Colegio San Ignacio: la crisis que fracturó a la comunidad
La denuncia por presuntos abusos sexuales a propósito de un episodio entre alumnos al interior del colegio jesuita desató un conflicto en la comunidad y dejó una grieta de fondo: ¿Cómo un colegio históricamente de hombres integra a mujeres desde cero?
Eran las 12.30 del viernes 31 de marzo cuando Yohanna Reyes (48) recibió el llamado de su hija. Mientras contestaba el teléfono, un grupo de estudiantes llegaba a almorzar al casino del Colegio Paula Jaraquemada de Peñalolén, el sector del establecimiento del que le tocaba hacerse cargo ese día en su trabajo. Entre los gritos de los alumnos de ahí y el llanto al otro lado de la llamada, Reyes no entendía lo que pasaba. Su hija de 13 años, que cursa octavo básico en el San Ignacio El Bosque, solo le repetía que la fuera a buscar al colegio porque algo había pasado.
-Después de pedirle por varios minutos que se calmara, logré que me dijera algo: “Mamá, es que me tocaron”. Luego siguió llorando y, entre gritos de niñas y profesoras que se escuchaban atrás, la llamada se cortó.
Era la primera vez que Yohanna Reyes y su hija tenían un problema en el colegio jesuita de Providencia, un emblemático establecimiento de élite que desde 1960 hasta 2014 había sido compuesto solo por hombres y que dicha integración femenina ha asomado como uno de los puntos que más han salido a la luz en esta crisis. El año que la adolescente llevaba estudiando ahí había sido bueno: entró a séptimo básico luego de pasar por un proceso de selección que entregaba becas para ese colegio.
Reyes había llegado a esas postulaciones porque la jefa de la Unidad Técnica Pedagógica del Paula Jaraquemada -donde estudiaba su hija anteriormente y donde ella trabaja como auxiliar de aseo desde hace 10 años- era amiga de la asistente social del San Ignacio El Bosque. Después de pasar las pruebas y ser entrevistada, quedó seleccionada dentro de las becas que el colegio jesuita ofrecía ese año.
-Mi mayor miedo era que la fueran a molestar por ser la niña becada, pero la verdad es que me taparon la boca. Mi hija estaba feliz.
Hasta ese momento, Reyes no sabía que el San Ignacio era un colegio que históricamente había sido de hombres, pero que hace nueve años había pasado a ser mixto. Tampoco sabía que aún quedaban cursos netamente masculinos -hoy es toda la enseñanza media- y que su hija ingresaba a la primera generación femenina del establecimiento. Recién los primeros meses como apoderada se fue dando cuenta, pero no pensó que eso podría transformarse en un problema. Lo que sí, cuenta ella, hubo situaciones, que su hija le ha dicho recién ahora, que tenía molestas a las alumnas de séptimo y octavo básico del recinto.
-Mi hija me contaba que con un grupo de compañeras les venían transmitiendo, desde el año pasado, a la dirección e inspectores que estaban aburridas del trato que tenían los niños con ellas, además de las exigencias con el tema del uniforme. Me decía que les pedían mucho el tema de taparse, de hacer más larga la falda o de no utilizar calzas apretadas a la hora de hacer gimnasia.
Esa queja se agudizó aún más con el primer “jeans day” de este año. El problema, según relata Yohanna Reyes, fue este: a todos los alumnos del colegio se les permitió ir con jeans largos y polera de colegio ese viernes 31 de marzo. Como las alumnas de séptimo y octavo básico seguían pidiendo cambios en las exigencias del uniforme, aprovecharon la instancia para organizarse y en vez de asistir con la polera del colegio, como era la instrucción, llegaron con petos de colores a modo de protesta.
La manifestación de ese día enojó a algunos alumnos de la enseñanza media, quienes reclamaban que estaban llamando la atención. En uno de esos recreos, ambos grupos se enfrentaron, según lo que hasta ahora ha podido recabar el colegio: hubo gritos, insultos, golpes y algo que las estudiantes detallaron como una especie de “encerrona”, donde los alumnos las habrían tocado. Ahí fue cuando Reyes recibió el llamado.
Después de intentar contactar a su hija varias veces sin que ella le contestara, una amiga del curso respondió su teléfono por ella y la alertó de la misma situación: habían sido “manoseadas”, pero, de nuevo, no le entregó mayores detalles.
Yohanna Reyes pidió permiso en su trabajo para ir al colegio a ver lo que estaba pasando. Al llegar, se encontró con otros 20 apoderados en la entrada que pedían retirar a sus hijas a causa de lo mismo, pero nadie sabía nada. Al poco andar fueron saliendo las alumnas.
-Iban saliendo de a poco, todas llorando. Pero la mía no aparecía.
Eso, sumado a la llegada de carabineros al lugar, quienes fueron contactados por otro apoderado, hicieron que los minutos de espera fueran aún más angustiantes. Hasta que apareció. La hija de Yohanna Reyes también lloraba junto a otras compañeras y su madre la abrazó. Fue en eso que se le acercó el mismo apoderado que contactó a la policía para decirle que dejaran a sus hijas en su casa, mientras ellos -sin conocer aún en detalle lo ocurrido- iban a poner una denuncia a la comisaría por abuso sexual dentro de un recinto educacional.
Hasta las 19.30 horas estuvieron más de 12 apoderados en la comisaría de Providencia relatando lo que sus hijas les habían contado. Cuando ya estaban por irse, Reyes recuerda que una funcionaria del Ministerio Público que llegó a tomar la denuncia les hizo una advertencia:
-Nos dijo que, al menos por hoy, no les preguntáramos más lo que había pasado para no revictimizarlas, porque podía afectar su bienestar emocional -dice Reyes.
Por eso, no fue hasta hace 10 días que Yohanna Reyes vino a conocer en detalle el relato de su hija. Fue a propósito de una consulta con una psicóloga que el colegio contrató para que atendiera, de manera gratuita, a las alumnas implicadas en lo ocurrido el 31 de marzo.
-Ahí contó que después de una manifestación de más de 60 niñas, un grupo masivo de hombres las acorralaron, las insultaron, les tocaron sus partes y entonces ellas comenzaron a defenderse.
Esa es una más de todas las versiones que existen de lo que ocurrió ese día. Los relatos de las alumnas, sumados a las cámaras del pasillo donde ocurrieron los hechos, son los elementos con los que la Fiscalía Metropolitana Oriente trabajará para determinar las responsabilidades y, finalmente, tener la última palabra.
El problema de fondo
Dos semanas después de lo ocurrido, el miércoles 12 de abril, la dirección del Colegio San Ignacio convocó a una reunión abierta a todos los apoderados de la comunidad escolar, con asistencia obligatoria de los que tenían hijos desde séptimo básico hasta segundo medio. La cita partió a las 19.30 horas en el gimnasio del recinto. Ahí, en un escenario con pantalla y micrófono en mano, el capellán Rodrigo Poblete y la rectora Luz María Acle comenzaron a describir lo sucedido en el “jeans day”.
En ese relato afirmaron que, en el recreo de las 10.30 horas de ese día, un grupo -de aproximadamente 20 alumnas- de séptimo y octavo básico realizó una manifestación en el patio central del Tercer Ciclo por su rechazo a las normas sobre el uso del uniforme y la presentación personal. Señalaron también que profesoras y encargadas de convivencia escolar apoyaron sus demandas y las escucharon mientras las niñas hablaban por turnos y de manera respetuosa. Fue en eso que, al término de su recreo y al inicio del recreo de la enseñanza media, se desató el problema.
“Unas alumnas fueron al baño, otras se quedaron en el pasillo y otras entraron a las salas, cuando justamente tocó el timbre del otro recreo. En el pasillo algunos alumnos varones de primero, segundo medio y también de séptimo, comenzaron un desorden de saltos, gritos y empujones entre ellos. La encargada de convivencia les pide orden y bajar al patio. Cuando esto sucedía, algunas de las alumnas que estaban en el pasillo denunciaron haber sido agredidas verbalmente y tocadas de manera no consentida, vulnerando su integridad física y sexual”, decía la rectora Luz María Acle al relatar los hechos en el escenario.
La situación tenía tensa a la comunidad escolar en esa reunión. La preocupación colectiva que se desató ese día en grupos de WhatsApp, sumada a la desinformación y a la exposición pública que tuvo el caso, dejaron una grieta entre los apoderados, quienes hoy reflexionan sobre un problema de fondo: ¿Cómo un colegio exclusivamente de hombres integra mujeres cuando no todos los cursos van a quedar con salas mixtas?
El proyecto se había iniciado en 2014. Ese año entraron las primeras alumnas al curso de prekínder. Hoy en día suman 677 dentro de una matrícula de 1.933 estudiantes. A la mayoría de los apoderados antiguos les pareció una buena idea que el colegio evolucionara hacia esa línea educativa. El tema es que, con el transcurso del tiempo, algunos de ellos comenzaron a sentir que los cursos masculinos que aún quedaban fueron dejados de lado.
Patricia Guerrero, psicóloga, especialista en convivencia escolar y académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, explica que para que un proceso de este tipo sea exitoso, tiene que tener tres cosas: un cambio en la organización de la vida escolar, que necesita buena disposición; la construcción de un nuevo mundo en común, y la escucha de todos los actores involucrados.
-Todos los procesos en las escuelas son difíciles: hay colegios que mezclan cursos, otros que parten de cero y no hay que tenerle miedo al conflicto. El tema es que tampoco hay que hacerse el tonto con las conflictualidades -dice.
Los padres de los cursos de hombres transmiten que ese es justamente el problema: a ratos el colegio ha ignorado los niveles en donde hasta ahora no se han integrado mujeres y acusan que se volvieron parte del rezago de un modelo antiguo. Junto con eso, aseguran que no fueron lo suficientemente preparados para convivir con mujeres en el mismo espacio escolar. También sienten que las mejoras estructurales que el colegio realizó para recibir a las alumnas sólo beneficiaron a las nuevas generaciones.
A eso se les sumaron otras cosas: la falta de convivencia escolar por la pandemia y el auge de las discusiones sociales en materias de género, que terminó siendo una bandera de lucha para las alumnas del San Ignacio.
Todas estas reflexiones asomaron en la reunión de apoderados del 12 de abril. Después del relato de los hechos, los apoderados fueron divididos en grupos de a 30 por salas, acompañados de un profesor para conversar y resolver dudas. En esa instancia, cuentan asistentes, la tensión aumentó aún más y el encuentro terminó siendo una catarsis. Hubo padres que discutían a gritos y otros que lloraban diciendo que ese colegio ya no era un espacio seguro para sus hijas.
En esa discusión también hubo padres que transmitieron que se estaba generalizando al grupo de niños adolescentes, culpándolos a todos de algo que fue responsabilidad de unos pocos. Que no todos los alumnos eran así y que fuera del colegio a algunos les habían gritado frases como “violadores” o “abusadores” solo por el hecho de estar con el uniforme del colegio.
En una de esas salas estaba Yohanna Reyes, quien reconoce que discutió con otros apoderados que sostenían la idea de que las estudiantes mujeres también habían vulnerado a los hombres y que debían tener una sanción.
-Yo me paré y dije que mi hija había sido una de las chicas abusadas. Otro papá también se paró y les discutimos que cómo se iba a ir una chica sancionada por defenderse.
Eso era lo que tenía enojada a Reyes, porque luego de que su hija estuviera dos semanas sin ir a clases a causa de esto por falta de ánimo, el día que volvió, en inspectoría le dijeron que iba a ser suspendida por una semana. La razón era por la actitud que tuvo con sus compañeros el día viernes 31 de marzo, porque mientras se defendía terminó agrediendo a un alumno.
Las medidas
Uno de los últimos comunicados que mandó el colegio esta semana fue uno que llegó la tarde de este jueves. El mensaje enviado a los apoderados notificaba la expulsión de dos de los alumnos implicados en el hecho ocurrido el 31 de marzo. “De acuerdo al reglamento interno, existe un plazo de 15 días para presentar sus apelaciones. No podemos dejar de transmitir el dolor que ha significado todo este proceso. Por eso, hacemos un llamado a hacer prevalecer el respeto de nuestros valores ignacianos para velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y de toda nuestra comunidad”, decía el escrito.
La medida es una más de las que ha tomado el establecimiento católico para contener la crisis que se vive actualmente. Así lo explica Jaime Bustos, presidente del Centro de Padres del colegio y el capellán, Rodrigo Poblete, quienes optaron por enviar sus respuestas por escrito para este reportaje. Hasta ahora, de los siete alumnos suspendidos, se han reintegrado cinco de ellos. El criterio ha sido traer devuelta a aquellos cuyo grado de participación en los hechos fue menor. Respecto de las agresiones verbales y sexuales a las alumnas, Jaime Bustos realiza una reflexión.
-Ese tipo de conductas son inaceptables y toda la comunidad estamos llamados a reflexionar en nuestro grado de responsabilidad para que las cosas hayan llegado a este punto. Estamos trabajando para recomponer las confianzas de nuestra propia comunidad.
Ese fue el objetivo de la reunión del 12 de abril, dice el capellán Rodrigo Poblete, pero también para hacer una autocrítica.
-Fue una instancia para reconocer que no actuamos del todo bien, pedimos perdón por lo sucedido a las apoderadas/os y tuvimos la oportunidad de escuchar su sentir, sus preocupaciones y necesidades.
Todo lo conversado ahí fue recogido por quienes dirigieron las instancias de diálogo y actualmente se está haciendo una sistematización de todos los planteamientos. Eso, explican desde el San Ignacio, servirá para reforzar medidas que se ejecutarán a corto, mediano y largo plazo.
Todo eso va en paralelo con la investigación en curso que está en manos de la Oficina de Género de la Fiscalía Oriente, a cargo de Rodrigo Celis. Esa entidad debe definir si existieron tales abusos sexuales o no. En ese sentido, el colegio jesuita puso a disposición todas las cámaras instaladas que registraron lo ocurrido, para que se logren identificar las responsabilidades. En la fiscalía, en tanto, señalan que, por tratarse de una investigación en curso que involucra a menores de edad, no pueden entregar mayores detalles. Sólo pueden señalar que está por concluir la etapa de realización de entrevistas a las víctimas.
La hija de Yohanna Reyes fue una de las alumnas que fueron a declarar voluntariamente. Mientras eso se resuelve, y desde que quedó suspendida, ha acompañado a Reyes a su trabajo. Como el Paula Jaraquemada fue su colegio por casi cinco años, en los recreos se junta con sus antiguas compañeras y durante las horas de clases se queda en la biblioteca haciendo las guías de estudio que el San Ignacio le ha enviado para que esté al día con la materia hasta este miércoles, que regresaría a su rutina escolar.
En el establecimiento están conscientes que lo ocurrido se enmarca dentro de un proceso de transición que lleva nueve años, en que el colegio pasó a ser mixto.
-Naturalmente, se puede entender que esto no es un proceso fácil y requiere de un cambio cultural importante -dice el capellán Poblete.
Un apoderado de uno de los cursos implicados en el conflicto cree que ese proceso, en principio, se llevó a cabo de manera correcta. Sin embargo, las sensibilidades de quienes creen que este sigue siendo un espacio machista y, por otro lado, los que piensan que a los estudiantes hombres se les ha dejado de lado, han aflorado con el tiempo. Eso crispó los ánimos hasta llegar a este punto, pero es claro en decir una cosa:
-Aquí no solo el colegio es culpable, quizás como comunidad tampoco hemos sabido enfrentar este proceso.
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