Columna de Daniel Matamala: El asilo contra la opresión

En febrero de 2019, un avión de la Fach despegaba rumbo a la frontera venezolana, con un cargamento de ayuda humanitaria. La entregaría el presidente Sebastián Piñera, quien llegó hasta Cúcuta como parte del “Venezuela Aid Live”, un show organizado por el millonario británico Richard Branson. Allí, Piñera prometió a los venezolanos que cumpliría “con un compromiso moral de solidaridad” con ellos.

Antes, había anunciado que “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad, y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades”. En su cuenta pública ante el Congreso, el 1 de junio de 2018, Piñera reiteró su promesa hacia los venezolanos: “Chile es y seguirá siendo el asilo contra la opresión”. La frase fue destacada en las redes sociales de la Cancillería chilena, y complementada con un anuncio: se invitaba a los venezolanos a postular a una Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) para entrar a Chile.

Dos años después, en febrero de 2021, otra vez un avión de la Fach despega. Esta vez su carga es humana. Lleva 86 migrantes expulsados de Chile. La mayoría de ellos son venezolanos y, salvo contadas excepciones, no han cometido más falta que la de ingresar irregularmente a Chile en los últimos tres meses, escapando de la miseria y la represión de la dictadura de Maduro.

Fueron sacados de madrugada de los refugios en que estaban tras entrar a Chile, uniformados con un overol blanco y, como si se tratara de peligrosos delincuentes, custodiados por policías al subir por la escala del avión, en un acto público de escarmiento. “Es para que las personas que vienen a Chile sepan a lo que vienen”, explicó el ministro del Interior tras presidir el espectáculo en el aeropuerto.

¿Qué fue del “compromiso moral de solidaridad”? ¿Qué pasó con la promesa de “seguir recibiendo venezolanos”? ¿Es Chile “el asilo contra la opresión”?

Volvamos atrás. Después del exitoso uso del fantasma de “Chilezuela” en la elección de 2017, Piñera nombró al inexperto Roberto Ampuero como canciller. Se apostaba a una oposición frontal contra la que Ampuero definía como “la tiranía de Maduro”, como vía para consolidar el apoyo interno y lograr el “liderazgo internacional” que pretendía el Presidente.

El gobierno estaba avisado de la enorme expectativa que sus anuncios creaban entre los sufridos venezolanos. El exembajador en Caracas, Pedro Ramírez, había advertido al canciller Ampuero que “cerca de 450 mil venezolanos están solicitando antecedentes para poder trasladarse a Chile”. De visita en Santiago, el diputado Carlos Berrizbeitía, opositor a Maduro, decía que “Chile es uno de los países donde la mayoría de los venezolanos están tratando de llegar”.

Lo prudente habría sido bajar la retórica y coordinar una respuesta global ante la catástrofe humanitaria en ciernes. En cambio, abandonando la política de Estado que había seguido nuestra diplomacia, Chile se restó a último minuto del Pacto Migratorio de la ONU que permite tratar crisis de refugiados como la de Venezuela.

La tan promocionada VRD sólo aprobó el 27% de las solicitudes, y, según el Servicio Jesuita a Migrantes, apenas el 5% pudo ser efectivamente utilizada. Los migrantes venezolanos comenzaron a entrar con visa de turistas al país que Piñera insistía en promocionar como “el oasis de América Latina”.

Entonces, alarmado por la masividad del éxodo que había alentado, el gobierno dio marcha atrás. En junio de 2019 impuso la exigencia inmediata de una visa de turismo para cruzar la frontera, dejando a cientos de migrantes varados en Tacna. Esta nueva visa prometía “ordenar” la migración, pero en la práctica es otra barrera casi impenetrable (apenas el 15,5% de las solicitudes ha sido aceptada). La VRD fue suspendida. Y en el primer semestre de 2020, el Estado de Chile recibió a apenas siete personas como refugiados. El Covid terminó de cerrar las fronteras del norte.

Así llegamos al verano de 2021, en que los migrantes atraídos por las promesas de nuestro gobierno viven una situación imposible. Después de viajar cerca de 5 mil kilómetros, se encuentran sin opciones reales para tramitar su ingreso a Chile, y sin más alternativa que pagar a traficantes para entrar a través del altiplano boliviano, enfrentando la puna, el frío extremo y la sed, que dejaron al menos dos muertos en los últimos días.

El canciller anuncia que se negará la vacuna contra el Covid a los inmigrantes irregulares (barbaridad que luego fue rectificada). “Los inmigrantes ilegales tienen que ser paralizados” porque nosotros “somos un país pobre”, dice el ministro de Defensa. “Corresponde que sean expulsados, para dar una potente señal que quienes quieren venir a Chile tienen que sacar la visa”, afirma el ministro del Interior.

¿Qué visa? ¿La VRD, que ya no existe? ¿La de turismo, que es rechazada en el 85% de los casos? ¿El estatus de refugiados, que el Estado de Chile sistemáticamente niega a quienes escapan de la que ese mismo Estado califica de “tiranía”?

El gobierno chileno invitó a los venezolanos a nuestro “oasis”, y ahora les cierra la puerta porque somos “un país pobre”. Se comprometió a “seguir recibiéndolos” y luego les impidió la entrada regular. Les ofreció solidaridad contra una tiranía, y ahora los expulsa en público, de vuelta a ella, como “potente señal”.

Los venezolanos fueron usados dos veces. Primero, vendiéndoles falsas esperanzas como peones de un juego de egos políticos. Y ahora, utilizándolos como extras en un show denigrante de overoles blancos.

Es el destino de quienes creyeron de buena fe que Chile sería su asilo contra la opresión.