Si hacer educación a distancia en esta pandemia es complicado, en la desértica localidad de Tierra Amarilla ha sido casi imposible. Los colegios de la comuna no tienen internet y tampoco hay dinero para imprimir guías para los niños, lo que ha sido solventado, en lo posible, por los propios profesores.

Pero esta situación no es a causa del Covid, sino que es culpa de varias irregularidades y malversaciones que se han cometido en los últimos años con las subvenciones escolares y que han provocado que esta comuna tenga hoy los peores indicadores educacionales del país.

El caso está en tribunales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es parte de 41 causas penales vigentes por malversación de platas educacionales, por $ 40.830 millones gastados y no justificados, de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y del Programa de Integración Escolar (PIE).

La defraudación de dineros públicos no es novedad en esta comuna de Atacama y para la comunidad se trata de un problema endémico. El alcalde electo en 2016, Osvaldo Delgado (PRO), cayó en 2017 acusado de cohecho y soborno en un convenio operacional firmado con la Minera Candelaria.

El alcalde que lo suplió en 2017, Mario Morales (PS), fue destituido en 2020, junto a 12 funcionarios, cuando se descubrió que cobraba coimas a empresas contratistas a cambio de adjudicarles los proyectos. Actualmente está procesado por fraude y la Fiscalía pide para él 40 años de cárcel.

El caso de las subvenciones escolares está en investigación, pero es claro que existen irregularidades. En 2018, la Contraloría realizó una auditoría al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la comuna, hallando giros injustificados de dinero por el monto ya mencionado.

En concreto, no había documentos que respaldaran los giros desde la cuenta que recibía los dineros de la SEP, los que eran transferidos a cuentas de fondos comunes de la municipalidad, donde finalmente desaparecía. También había capacitaciones y compras sin justificar.

“El DAEM carece de un procedimiento que garantice que las transferencias y giros de cheques que se cursan, estén asociadas a un acto administrativo y/o decreto de pago”, dice el informe, lo que fue confirmado por el entonces director del departamento, Claudio Pacheco, quien dijo “no poseer antecedentes que sustenten o bien aclaren los egresos”.

Por esta situación, en diciembre de 2020 la Contraloría aplicó un sumario administrativo contra funcionarios de la DAEM, por no haber resguardado el buen uso de los dineros –no se pudo descubrir dónde fueron a parar- y, en febrero de este año, las nuevas autoridades de Tierra Amarilla acudieron a la Fiscalía para denunciar la malversación:

“En agosto de 2017, el DAEM de Tierra Amarilla no contaba en la cuenta de fondos ordinarios con fondos, ni siquiera para cubrir cotizaciones obligatorias y sueldos a docentes y asistentes de la educación. Vale decir, no había fondos en la cuenta ordinaria ni en la cuenta de fondos SEP”.

Denuncia de la Municipalidad de Tierra Amarilla a la Fiscalía, febrero de 2021

En su presentación ante la Fiscalía de Atacama, el alcalde subrogante de la época y ahora edil electo, Cristóbal Zúñiga (PC), dice que esto hace suponer que esas platas, que estaban destinadas al plan de mejoramiento escolar, “pudieron ser destinados a otros fines y la acción puede constituir un delito penal”.

El fiscal Luis Miranda, encargado de delitos económicos de la Fiscalía Local de Copiapó, cuenta que se encargó a la Bridec de la PDI realizar diligencias para encontrar el destino de los más de $ 11 mil millones, pero que la causa no está formalizada ni hay acusados todavía.

“Lo que se puede señalar por el momento es que, tal como se dice en el informe de la Contraloría, existe una serie de ausencias de respaldos, dobles pagos a funcionarios y otras irregularidades que, no se descarta, redunden en una imputación penal”, afirma.

Pese a que la investigación está en curso, funcionarios y fuentes consultadas por La Tercera dicen que el “modus operandi” por el cual desapareció el dinero de las subvenciones fue el mismo por el cual se cometieron los delitos que mantienen a los dos exalcaldes procesados; es decir, inflando precios de proyectos y cobrando coimas.

Por ejemplo, el exalcalde Mario Morales está acusado de asociarse con una empresa para que esta aumentara en 40% el valor de un proyecto de mejoramiento de infraestructura urbana, aumentando su valor de $ 49 millones a $ 87 millones, para luego cobrar una coima.

Una lógica similar habría operado sobre la defraudación de subvenciones, lo que llevó a que, después de varios años, no hubiera cómo justificar los gastos.

Una situación así vivió Alicia García, directora de la Escuela Víctor Manuel Sánchez Cabañas, que con 472 escolares es una de las más grandes de la comuna. Cuenta que, en el período de Osvaldo Delgado, asesores municipales la querían obligar a firmar proyectos que claramente tenían sobreprecios, a lo que se negó.

“Me seguían hasta en la calle para que firmara los documentos”, dice. Eran para autorizar la instalación de techos en seis salas y la colocación de baldosas en un baño, “con un costo de más de $ 180 millones. Les pedí el detalle del presupuesto y nunca me lo llevaron. Por supuesto, nunca lo firmé”, dice.

Afirma que, por ello, le hicieron la vida imposible: la acusaron de robarse un televisor, le aplicaron un sumario y la sacaron del colegio.

Ella y su esposo, que era profesor de Educación Física del mismo colegio, iniciaron una batalla legal contra el alcalde, por injurias contra el docente –Delgado lo trató de drogadicto y alcohólico en una radio local-, lo que terminó con una condena contra el entonces alcalde de 700 días de presidio. Tras ese episodio, García volvió a ser la directora del colegio.

Rogelio Pizarro, director de la Escuela Básica Marta Emiliana Aguilar, y que por años fue dirigente del Colegio de Profesores, dice que “nunca supimos realmente cuánto deberíamos recibir por escuela por la SEP, porque a veces llegaban los recursos y a veces no”.

“Nunca tuvimos una explicación que nos dejara tranquilos y muchos recursos se fueron para pagar sueldos. Seguramente en la DAEM había funcionarios a los que se les pagaba con platas SEP, sin que se les requiriera realmente en los establecimientos (…). Probablemente las platas se iban para otros intereses y no para los niños”.

Rogelio Pizarro, director de la Escuela Básica Marta Emiliana Aguilar

Cristián Rojas, director de la Escuela Luis Uribe Orrego, cuenta que hace un par de años “con mi familia tuvimos que hacer colectas para juntar hojas para las fotocopias. Esto se arrastra hace años y estos son sectores muy vulnerables, pero tenemos las manos vacías”.

“Hubo distintas personas en el DAEM que no estaban en condiciones de asumir cargos de responsabilidad, y llegaba uno, se iba y llegaba otro. Era una cadena en que se iba uno y llegaba otro igual. Lo que le pasó a Alicia, nos ha pasado a todos; nos llegaban documentos, nos decían ‘firme por favor’, pero son por cosas que no habíamos recibido. Entonces, no los firmé”, dice.

Estas irregularidades, que se arrastran desde hace al menos siete años –aunque varias fuentes consultadas afirman que el escándalo es de más larga data- han tenido, como era de esperarse, un profundo impacto educacional en los niños de sus 12 colegios.

La Agencia de Calidad de la Educación clasifica a los colegios en categorías de desempeño. De los cinco establecimientos evaluados en esta comuna, tres están en el nivel insuficiente, por lo que corren el riesgo de cerrar. Los otros dos están en los niveles medio-bajo y medio.

Las autoridades han aplicado varias sanciones frente a estas irregularidades. En 2017, la Superintendencia de Educación intervino la DAEM y colocó a un administrador provisional durante un semestre, para intentar ordenar el desastre.

Y el año pasado, los colegios de la comuna fueron multados con rebajas en sus subvenciones SEP, luego de que la DAEM no pudiera justificar los gasto. Así, el colegio de la directora García perdió hasta el 60% de sus subvenciones, y el plantel del director Pizarro no recibió ningún peso de subvención.

Loreto Luengo, presidenta del Colegio de Profesores de Tierra Amarilla, cuenta que todas estas carencias explotaron en los últimos meses, con la pandemia y la educación a distancia, cuando la empresa que les proveía internet les cortó el suministro, por las deudas que se arrastraban.

“En estos dos años, los profesores de Tierra Amarilla han solventado la educación que debía solventar el Estado. A pesar de que el ministerio dice que no ha solicitado que nosotros gastemos nuestra plata para apoyar la educación, la verdad es que no hay otra forma de hacerlo, y tampoco están garantizadas las medidas para aplicar un retorno seguro”.

Loreto Luengo, presidenta del Colegio de Profesores de Tierra Amarilla

La comunidad espera que la situación cambie pronto, pues en enero de este año la municipalidad entregó la administración de los colegios al Servicio Local de Educación de Atacama, dentro del proceso de desmunicipalización. Este organismo no contestó las consultas de La Tercera sobre la situación en que está la educación de la comuna.

La investigación de la Contraloría culminó en un amplio sumario administrativo, al que accedió La Tercera, donde se dan cuenta de algunas de las irregularidades que hoy están en investigación de la Fiscalía.

Por ejemplo, el exjefe de la DAEM, Alan Alquinta, quien en el sumario fue absuelto, relató que en junio de 2017 solicitó al Consejo Municipal un aumento de presupuesto de $ 100 millones para pagar las deudas que arrastraban. La petición fue aprobada y los fondos fueron entregados el 14 de julio de ese año.

Pero a los minutos de hacer el deposito, estos fueron girados y devueltos a una cuenta de fondos ordinarios de la municipalidad, por la encargada de finanzas de la DAEM, Francisca Zuleta. Según relató ella, lo hizo luego de recibir un llamado telefónico de Jaime Bahamondes, administrador municipal, quien le dijo que el dinero había sido transferido por error a la DAEM.

El sumario de la Contraloría sancionó a Zuleta, y también a Luis Gajardo, administrador de finanzas de la municipalidad; Roxana Guerra, encargada de la Oficina de Intermediación Laboral; y a Nelson Vieytes, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, por ser los encargados de cuidar las subvenciones y responsables de los giros realizados.

Pero el caso de Tierra Amarilla no es único. El CDE mantiene otras causas penales vigentes, aunque no tan escandalosas, por dineros cuyo uso no se ha justificado. En Arica, $ 9.068 millones de la SEP no han sido justificados; en La Florida falta justificar $ 2.224 millones del FAEP; y en Linares hay $ 1.798 millones de la SEP sin acreditar.

Adicionalmente, el CDE mantiene otras 25 causas civiles vigentes, también por irregularidades con las subvenciones, que suman $ 1.748 millones.

Los casos de irregularidades con subvenciones escolares también están en conocimiento de la Superintendencia de Educación, organismo encargado de velar por el buen uso de estos dineros, a través del proceso de rendición de cuentas que deben hacer los sostenedores.

En el último tiempo, la superintendencia ha detectado cinco casos de anomalías que podrían constituir delitos, y que derivó al Ministerio Público para su investigación. El más reciente de ellos es el de San Bernardo, por hechos ocurridos en el período de la exalcaldesa y hoy diputada Nora Cuevas (UDI).

Según la superintendencia, los problemas vienen ocurriendo desde 2015, cuando la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo no acreditó el uso de $ 10.711 millones, lo que le valió una multa del 5% de la subvención durante cuatro meses.

El desajuste volvió a ocurrir en 2016, con $ 13.598 millones sin acreditar; en 2017, con $ 17.139 millones sin justificar; y en 2018, con $ 15.806 millones sin hallar. Todo este desorden le costó a la corporación multas de 6%, 9% y 10% en las subvenciones de cada año, respectivamente.

En 2019, el saldo no acreditado ascendía a $ 10.560 millones, por lo que hay otra multa en curso, pero además la superintendencia que en dicha rendición de gastos se habían rendido también gastos de años anteriores, lo que va contra la normativa.

Debido a estos incumplimientos reiterados, donde “se ven involucrados montos elevados de subvención que no se encuentran en las cuentas bancarias”, dice el organismo, es que los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público. Respecto a la rendición de gastos 2020, ya se contabilizan $ 10.022 millones desaparecidos.

“Esto es un secreto a voces que hemos ido denunciando año tras año. De hecho, hace unos años hubo algunas escuelas que no recibieron los dineros de la SEP, por la mala gestión administrativa”, cuenta Jenny Cano, presidenta del Colegio de Profesores de San Bernardo.

Una situación similar enfrenta la Corporación Municipal de San Fernando, caso que ha aparecido en los medios debido a las reiteradas faltas que se han cometido: la Superintendencia de Educación la ha fiscalizado 218 veces entre 2017 y 2020, aplicando 36 sanciones, que van desde multas hasta la inhabilitación del sostenedor.

Otra comuna complicada es la de Recoleta, donde la superintendencia detectó que los montos no acreditados eran mucho mayores a los que informaba la municipalidad. Por ejemplo, en la rendición de 2014 declaró que había $ 57 millones sin justificar, pero luego se evidenció que eran $ 1.129 millones.

En los dos años siguientes, la historia se repitió, por lo que se multó al municipio por entregar información inexacta. En 2016, faltaban $ 2.739 millones de la subvención PIE, y se la SEP fueron declarados $ 3.146 millones, pero solo pudieron ser acreditados $ 495 millones.

Es decir, entre 2014 y 2017 ha habido una diferencia creciente entre los saldos que deberían estar en la cuenta corriente de la SEP de la Municipalidad de Recoleta y los que realmente tiene, lo que a juicio del organismo podría reflejar un desvío de recursos para otros fines, por lo que los antecedentes fueron entregados al fiscal nacional Jorge Abbott el 19 de noviembre de 2020.

La Superintendencia de Educación añade que, en el caso de Recoleta, se ha entregado “información no ajustada a la realidad en reiteradas oportunidades, tanto en el proceso de Rendición de Cuentas, como en el de Acreditación de Saldos, dejando de rendir más de $ 4.236 millones en el proceso de Rendición de Cuentas de recursos del año 2019”.

Uno de los casos más recientes derivados a la Fiscalía es el de Punta Arenas, municipio que está pronto a desmunicipalizar su educación: el 26 de marzo pasado la superintendencia entregó antecedentes que muestran que en la corporación de dicho municipio hay $ 331 millones sin justificar.

Pero además este monto disminuyó de un año a otro -en 2018 era de $ 1.270 millones-, lo que significa que la municipalidad debería haber reintegrado la diferencia a la cuenta corriente, y además haber ejecutado ese dinero, pero no está claro que eso haya ocurrido.

En marzo, la superintendencia también derivó al Ministerio Público el caso de Valparaíso, que es similar al de Punta Arenas: entre 2018 y 2019 el saldo no acreditado disminuyó de $ 4.582 millones a $ 2.344 millones.

Eso significa que la municipalidad debería haber reintegrado diferencia de $ 2.238 millones, y además haber ejecutado esos dineros, lo que no está claro, porque el sostenedor no respondió a la solicitud de la superintendencia de transparentar los movimientos bancarios. En la rendición de cuentas 2020, el monto no acreditado subió a $ 3.924 millones.

El municipio dirigido por Jorge Sharp ya estaba bajo el ojo de la Contraloría, organismo que el año pasado inició un juicio de cuentas por el mal uso de $ 931 millones que tenían fines educacionales.

La Superintendencia de Educación dice que en los incumplimientos de estos cinco sostenedores “involucran montos elevados de subvención que no se encuentran en las cuentas bancarias respectivas, por lo que podríamos evidenciar un posible mal uso o desvío de recursos a otros fines. Por tanto, remitimos los antecedentes al Ministerio Público, con la finalidad de que puedan investigar y tomar las medidas que la ley contemple”.