PDI por La Araucanía: “La denominada causa política ha sido instrumentalizada para delinquir”

Actualmente, la PDI es la policía que tiene a su cargo la tarea de aclarar el mayor porcentaje de los hechos de violencia rural ocurridos en La Araucanía. Según las estadísticas del Ministerio Público de la región, el 64% de los atentados registrados en esta zona se investigan con la policía civil. Esta última institución reveló a la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera las dificultades de indagar delitos de esta naturaleza, así como que “la denominada causa política ha sido instrumentalizada para delinquir”.

La institución respondió por escrito las preguntas realizadas por este medio. Así, relataron cómo se investigan estos ilícitos, cuestionaron el concepto de “violencia rural”, indicaron cómo ha ido variando la persecución penal, hicieron hincapié en los estándares de prueba que piden los tribunales y señalaron que desde 2018 a la fecha han detenido a 14 personas por distintos atentados.

¿Cómo es la persecución penal de los delitos de violencia rural?

La PDI, a través de las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales “BIPE” con asiento en la Macrozona Sur (regiones del Biobío a Los Lagos), enfrenta a diario investigaciones ligadas al fenómeno. Apriori, es fundamental comprender qué conocemos como “violencia rural” y, por ende, desde la dimensión de la persecución penal, qué delitos son los que efectivamente se vinculan a esta dinámica. El concepto fue acuñado durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, para referirse a los hechos violentos asociados a actores mapuche en este espacio territorial. La praxis cotidiana, el carácter político y amplitud del concepto requirió su operacionalización, perfilándose cierto tipo de acción (en base a su consecuencia); actor involucrado y territorio geográfico en el que se desarrollan. Actualmente, engloba una serie de acciones y delitos asociados de alguna manera a los procesos de recuperación territorial, sin embargo, la amplitud y poca precisión del concepto ha llevado a categorizar como tal, hechos de violencia que poco tienen que ver con una demanda reivindicativa, tratándose más bien de delincuencia común que fundamenta su actuar en ideologías de corte autonomista postuladas por agrupaciones tradicionales. En ese sentido, la denominada causa política ha sido instrumentalizada para delinquir, derivando en la perpetración de homicidios; robo de vehículos; infracciones a leyes especiales y otros delitos.

¿En qué impacta el concepto de violencia rural en las indagatorias?

La conceptualización de “violencia rural”, sus alcances y limitantes, es fundamental a fin de enfrentar la realidad a partir de un constructo teórico preestablecido que oriente su actuar de tal manera que todos los actores que participan en el área de seguridad y justicia de manera sistémica, enfoquen sus recursos en los mismos objetivos. Desde la óptica policial, particularmente las BIPE que actúan en la Macrozona Sur, su misión está centrada en apoyar, como órgano auxiliar del Ministerio Público, las investigaciones de alta complejidad asociadas a esta problemática, especialmente los atentados incendiarios, asociaciones ilícitas, infracciones a la Ley 18.314 y seguridad del Estado. La persecución penal resulta compleja, debido a la intervención de factores de diversa naturaleza. La experiencia permite evidenciar que ésta se dificulta cuando se trata de imputar un delito a comuneros mapuche y no mapuche en este contexto (violencia rural), constatándose, además, un elevado estándar de prueba, valorando la evidencia directa y generalmente desechando la indiciaria. La dificultad para encontrar evidencia y/o testigos que permitan vincular a los partícipes en los hechos, incide sustantivamente en las investigaciones judiciales Es habitual que víctimas y testigos no presten declaración por temor a represalias.

¿A qué atribuyen que sea tan difícil lograr detenciones en la zona?

La violencia rural contempla un factor territorial que se torna central al momento de abordarlo en términos policiales. Circunscribiéndose al espacio geográfico ubicado entre las regiones del Biobío y Los Lagos, la ruralidad constituye el principal elemento que caracteriza los sitios de suceso de los delitos cometidos en ese contexto, dificultando el trabajo de las policías en una multiplicidad de dimensiones, relativas a distancia y accesibilidad a los sitios del suceso; seguridad de los funcionarios; carencia de indicios y evidencias en el ámbito de la explotación del sitio del suceso y la falta de testigos (debido al temor a represalias), entre otros factores. Por otra parte, el cierto control territorial ejercido por grupos radicales que se asientan en algunos sectores de la macrozona, dificulta la acción policial y, por tanto, se generan lugares propicios para la ejecución de los delitos. Asimismo, se debe considerar que se trata de grupos radicales con modus operandi ad hoc al terreno, con ventajas comparativas respecto a la acción de las policías.

¿De qué manera se está trabajando para mejorar esta situación?

Efectivamente estamos implementando nuevas fórmulas para mejorar la investigación de estos delitos, las cuales no se pueden detallar en lo específico, por razones obvias, ya que existen investigaciones vigentes por estas causas. Al margen de esto, es ineludible que la obtención de medios tecnológicos y de seguridad permitirá contar con mayores herramientas para la investigación criminal de estos delitos. En términos generales, la PDI ha desarrollado una serie de acciones que van desde modificaciones en su estructura organizacional, con la creación de unidades, a saber Centro de Operaciones Macrozona Sur, Departamento de Control y Gestión (DCG), nuevas Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales y la reciente PREMASUR, hasta la ejecución de estrategias focalizadas en la optimización de su gestión operativa en la zona, diligenciando un alto porcentaje de las investigaciones por delitos vinculados a la violencia rural (incendio principalmente). En tanto, el 2018 se creó la Unidad de Coordinación Estratégica Macrozona Sur (UCEM), compuesta por un grupo interinstitucional (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros y la PDI) a objeto de generar una mirada transversal al fenómeno. Por su parte, el aumento de personal en la zona y la capacitación del mismo, constituyen estrategias implementadas por la PDI para abordar el fenómeno con mayor eficacia.

¿Y en el plano estratégico?

Se trabaja con las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales de la Macrozona Sur, en términos del levantamiento de nudos críticos multidimensionales, que dificultan las investigaciones.

¿Cuántas detenciones ha logrado la PDI por delitos de violencia rural?

Desde el 2018 a la fecha hemos logrado detener a 14 personas, según los siguientes delitos: incendio; incendio solo con daños o sin peligro de propagación; incendio con peligro para las personas y atentado explosivo o incendiario. Es importante considerar que, dentro de los tópicos considerados como violencia rural, los imputados cometen otros delitos conexos como robo de vehículos, hurto de madera, porte y tenencia de armas, entre otros.

¿Cómo ha ido variando la estrategia para lograr resultados?

La estrategia de la PDI ha variado en consonancia con las características dinámicas del fenómeno, modificando su estructura organizacional con la creación de nuevas unidades enfocadas en la temática y a su vez, la implementación de acciones orientadas a optimizar su gestión operativa en la zona. Lo anterior, junto a la potenciación de personal y su capacitación, apuntan a enfrentar el escenario que se presenta entre las regiones del Biobío y Los Lagos. La tradición investigativa, frente a los cambios del entorno criminal, especialmente vinculado al crimen organizado transnacional y de complejidad criminal, se ha complementado bajo el enfoque del análisis e inteligencia policial, posibilitando alcanzar una alta eficacia operacional, promoviendo la innovación e inteligencia analítica a su función investigativa.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Los fundamentos expuestos permitieron elaborar un diagnóstico criminal en la zona de conflicto, estableciendo la existencia de periodicidad, similitud y correlación de hechos delictuosos y vinculaciones entre eventuales victimarios, concentrando de esta manera las investigaciones (focos criminales). Asimismo, observando cruces de delitos, y sujetos de interés, emprendiendo un cambio estratégico respecto a cómo abordar el fenómeno en el territorio, desarrollando esfuerzos para elevar nuestras competencias especializadas en la zona. De esta forma como primera medida, se aumentó nuestra dotación especializada, y se generaron fuerzas de trabajo, así a inicios del año 2019, instauramos esta metodología coordinada sobre casos relacionados. Tras lo anterior, se concentra el trabajo investigativo en una unidad especializada bajo la dirección de fiscales con dedicación preferente, generándose una correcta simbiosis productiva de persecución penal, y así abordar el foco criminal con diversas aristas delictuales (diversos delitos comunes).

¿Cómo observan la evolución de los atentados en los últimos años?

Desde finales de los años 90, cuando se conoce la existencia de la primera orgánica que reivindica sus acciones en pro de la recuperación territorial, han pasado más de 20 años, tiempo en el cual han aparecido nuevas orgánicas en diferentes lugares de la denominada Macrozona sur, las cuales tienen diferencias en cuanto a la radicalidad de sus acciones y líneas argumentativas, en este sentido existen personas que cometen delitos mal usando el argumento de las reivindicaciones territoriales. Por otra parte, si analizamos lo que va corrido de este 2021 se mantiene la tendencia al alza en este tipo de delitos, aparejado de una mayor violencia. Los atentados incendiarios constituyen hasta el momento, la mayor expresión de radicalidad en la zona, además de ser las acciones de mayor sistematicidad y relevancia socio/política. En ese sentido, las acciones incendiarias contra infraestructura que represente “capital” en territorio considerado ancestral, poseen una dinámica en sí mismas, con una ideología de base que sustenta las acciones de agrupaciones radicales de corte autonomista, presentando periodos de mayor o menor intensidad, determinados por una serie de factores que van a actuar como catalizadores de la violencia en la zona.

¿Se ha agudizado la violencia?

Particularmente, en los últimos años los atentados en la Macrozona Sur presentan una intensificación, tanto en ocurrencia de hechos como de violencia ejercida durante los mismos, lo que constituye un punto de inflexión en la tendencia evidenciada hasta el momento. El atentado incendiario registrado el 08/02/2021 contra un camión en la comuna de Victoria, producto del cual resultó quemado y posteriormente un fallecido su conductor, demuestra lo señalado. Si bien tradicionalmente los atentados se direccionaban hacia una infraestructura particular y no hacia personas, durante el año 2020 y lo que va de 2021, se registraron diversas acciones en contra de elementos que escapan al tipo o medio de bien afectado, quemando inmuebles particulares, propiedad de pequeños agricultores, trabajadores, además de ejecutarse ataques en contra de personas, contexto en el que se puede señalar la muerte de un joven producto de un disparo efectuado por encapuchados en la comuna de Cañete, en supuesta vinculación con un atentado incendiario. Finalmente se puede agregar, que los atentados han evolucionado hacia un estadio de la violencia contra las personas, lo que podría evidenciar la intervención de nuevos actores, donde la impulsividad juega un rol central en la acción (a diferencia de agrupaciones tradicionales como la CAM).