“La publicidad de las acciones sirve para estimular el bien, retraher (sic) del mal y alimentar el honor”, decía en 1813 el primer número de El Monitor Araucano. Dos siglos después de ese hito, el periodismo chileno vive una nueva semana negra.
Esta partió con la renuncia del equipo de La Voz de los que Sobran, acusando que trabajaban sin contrato ni previsión. Y cerró con despidos masivos en Copesa, que incluyen a este diario, La Tercera, además del cierre de La Cuarta en papel, sumándose así a la larga lista de medios desaparecidos de las imprentas en los últimos años: Qué Pasa, Paula, Cosas, Caras y La Hora, entre tantos otros.
Otra semana negra en una noche cada vez más oscura. Según Puroperiodismo, entre 2017 y mediados de 2020, al menos 2.460 profesionales de la prensa fueron despedidos en Chile. Por cierto, en cada uno de estos casos hay explicaciones puntuales. No es aceptable que ninguna empresa -así sea un medio independiente de financiamiento precario- incumpla las leyes laborales. También son cuestionables las medidas que han tomado conglomerados como Copesa al enfrentar la crisis. El estallido social reveló una legítima crítica a la prensa, que suele descansar demasiado en pautas oficiales y poco en un contacto más estrecho con los ciudadanos. Y la pandemia derrumbó la inversión publicitaria.
Pero la crisis es mundial. Según Borrell Associates, en Estados Unidos la prensa escrita pasó de tener el 50% de la torta publicitaria en 1980, a cerca del 10% hoy. La televisión abierta cayó del 40% al 15%. Ese dinero va ahora a los grandes monopolios de Internet, en una concentración brutal que se acelera día a día.
En Chile, no tomamos a tiempo definiciones urgentes. En la ley de televisión digital, pasamos tantos años discutiendo si adoptábamos la norma digital japonesa o la estadounidense, que cuando finalmente se promulgó ya era irrelevante, ahora que el debate es cómo sobrevivir con contenidos locales frente a Netflix o YouTube.
Difícil lograrlo cuando La Nación se cerró a golpe de decreto, sin una discusión nacional sobre si queríamos tener un diario público (público, no oficialista), en un sistema dominado por el duopolio de El Mercurio y Copesa. Muy difícil, cuando a TVN la dejan languidecer apostando a su muerte natural, en vez de relevar el rol fundamental de la televisión pública en todas las democracias sólidas del mundo. Imposible, cuando el Consejo Nacional de Televisión sigue siendo un botín del cuoteo político, donde acaba de asumir una presidenta sin experiencia en la materia.
La solución, nos siguen diciendo, está en el mercado. Pero las noticias no son un simple producto de consumo; son también un bien público, tanto por su relevancia para la democracia como por la imposibilidad de cobrar directamente a quienes se benefician de ellas. Más aun cuando ese mercado está distorsionado por avisadores que usan su poder económico para castigar a medios poco dóciles.
En la era de las fake news y la política del odio, el periodismo de calidad es más indispensable que nunca. El problema es que su modelo de negocios resulta menos viable que nunca. El periodismo de investigación requiere meses de trabajo, con profesionales experimentados, para lograr un único producto. Así se logró, por ejemplo, ubicar a a Paul Schaeffer en Argentina. Pero hoy ese reporteo es inviable. Un medio como Ciper puede pasar semanas investigando un golpe, para que, a los cinco minutos de publicarlo, la misma información esté en decenas de sitios de internet que invirtieron $0 en ella. ¿Qué “modelo de negocios” aguanta así?
No fue por casualidad que las democracias occidentales crecieron en paralelo a los medios de comunicación; no fue por azar que nuestra patria nació junto a nuestro primer periódico, La Aurora de Chile; ni es un accidente que hoy el objetivo número uno de los líderes autoritarios sea destruir la confianza del público en el periodismo profesional. Tras atacar a la prensa como “el enemigo del pueblo”, Donald Trump logró que el 91% de sus partidarios lo consideraran a él como la “fuente más confiable” de información, contra sólo el 11% a los medios. Las consecuencias, ya las conocemos.
Algunos creen que la desaparición de los medios tradicionales derivará en una utopía de ciudadanos libres intercambiando información a través de las redes sociales. No entienden que nos encaminamos ya no a un duopolio nacional, sino a uno mundial en que Facebook y Google son árbitros del debate público, y deciden a través de algoritmos qué ves, qué piensas y qué sientes sobre cada una de las noticias. Como dice la profesora emérita de la Escuela de Negocios de Harvard Shoshana Zuboff, vivimos en una era “comparable a la primera época de la industrialización, en que los dueños tenían todo el poder”. “Podemos tener una democracia, o podemos tener una sociedad de vigilancia, pero no podemos tenerlas ambas”, dice Zuboff.
Algunos gobiernos están tomando cartas en el asunto. Australia presentó una ley que obligará a Facebook y Google a pagar “una remuneración justa” a los medios de comunicación por las noticias que publican, intentando preservar el periodismo de interés público, que, según una comisión oficial, “cumple un rol crítico para el funcionamiento efectivo de la democracia”. En Francia, la autoridad de libre competencia obligó a Google a llegar a un acuerdo con los medios de prensa para pagarles por el contenido que generan.
Mientras, en Chile, muchos siguen encogiéndose de hombros, esperando que el mercado lo solucione todo. No entienden que, como advertía hace justo un siglo Walter Lippmann, “la crisis de la democracia es la crisis del periodismo”. Sus destinos van inevitablemente de la mano.
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