Columna de Daniel Matamala: Cheese and wine

Quince días después de que Ciper destapara las cenas entre políticos y ejecutivos de empresas, en casa del lobbista Pablo Zalaquett, las revelaciones continúan. Y las explicaciones empeoran cada día más.

Sabemos que al menos seis ministros (Interior, Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Trabajo y Agricultura), además de parlamentarios tanto de gobierno como de oposición, participaron en esas reuniones.

Según Zalaquett, han sido más de 40 reuniones, con entre 100 y 120 participantes. “Se logra una comunicación humana, nos conocemos. Es un conversatorio, jamás hubo lobby”, dice el anfitrión. Pero el registro, aún incompleto, de los asistentes, habla por sí mismo.

La ministra del Trabajo, a cargo de la Reforma Previsional, se reunió con ejecutivos de las AFP Capital y Provida, directamente afectadas por ese proyecto.

Los ministros de Economía y Medio Ambiente se juntaron con al menos 10 ejecutivos de salmoneras como Aqua Chile y Multiexport, y de Blumar, una de las pesqueras beneficiadas por la “Ley Longueira”, justo cuando el gobierno está presentando una reforma a dicha ley.

El ministro de Agricultura compartió con los representantes del gran empresariado (CPC y Sofofa), y ejecutivos del grupo Luksic. La ministra del Interior habló de “unas 20 personas”, “empresarios que no conozco mayormente”. Y el Canciller se negó a transparentar la lista de asistentes, aduciendo que “no recuerda sus nombres, ya que pasó hace bastante tiempo”.

Las explicaciones del gobierno han pasado de malas a patéticas. Los involucrados señalan que no informaron sus reuniones, como exige la Ley de Lobby, porque era solo “un espacio de conversación, para conocerse”; porque un ministro tomó la palabra primero “y en una reunión de lobby nunca parte uno, parte la persona que está haciendo lobby”; o porque otra ministra “no sabía que Zalaquett es lobista”.

No resiste análisis sostener que no es lobby una cena en casa de un lobista, entre sus clientes y las autoridades sobre las que esos clientes quieren influir. Que estas citas se hayan mantenido en secreto, y sus detalles solo se transparenten por goteo, también deja en claro que los ministros no quedaron con su conciencia tranquila.

La respuesta de La Moneda ha sido zigzagueante. El Presidente Boric primero respaldó la acción de sus ministros, y los instruyó a “dialogar hasta que duela para poder sacar adelante todos los acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile”. No queda claro qué tiene que ver el “dolor” con disfrutar un cheese and wine en la casa de un lobbista. Ni cómo un acuerdo “en beneficio del pueblo” se logra en reuniones secretas con los ejecutivos de las grandes empresas.

Dos semanas se demoró el gobierno en tomarle el peso al problema. Recién ahora, y con el plazo legal vencido hace rato, cinco de los seis ministros registraron sus reuniones en la plataforma de lobby.

Hay dos temas especialmente preocupantes en esta novela veraniega por entregas.

El primero es la extrema torpeza de las autoridades de gobierno. En vez de usar a su favor la gravitas de su cargo, aceptan ir a jugar de visita, en casa de un expolítico UDI, que admitió uso de boletas falsas en el Caso Penta, y pagó 40 millones de pesos en el acuerdo para suspender la investigación.

Es el poder económico el que decide el lugar, el tono, las dinámicas y hasta el menú. Además, ministros y parlamentarios quedan a merced de esos grupos que tienen información privilegiada sobre un acto irregular, o al menos cuestionable, cometido por esa autoridad.

Como mansos corderos rumbo al sacrificio, fueron a meterse a la boca del lobo. O del lobby.

El segundo punto es que la ley exige a las autoridades “mantener igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma materia”. Pero es evidente que los afectados por la regulación que no cuentan con ese poder económico son discriminados. Ningún lugareño afectado por la industria salmonera, ningún pescador artesanal, ningún pequeño agricultor, ningún jubilado con pensión mínima, estuvo entre los comensales del cheese and wine.

El gobierno se pone a sí mismo en una posición subordinada respecto al gran poder económico, y entrega una instancia privilegiada a esos intereses. Qué distinto a lo que se prometía cuando el diputado Boric denunciaba la “colonización del empresariado a la política”.

Y el asunto se vuelve turbio con la última revelación de Ciper: una sociedad de Zalaquett ha transferido al menos $3.800.000 a Natalia Piergentili, presidenta del PPD hasta hace cuatro meses, y ahora vicepresidenta del partido. Molesta, Piergentili aseguró que “yo no he recibido plata de Pablo. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir?”.

Pero el propio “Pablo” aseguró que sí le pagó (“por charlas, no por las comidas”). Luego cambió su relato (“solo una charla, sin pago”), y luego lo cambió de nuevo (“ha hecho más de siete charlas conmigo”).

Entonces Piergentili dio una nueva versión. Dice que “un dirigente gremial de los empresarios me pidió que lo asesorara en materia de discurso y de relacionamiento con el gobierno. Ni para esa persona, ni para mí, era bueno sincerar esto, porque yo venía saliendo de la presidencia del PPD y también podía ser complejo para esa persona. Como Pablo tiene una asesoría anterior con esa organización, le pedí que el pago fuera a través de él. Para cuidarnos”.

En resumen, una connotada política oficialista presta servicios al empresariado, y triangula esos pagos a través de un lobbista, con la expresa intención de ocultarlo a la opinión pública.

A nueve años del destape de Penta y SQM, una vez más tenemos a políticos recibiendo en secreto dinero del poder económico.

Es un nuevo capítulo de la íntima trenza entre la política y el gran capital. Un nudo que nadie es capaz de desatar.