50 años: las víctimas en dictadura georreferenciadas

En menos de un mes el país conmemorará uno de los hitos más difíciles y complejos de su historia reciente: los 50 años del Golpe de Estado. Miles de personas fueron víctimas de la violencia política que se vivió durante casi dos décadas y más de tres mil de ellas fueron ejecutadas sin que se tenga certeza de su paradero, como es el caso de los desaparecidos.

En este contexto nace “Chile Visualizado: el mapa de las víctimas en dictadura”, una iniciativa de Unholster –en alianza con La Tercera– que busca generar memoria y darles visibilidad a estos casos, georreferenciándolos en un mapa de Chile y contextualizando lo que ocurrió entre 1973 y 1990. Esto, a partir de los relatos recogidos y publicados por las Comisiones de Verdad.

Según cuenta el director de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus, “el proyecto nace a propósito de nuestra cruzada de tratar de ayudar -con datos- a entender lo que está pasando y lo que pasó. Después de hacer DecideChile y Chile en 30 años nos pusimos a pensar en cómo podíamos aportar a la discusión que se iba a generar a propósito de los 50 años del Golpe militar. Y motivados por un mapa que hizo The Economist sobre las víctimas del Holocausto, pensamos en hacer un ejercicio similar para poder sociabilizar esta información a más personas, ayudar a entender qué es lo que pasó, cómo pasó, e interactuar con los relatos de las víctimas”.

Huneeus explica que principalmente se extrajeron los casos desde el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (más conocido como Informe Rettig, 1991), creando una base de datos con los principales elementos de información –nombre, género, edad, fecha y lugar de desaparición o fallecimiento, militancia, victimario y el relato de lo sucedido–, para luego agregar o corregir casos de acuerdo a los informes posteriores de Verdad y actualizarlos con información del archivo digital Memoria Viva. Así, en total se contabilizaron 3.216 casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.

Esta información –dice– “la plasmamos en el mapa y hacemos algunos análisis para que las personas puedan entender qué es lo que sucedió y las situaciones en las que estaban las víctimas. Nosotros no agregamos ninguna información adicional, pero lo que hacemos es geolocalizar en el mapa el último lugar donde sabemos que estuvo la persona de acuerdo al relato de los informes”.

“Obviamente, no pudimos geolocalizar a todas las víctimas, y esa fue una de las dificultades que tuvimos, porque en algunos casos no hay información suficiente en el relato. Por ejemplo, se indica que la persona falleció en la vía pública, pero no sabemos en qué calle o en qué comuna ocurrió. Eso también está consignado en el mapa”, agrega.

Los casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos están representados en el mapa por puntos que, al hacer clic en ellos despliegan el relato de los eventos. La plataforma también permite filtrar la información de los casos por variables como género, edad, año, militancia política y victimarios. Además, se identifica la localización de 54 memoriales a nivel nacional.

El director de Data Science de Unholster afirma que este ejercicio también da con puntos que evidencian cómo se fue desarrollando este periodo de la historia del país, por ejemplo, en cuanto a los lugares que fueron los principales focos de violencia política.

En ese sentido, la mayor cantidad de casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos se registraron en la Región Metropolitana: 1.942 víctimas (60% del total, casi 2/3 del total). Para tener en cuenta, durante la década del 70, un tercio de la población total de Chile (36%) habitaba en la capital, una cifra que aumentó levemente (a 38%) en la década de los 80.

Pese a esto, Huneeus recalca que también hubo focos en distintas partes del país: “Efectivamente, gran parte de los casos se concentraron en la RM, que es donde se encontraba y centralizaba gran parte de la actividad política. Pero hay casos también fuera de Chile y en otras regiones: en la V Región se registraron 157 casos; en el Biobío, 226. El norte del país también vivió casos emblemáticos, como la Caravana de la Muerte. Y, además, si bien los principales centros de detención estaban acá, en Santiago, hubo también en lugares como Magallanes, en la Isla Dawson”.

Por otra parte, este ejercicio también evidencia que más de la mitad de los casos se concentraron en los últimos cuatro meses de 1973. En concreto, los informes dan cuenta de 1.832 casos entre septiembre y diciembre de ese año, es decir, un 57% del total.

La cifra va disminuyendo entre 1974 y 1976 (421 y 167 víctimas, respectivamente), mientras que al año siguiente (1977) los casos fueron 44. Entre 1978 y 1982, en tanto, los casos por año no sobrepasaron los 45.

Sin embargo, en 1983 -cuando comienzan las jornadas de protesta a nivel nacional- se ve un aumento en el número de personas fallecidas (93 durante ese año). Así lo remarca también Huneeus: “En agosto [mes en que se convocó a la cuarta jornada de manifestaciones] hubo 30 casos y, para comparar, en julio hubo cuatro. Hay efectivamente un aumento”. Desde el 83, el número de ejecutados se mantuvo sobre los 50 hasta 1986, pero casi no se registraron más casos de detenidos desaparecidos durante ese periodo.

Otra de las variables que incluye el análisis corresponde a los victimarios. De acuerdo a las cifras, en casi un 27% de los casos -el porcentaje más alto-, se identificó a un funcionario de Carabineros como victimario (860 casos) en comparación a un 18% vinculado a las Fuerzas Armadas (588).

Pero “hay un grupo importante (545 casos de víctimas, un 17%) sobre los cuales no sabemos quién es el victimario. A partir de la información que extraemos del relato, a veces aparece especificado el nombre del victimario, pero otras veces es confuso y, por lo tanto, es difícil determinarlo”.

Huneeus también menciona que “otro hecho que fue sorprendente ver en los números es que las personas ejecutadas o detenidas desaparecidas son mayoritariamente hombres”. Y es que, según los datos, las mujeres representan menos del 10% del total de casos (201). “Una explicación para eso podría ser que si uno mira hacia el momento en el que se desarrollaron los hechos, muy pocas mujeres estaban involucradas en la ‘primera línea’ de la política”.

Por último, respecto de la edad de las personas fallecidas o detenidas desaparecidas, las cifras revelan que más de la mitad de las víctimas (un 54%) tenía entre 18 y 29 años, y que un 6% eran menores de 18 años.

“Creemos que entre más gente conozca esta información y podamos hablar de lo que sucedió basado en datos, mejor va a ser en la conversación en torno a un periodo tan difícil en la historia de Chile. Cada uno podrá hacer sus propias conclusiones sobre las circunstancias, pero queremos aportar con este análisis de lo que ocurrió”, concluye Huneeus.