320 denuncias de apoderados: Los colegios rinden prueba

"Mamá, me duelen los ojos y estoy cansado”, le dijo su hijo de seis años tras los 20 minutos que llevaban completando una guía de lenguaje, en la que debía escribir las letras del abecedario.

Esta no era la primera queja.

Desde que Alonso dejó de ir a clases en el colegio Antimanque, de Peñaflor, sentarse a hacer las guías que le envían no había sido fácil para Martha (49). El niño cursa primero básico y todavía no aprende a leer ni escribir. Su madre dice que le cuesta concentrarse y se aburre a los pocos minutos. Los $ 20 mil semanales que gastaba en imprimir las guías no estaban surtiendo el efecto esperado. “Él aprende más rápido cuando canta, cuando ve videos en YouTube, cosas así. Si está sentado con la mente fija copiando la N con la A, no puede. Me preocupa, porque estamos en una etapa clave de su aprendizaje, no sabemos hasta cuándo va a durar esto y cuando vuelvan las clases me da miedo que se quede atrás”, dice.

Estilista de profesión, hasta antes de la pandemia Martha atendía a clientes en su casa y a domicilio. Trabajaba a honorarios, ofreciendo servicios de tintura, masajes, limpiezas faciales y manicure junto a otra colega. En un buen mes podía ganar hasta $ 700 mil, dinero con el cual, además de invertir en insumos para su trabajo, pagaba todas las cuentas de la casa y cubría los gastos de salud de sus cuatro hijos. Su marido -chef ejecutivo de una empresa de eventos- aportaba con el resto, entre ellos, la colegiatura y universidades. Pero vino la pandemia. La empresa de eventos se acogió a la Ley de Protección del Empleo y a Martha la clientela le bajó drásticamente.

Hubo que recortar gastos y partieron por los más altos: los casi $ 400 mil mensuales que gastaban en el arancel de su hija en la Universidad Santo Tomás y los $ 320 mil que pagaban por sus dos hijos en el colegio Antimanque eran los que más pesaban. Congelar la carrera de su hija hasta junio fue la primera decisión que tomaron. “Tratamos de bajar la carga financiera por estos meses críticos y tuvimos que hacerlo así, porque ya no nos quedan ahorros. Los habíamos ocupado todos para comprar el pie de nuestra casa en Peñaflor”, cuenta Martha.

Junto a su marido se acercaron al colegio para explicarles que no les estaba alcanzando para pagar la mensualidad de ambos niños. Preguntaron si se les podía hacer un descuento por los dos, o al menos una rebaja transitoria, pero en el establecimiento no existía esa alternativa. “No nos quedó otra opción que retirar a Alonso”, cuenta Martha.

Tuvieron que decidir entre él y su hijo que cursa segundo medio, quien estaba teniendo clases todos los días y avanzaba bien con sus estudios. Sacarlo a él podía ser más dañino, pensaron. Estaba en una situación muy distinta a la de Alonso, quien hasta la primera semana de abril solo tenía guías impresas separadas por unidad según la semana que tocaba, pero ninguna clase online. A Martha se le hacía más fácil enseñarle a leer y escribir con métodos más didácticos, como hacer las letras con goma eva, jugar y apoyarse en los libros que ya había comprado a principios de año. “Todo lo hicimos con mucha angustia y rabia de no poder solventar la educación de nuestros hijos. Pero rabia y pena también de no haber recibido el apoyo”, comenta Martha.

El 16 de marzo fue la fecha en que se suspendieron las clases de todos los escolares del país a causa del Covid-19. La situación abrió el debate sobre los cobros de las mensualidades tanto en colegios particulares pagados como subvencionados. El puntapié lo dio el Colegio George Chaytor de Temuco, cuando el 14 de abril sus apoderados -ante la negativa del colegio de rebajar $ 50 mil a la mensualidad, o posponer el cobro durante dos meses y volver a pagar en enero- presentaron un recurso de protección en contra del establecimiento por no estar prestando los servicios que fueron contratados. De inmediato, la Corte de Apelaciones de Temuco lo declaró admisible y ordenó la suspensión del cobro a todos los apoderados del colegio particular. “Más allá de la calidad de los contenidos, es un problema que hay en la administración del colegio. Nosotros no es que queramos no pagar mensualidad, solo queremos que nos hagan ese descuento, porque hay papás que pueden pagar todo y esos $ 50 mil pueden donarlo para quienes no tienen”, afirma un apoderado del establecimiento.

Pero este no fue el único lugar en donde los padres han reclamado. Según datos del Sernac, de los 2.870 reclamos que ha habido relacionados con educación desde que llegó la pandemia, los colegios concentran el 10,4% (300 aproximadamente) de ellos. Estas denuncias provienen de apoderados de 133 establecimientos a lo largo del país, en donde apuntan principalmente a congelamientos o rebajas en los aranceles, considerando que los niños no están asistiendo a clases presenciales.

A la Superintendencia de Educación también han llegado reclamos. “A la fecha hemos recibido 19 denuncias relacionadas con cobros de mensualidades en establecimientos educacionales, referidos a que no estarían cumpliendo con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas”, asegura el superintendente Cristián O’Ryan. De estas, 12 provienen de establecimientos particulares subvencionados y siete de particulares pagados.

Esta sería la vía adecuada para exigir que la calidad y entrega de contenidos se esté cumpliendo. Así lo cree el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep), Hernán Herrera. Pero en cuanto a los cobros, si bien entienden que la situación económica de los apoderados puede verse afectada, y con ello también el pago de la educación de sus hijos, estima que la solución debiera tomarse a nivel interno, de manera de buscar una salida pactada.

“No son los tribunales, sino las entidades educativas las que deben juzgar si es que efectivamente el colegio ha entregado lo mínimo que corresponde. (...) Se debería recurrir a una instancia distinta, no a una instancia de ‘yo no te voy a pagar porque simplemente no estás entregándome lo que yo te contraté’”, afirma Herrera.

Pero ¿tienen los colegios particulares pagados y subvencionados las espaldas para sobrevivir sin el pago de esta mensualidad? “No pagar los aranceles pone en peligro a toda la comunidad completa, es una solución muy cortoplacista”, asegura Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP). Esta es una interrogante que a Herrera le preocupa, pues la gran mayoría de los colegios no tendría capacidad para sobrevivir. “Los colegios en que los padres no concurren con el pago no son capaces de existir financieramente más de dos o tres meses”, advierte.

Ricardo Salinas, presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios Fide, está consciente de la situación. Considera que en tiempos extraordinarios como este, debe existir comprensión por ambos lados. “Con los colegios se debe relacionar la familia como siempre lo han hecho y los sostenedores hacer lo posible por colaborar con los padres que hoy están sufriendo por salud o cesantía, y eso finalmente es lo que nos hará más fuertes como comunidad”, afirma.

Pero en tiempos de crisis, la comunicación para otros se hace difícil. Así le ocurrió a Juan Marín, quien tiene a sus mellizos en segundo básico en el Boston College de Alto Macul, donde paga una mensualidad de $ 235 mil por cada uno. Tras perder su emprendimiento de cervezas a causa del estallido social de octubre, hoy viven con el sueldo que gana su esposa como académica en la Universidad Finis Terrae, pero no les alcanza para cubrir todos sus gastos. Si bien el colegio hizo una rebaja del 15% al cobro de abril -como respuesta ante la solicitud de un grupo de apoderados que pedía pagar la mitad-, en mayo se retomó el precio normal y para Juan las clases que están recibiendo sus niños no son lo que esperaba.

“Desde que se suspendieron las clases, los niños no habían tenido una sola clase online hasta el martes pasado, que fue la primera. Solamente se limitaron a enviar algunas guías y trabajos que debían desarrollar con los papás. (…)No están dando ni el 20 % del aprendizaje que uno esperaría”, comenta Marín.

A tal punto llegó la situación, que en los correos que envió, pidió sacar a sus hijos del establecimiento. Sin embargo, estos nunca fueron respondidos hasta el último, en donde señalaba que daría orden de no pago a los cheques restantes. Ahora solo le queda esperar la hora que le dieron para dos semanas más, donde podrá resolver su situación. “Hay muchos apoderados que han retirado a sus hijos por la indignación de la situación y la poca proactividad de entregar un servicio de mediana calidad y no estar dispuesto a ceder algo de la mensualidad. Creo que lo correcto es que el colegio hubiese tenido una mesa conjunta con representantes de los apoderados en pos de tener un acuerdo en lo económico, pero el colegio se ha negado a ello”, añade Marín.

Al igual que Alonso, Aylin, de seis años, cursa primero básico en el colegio particular subvencionado Josefino Santísima Trinidad de Providencia. Sus papás se sienten orgullosos de estar ahí, ya que no fue fácil entrar. Hace tres años, el día antes de que se iniciaran las postulaciones, hubo que hacer fila con los demás apoderados para poder tener un número que serviría para optar a un cupo de postulación; solo había 50 y era por orden de llegada. Desde las 14.00 hasta las 8.00 am del otro día esperaron para poder entrar e iniciar el proceso. Linda Chacón recuerda que estuvo toda esa tarde de pie, para luego hacer cambio de turno con su marido, Rodrigo Godoy, quien pasaría la noche con frazadas, bebestibles y comida junto a los otros padres. Todavía mantienen amistades de esa noche. Algunos no lograron obtener un cupo, pero la hija de Linda y Rodrigo sí.

Hoy les frustra no recibir la misma calidad de educación, sobre todo cuando su situación económica se ha agravado con la pandemia. Los $ 120 mil que pagan mensualmente son parte de los gastos que cubren con ahorros y la tarjeta de crédito. Linda es asesora de imagen, pero estos días se ha reinventado vendiendo ropa online, y Rodrigo es dentista, por lo que atiende solo emergencias. “Hay un legítimo sentir de que existe un compromiso económico por un servicio que no es el pactado. Se entiende la contingencia, pero el sistema de educación actual está muy improvisado. No existe mucha forma de evaluarlo, no se sabe cuánto durará, genera un estrés tanto al niño como a la familia y, por último, existe el temor por la incerteza de que podría ser en vano por una posible pérdida del año escolar”, dice Rodrigo Godoy.

Para la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, asistir a clases presenciales es primordial para el aprendizaje de los niños que cursan básica, como Alonso y Aylin. A esta edad, avanzar en contenidos desde la casa se hace más difícil y lo que le preocupa es el impacto que pueda tener este tiempo, ya que la evidencia demuestra la importancia que tiene el colegio para su desarrollo y nivelación de brechas. “La educación remota requiere de ciertas habilidades digitales, de autonomía y madurez para el autoaprendizaje, lo que en niños de menor edad es más difícil. Lo anterior es sumamente complejo para los padres, quienes deben trabajar y al mismo tiempo ser profesores”.

Los padres de Aylin se organizaron y tienen horarios establecidos para hacer las tareas y mantener el aprendizaje de su hija al día. Sin embargo, saben que hay apoderados de su curso que con el trabajo se vuelve imposible avanzar. “Hay papás que tienen otra realidad, hay una mamá en el curso que trabaja todo el día conectada al único computador que tiene en su casa y está muy complicada. Hasta ahora no ha hecho nada de las tareas, porque no le da el tiempo para hacerlo”, cuenta Linda.

Además del apoyo de los padres, para Vergara un mínimo esperable sería que junto con las guías a completar, el colegio entregara actividades que desarrollen habilidades socioemocionales y físicas. “Es necesario hacer una adecuación de la enseñanza para dar continuidad al proceso de aprendizaje desde la casa: priorizar el currículo, realizar actividades que sean más didácticas, permitir el autoaprendizaje o que participen en actividades varios miembros de la familia”, dice.

Sin embargo, para Hernán Herrera es complejo. “Por muy potente que resulte la información docente hacia el alumno, es muy difícil que estos, en sus primeros años de educación, sean capaces de aprender solos. El apoyo de los docentes es fundamental, y ello se dificulta mucho a distancia. Por eso es tan difícil establecer en ellos un mínimo”.

Con todo, para los expertos es inminente pensar en un pronto regreso a clases, y que sean los niños de esta edad quienes primero puedan volver, de manera de minimizar el daño que podría significar en su desarrollo socio-cognitivo, que sería muy difícil de reparar.

Consciente de eso, Martha está intentando reinventarse junto a su marido para volver a ingresar a Alonso en su colegio, en donde al menos les prometieron que tendría cupo. Han pensado en vender platos preparados a domicilio para solventar los gastos. Así, si les va bien, podrán finalmente retomar algunos gastos que tuvieron que recortar, como los planes de internet de sus celulares o la suspensión del pago de su dividendo. Pero lo más importante, la educación de sus hijos.

Aclaración de noticia del 9 de mayo de 2020 titulada “320 denuncias de apoderados: Los colegios rinden prueba”