policías, fiscalía y tribunales, La Tercera agrupó las indagatorias de narcotráfico en cuatro principales “familias” que comparten características similares.

La primera de ellas corresponde al detalle de casos donde se detuvo a un vendedor de drogas en la vía pública o al transportista de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas.

La segunda categoría se definió como aquella donde se detuvo a quienes utilizaban sus viviendas para la venta de drogas.

El tercer tipo reúne a las bandas de traficantes de distribución local, con extensión a nivel nacional y, por último, en la cuarta categoría se agruparon las indagatorias que permitieron formalizar a integrantes de redes de narcotráfico con nexos internacionales dedicados a la internación de narcóticos a suelo chileno. Estos son los principales resultados del análisis.

El trabajo de análisis y de recopilación de datos de las causas tramitadas por Ley 20.000 durante 2020 y primer trimestre de 2021, que llegaron a los tribunales superiores, permite graficar la realidad del narcotráfico en Chile: un 74,1% de los casos que llegaron a las cortes de Apelaciones corresponden a causas con detenidos por la venta de pequeñas cantidades de droga en las calles o de quienes se dedican a la venta de sustancias ilegales desde sus domicilios.

En palabras simples: tres de cada cuatro investigaciones calificadas como éxitos policiales corresponden a causas enfocadas en el microtráfico.

Y al estudiar en profundidad los datos, es posible constatar que de las 730 causas analizadas, el Ministerio Público imputó un total de 1.030 delitos. Los ilícitos que se repitieron con mayor frecuencia fueron el narcotráfico, con 412 persecuciones, seguido por el microtráfico, con 318 casos que llegaron a tribunales superiores.

El análisis permite, además, conocer otros elementos que se asocian con este fenómeno. Por ejemplo, de las 730 indagatorias, en 154 ocasiones (21%) se vinculó la causa al uso ilegal de armas. Asimismo, en 25 oportunidades también se detectó que existía cultivo de marihuana (3,4%).

En el otro extremo aparecen las causas de mayor complejidad investigativa, debido a que requieren altos estándares probatorios en un juicio.

El segundo cuerpo legal detectado corresponde al lavado de activos, en el que se indaga la adquisición de determinados bienes con dineros de origen ilegal. Este delito fue imputado en apenas 12 ocasiones, correspondiente a un 1,6% del universo analizado.

Estas cifras, a juicio de expertos, no surgen del azar. Tanto desde el ámbito jurídico como desde el área académica, la estrategia del Estado para perseguir delitos refleja una política “efectista” de persecución instalada en las policías y en el Ministerio Público, detallan expertos y fiscales.

Esto, en la práctica, significa que se daría privilegio a tramitar con rapidez aquellas causas centradas en el pequeño traficante, que abulta las estadísticas relacionadas a detenidos y kilos incautados, versus aquellas investigaciones de largo aliento, que pueden tardar meses en obtener resultados, pero que pueden incidir en la desarticulación de una asociación ilícita vinculada al narcotráfico.

Aunque no están vinculadas directamente a las causas de narcotráfico, la Fiscalía Nacional anualmente fija metas internas para acceder a un bono estatal que se paga a través de un Compromiso de Gestión Institucional (CGI). Este incentivo, según reporta la Dipres, data de 2008, cuando se firmó bajo el nombre de Convenio de Desempeño Institucional (CDI).

¿En qué consiste? Este incentivo está compuesto de tres etapas prioritarias para las autoridades: por un lado está la eficiencia en la persecución penal, donde se entrega un puntaje a los investigadores por incluir a las víctimas y testigos dentro de sus investigaciones como sujetos de derecho, así como mejorar la dirección y calidad de la investigación penal.

Un segundo punto evaluado es la relación y atención de usuarios donde se evalúa la entrega de servicio de calidad y de “relación permanente” con los usuarios. Y finalmente, la gestión institucional, que busca “relevar a las personas como actores clave del desarrollo institucional”.

El cumplimiento de estas metas se traduce en dinero: el Estado paga hasta un 10,7% de la “remuneración bruta anual de carácter permanente correspondiente a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público”, establece la Ley 20.240.

Desde la Fiscalía Nacional explican que en este incentivo de Gestión Institucional “como su nombre lo indica, se trata de metas institucionales y generales, y no individuales. Así, entre ellas está el porcentaje de toma de declaración a las víctimas, satisfacción neta de usuarios, promedio de hechos delictuales por focos investigativos terminados en delito de robo y hurto, cobertura de la Academia del Ministerio Público, la ejecución presupuestaria, etc.”.

Añaden que “si la institución cumple sus metas, recibe el pago de dicho bono, o un porcentaje del mismo, de acuerdo a tramos de cumplimiento preestablecidos. Distinto es el caso de que un fiscal no cumpla con los criterios establecidos en los oficios dictados por el fiscal nacional que regulan la persecución de ciertos delitos. De darse el caso, podría verse afectada la calificación de un fiscal (que realizan los fiscales regionales) o someterse a una eventual investigación administrativa en la medida en que dicho incumplimiento sea considerado de mayor gravedad”.

En las policías, que están bajo el mando directo del gobierno, existe una realidad diferente. El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, señala que “la medición en cuanto a medidores parametrizados es muy difícil, pero nosotros tenemos que dar cuenta a la ciudadanía de avances”.

Una cosa es cómo nosotros damos cuenta del trabajo policial a la ciudadanía, donde nosotros queremos transmitir que esta es una labor incansable y compleja. Pero la mirada interna es mucho más compleja, al final más que establecernos metas de incautación, lo que hay que tratar de hacer es anticiparse a la complejidad del fenómeno”.

Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior.

La autoridad explica, además, que en un comienzo se usó como parámetro la cantidad de kilos incautados, pero que esto no lograba explicar una cuestión básica: “¿Aumentó la cantidad de droga que circula o mejoró la eficacia policial?”. En esta línea, Galli relata que “mientras más drogas incauta la policía, para saber cuánta droga hay circulando en el país, mejor. ¿Soluciona esto el problema? Definitivamente no, porque se debe saber qué hay detrás de esa droga y la condición de base no se satisface por la incautación, ni por el lado de la demanda ni por el lado de la oferta”.

Explicaciones para comprender las estrategia de policías y fiscales para perseguir este delito, hay bastantes. Algunas de ellas, incluso, recayeron en un activo actor del sistema judicial que conoció de cerca esta realidad: el exmiembro de la Sala Penal de la Corte Suprema, el otrora juez Lamberto Cisternas.

De acuerdo al exmagistrado, el motivo por el cual existe un mayor volumen de indagatorias enfocadas al traficante barrial “se debe a que las mayores pistas surgen a propósito de estas cosas que están más a la vista, que se ven en el barrio. Lo que parece lamentable es que no haya un trabajo adicional, de inteligencia, que permita subir de este nivel básico hacia quienes son los intermediarios o los grandes traficantes”.

Este hecho, según Cisternas, demuestra que existe una falta de trabajo de fiscales y policías para llegar a la cima de las pirámides del narcotráfico.

Y una causa que estaría detrás de ello, dice este abogado, es que “el tema de las metas tiene una doble cara. Por una parte, satisface ciertas aspiraciones u objetivos planteados por las instituciones, y por otra en aras de satisfacer ese objetivo, deja afuera cuestiones de mayor envergadura. Por eso yo creo que debiera existir un mayor equilibrio, de tal manera que se obtuviesen los dos objetivos”.

El exsupremo plantea como una necesidad urgente “colocar a todos los servicios y todas las atenciones para obtener pistas que conduzcan a eliminar lo más alto posible el tráfico de drogas. Yo sé que es muy difícil, es gente que trabaja con muchos medios y resguardos, pero ahí debe estar el empeño del Estado”.

Otra fuente judicial consultada -que pide reserva por seguir en ejercicio-, señala que a nivel estadístico tiene el mismo peso formalizar y condenar a un microtraficante que al integrante de una red más sofisticada. Esto, juega un rol de “incentivo perverso” a la hora de enfocar los recursos policiales y del Ministerio Público. Después de todo, dice, nadie quiere quedarse sin cumplir la meta anual y quedar marcado como un funcionario deficiente.

Un fiscal activo del Ministerio Público complementa esta idea: asegura que el tráfico barrial, al ser más fácil de probar ante los tribunales, se ha convertido en la principal apuesta en torno a la persecución del narcotráfico. Estas causas generalmente se inician por interceptaciones telefónicas a los blancos establecidos por las policías, a los que luego allanan sus residencias en búsqueda de droga y armas.

Hoy, la gran mayoría de las indagatorias se basan en el llamado “agente revelador”, escuchas telefónicas y la denuncia anónima de los vecinos afectados. La Tercera preguntó al Ministerio Público vía Transparencia la técnica investigativa utilizada en el último año, pero no fue posible obtener una respuesta.

Esta tendencia de persecución penal ha llevado a que la gran mayoría de las causas de narcotráfico apunten a los llamados “narco-fusibles”.

Se trata, en general, del último eslabón de la cadena de tráfico de drogas, donde su detención no interrumpe el flujo del narcotráfico, pues su salida abre el espacio a otro traficante de bajo rango que ocupará su puesto.

“Estas cifras hablan de una política de drogas que se ha sustentado en una ley 20.000 que es un fracaso en perseguir a los grandes narcos, pero un éxito en vigilar, perseguir y castigar a los más vulnerables. Es más fácil y barato perseguir eslabones débiles que a los grandes narcos”, remarca Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21.

La visión de Vergara es complementada por un fiscal en ejercicio. “Si detienes a esa persona y la sacas de circulación, que generalmente es la persona que vende en la esquina o desde su casa, llegarán otros 10 a ocupar su mismo lugar. Suelen ser los mismos familiares del imputado”, detalla.

Para el académico de la Universidad Diego Portales Mauricio Duce, las metas “entregan una dosis de distorsión”. Pese a ser un elemento complejo de medir, dice el experto, el modelo se replica dentro del Ministerio Público.

Cuentas por igual a una persona detenida con 5 gramos de marihuana que a otro detenido con 500 kilos”.

Mauricio Duce, académico de Derecho de la Universidad Diego Portales.

“Ellos (la fiscalía) dicen que no es tan así, que han sofisticado los indicadores, pero ahí hay incentivos perversos que perfectamente pueden explicar este fenómeno de falta de priorización. Porque estos casos chicos permiten hacer estadística. Y en parte también por los controles de identidad, porque producen estadísticas de baja calidad y esto en parte también se reproduce en el Ministerio Público”, resalta Duce.

Los incentivos asociados a los términos de causas son, a juicio del exfiscal jefe de Las Condes Rodrigo de la Barra, un indicador que afecta al sistema de persecución penal. “Cuando yo fui fiscal jefe, traté de poner dentro de los criterios de evaluación cuántas causas le asignaste, cuántas terminó, en qué tiempos terminó, qué condenas obtuvo”, señala, agregando que “el problema era que una condena por 1 UTM (un poco más de $52.000) podía tener el mismo valor estadístico que 20 años para una banda. Ahí hay una señal que das a los fiscales, que más que llegar lejos, lo importante es terminar”.

Y ante este escenario, asegura De la Barra, “los casos de larga data, son casos muy trabajosos que requieren demasiado heroísmo de un fiscal. Se acaba de terminar el caso Corpesca y has tenido un equipo de fiscales más de un año sentado en un tribunal. Imagina la cantidad de trabajo que se le pudo haber acumulado y sin resultados tan potentes. Ahí hay una cuestión sistémica que no favorece los casos de mucha profundidad”.

El foco puesto en el microtráfico no responde al azar. De acuerdo a Galli, actualmente existe “más énfasis público en los procesos asociados al microtráfico y es razonable, porque la gente quiere sentir que estás actuando respecto de la droga que ellos ven en su población, en su barrio. Por transmitir a la ciudadanía que estamos actuando donde a ellos les duele”. Cuenta, además, que “cuando mostramos los ladrillos de marihuana o cocaína, la señora del barrio nunca ha visto eso. Ella ha visto los monos (papelillos). Eso es parte de transmitir lo que la ciudadanía espera por parte del Estado en esta materia”.

Para el abogado Duce, “hoy tenemos en Chile a una policía que tiene una cantidad importante de sus recursos dirigidos a realizar controles de identidad. Y esto es lo que arrojan los controles de identidad: detenciones por ‘chimuchina’. Con un control de identidad no vas a desarticular una banda de narcotráfico, lo que vas a pillar es a un microtraficante o alguien que anda portando drogas para su consumo personal”.

Esta visión es compartida por un fiscal activo y experto en investigar causas de drogas en la Región Metropolitana: “Existe un porcentaje de casos anuales en que se pide ir a juicio oral. Los fiscales están llevando causas simples para cumplir con estas metas. En los tribunales orales se echa de menos que lleguen casos más complejos”.

Fue a mediados de 2014 cuando la PDI institucionalizó la persecución del microtráfico y estrenó una nueva manera de abarcar la transacción de droga en las poblaciones. Se trataba del programa bautizado como “Microtráfico Cero” (MT-0), que buscaba atacar los puntos de venta de narcóticos. Actualmente, es una de las principales iniciativas que lleva adelante la PDI -con la venia del Gobierno- y la idea ha sido exportada a distintos países de la región.

Los últimos resultados, correspondientes al primer semestre de 2021, fueron publicados en el sitio web institucional. El número de procedimientos pasó de 1.451 en 2020 a 1.720 en los primeros seis meses de este año. Además, la cantidad de cannabis incautada aumentó un 450%, según el informe.

Cuando se lanzó la iniciativa, a la cabeza de la PDI estaba el exdirector general, Marcos Vásquez. Hoy el oficial en retiro asegura que el plan inicial consistió en hacer un análisis para detectar puntos de microtráfico en distintos puntos para erradicarlos, usando inteligencia policial, ya que, dice, impactaban directamente a los vecinos de sectores afectados por la venta de droga.

Paralelamente, explica Vásquez, “se preparó personal especializándolo en la materia, fijándose metas alcanzables y entregándoles los recursos para el efecto, lo cual resultó exitoso. Por ello ha permanecido en el tiempo, ya que el objetivo no va a la incautación de grandes cantidades de drogas, sino a la disminución y erradicación de puntos de venta que afectan la vida cotidiana de los vecinos”.

En agosto del 2018, la Dirección de Presupuesto (Dipres) evaluó el plan MT-0. Ahí, entregó luces de cómo opera el programa y explicó que la iniciativa “desarrolla una metodología propia de identificación de puntos de venta de drogas y se orienta a desbaratar estos puntos de venta con una intervención intensa, pero de alta capacidad operativa, para destruir al menos en forma transitoria tales puntos”.

Dentro del volumen de población detenida por drogas se detecta una cantidad significativa de mujeres. Profundizando en este segmento, la mayoría de ellas son jefas de hogar que son parte de clanes familiares. Sus condiciones de vulnerabilidad son extremas. Esta información sería útil para identificar el perfil de los microtraficantes y su rol en las redes delictivas”.

Informe de la Dipres sobre MT-0

A los ojos del exfiscal Rodrigo de la Barra, el plan MT-0 respondía a apagar un constante foco de tensión en el gobierno: “El MT-0 fue una salida política para dar respuesta a la demanda de los municipios. Yo creo que el MT-0 es importante, pero tiende a ser una respuesta político comunicacional a los alcaldes”.

Respecto a este punto, el exinspector general de la PDI Marcos Vásquez señala que el programa buscaba dar respuesta a vecinos y municipios. “Justamente todo ello formó parte de la estrategia”, recalca la otrora autoridad policial.

Desde la Fiscalía Nacional, aseguran que la internación de drogas a Chile “está vinculada mayoritariamente a organizaciones, pero por razones obvias (tamaño del mercado nacional, existencia de vínculos de confianza con los carteles, capital necesario, experiencia, riesgo, etc), este tipo de organizaciones son relativamente escasas, y muy inferiores en número a quienes venden en sus casas, que representan el último eslabón en la cadena de distribución de drogas en el país, y que es la amplia base de la pirámide donde descansa todo el mercado ilícito de drogas”.

Por obvio que parezca esta realidad para la fiscalía, lo cierto es que las investigaciones que apuntan a desbaratar a proveedores de drogas son escasas y, por el contrario, los recursos investigativos solo se limitan a detener y formalizar a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, asegura el experto Eduardo Vergara.

“Los mayores beneficiados (con la actual política de persecución penal) son los grandes narcos, porque el sistema les permite operar con libertad mientras que se enfoca y pierde el tiempo persiguiendo a sus soldados, que son desechables para las estructuras centrales. La guerra contra las drogas en toda Latinoamérica ha demostrado ser sangrienta, ineficiente, regresiva, pero por sobre todo una triste puesta en escena”, dice Vergara.

Del universo de casos revisados por La Tercera, los casos de asociación ilícita apenas llegan a un 1,4% de las de tráfico de drogas.

“Efectivamente nosotros tenemos que avanzar hacia más complejidad. Nosotros tenemos un programa que es piloto con la Fiscalía Sur y la Fiscalía Oriente, y nosotros financiamos en parte un equipo de trabajo, que se dedica justamente a esto. Es solamente dotar al fiscal de herramientas para incautar bienes asociados a delitos complejos. Pero olvídate de lo que nos cuesta. Hay que tratar de evolucionar en ese sentido. Piensa que las fiscalías de foco también son relativamente nuevas, y también hay un cambio cultural que lograr en la fiscalía”, reconoce el subsecretario Juan Francisco Galli.

Así, mientras fiscales y policías continúan focalizando sus esfuerzos en perseguir al último eslabón de la cadena del tráfico de drogas, los verdaderos líderes narco seguirán amasando fortunas y moviendo los hilos para intentar, una y otra vez, ingresar nuevos cargamentos con drogas para abastecer a los adictos de las zonas más vulnerables del país.