Claudio Grossman: “Yo le aconsejaría a Edmundo González que no volviera a Venezuela el 10 de enero”

Jurista vital en lo que fueron las causas ante La Haya contra Perú y Bolivia, el destacado abogado de derechos humanos chileno Claudio Grossman abandonó discretamente su cargo de asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para protestar por lo que considera un fracaso injustificado de su fiscal para acusar a miembros del gobierno del Presidente venezolano Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

“Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”, escribió Grossman en el mail en el que rechazó una oferta de la oficina de Khan en septiembre para renovar su contrato, según consigna The Associated Press. En ese puesto no remunerado, el exdecano de la Facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asesoraba a Khan sobre la deteriorada situación en Venezuela desde noviembre de 2021.

De visita en Chile esta semana para recibir el Premio al Mérito 2024 de la Universidad Andrés Bello (UNAB), en su caso como Figura del Año por su destacada trayectoria en derecho internacional, derechos humanos y educación superior, Grossman conversó con La Tercera sobre la situación en Venezuela. Ante el anuncio del líder opositor y excandidato presidencial venezolano Edmundo González, quien aseguró que regresará a su país el 10 de enero próximo para asumir la presidencia que hasta ahora ostenta Nicolás Maduro, el abogado chileno lanzó una advertencia contundente. “Yo le aconsejaría que no volviera, porque no hay Poder Judicial independiente, puede pasar cualquier cosa”.

Sobre las razones de su salida del cargo como asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, se ha dicho que se debe a la inacción que usted considera ha mostrado la corte para acusar a los miembros del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por crímenes de lesa humanidad. ¿Es esta la razón básica de su renuncia?

No es la razón básica, es la razón de mi renuncia. Es una renuncia a ser un asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional, cargo en que me desempeñe Pro-Bono desde el año 2021. Ya consistentemente y reiteradamente, ya desde el año 2020, todas las instituciones internacionales regionales habían planteado que había comisión de crímenes internacionales bajo el Estatuto de Roma. Mi contrato se vencía el 1 de septiembre y me ofrecieron su renovación. Dos veces me escribieron diciendo que no había firmado y ahí le mandé una nota a la funcionaria que se comunicaba conmigo señalándole que iba a contactar directamente al señor Karim Khan explicándole por qué declinaba su oferta de continuar asesorándolo. En dicha nota, le reiteré a Khan que, como lo había planteado en reuniones de asesores, ya desde el año 2020, estaba el caso de Venezuela ante la Fiscalía y no se había actuado efectivamente para combatir la impunidad en Venezuela. No hay órgano internacional que no haya condenado crímenes de lesa humanidad en ese país, incluyendo el crimen internacional de persecución, que está en el Estatuto de Roma, además de desapariciones y tortura, entre otros, como método de ataque e intimidación de la población civil. Un destacado abogado chileno, Francisco Cox, participó en el último informe de la Comisión Especial de las Naciones Unidas reiterando la violación del Estatuto de Roma por parte de Venezuela. El impacto de los crímenes cometidos en ese país ha sido tremendo, no solo afectando y destruyendo la vida de numerosos individuos y sus familias. Dichas violaciones han contribuido a un éxodo sin precedentes desde Venezuela, con más de ocho millones de personas que se vieron forzadas a abandonar su país. Ante esa situación, que por lo demás sigue agravándose, concluí que podía aportar más desde afuera, porque quiero tener la libertad de poder actuar. Se trata para mí de un tema ético. Uno no puede ser asesor de la Fiscalía y al mismo tiempo criticar su inacción injustificada.

Hay una cuestión adicional. El fiscal inventó la teoría de la complementariedad positiva. El Estatuto de Roma dice que uno tiene que juzgar a alguien o iniciar los procedimientos respectivos hasta que esté comprobado que un país es unwilling or unable, es decir, no quiere o no puede juzgar la comisión de crímenes internacionales por su Poder Judicial. El fiscal fue más allá, introdujo el requisito de la complementariedad positiva, o sea, aunque no hubiera un Poder Judicial independiente hay que hacer esfuerzos para desarrollarlo. Ahora, ¿usted cree que hay algo que se puede hacer para que el señor Maduro desarrolle un Poder Judicial independiente cuando todos los órganos de Naciones Unidas y de la OEA han dicho que el Poder Judicial es un cómplice en la violación de los derechos humanos y un protagonista activo? Yo decliné continuar por el caso de la aplicación de normas de complementariedad positiva que no están ni en el Estatuto de Roma. Además, han sido muy nocivas las noticias de inexistencia de imparcialidad que se han formulado públicamente.

De hecho, algunos críticos venezolanos han vinculado esta dilación a un posible conflicto de intereses de la cuñada de Khan, abogada que ha comparecido en representación de Maduro en dos ocasiones ante el tribunal. ¿Usted estaba en conocimiento de eso?

Sí, pero yo no me metí en eso, porque hay una investigación pendiente. La razón (de mi renuncia) es el hecho de que por cuatro años no haya acciones efectivas para que se inicien procedimientos en contra de los responsables de violar el Estatuto de Roma.

¿Y usted a qué atribuye esta inacción? Porque la oposición venezolana se ha quejado de un doble estándar de la CPI, al moverse de forma agresiva para buscar la detención de Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin, mientras muestra una indulgencia indebida con las autoridades del régimen de Maduro.

Yo no me quiero meter en interpretaciones de distinto tipo, que van desde que la cuñada de Khan vive en su casa a acusaciones de doble estándar en el tratamiento de diversas situaciones. Me interesa que mi renuncia contribuya a generar las acciones que corresponden hacia Venezuela y que no se debilite lo que se ha logrado con tanto esfuerzo: buscar actuar ante la ocurrencia de los más graves crímenes internacionales. La inacción en Venezuela debilita valores importantes.

Y, en este contexto, aquí hay otra cosa que señalar. Que la CPI ordene la detención de Maduro y otros responsables de cometer crímenes internacionales en Venezuela puede marcar una diferencia y eso tiene un impacto positivo en todos los derechos humanos.

Este 10 de enero asume el nuevo gobierno venezolano y el líder opositor Edmundo González ha anunciado su retorno al país para asumir como presidente. ¿Cómo ve esta situación? ¿González puede terminar convirtiéndose en un nuevo Juan Guaidó? ¿O peor, en un nuevo miembro de la oposición preso por el régimen?

No sé si va a volver, si le va a ser posible. Yo le aconsejaría que no volviera, porque no hay Poder Judicial independiente, puede pasar cualquier cosa, y siempre pienso que es mejor que no arriesguen la libertad y la integridad personal. Además, están todos los informes de la situación en las cárceles en Venezuela. Creo que es más efectivo estando afuera.

En segundo lugar, yo veo la emergencia en América Latina de un nuevo sistema político que viene de Somoza, de Trujillo. Un 20% a 25% de apoyo a la población y el Ejército dispuesto a liquidar a cualquiera.

Y en el caso de Venezuela, ¿cuál es la diferencia con Trujillo, con Somoza? Que dicen actuar a nombre del pueblo. Frente a su pérdida demoledora en las elecciones, concluyen que el pueblo no sabe cuáles son sus intereses. Lo mismo pasa en Nicaragua. Y cuando el pueblo piensa de otra manera, el pueblo está equivocado.

Y a propósito del Estatuto de Roma, grandes potencias como Estados Unidos y Rusia no han ratificado el Estatuto y muchos simplemente no lo han firmado, como China. ¿Cree que en este momento está en tela de juicio el funcionamiento de la CPI? ¿Habría que buscar una nueva forma, tal vez, de poder garantizar que la corte tenga jurisdicción global?

El derecho internacional que tenemos implica que para que los tratados valgan, tienen que ratificarse. Ahora, no creo que haya condiciones para forzar a nadie a ratificar tratados. Es una expresión del principio de la soberanía estatal. Entonces, uno lo que puede hacer es presentar normas de desarrollo progresivo que con la práctica pueden llegar a constituirse en obligatorias a través del derecho consuetudinario, o sea, la repetición con la convicción de que se generan obligaciones, etc. Pero no hay que ser un experto en el derecho para saber que no podemos forzar a China, a Rusia, a Irán, a Estados Unidos, a Arabia Saudita, a Yemen, a Israel, a Emiratos Árabes Unidos, a ratificar ninguna cosa que no quieran ratificar. Y es un principio que también nos protege a todos nosotros de alguna manera. Entonces, uno dice cuál es el sentido de esto. El sentido de esto es que uno continúa promoviendo ciertos valores y lo que hace es poner, con razonamiento, las cosas adelante, buscar su ratificación, presentar algunas como desarrollo progresivo y en su área de influencia seguirlas impulsando. Eso es lo que creo que corresponde hacer, porque si usted me dice a mí, ¿podemos inventar otra forma? No, ¿cómo? O sea, siempre digo, Chile es el país más grande para los chilenos, pero en realidad hay pocas cosas que pueda hacer Chile que puedan cambiar las relaciones internacionales.

Y la capacidad que tenemos de obligar a otros Estados a ratificar tratados me parece hasta un poco extremo plantearlo. Hay otras maneras de actuar y promover valores utilizándose distintos actores y metodologías, pero no se debe buscar cambiar la teoría de cómo se generan obligaciones jurídicas internacionales. Para Chile, siempre en la conducción de la política exterior, un objetivo esencial ha sido tradicionalmente que no haya confusión de roles. Y lo que tiene que estar al frente es el interés nacional. Eso no quiere decir que valores característicos puedan expresarse de distintas maneras, pero uno tiene que tener eso claro.

Respecto justamente a las relaciones internacionales de Chile, en su último libro, el sociólogo y exasesor de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone, sostiene que “Chile se ha alineado con las tendencias erráticas de la región”. ¿Cómo considera que hoy día se están llevando adelante las relaciones internacionales de Chile?

Mire, yo no voy a hablar de eso. Y no quiero entrar a hablar de eso no porque no tenga opinión. Pero yo quiero centrarme en este tema que de acuerdo a mis principios éticos y jurídicos no es aceptable lo que ha pasado con Venezuela. Le voy a decir una cosa. Chile ha jugado un rol positivo en Venezuela. Me entero, además, que para la directiva del Consejo de Derechos Humanos se necesita consenso y Venezuela se opone a que Chile asuma la vicepresidencia, según he escuchado en los pasillos.

En ese sentido, ¿le parece una buena señal que Boric se haya atrevido a calificar al régimen de Maduro como una “dictadura”?

Es una calificación correcta. Le quiero decir, además, que Claudia Fuentes Julio, la embajadora de Chile ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra, porque yo tengo que estar tres meses al año en Ginebra, es excelente, y ha hecho una buena actuación en la misma dirección.

Quisiera rescatar el propósito de esta entrevista: la inacción injustificable de la Fiscalía de la CPI en Venezuela. Usted, como buen periodista, me ha llevado a opinar sobre temas algo conectados. Volviendo al tema central, comparto con usted un último desarrollo. María Corina Machado y Edmundo González nos mandaron una nota a todos los asesores de la CPI. Y como yo aparecía en el portal, me mandaron la nota a mí también. Y yo les respondí la nota y les dije: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no soy más asesor, pero los voy a ayudar en lo que sea posible. Les dije que cuenten conmigo.

Ya han pasado dos años de su fallida candidatura a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. ¿Para usted era un anhelo llegar a esa instancia?

¡Eso ya pasó! Y nunca busqué ese cargo.

¿Pero la decisión de que el gobierno de Boric no avalara su candidatura no lo afectó?

Le reitero que eso pasó ya. Mi país me ha dado grandes reconocimientos y oportunidades de contribuir. Yo fui presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, que tiene funciones semijudiciales, y de todos los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU. Ahora soy miembro y relator de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU encargada de la Codificación y Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional. De 43 candidatos, gracias al apoyo de Chile obtuvimos la primera mayoría mundial (173 votos secretos de 195 países). Chile me distinguió con el honor y responsabilidad más importante que pude darse a alguien: ser su agente para defender la integridad territorial y soberanía del país en el marco del derecho internacional. Sigue siendo para mí un gran honor y motivo de satisfacción las responsabilidades que me ha dado mi país y el afecto -reciproco por lo demás- de numerosos compatriotas. Lo único que tengo es agradecimiento.