Argentina: El histórico conflicto mapuche marca la campaña electoral

En el Censo 2010, casi un millón de argentinos -955.032- se definían como parte de uno de los 36 pueblos indígenas reconocidos en el país. De ellos, las comunidades mapuches representan el mayor grupo con presencia en la Patagonia.

Durante este mes, tres ataques incendiarios y el despliegue de fuerzas federales han tenido a la provincia de Río Negro como protagonista. En esta zona, los mapuches exigen el retorno de tierras ancestrales, hoy en manos del Estado o privados tras el desplazamiento indígena obligado en el siglo XIX. A más de 1.700 km de distancia, los hechos han marcado la agenda política en Buenos Aires. A solo dos semanas para las elecciones legislativas, el conflicto mapuche se transformó en uno de los temas de campaña que podrían definir el resultado.

Hace cuatro años, bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por Facundo Jones Huala -preso desde 2018 en Chile-, avanzó en ocupaciones de terrenos pertenecientes al empresario italiano Carlo Benetton, lo que conllevó a varios desalojos por la fuerza contra comuneros. En 1991, la familia europea compró la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), con la que consiguió adquirir 900 mil hectáreas patagónicas, donde crían ovejas para luego comercializar su lana.

La disputa por los cientos de parcelas, en conjunto con las demandas de libre determinación y autonomía, desencadenó enfrentamientos con desenlaces fatales. Como en 2017, con la desaparición de Santiago Maldonado, de 28 años, tras un procedimiento policial en una manifestación de la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen, ubicada en el noroeste de la provincia de Chubut. Su cuerpo fue hallado en un río 78 días después. A fines de ese año, la toma que mutó a un campamento en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, dejó una segunda víctima fatal, Rafael Nahuel, de 22 años, quien recibió una bala calibre 9 mm, como la que utiliza la prefectura en sus armas.

Además de larga lista de compromisos internacionales adquiridos por el gobierno argentino, como el Convenio 169 de la OIT, la reforma constitucional de 1994 reconoce la ley de propiedad comunitaria indígena. Y desde 2006 está vigente la Ley 26.160 -también conocida como Ley de Tierras-, que “obliga a Estados nacionales y provinciales a hacer un relevamiento de las comunidades originarias, las tierras que habitan, su relación histórica”, para luego avanzar a la entrega de “títulos de propiedad originaria”. Pese a ello, ninguna mediación ha logrado zanjar el conflicto, que se ha visto reavivado este mes.

Tres incendios con consignas mapuches han afectado a Río Negro este mes: una oficina de información turística y el Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, y un puesto de Vialidad en Bariloche. Los ataques, dos de los cuales fueron reivindicados por la RAM y condenados por la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora de Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro y otras organizaciones, derivaron en una solicitud de la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, para que se investiguen los hechos como “delito de terrorismo”, al tiempo que pidió al Presidente Alberto Fernández desplegar fuerzas federales ante las protestas por mayor seguridad.

Los mapuches, que justifican sus acciones en el marco de un proceso de recuperación de territorios ancestrales y defensa de los recursos naturales para evitar la llegada de mineras o hidroeléctricas, han terminado enfrentando una serie de causas en tribunales. Si bien en algunos casos han tenido éxito, logrando la devolución de tierras a sus familias, generalmente se ven afectados por la falta de documentos que acrediten su potestad sobre las tierras de las que fueron expulsados durante la denominada Campaña del Desierto, que entre 1833 y 1834 dejó más de 3.000 indígenas muertos, según el exgobernador Juan Manuel de Rosas, quien lideró la expedición militar.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene constancia de casi 30 procesos legales abiertos contra comuneros. Hasta 2019, de más de dos mil comunidades indígenas en todo el país, solo 100 tenían título de propiedad comunitaria. En Río Negro -provincia en que el empresario británico Joe Lewis tiene alrededor de 11 mil hectáreas entre El Bolsón y Bariloche- ningún grupo mapuche tiene títulos de dominio, según la prensa local.

Esta semana, la Administración de Parques Nacionales, después de no fructificar una audiencia de conciliación, optó por respaldar a la fiscalía para elevar a juicio la causa por usurpación de predios estatales por parte de miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Según el diario Clarín, en medio del descontento crece fuerte el sentimiento antimapuche. “Indios al ataque. Son los nuevos terroristas, incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina”, decía la publicidad con la que el periodista Jorge Lanata promocionaba su programa de TV y que encendió las redes sociales por su tratamiento del conflicto indígena en la Patagonia.

De cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, la coalición oficialista Frente de Todos tiene la tarea de revertir la derrota sufrida en las primarias de septiembre frente al bloque opositor de Juntos por el Cambio. Y el tema del conflicto mapuche se toma la campaña.

“El tema mapuche se integra a la dinámica de ‘grieta’, más aún en el contexto electoral. El recuerdo de los casos de Maldonado y Nahuel, señalados por un segmento importante del electorado como víctimas de la represión macrista, está vivo y tal vez explique la ambivalente respuesta del gobierno argentino, que envía refuerzos al tiempo que se desliga de responsabilidades sobre el control del orden”, señala a La Tercera la analista política y directora de la encuestadora Tres Punto Zero, Shila Vilker. “Es posible que la reacción del Presidente Fernández complique la reversión de resultados, en particular en la provincia de Chubut, donde el oficialismo pone en juego dos senadores. Lo más insólito es que el peronismo pierda el Senado”, advierte.

“Los estudios demuestran que el 48% de la población argentina posee sangre indígena, desde ya en distintos porcentajes”, señaló el politólogo e historiador argentino Rosendo Fraga en una reciente columna en Infobae. En conversación con este portal, el experto señaló que “el gobierno asumió una actitud dialoguista frente al conflicto mapuche, queriendo eludir los costos de la represión. Pero la sociedad tiene una posición contraria a las usurpaciones que realiza una mayoría de ellos. En las tres provincias afectadas por este conflicto (Neuquén, Río Negro y Chubut), el gobierno volverá a perder, como sucedió en las primarias. A consecuencia de la derrota en esta última provincia, puede perder incluso la mayoría en el Senado”, vaticinó Fraga.