Caso Hermosilla: ¿el fin de la vieja escuela penalista?

Hace 11 años, en noviembre de 2012 y sentado en un estudio de CNN Chile, Luis Hermosilla Osorio daba sus primeras definiciones sobre cómo abordaría, en calidad de asesor del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), la crisis generada por el llamado ”caso sobreprecios”. “Mi obligación profesional, como querellante, es ayudar al Ministerio Público a establecer la verdad de lo que aquí ocurrió”, dijo el abogado.

La denuncia, que había sido publicada por Ciper Chile, señalaba que el Ministerio del Interior había adquirido tecnología para la detección de drogas en la frontera norte con un 400% de sobreprecio. Pero lo más grave, era una serie de correos electrónicos que mostraban una relación de amistad entre Alfredo Giacoman, dueño de la empresa beneficiada, y uno de los evaluadores técnicos de la licitación. “Te comento que tengo como un 8% de las ventas en comisiones”, señalaba uno de los correos.

Por ello, el mensaje de Hermosilla en la entrevista fue claro y directo: “Salvo que me digan que el mail es falsificado, lo que está diciendo claramente la persona que firma ese mail es que está en contacto con la comisión y que al mismo tiempo tiene unos ‘amigos’ que le están ayudando y le están intermediando (...), es decir, están confesando, están reconociendo el proceder más oscuro que uno puede tener en esta materia”.

Hoy, 11 años más tarde, y enfrentado a una investigación por posible soborno a funcionarios del SII y la CMF, sus palabras suenan como una inesperada premonición. Tras la revelación del audio de la reunión que sostuvo en junio pasado con su cliente, el empresario y dueño de Factop y STF Capital, Daniel Sauer, y con la abogada Leonarda Villalobos, los ojos del mundo político y jurídico se posaron sobre Hermosilla y su particular forma de “litigar”, que lo convirtieron, de manera transversal, en uno de los juristas favoritos de las élites.

“Cuando yo y Lucho empezamos a ejercer estas prácticas eran bastante corrientes”, dijo al día siguiente su exsocio y exministro de Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Isidro Solís. Una referencia a lo que en el mundo de los abogados llaman la “vieja escuela”, un estilo de ejercer la profesión que se forjó al alero del secreto de sumario del antiguo sistema de justicia.

“Entre las prácticas del sistema antiguo se encontraban, por ejemplo, los denominados “alegatos de pasillo”, en los que un abogado bien conectado podía intentar influir en un juez, sin presencia de la contraparte”, relata el penalista Jorge Bofill. Esa influencia, recuerda la abogada Catherine Lathrop, “uno la graficaría en el acercamiento con las comidas y las fiestas entre los actuarios y los jueces con los abogados, una vida social más permeable y más nutrida, que de alguna manera permitía a algunos hacerse de información que las reglas del juego decían que no se podía conocer”.

Para las generaciones más jóvenes de juristas dedicados al tema penal, la reforma procesal instaurada a partir del año 2006 “obligó a las nuevas generaciones de jueces penales, fiscales y penalistas a sofisticar sus conocimientos de derecho penal y procesal penal, ya que el lobby y alegatos de pasillo dejaron de ser las herramientas habituales y las formas de ganar un juicio”, asegura Gonzalo García Palominos, profesor de la Universidad de los Andes.

Por lo mismo, en muchos de ellos, hoy existe un sentimiento de molestia y decepción ante lo descubierto en los audios. “La Reforma Procesal Penal significó una promesa de cambio, porque entre las muchas virtudes que presentaba, ofrecía una promesa de superar las opacidades del antiguo sistema de persecución penal. Los hechos que se han conocido públicamente ponen dudas acerca de si el sistema ha podido cumplir la promesa que hizo”, relata el penalista Cristian Muga.

Luis Hermosilla es un cliente habitual del restaurante Aligot, ubicado a unas cuadras de su oficina, en la calle Alonso de Córdova, en Vitacura. Su carta de sencilla comida francesa y variedad de vinos era el espacio ideal para almorzar, comer y conversar con altos ejecutivos, empresarios, políticos y compañeros de profesión.

Quienes conocen a Hermosilla señalan que su gusto por las tertulias, encanto y habilidades sociales son parte de las cualidades que lo catapultaron como uno de los penalistas más importantes del país. También mencionan el manejo de información, lobby y su interés por el poder y la política, todas características que marcaron a una antigua generación de penalistas.

La lista de políticos que han recurrido a sus servicios es larga y transversal: Guido Girardi (PPD), Francisco Frei (ex DC), Miguel Crispi (RD) y Rodrigo Ubilla (RN), por mencionar algunos. Pero así como su hermano Juan Pablo -su actual abogado defensor- se acercó al mundo y gobiernos de centroizquierda, Luis lo hizo a la derecha. “Muchos decían que se habían repartido el poder político”, comenta una fuente.

En el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera -especialmente en la segunda mitad, en que su amigo personal Andrés Chadwick llegó a Interior-, Hermosilla aterrizó como asesor del ministro, transformándose en uno de los abogados externos más requeridos, representando al gobierno en importantes causas.

Junto a su par penalista Juan Domingo Acosta levantó el caso de “falsos exonerados”, y luego logró la condena de Celestino Córdova, como autor del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, en La Araucanía. Luego, en 2014, cuando Michelle Bachelet volvía a La Moneda, Hermosilla junto a Chadwick y Pablo Longueira crearon una empresa de lobby empresarial. La idea era ser el símil de Imaginacción, del exministro Enrique Correa. Pero la apuesta no resultó y la sociedad se disolvió a los pocos meses.

Pero fue en la segunda administración de Piñera, en 2018, cuando el abogado prácticamente se tomó la cartera de Interior, como recuerda un inquilino de entonces. Nombró a personal de su confianza, llevándose a varios colaboradores claves de su oficina de abogados, como la jefa de la División Jurídica -que ocupó la penalista Ximena Risco- y Patricio González, quien se encargó del área de la PDI en Interior.

Paralelamente, Hermosilla asumió la defensa legal de una gran parte del gabinete por las más variadas causas. Defendió a la vocera Cecilia Pérez (RN) por una denuncia ingresada por senadores socialistas, a quienes acusó de vínculos con el narcotráfico; a la ministra de Transportes, Gloria Hutt (Evópoli), por una querella que enfrentó debido a la falta de buses públicos durante el plebiscito de entrada al proceso constitucional en 2020; al titular de Defensa, Baldo Prokurica (RN), por la querella de un exuniformado; a Enrique Paris, por causas de pandemia, y a Sebastián Sichel, por una querella interpuesta tras un ataque cibernético al BancoEstado, entre varias otras autoridades.

Aunque la cercanía con el mundo político no es necesariamente una característica de esta “vieja escuela”, sí explica la influencia que mantuvo Hermosilla. Sin embargo, el penalista comparte otro rasgo: el acceso a funcionarios judiciales o, incluso, la influencia en algunos nombramientos.

“Las prácticas antiguas son mucho lobby, mucha conversación, mucho tratar de influir e intentar influir en la designación de jueces o autoridades, para poder tener ahí también una conversación frente a situaciones que los pueden favorecer en el futuro”, relata Matías Balmaceda, penalista.

Aunque entre sus pares aseguran que hay mucho de mito, es un hecho que en el ámbito legal le reconocen a Hermosilla la influencia en algunos nombramientos. No solo porque advierten que es muy “consultado” -pues se le busca para conocer su visión u opinión de las cosas-, sino también porque sobre todo en los dos gobiernos de Piñera intentó influir, no siempre con éxito.

Entre autoridades del segundo gobierno reconocen que Hermosilla -siendo abogado de Interior en causas radicadas mayoritariamente en La Araucanía- fue muy consultado ante movimientos en la judicatura de esa región. Pero que esa ascendencia terminó cuando intentó, en 2021, influir en nombramientos de la Corte de Apelaciones de Santiago, particularmente en que no asumieran las actuales ministras Carola Brengi y Paula Merino. En ese momento, desde Justicia se le manifestó molestia a La Moneda -algunos plantean que incluso al Presidente- por las intervenciones que el abogado intentaba realizar en favor de nombres distintos a los que empujaba la cartera que entonces dirigía Hernán Larraín.

Por otra parte, a Hermosilla se le reconoce cercanía con al menos dos ministros de la Corte Suprema que tuvieron gran influencia en el máximo tribunal: Haroldo Brito y Milton Juica. Respecto de este último, el abogado tuvo un rol fundamental en alinear los votos de la derecha para que fuera electo por el Senado en 2001.

“En el sistema antiguo había prácticas de crear canales especiales de información, relaciones entre los litigantes con los funcionarios del tribunal, que te daban acceso privilegiado a información cuando no tenías derecho a ella, etc. (...), lo que generó que los abogados que ejercían penalmente a gran nivel tenían que tener algún tipo de acceso privilegiado para el litigio”, dice Mauricio Duce, académico de la UDP. Con el cambio de sistema, agrega, “ya no necesitabas tener una red de contactos para ganar un caso. Bastaba que fueras un buen abogado, que hiciera buenos alegatos para ganar. Estableció un escenario que generó un cambio radical”.

“El ministro del Interior, del gobierno que sea, quién sea la persona que esté sentada en ese escritorio, no tiene atribuciones, ni facultades, ni capacidades en términos operativos y técnicos sobre Carabineros”, dijo el 28 de noviembre de 2019 ante la Cámara de Diputados el abogado Luis Hermosilla, en defensa del exministro Chadwick.

Ese día, en una exposición de una hora y 17 minutos, Hermosilla trazó lo que sería el corazón de la tesis jurídica de las autoridades del gobierno de Piñera tras el estallido social: que tanto Chadwick, quien en ese momento era acusado constitucionalmente, como otros altos cargos, incluyendo a Piñera, no debían responder por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y los excesos cometidos por las policías.

Para Hermosilla, este no era un caso más en su carrera profesional. Si bien estaba acostumbrado a tomar juicios penales de alta connotación pública, ahora le tocaba defender en una acusación política a quien era su amigo desde la universidad. Quizás por ello, asumió de manera gratuita la representación de Chadwick, con quien compartía oficina en Vitacura hasta que los polémicos audios se hicieron públicos la semana pasada.

El del exjefe de Interior no ha sido el único caso en el que Hermosilla no ha cobrado por sus servicios. Dentro de su estilo, aseguran quienes lo conocen, el asumir casos “ad honorem”, y como consecuencia, los vínculos y cadenas de favores que ello genera, han sido muy relevantes en su éxito entre la élite.

“Una representación ad honorem o pro bono es algo que tiene que ver con quien no tiene los recursos para acceder a un abogado. Pero también están los casos en los que, al igual que los médicos que no se cobran las consultas entre ellos, los abogados generalmente no nos cobramos entre nosotros nuestras defensas”, asegura la penalista Catherine Lathrop sobre esta práctica.

Dentro de esa definición, por ejemplo, está la defensa gratuita que Hermosilla realizó en septiembre de 2020 a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso. En ese momento, la jueza fue acusada constitucionalmente por su rol en la comisión de libertades condicionales que en 2016 le otorgó el beneficio a Hugo Bustamante, condenado a 40 años de presidio por el asesinato de la menor Ámbar Cornejo.

Desde el otro lado de la vereda política, Miguel Crispi (RD), jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, también fue parte de sus clientes “pro bono”. En este caso, gracias al vínculo de amistad entre Crispi y el hijo del abogado, Juan Cristóbal Hermosilla (ex RD), el jurista se haría cargo gratuitamente de su defensa en la investigación del Ministerio Público por su rol como jefe de la Subdere en los millonarios convenios que la Fundación ProCultura firmó con el Gore de Antofagasta.

Para el reconocido penalista Cristian Muga, la representación de figuras políticas de manera gratuita “nada tiene que ver con el trabajo pro-bono ni con los principios éticos que lo inspiran”. A juicio del jurista, “el trabajo ad honorem, o pro-bono, es muy noble. Es una forma de trabajo que busca igualar el acceso a la justicia, es decir, que abogados con experiencia y recursos tomen casos de manera gratuita bajo el mismo estándar profesional que los asuntos remunerados”.

Otros casos en los que Hermosilla ha trabajado de manera gratuita han sido los 27 años que lleva representando a la familia del asesinado senador UDI Jaime Guzmán, y en su rol como querellante en nombre de la familia dueña del Molino Grollmus de Contulmo, en la Región del Biobío, el cual fue quemado en un ataque incendiario en agosto de 2022. Esta semana le revocaron el patrocinio.

Quien va más lejos con su crítica a este tipo de prácticas es la abogada Susana Borzutzky: “Efectivamente, el pro-bono en defensa a autoridades y/o funcionarios públicos se puede interpretar como un tipo de cohecho”, afirma la profesional, porque a su juicio existe “el peligro de colocar en jaque la fe pública; es que se arma una ‘cadena de favores’, con redes de corrupción que ensucian la profesión, alteran la igualdad en el proceso penal y dañan la fe pública”.

Más allá del debate, la investigación que lleva adelante el Colegio de Abogados, del cual Hermosilla forma parte, tendrá la última palabra sobre las eventuales faltas al Código de Ética cometidas por el abogado. Para su presidente, el excontralor Ramiro Mendoza, este caso demuestra la necesidad de un refuerzo en el control ético de los juristas. “Lo que no puede seguir ocurriendo es que seamos sólo espectadores o comentaristas de las conductas desviadas a la ética en que incurran abogados y abogadas”, concluye Mendoza.