Columna de Daniel Matamala: Paparruchadas

El 30 de mayo, El Mercurio informó acerca de una guía del Ministerio de Educación sobre “sexualidad afectiva”, con ejercicios para niños de kínder, cuya publicación en redes sociales causaba “alarma entre padres”. La nota aclaraba que la guía y los ejercicios habían sido elaborados en 2017, durante el gobierno Bachelet, y se habían mantenido vigentes durante toda la administración Piñera. La única novedad, según informó luego el mismo medio, es que Mineduc acababa de publicar “una actualización de dichas orientaciones, las que no contemplan actividades para ningún nivel”.

Pero no dejemos que la verdad arruine una buena historia. Diputados de oposición anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, sin explicar por qué lo que no levantaba problemas bajo los ministros Delpiano, Varela, Cubillos y Figueroa, ahora resultaba motivo de destitución.

Aunque el diputado Sergio Bobadilla (UDI) dio una pista: “Entendemos la inclinación sexual que pueda tener el ministro, pero no entendemos que su inclinación la ponga como prioridad en los temas educacionales en nuestro país”.

La diferencia es la homofobia.

Si una mentira trastabilla, la mejor forma de apuntalarla es con otra mentira. Esta semana, se denunciaron supuestos abusos hacia niños de quinto básico en el marco de una “charla de educación sexual” en un colegio de Talcahuano. Con la velocidad del rayo, el diputado RN Diego Schalper anunció que “hemos incorporado este capítulo también en la acusación constitucional del ministro de Educación”, lo que fue respaldado por el diputado DC Eric Aedo, a nombre de su bancada.

Mientras, el mismo parlamentario que aludía a la orientación sexual del ministro difundía mentiras conspiranoides (“la implementación de la ESI en los colegios es un mandato de la ONU. Y ya ha dejado sus primeras víctimas en Talcahuano: niños traumados después de ser manoseados en sus genitales”).

A esas alturas ya se conocía la verdad. No había existido ninguna charla de educación sexual, sino un operativo de salud, en el marco del Control de Salud Integral de Adolescentes, una política de salud pública también conocida como “Control Joven Sano”, vigente al menos desde 2012 y que se ha cumplido en los últimos cuatro gobiernos.

El alcalde de Talcahuano, la municipalidad a cargo tanto del colegio como del centro de salud que realizó el operativo, suspendió a la directora del establecimiento y al médico responsable, mientras se investigan los hechos. El edil Henry Campos aclaró que lo ocurrido “no tiene absolutamente nada que ver con la Educación Sexual Integral”, y que así “se lo dije también a nuestros parlamentarios de oposición”.

“Es inapropiado tratar de hacer de esto una campaña propagandística, política y sacar réditos políticos”, dijo el alcalde. “Más allá de que uno pueda tener opiniones diversas con el ministro de Educación, no puede utilizarse esto para incluirlo dentro de la acusación constitucional”.

El alcalde Henry Campos, por cierto, es militante de la UDI.

Pero, de nuevo, no dejemos que la verdad arruine una buena historia.

A cuatro días de que los hechos fueran públicamente aclarados, la acusación constitucional sigue en pie, y los parlamentarios y líderes de opinión que usaron dos noticias falsas para levantarla, no han rectificado.

Es más, doblan la apuesta. Este sábado Áxel Káiser publica una columna en El Mercurio (“La izquierda y la sexualización infantil”), en que reitera la mentira de que los hechos de Talcahuano ocurrieron “bajo el pretexto de hacerles clases de educación sexual” a los niños, y señala que “el caso de Talcahuano”, “pertenece a una agenda de grupos de izquierda en materia de sexualización de la infancia y normalización de la pedofilia que no es nueva ni original, sino parte de su ADN ideológico. Es, por lo mismo, de los ciudadanos decentes que depende frenarla”.

Este modus operandi no se inventó en Chile. Es copiado de Estados Unidos, donde ha llegado a extremos gravísimos. Las redes sociales son terreno fértil para teorías que “revelan” conspiraciones pedófilas de la ONU, el sionismo o el progresismo, para abusar u “homosexualizar” a los niños, y que llaman a los “ciudadanos decentes” a frenarlas.

Esto ha derivado en cultos violentos, como el “Pizzagate” o QAnon: una secta que denuncia una conspiración internacional de pedófilos satánicos y caníbales que operan una red de tráfico mundial. Sus miembros han protagonizado varias acciones de violencia, entre ellas la toma del Capitolio en 2021.

Son ejemplos extremos, pero con una línea común: políticos que, para desprestigiar a sus adversarios, difunden falsedades que generan alarma pública entre padres. Lo más grave es que estas paparruchadas desvían la atención de la grave realidad del abuso sexual infantil.

Como dice la ex Defensora de la Niñez Patricia Muñoz: “La educación sexual integral precisamente contribuye a evitar que niños, niñas y adolescentes sean víctimas, pues les da herramientas a ellos y sus familias para denunciar hechos de esta índole”.

En el mundo real, la pedofilia se combate entregando educación a los menores de edad, no condenándolos a una ignorancia que los deja a merced de los abusadores. Y ese no es un tema que pueda confiarse exclusivamente a los hogares, porque la triste realidad es que la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro de ellos, y son perpetrados por figuras de confianza del entorno familiar.

La sociedad tiene el deber de proteger a los niños. Cómo hacerlo, con qué procedimientos y a qué edades, es por supuesto un asunto debatible, que debe ser concordado escuchando a madres, padres y apoderados, y a profesionales y expertos en el área.

Debe ser una discusión seria, que ponga el bienestar de los niños en el centro. No una serie de acusaciones falsas, propagadas por quienes buscan desatar el pánico para beneficiar agendas proselitistas.