“Un buen Presidente debe comportarse como un buen padre de familia y preocuparse de todos sus hijos”, decía el Presidente Piñera al anunciar una más de la serie de medidas con que intentó frenar el retiro de fondos de pensiones. Es una imagen que los políticos chilenos suelen usar. El mismo Piñera dijo en 2016 que “urge fortalecer el principio del respeto y la autoridad. Respeto de los hijos a sus padres, de los alumnos a sus profesores, de los ciudadanos a sus autoridades”.
Ciudadanos infantilizados, reducidos a la obediencia hacia sus autoridades, que les reparten protección y correctivos.
Y a esos niños -creen algunos padres- a veces hay que contarles mentiras piadosas por su propio bien. Si no quiere comer, no sirve explicarle los beneficios de la alimentación saludable. Él no lo entenderá. Mejor decirle que si no deja limpio el plato, se lo llevará el viejo del saco. Tampoco basta con enfatizar cuántas horas de sueño necesita cada noche. Más efectivo es cantarle “Duérmete niño / duérmete ya / que viene el cuco / y te comerá”.
Los políticos chilenos tienen una larga tradición de apelar a cucos y viejos del saco cada vez que los niños se insubordinan. Si ganaba el No, “volveremos al 10 de septiembre de 1973” (general Pinochet, 1987). Si se despenalizaba la homosexualidad, nos caería “el castigo que Dios ha impuesto” (diputado García, 1995). Si no se construía HidroAysén, “estamos condenando a nuestro país a un apagón” (presidente Piñera, 2011). Si se aprobaba el aborto terapéutico, “se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad” (diputado Hasbún, 2016).
Pese a todos estos ridículos históricos, en el proyecto del 10% la carta del cuco se usó otra vez a destajo, exagerando hasta el absurdo las legítimas preocupaciones y ocultando los posibles beneficios.
El 10% era una medida “suicida” (Pablo Echeverría) y “estúpida” (José Luis Daza), que “pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país” (carta de líderes empresariales) y “busca destruir el sistema previsional” (AFP Habitat).
Basta poner un poco de distancia para ver un escenario mucho más matizado.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que Australia, Estados Unidos y Perú ya han permitido retirar fondos de pensiones, sumándose a países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, México, Singapur o el Reino Unido, que permiten retiros permanentes en algunas circunstancias. El BID concluye que “corresponde a cada país ponderar el dilema”, con sus pros y contras.
La economista jefa del Banco Mundial opina que el retiro del 10% es “un debate pertinente”, y que “hay que discutir todas las opciones”. La Tercera entrevistó a cinco economistas extranjeros al respecto. Sus opiniones fueron diversas, desde “no es lo óptimo” y “está mal orientada”, hasta “es una medida razonable” y “a nivel político pareciera ser correcta”.
Un informe del Scotiabank prevé que la reforma significará un gigantesco impulso económico. Estima que U$10.000 millones se gastarán en consumo, lo que hará crecer la economía entre 1,5 y 5,3 puntos del PIB, reduciendo en cerca de la mitad la caída del producto por la pandemia en 2020, además de entregar miles de millones de dólares al Fisco por IVA.
Lejos de las estimaciones catastrofistas, este viernes la Bolsa de Santiago fue una de las pocas en el mundo que subió “ante expectativas de mayor consumo por retiro de fondos”, según destaca La Tercera.
Se dijo también que este proyecto era inaceptable por ser “regresivo” (ministro Briones) y “beneficiar a los más ricos” (diputado Melero). Es cierto que es regresivo, porque permite a personas de altos ingresos retirar hasta $4,3 millones sin pagar impuestos. Pero, ¿desde cuándo eso les importa tanto?
Chile es el país de la OCDE con mayor desequilibrio entre lo que recauda por IVA, un tributo regresivo que golpea más a los más pobres (41%), y por impuesto a la renta de los más ricos (10%). Sí, 41% versus 10%. El promedio de la OCDE es 20% contra 24%.
Los gobiernos de la Concertación subieron el IVA, de 16% a 18% con Aylwin, y luego a 19% con Lagos. Mientras, se negaban a establecer un royalty minero real (sólo tenemos un impuesto específico), lo que, según el economista Ramón López, significó regalar U$120 mil millones a las multinacionales que explotan el cobre, sólo entre 2005 y 2015.
Este mismo gobierno tuvo como su proyecto estrella una reforma tributaria que bajaba la tasa de los dueños de empresas, entregándoles un recorte de US$833 millones en sus impuestos personales
Y ni hablar de los perdonazos tributarios, las empresas zombi o la compraventa bursátil libre de impuestos. ¿De verdad los que han construido todos esos gigantescos forados, ahora se escandalizan por el pequeño agujero que permite sacar $4,3 millones libres de impuestos?
El otro cuco es el riesgo para la democracia, que se subvirtió porque se legisló “bajo amenaza” (senadora Muñoz). Por cierto, las amenazas y los actos de violencia son delitos, y deben ser perseguidos y castigados como tales. Pero una democracia es más fuerte cuando los ciudadanos se involucran en el debate legislativo, hacen valer su opinión, y exigen explicaciones a sus representantes.
Esto no fue una “pataleta”, como dijo el exministro Velasco. Fue la reacción de una ciudadanía harta de ser infantilizada, que, como en el cuento, ya dejó de creerle a Pedrito cada vez que grita que viene el lobo.
Es una sociedad que cree en la democracia, y por eso hace saber a los políticos que ellos son nuestros mandatarios, no nuestros padres. Y que los ciudadanos somos sus mandantes, no sus hijos.
