Alerta frenteamplista: la frustración por el desenlace de sus “reformas transformadoras”

El último sábado de noviembre y en la sede del Congreso en Santiago fue el día y lugar escogidos para realizar la primera sesión presencial del comité central del Frente Amplio (FA). Pocos minutos antes de las 9.40 empezaron a llegar los integrantes del órgano colegiado más relevante del partido.

De un total de 102 miembros, ese sábado -el primer día de sesión- asistieron 95 frenteamplistas y 10 integrantes de la mesa directiva. Como militantes no miembros de la instancia llegaron las diputadas Lorena Fríes y Carolina Tello, 19 oyentes e incluso el comité central contó con la ovacionada presencia de un invitado especial: el Presidente Gabriel Boric.

Los fuegos del primer plenario se abrieron con uno de los cinco puntos de la tabla: “Momento político y último periodo de gobierno”. La metodología para el debate implicó destinar tres minutos para cada uno de los asistentes con derecho a voz. Cada militante podía usarlos libremente y abordar las temáticas que quisiera. Las intervenciones abordaron diversos asuntos, pero hubo uno que acaparó parte importante de la discusión: la reforma previsional.

La explicación de que ese asunto haya ocupado buena parte de las palabras, según un integrante del órgano colegiado del FA, es porque hay mucha preocupación por “defender una línea de identidad del proyecto original del FA”. Una que dice mucho de cómo la administración Boric ha tenido que ir adecuando -y morigerando- su agenda original, y de la estela de frustración que ello ha ido dejando en sus partidarios.

Según al menos cuatro integrantes del comité central consultados para este reportaje, un consenso extendido en el FA es que el gobierno ha cedido en exceso su postura inicial respecto del proyecto que, en su origen, pretendía modificar profundamente el sistema de AFP. Esa modificación no solo era respecto de la posibilidad de cambiar la industria de las administradoras de los fondos previsionales, sino que también en la distribución del 6% de cotización adicional.

La Moneda partió con un 6% destinado a un seguro social que cumple dos objetivos: corregir la tabla de mortalidad para eliminar las diferencias entre las pensiones de mujeres y hombres, y un préstamo para mejorar lo que reciben los jubilados actuales. Luego cedió a 4% y, pese a que la ministra Jeannette Jara (PC) insiste en que el seguro social debe ser al menos de 3%, el ministro Mario Marcel podría llegar a un acuerdo en el Senado con una cifra más baja, cercana al 2%, del cual un exiguo 0,5% sería para equiparar la brecha de género.

La frustración se acrecienta por el hecho de que el FA está excluido de la negociación en el Senado, ya que no tienen presencia en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. Esa marginación de la negociación los hizo llegar el viernes de la semana pasada hasta el despacho de la ministra Jara para transmitir sus preocupaciones.

Lo que más resiente el FA es que llegaron a La Moneda con una promesa: terminar con las AFP para reemplazarlas por un nuevo sistema de seguridad social. Pero en el estado actual de las tratativas, están a años luz de ese objetivo político. Por eso algunas intervenciones -como lo fue, según testigos, la de la diputada Gael Yeomans- plantearon la molestia de que el debate esté centrado en cómo se distribuye el 6%, cuando en realidad la reforma que impulsa el gobierno debería sacar a las AFP de la industria. “Sería inaceptable que nuestro gobierno termine con una reforma de pensiones que mantenga a los mismos dueños de las AFP”, dice un integrante del comité central.

Pese a que la reforma previsional no era un punto oficial en la tabla, las intervenciones plantearon que debían existir mínimos respecto de los cuales no se puede ceder. Uno de esos, el más repetido por los militantes, tiene que ver con la reorganización de la industria de las AFP. “Sin este elemento, la reforma no toca el origen del problema”, afirma una integrante del comité central.

El FA paulatinamente ha ido demarcando una de sus líneas rojas y así quedó demostrado en el comité central con voces como la del diputado Andrés Giordano. Los frenteamplistas han transmitido que no aprobarán una reforma que no separe la industria, para que así se bajen las barreras de entrada e ingresen nuevos actores. “La reforma del gobierno debe modificar la estructura de manera de darle legitimidad al sistema”, afirma otra voz del comité central. Esa pretensión choca con el primer informe de la comisión técnica, en el cual los comisionados no llegaron a acuerdo y recomendaron no promover la separación de funciones de las AFP en un administrador de cuentas y gestores de inversiones.

Las mismas fuentes aseguran que ningún integrante del órgano colegiado del FA sugirió que la bancada de parlamentarios, en caso de que no se satisfagan los mínimos necesarios de la reforma, debía rechazar el proyecto, pero sí se expuso una preocupación aún más profunda. Pese a eso, son varios los que creen que si el acuerdo desdibuja sustantivamente el proyecto original, la decisión que tome la bancada debería zanjarse en el comité central.

Los frenteamplistas creen que la derecha ha sido muy hábil en no ceder en sus planteamientos y que han puesto “excusas” para no intervenir el sistema de pensiones, como por ejemplo, evadiendo las exigencias de solidaridad debido a la existencia de la PGU, la que se financia con impuestos generales.

Por eso, la pregunta que se instaló en el comité central apuntó a qué pasaba en caso de que el acuerdo genere como resultado que se cierre el ciclo para intervenir el sistema de las AFP. Algunas intervenciones, de hecho, planteaban que si no se tocaba la industria, en 2026, cuando haya un nuevo gobierno y se renueve el Congreso, el acuerdo alcanzado durante la administración de Boric no debería impedir que se vuelva a abrir la discusión.

Sobre ese punto, se hizo el símil con el debate constitucional. El gobierno y el FA presionaron para que ocurriera el segundo proceso, pensando que era posible reemplazar la nueva Constitución, pero eso terminó confirmando el texto vigente y obligando al FA a comprometerse -al menos en el corto y mediano plazo- a no reactivar el debate constitucional. “Con este acuerdo, en el estado actual, lo que se está haciendo es consolidar el sistema de las AFP, no se está reemplazando”, dice una fuente del comité central.

Ese mismo dilema es resumido de la siguiente manera por otro integrante de la instancia: “No se puede permitir que avalemos una reforma que se ha esperado durante más de 12 años y que termine en una ley que agote la necesidad de reforma sin transformar realmente el sistema. Es decir, que el tema se agote logrando algo que no cambia nada sustancialmente”.

En medio de esta discusión es que surgió el mandato del comité central para que la directiva reactive la presión social por la reforma previsional y eso derivó en el llamado que hizo el FA a un volanteo que ocurrió el jueves de esta semana en distintas capitales regionales del país.

La idea de volver a movilizarse también estuvo motivada por la propaganda que ha asumido la Asociación de AFP que, en palabras del FA, han calificado como una “campaña del terror”. La decisión táctica fue avalada por La Moneda y el asunto no causó extrañeza, ya que el comité central contó con la presencia de varias autoridades de gobierno, como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales; la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos; el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo; el jefe de la División de Coordinación Interministerial de la Segpres, Rodrigo Echecopar, o el director de la División de Organizaciones Sociales de la Segegob, Ignacio Achurra. Incluso, en la directiva la jugada fue bien evaluada, ya que les permitió pasar a la ofensiva y “disputarle la cancha a la derecha”.

La inquietud en el FA por la articulación con los movimientos sociales viene de antes y esto también responde a cierta frustración que abunda en el partido. El que mejor lo ha dicho ha sido el diputado Gonzalo Winter, quien en junio, en un seminario realizado por la Fundación Casa Común, hizo una dura autocrítica sobre el que se supone era uno de los objetivos originales del FA. “La idea de un partido como herramienta de los movimientos sociales es oficialmente un fracaso. Eso no ocurrió”, dijo Winter.

A eso se suma la reflexión que han hecho otros militantes respecto de que el sector ha ido perdiendo su capacidad de incidir con fuerza en el debate de las ideas, por el peso de lo que ha significado ser parte de la administración del Estado y los cambios generados en el partido por lo que ellos llaman “el acceso al poder institucional”.

En el FA hay un asunto que se repite como un mantra. Cuando se les pregunta por las pocas reformas estructurales conseguidas en estos casi tres años de gobierno, los militantes responden de inmediato con una lista de la que, pese a las adversidades, se sienten orgullosos. Sueldo mínimo de $ 500 mil, ley integral contra la violencia hacia las mujeres, copago cero, estrategia nacional del litio, royalty minero, conciliación entre la vida familiar y laboral, 40 horas y pago efectivo de pensiones de alimentos son parte de los logros que se suelen mencionar.

Sin embargo detrás de todos esos objetivos cumplidos se han ido acumulando varias decepciones, las que se vinculan con un deseo de que el ritmo de los procesos de cambio del primer gobierno frenteamplista hayan sido más rápidos. Un miembro del comité central lo plantea así: el partido del Presidente está frustrado por el destino de las reformas y empezando a asimilar que esta administración no pasará a la historia por su ímpetu transformador. De hecho en el Comité Central, cuando se hablaba de los riesgos que se observaban en la negociación de la reforma previsional, más de algún militante comentó que el partido no podía repetir el mismo error que se cometió en la ley corte de isapres.

El FA llegó al poder prometiendo el fin de las isapres para pasar a un Fondo Único de Salud, pero terminó aprobando, bajo presión, una ley corta para que no cayeran las aseguradoras privadas. Junto con eso permitió que la devolución de los excesos cobrados a sus afiliados fuera en un máximo de 156 cuotas. Cuando se tuvo que hacer efectiva la devolución y quedó en evidencia la flexibilidad concedida para devolver la plata con un tope de 13 años, nadie se quiso hacer cargo y la izquierda con la derecha se sumergieron en un mar de dimes y diretes.

Los más autoflagelantes del FA, dicen, no dejan de lado algunos de los elementos externos que han provocado la adecuación de los objetivos iniciales de los frenteamplistas. Entre ellos destacan, sobre todo, la minoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso y el traumático triunfo del Rechazo en 2022. Pero en el último comité central también se quiso lanzar dardos a sus socios de la alianza con una crítica a las “diferencias que se han identificado al interior de la propia coalición de gobierno, siendo una de las más claras el manejo de la política fiscal”. Un golpe directo al ministro de Hacienda y exmilitante socialista, Mario Marcel.

El derrotero que se vivió con la ley corta de isapres también se ha repetido en varios otros asuntos. Pasó con la reforma tributaria, en donde Marcel incluso no ha “descartado de plano” la petición del empresariado por reducir el impuesto corporativo al 23%. En educación han sido fuertemente cuestionados en el fortalecimiento a la educación pública -asumiendo un frenazo a los traspasos de colegios municipales a los SLEP- y resignándose a sepultar el deseo de condonar las deudas educativas a cambio de impulsar el fin del CAE con el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). En seguridad ha ocurrido algo similar y han tenido que aprobar ininterrumpidamente el estado de emergencia en la Macrozona Sur y normativas que no les han gustado, como la Ley Nain-Retamal.

En el último comité central parte de esa sensación quedó plasmada en las conclusiones. Por eso, comentan en el FA, hubo interés en consignar que el partido no tiene intenciones de “ceder ante el pragmatismo” y mantendrá “firme el timón” para “profundizar su vocación transformadora”. Todo eso, sin dejar de lado que el objetivo de la colectividad es “superar el neoliberalismo”, una meta que no se limita solo al Ejecutivo, “sino que lo desborda”, ya que, afirman, no van a renunciar a su “capacidad de agencia y a la disputa de incidencia” dentro del gobierno.