Choque supremo: el pleno de la discordia que dividió a los ministros del máximo tribunal

“Soy partidaria de abrir una investigación disciplinaria en contra de la ministra a la que se hace referencia”.

Con la seriedad que la caracteriza, así fue como -según al menos tres fuentes judiciales consultadas para este reportaje- la ministra Andrea Muñoz, la cuarta en antigüedad dentro de los presentes, rompió el hielo ante el pleno de la Corte Suprema que estaba reunido en el segundo piso del Palacio de Tribunales.

Fue el lunes 17 en que los ministros se vieron las caras tras la publicación de Ciper -dos días antes- de un reportaje en el que se exponía un pantallazo de WhatsApp en el que quedaba registrada una conversación entre Gonzalo Migueles -pareja de la ministra Ángela Vivanco- con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. En ese intercambio se daba a entender que Migueles ofrecía a Palma un doctorado y un eventual cambio de jurisdicción -a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte- si desistía de su candidatura a fiscal nacional.

Los 12 ministros titulares y los dos magistrados suplentes habían llegado pasadas las 14 horas hasta la sala del pleno. Tras la intervención de la jueza Muñoz, el aire se cortaba con cuchillo. La tensión se había tomado el lugar donde, en los próximos minutos, debatirían sobre las últimas filtraciones que los expusieron ante la opinión pública.

Al estilo judicial -con más silencios que grandes estridencias-, al presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, le tocó conducir un agrio intercambio. La ministra Muñoz, conocida por la severidad de sus intervenciones, fue directo al grano y abrió una compleja disputa ante el plenario. El resto de los presentes escuchó con calma su intervención. Pese a que nadie lo manifestó explícitamente, varios de los supremos se incomodaron ante la propuesta, ya que no recordaban un pleno en que una magistrada propusiera abiertamente abrir un sumario en contra de otra ministra del máximo tribunal. Menos aún solo por hechos dados a conocer por un medio de comunicación y cuando el tenor de la publicación no hacía referencia directa al actuar de alguno de los magistrados.

La ministra Muñoz no se quedó sola y fue secundada por Leopoldo Llanos. “También soy partidario de abrir una investigación disciplinaria con la involucrada, en función del Artículo 541 número 1 del Código Orgánico de Tribunales”, afirmó el ministro que integra la Sala Penal. Al hacer referencia a la norma que regula a la magistratura, Llanos estaba diciendo que a la Corte Suprema le corresponde “mantener la disciplina judicial”, “velar por la conducta ministerial” de los jueces que integran el tribunal más alto de la judicatura y “corregirlos disciplinariamente”. Es decir, someter a Vivanco a un sumario. Con eso sobre la mesa, fue el ministro Mauricio Silva quien también pidió la palabra y se sumó con entusiasmo.

El resto guardaba silencio. A esa altura, varios magistrados se inclinaban por considerar la propuesta como un paso injustificado. Llegó el momento del ministro Sergio Muñoz. Fue ahí cuando el pleno se volvió aún más hostil.

El magistrado, conocido por la influencia que ejerce sobre la Suprema al haber sido expresidente y ser el ministro más antiguo, revolvió aún más las aguas al elevar la presión sobre el pleno. Previamente, en los plenarios de la semana pasada -cuando los magistrados ya habían abordado los conflictos suscitados por la filtración de mensajes por WhatsApp-, Muñoz promovió con fuerza la idea de reactivar la Comisión de Ética. Esta vez mantuvo esa línea, pero lo hizo con mayor aspereza que la ministra Muñoz. “El asunto debe ser visto de inmediato por la Comisión de Ética y debe hacerlo respecto de los ministros involucrados, con el objeto de conocer todos los hechos referidos de los cuales se ha tomado conocimiento por los medios de comunicación social”, dijo.

Con eso la bomba se ampliaba y tocaba a varios de los ministros que estaban ahí sentados junto a él. Sin entrar en detalle, su idea implicaba que la Comisión de Ética abriera un cuaderno reservado no solo para Vivanco, sino que también para la ministra María Teresa Letelier. La magistrada, quien integra la Sala Penal, se vio salpicada por las filtraciones cuando Ciper publicó los chats que venían en un informe de la PDI en el cual quedaban de manifiesto diálogos entre el exministro de Defensa Mario Desbordes y el exjuez Juan Antonio Poblete, quien está en prisión preventiva por autorizar las escuchas telefónicas ilegales del “caso topógrafo”. La conversación entre Poblete y Desbordes dejó al descubierto gestiones para que el extimonel de RN utilizara su influencia, garantizara los votos en el Senado y cerrara el apoyo del gobierno para que Letelier -entonces ministra de la Corte de San Miguel- llegara a la Suprema.

La intervención de Muñoz escalaba incluso hasta el ministro Mario Carroza. El juez, quien se hizo cargo de las indagatorias por violaciones a los derechos humanos en dictadura, también tiene conversaciones filtradas con Poblete en las que le pide ayuda para nombrar a un notario en Tierra Amarilla. A eso se sumaba otro chat con el exsupremo Lamberto Cisternas, a quien le pidió apoyos para una notaría en Lo Barnechea.

La arremetida de Muñoz, incluso, tocó al magistrado Jean Pierre Matus, quien también fue involucrado en conversaciones con el abogado Luis Hermosilla -imputado por lavado de dinero en el “caso Factop” y por soborno en el “caso audios”- cuando no era juez y antes de ser nominado por el gobierno para ser ministro de la Suprema.

“Los hechos no se refieren a mi persona”, respondió la jueza Ángela Vivanco.

Ante el embate de quienes querían abrir un sumario o reactivar la Comisión de Ética, los ministros involucrados hicieron sus descargos. Y Vivanco fue de las primeras, entregando, por deferencia, su versión sobre lo ocurrido. Si bien sabía que el pleno estaba en conocimiento desde el viernes del reportaje en cuestión, optó por explicarlo por su cuenta. Luego se desligó de los hechos, dejando en claro que no estaba al tanto de las comunicaciones filtradas.

La magistrada no pasa por sus mejores momentos. Hace justo un año, bajo la presidencia del ministro Juan Eduardo Fuentes, renunció al cargo de vocera. Una entrevista con La Tercera, en que dio su opinión sobre los efectos del fallo por el alza en los planes de las isapres, la envolvió en una fuerte crisis que la obligó a replegarse y alejarse de la primera línea. Ese episodio, según supremos que no son cercanos a ella, la golpeó al punto de perder influencia en la Suprema, algo que le había costado ganar debido a ser jueza de los cupos externos a la judicatura.

La ministra Letelier también quiso pasar a la ofensiva. Ella ya lo había hecho la semana pasada y esta vez lo volvió a repetir. “Ninguno de los ministros aquí presentes llegó al cargo por obra y gracia del Espíritu Santo”, reiteró ante el pleno.

La magistrada -a quien le quedan menos de dos años en la Suprema- ha sido enfática en enrostrarle al resto del pleno que el sistema de nombramientos de ministros del máximo tribunal exige, para tener éxito, conseguir votos en el Senado. Pese a sus ásperas palabras, fuentes judiciales comentan que Letelier no le ha hecho el quite a colaborar en caso de que se inicie algún proceso ético contra ella.

Otro de los involucrados fue el ministro Matus.

“No tengo ningún chat con el abogado Luis Hermosilla”, dijo. “Al momento de los hechos en cuestión aún no era ministro”, agregó, haciendo referencia a que el eventual proceso ético que propuso el ministro Muñoz no tendría sentido, ya que en ese entonces no formaba parte del Poder Judicial. Junto con eso, se refirió a la propuesta de la magistrada Muñoz y mencionó que no se necesita al pleno para iniciar un sumario, que si ella estimaba necesaria dicha investigación administrativa podía solicitarla a quien preside el máximo tribunal. “Son facultades del presidente de la Corte Suprema”, comentó.

El ministro Carroza, afirman las mismas fuentes judiciales consultadas, guardó silencio. En este pleno optó por no tomar la palabra. Para algunos de los presentes no fue una sorpresa. Carroza es reconocido por ser un magistrado con buen manejo político en este tipo de situaciones. En su historial acumula dos periodos como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, por lo que tiene un amplio bagaje en el gremio judicial.

El resto de los ministros también tuvo que dar su opinión ante la opción de abrir un sumario. Una de las que estuvieron en contra fue la ministra María Soledad Melo. La magistrada comentó que “no era el momento” para abrir una investigación disciplinaria, “toda vez que no ha existido imputación directa” contra la ministra Vivanco. Ese tipo de argumentación también fue recogida por el resto de los magistrados, quienes agregaron que, a la fecha, el pleno no ha recibido “antecedentes concretos sobre la responsabilidad de miembros de este tribunal”.

Casi a las 14.40 horas, el pleno terminó la ronda de palabras y procedió a tomar una decisión. El asunto quedó plasmado en el acuerdo, rotulado bajo el número 903-2024, y se impuso la opción de no abrir un sumario ni activar la Comisión de Ética. Al desestimarse las ideas propuestas por la ministra Andrea Muñoz y Sergio Muñoz -a ellos se sumaron los ministros Llanos, Silva y Blanco-, a las 14.44 el pleno tomó la determinación de solamente hacer un comunicado público. Por no abrir sumario estuvieron los ministros Vivanco, Letelier, Carroza, Matus, Melo, Fuentes, Manuel Valderrama, María Cristina Gajardo y los ministros suplentes Juan Manuel Muñoz y Eliana Quezada.

La declaración se concretó dos días después. El miércoles, el pleno no quiso sesionar en la tarde, por lo que suspendió el trabajo de salas para tener una jornada de reflexión. En esa instancia se optó por no innovar y salir con una “respuesta prudente” que no provocara un cisma en el máximo tribunal. Lo primero que se dijo fue que la Suprema renovó el encargo que le dieron en abril a la ministra Adelita Ravanales para redactar un nuevo Código de Ética Judicial.

Junto con eso volvieron a repetir el acuerdo de la Suprema en materia de sistema de nombramientos judiciales, que data de la jornada de reflexión realizada en Chillán hace exactamente una década. Desde 2014 que los supremos vienen bregando para “separar la función jurisdiccional de la administrativa”. Esta vez, además, determinaron que los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros deben salir de la judicatura y quedar en manos de otro órgano. Junto con eso se le encomendó al ministro Blanco que “invite al ministro de Justicia y a parlamentarios de las comisiones de Constitución de ambas cámaras a una mesa de trabajo con la finalidad de retomar la discusión respecto de diversas propuestas de modificación constitucional y legal en materia de nombramientos, carrera funcionaria, calificaciones y otras”.

En la Corte Suprema existe la sensación de que si bien esta no es la peor crisis del máximo tribunal -dicen que la de la fallida compra de los autos Lexus fue peor y que nada supera las acusaciones constitucionales contra magistrados de la Sala Penal-, sí coinciden en que el pleno pasa por uno de sus peores momentos. Esto, principalmente, por la marcada división que quedó expuesta en la reunión del lunes.

A eso se suma la preocupación de que la filtración de conversaciones sea una “agonía sin fin”. Que la Fiscalía tenga el control de todas las conversaciones del celular de Luis Hermosilla es un fantasma que los tiene en alerta, sobre todo porque más de algún supremo cree que las filtraciones están afectando solo a algunos ministros.

Detrás de eso hay supremos que están disconformes con la presidencia del ministro Blanco. Para varios magistrados no ha logrado ejercer liderazgo en las constantes crisis que ha debido enfrentar. La crítica principal apunta a que tanto con el episodio Lexus como con las filtraciones no ha usado su autoridad para tomar decisiones y ha optado por involucrar al pleno. De hecho, algunos jueces reprochan que no haya convocado de oficio a la Comisión de Ética. A eso se suma la caída de otros liderazgos que solían ordenar al pleno. Uno de ellos es el ministro Muñoz, quien con sus casi 19 años en la Suprema se ha erigido como un estandarte moral, pero que luego del caso que enfrentó su hija -sumariada por teletrabajar desde Europa- se desplomó. Lo mismo pasa con la jubilación de ministros como Haroldo Brito, que marcan el fin de un estilo iniciado por exsupremos como Milton Juica o Hugo Dolmestch.

Por eso es que al interior de la magistratura hay varios quienes creen que ese vacío debería ser llenado por la ministra Gloria Ana Chevesich. La magistrada -cuya carrera llegó a su peak cuando fue la jueza de hierro detrás del caso MOP Gate- ha armado un polo de influencia en la Suprema, pero que no ha logrado permear más allá de algunos ministros como Silva o Andrea Muñoz. Además, hay quienes creen que, como será la próxima presidenta del máximo tribunal, se está cuidando para no frustrar dicho paso.

Blanco acumula crisis y tensiones. Su última jugada también implicó echar pie atrás en su diseño original. El ministro llegó a presidir la Suprema con el cargo de vocero vacante. Por eso, inicialmente quería modificar la vocería, que no fuera un ministro, profesionalizarla en manos de otros funcionarios, como el secretario del máximo tribunal, para evitar que sean cargos que brillen por su cuenta y crucen constantemente la línea de las opiniones personales. E incluso pensó en descentralizarla para hacer partícipes a las cortes de Apelaciones.

Todo eso quedó atrás, porque el miércoles propuso a la ministra Melo como nueva vocera. Al menos hasta diciembre. La magistrada, quien debutó en plena crisis, marcó un abismo respecto de su sucesora: reiteró que solo se remitirá a las opiniones del pleno y les dijo en más de una ocasión a los periodistas que no dará su opinión personal.