En 1975, un grupo de comisionados de la ONU, liderados por el paquistaní Ghulam Ali Allana, se aprestaba a viajar a Chile para investigar en terreno la situación de los derechos humanos. Pero seis días antes de su ingreso, la dictadura les prohibió la entrada.

En cambio, Pinochet envió a dar testimonio a Ginebra a un grupo de supuestos “independientes”, como el dirigente camionero León Vilarín, el ministro de la Corte Suprema Enrique Urrutia Manzano y el abogado Hermógenes Pérez de Arce.

Antes de viajar, el grupo fue invitado a un tour por el centro de torturas de la DINA Cuatro Álamos, donde Pérez dice que los detenidos “cocinaban pucheros apetitosos, a juzgar por el aroma. No acusaron malos tratos. El aspecto general de la gente era de individuos de clase media, vestidos con ropas abrigadas (…) No presentaron quejas”.

La dictadura de Pinochet reclamaba que, al no haber podido entrar a Chile, la comisión debía dar crédito a estas patrañas, y declararse “incapacitada” para elaborar un informe independiente.

Pero Allana y sus colegas no se dejaron intimidar: entrevistaron a 83 testigos y víctimas en Ginebra, Caracas, París y Nueva York, y publicaron un demoledor informe de 103 páginas detallando las “flagrantes violaciones” cometidas por la dictadura de Pinochet. El embajador de Chile ante la ONU, Sergio Diez, respondió con el infame discurso en que aseguraba que los detenidos desaparecidos “no tienen existencia legal”.

45 años después, otra vez una comisión de la ONU documenta abusos cometidos por una dictadura. Centros de detención ilegal; torturas mediante corriente eléctrica, asfixia, simulacros de ahogamiento o violencia sexual; ejecuciones extrajudiciales… los informes sobre Chile en 1975 y Venezuela en 2020 pueden leerse como un continuo sobre las metodologías del horror.

Los descargos también se parecen hasta confundirse. Tal como Pinochet, Maduro prohibió la entrada a los comisionados, que entonces entrevistaron desde el exterior a 278 testigos, además de recolectar otras pruebas. El gobierno venezolano descartó el informe por ser “elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”. A coro, el Partido Comunista chileno lo descalificó por ser “fruto de un trabajo desarrollado desde fuera del país, un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia”.

Increíble pero cierto: el PC chileno usa el mismo argumento de Pinochet.

Los informes de la comisión Allana y las condenas de la ONU al régimen chileno se repitieron en 1976 y 1977. Entonces Pinochet convocó a una “Consulta Nacional”, sin registro electoral, campañas ni veedores. “Frente a la agresión internacional desatada en contra de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país”, decía el voto, impreso en papel translúcido. En el Sí había una bandera chilena; en el No, un cuadro negro. Los votos en blanco se sumarían al Sí, porque, según el subsecretario del Interior, “se presume que el voto en blanco constituye aprobación”. La ridícula “Consulta” serviría de modelo para el fraudulento plebiscito constitucional de 1980.

Maduro también dice defender a la “Patria que se ha negado a rendirse a la injusticia de los imperios, sometida a una agresión permanente”, y también contesta con un fraude electoral. El Partido Comunista chileno respalda la maniobra: “las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre ofrecen una oportunidad de solución por la vía de la decisión popular y democrática (…) en el que los propios venezolanos, sin la intromisión de intereses extranjeros, podrán decidir su futuro”, declara el PC, omitiendo la evidencia sobre fraude y manipulación de los órganos electorales.

El PC incluso descalifica los reportes firmados por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, acusándola de “falta de imparcialidad” y de caer en “incongruencias, contradicciones, presunciones infundadas y generalizaciones”. El viernes, Bachelet actualizó a 2.039 los fallecidos este año en Venezuela en “operativos de seguridad”, además de la continuación de “torturas y desapariciones forzadas”.

El PC chileno se alinea con una dictadura criminal para descalificar al unísono el serio trabajo de investigación de la expresidenta con la que gobernaron Chile. Incomprensible, sobre todo en un partido que sufrió en carne propia los horrores de la campaña de exterminio desatada en su contra por Pinochet y sus secuaces.

El PC acusa “anticomunismo” tras las críticas en su contra. Eso es tan absurdo como atribuir a un “antigremialismo” las justificadas críticas a la UDI por su defensa de la dictadura de Pinochet. La coherencia en este tema es especialmente crucial hoy, cuando Chile vive su peor crisis de derechos humanos desde la dictadura, con informes internacionales que documentan los abusos cometidos, especialmente por Carabineros, tras el 18 de octubre.

Como reprochó Mario Vargas Llosa a un autodenominado “libertario” que ensayaba una defensa del pinochetismo: “Todas las dictaduras son malas, peligrosas e inaceptables”. Ese es el mínimo exigible en democracia: que todos abandonen sus villanos favoritos y pongan los derechos de las personas, antes y ahora, en Chile, Venezuela o donde sea, por encima de los Madurochet de su preferencia.