El país vive una crisis de orden y seguridad interior, además de un peligroso estancamiento en la productividad. Enfrentar dichas crisis exige unidad de propósito en la clase política para evitar una deriva autoritaria. Conseguir unidad de propósito implica un acuerdo de las fuerzas democráticas respecto de reglas comunes para dirimir desacuerdos y construir mayorías. El conjunto de dichas reglas es el régimen político constitucional. Luego, llevar el proceso constitucional a buen puerto, en el contexto actual, es clave para enfrentar de forma democrática la crisis de orden y de seguridad interior.

El fracasado borrador constitucional no cumplía esta función. Se partió de la premisa equivocada de que las constituciones sirven para inventar o reinventar países. Así, se armó un pegoteo de anhelos de activismos identitarios -un petitorio- y se le llamó proyecto constitucional. Por lejos su capítulo más débil era el más importante: el del sistema político. Tratando de legitimar el proceso metiendo por la ventana falsos independientes y activistas indígenas sin representatividad, se terminó con un texto tan faccioso como inútil.

¿Cuál es la lección principal? Que un texto constitucional se legitimará, en la práctica, si es que cumple con los objetivos centrales que debe cumplir. Es decir, en este caso, reordenar el juego político democrático para crear unidad de propósito en la clase política, permitiéndole ejecutar reformas ambiciosas, de amplio apoyo y de largo aliento. Ha sido la incapacidad de hacer política de Estado y romper con la fragmentación y el juego de empates y parches curitas lo que tiene a nuestra democracia en el atolladero. Son, por lo tanto, actores políticos con visión y experiencia de Estado los que deberían negociar y redactar cualquier reforma constitucional. Ellos son los verdaderos especialistas en la materia.

La política democrática es muchas veces cocina y negociación. Siempre y en todos lados. Y es que destrabar situaciones imposibles exige frecuentemente transacciones y concesiones que se verían mal en público. Los políticos tragan muchas veces sapos, concentrados en lograr sacar adelante su cometido. La transparencia angelical, hoy de moda, es imposible e indeseable: si no podemos confiar en nuestros representantes ni para que rectifiquen, nuestra democracia ya se acabó.

Los sectores de derecha que están apostando por una restauración autoritaria tipo Bukele, por supuesto, no esperan nada de la clase política y no pretenden continuar el proceso constitucional. Y no es de extrañar que pronto se les una el Partido Comunista, si el nuevo proceso no les parece tan manipulable como el primero. Los comunistas nunca han considerado la democracia más que como una escalera hacia el poder para subir y patear apenas puedan. No les interesará buscar acuerdos para salvar la democracia si eso significa tener que ceder en su agenda.

Por lo mismo, es un grave error que las agrupaciones de Apruebo Dignidad, el hogar político del Presidente, prefieran seguir al PC antes que a las fuerzas democráticas en lo que respecta a la continuidad del proceso constitucional. Es inexplicable, en particular, que Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, comience a torpedear junto con Teillier la negociación constitucional. ¿Tiene la izquierda joven visión de Estado, o su único propósito es dar testimonio de su pureza? ¿Tienen conciencia histórica, o ignoran que el PC siempre ha utilizado a la izquierda purista como carne de cañón?