Cuando el Covid-19 pasa la cuenta

Rosa Amalia Morales aún mantiene fresca la imagen de ella y su familia tomando la que -dice- fue la decisión más difícil de sus vidas: desconectar de un respirador mecánico a su padre, Waldo Morales Arenas (89). Desde su ingreso a la urgencia de la Clínica Alemana, el 25 de junio, la salud del arquitecto se deterioró con rapidez a causa del Covid-19. Los fuertes dolores corporales, fiebre, desorientación constante y una intolerancia a los alimentos llevaron al equipo médico a inducirle un coma e intubarlo con la esperanza de estabilizarlo con ventilación mecánica. Pero el 2 de julio su condición empeoró.

“Nos llamó el médico tratante y nos dijo que realmente no valía la pena seguir manteniéndolo así, intubado. Ya no respiraba por sí solo. Hablamos como familia y estuvimos de acuerdo en que había que desconectarlo. No queríamos verlo en esas condiciones, amarrado a una camilla y sufriendo”, recuerda. Luego de ir a su casa a reponer energías, el equipo médico desconectó a su papá del respirador artificial a las 16.00. Y apenas unas horas después, a las 19.45, un llamado la notificó de su muerte.

Las horas siguientes, dice ella, fueron las más duras, ya que descubrió que la muerte comenzaba a tener un precio. “Lo último que piensas cuando un familiar o un ser querido se está muriendo es hacer trámites o hablar de plata”, reflexiona. Luego de firmar varios documentos en la clínica para conseguir el certificado de defunción que le permitía retirar el cuerpo, tuvo que contratar un servicio funerario, negociar el precio del traslado hasta un cementerio y allí, nuevamente, hablar de dinero con la administración del recinto para realizar una ceremonia restringida por los protocolos sanitarios, donde asistieron ocho familiares directos y, luego, cremar el cuerpo. En suma, casi dos millones de pesos desembolsó la familia entre traslados y servicios funerarios. Pero no sería el último cobro que recibirían.

El último año había sido especialmente difícil para Rosa Amalia Morales. Luego de hacer clases de arte y de pintura por más de dos décadas en el Santiago College, de Lo Barnechea, quedó desempleada en noviembre de 2019, en medio de la crisis social. Tampoco pudo retornar a las aulas en abril, pese a haber llegado a un acuerdo, debido al cierre de recintos ordenado a mediados de marzo por el Ministerio de Educación. Después vino la muerte de Waldo.

Aunque el paso de los días le trajo algo de paz a ella, a la esposa de su padre y a sus cinco hermanos, Rosa Amalia Morales asegura que la incertidumbre sobre el valor que tendría la hospitalización comenzó a rondar en su familia. De eso se enteró el 17 de julio. Ese día, una ejecutiva de Cruz Blanca, la isapre de su padre, le entregó una copia del documento con el detalle de sus deudas: $ 11.866.911 por los ocho días internado en la Clínica Alemana y otros $ 3.532.569 a pagar, tras los descuentos aplicados por utilizar la Ley de Urgencias.

La cobertura de su aseguradora apenas había llegado a $ 400 mil tras su ingreso de emergencia. Con una deuda que ascendía a $ 15.399.480, pese a que la familia activó la denominada cobertura adicional para enfermedades catastróficas (Caec), ella tomó el teléfono y escribió en el grupo de WhatsApp que mantiene con sus hermanos. “Nunca me imaginé que nos iban a cobrar esa cantidad de plata. Pensé que estábamos amparados por la Ley de Urgencia y por haber activado el Caec”, asegura.

Según Morales, pese a la aprobación de su familia de trasladar a su papá a una clínica en convenio con su isapre, “el doctor que lo estaba tratando dijo que no, que no se podía mover ni hacer el traslado, porque estaba en riesgo vital. Hay constancia de eso”.

El costo promedio por cada hospitalización por Covid-19, detallan desde la Asociación de Isapres, bordea los $ 7 millones. Asimismo, desde el gremio estiman que un 70% de los afiliados al sistema (1.367.170) podría acceder al 100% de la cobertura hospitalaria, mientras que el 30% restante (585.930 afiliados), como el caso de Rosa Amalia, tendrán que pagar una parte o, incluso, la totalidad de sus hospitalizaciones a causa del virus.

Los casos de cobros cuantiosos a personas internadas de urgencia producto del coronavirus comenzaron a conocerse en las últimas semanas, no solo entre los afiliados de aseguradoras privadas, sino también en el sector público, como Fonasa. Bien lo sabe Mónica Valenzuela Ríos, guardia de seguridad del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel, quien a fines de marzo contrajo el virus. Pese a los dolores musculares, fiebre y pérdida del olfato, asegura que los médicos de los centros de salud públicos que la atendieron solo le recetaron paracetamol y medicamentos para combatir la cistitis. Hasta que el 26 de marzo, un médico de la Clínica Bicentenario detectó la gravedad de su estado: “Llevaba dos semanas con síntomas. Alcancé a estar dos días hospitalizada y me intubaron. Estuve así ocho días. No tenía idea de lo que pasaba. Estaba muy mal, el doctor le dijo a mi familia que estaba en riesgo vital”, detalla.

Tras recuperar la conciencia y ser dada de alta a los pocos días, Mónica Valenzuela regresó con su familia. Pese a superar el virus, los problemas de salud mental comenzaron a manifestarse con dificultades para dormir. Hoy, dice, su preocupación escaló tras un día en que sonó su teléfono: “Llamaron a mi esposo y le dijeron que tenemos que pagar $ 20 millones. ¿De dónde voy a sacar $ 20 millones? Cuando fui a Fonasa me dijeron que ellos me cubren muy poco y que, además, yo les tengo que pagar a ellos $ 1.900.000 y lo otro lo tengo que ver con la clínica directamente. Nunca pensé vivir una situación así”.

Mónica Valenzuela es solo uno de los 14,8 millones de afiliados a Fonasa, institución que concentra el 77% de los usuarios del sistema de salud a nivel nacional. A causa de la pandemia, el organismo mejoró sus coberturas, logrando que un 65% de sus usuarios (9,2 millones de personas) de escasos recursos, migrantes y quienes tienen ingresos menores o igual a $ 320.500 quedaran exentos de cobros en caso de ser atendidos de emergencia por coronavirus. A ellos se sumó, posteriormente, a los mayores de 60 años de tramos de mayores ingresos para atenderse de forma gratuita en la red pública y en clínicas privadas en convenio con Fonasa. Pero Mónica, al igual que otros cinco millones de usuarios de los tramos C y D, no pertenece a estos grupos y, ante una emergencia de salud por Covid-19, tendrán que pagar entre un 10 y un 20% de sus atenciones de salud.

Rosauro Salinas (89) y Norma Fuenzalida (82), casados hace 65 años, conocieron en carne propia esta situación. Contagiados con coronavirus en mayo pasado, Rosauro fue el primero en ser hospitalizado. El 27 de mayo ingresó de urgencia a la Clínica Alemana. Y solo dos días después, Norma ingresó al mismo recinto asistencial. Ambos fueron internados en la UTI con riesgo vital, asegura Nicole Sandoval, una de sus 11 nietas. Mientras Salinas permaneció hospitalizado 15 días, Fuenzalida estuvo 31 en el recinto de salud. “Una vez que los dieron el alta a ambos nos enteramos de que el monto de la cuenta era de aproximadamente $ 79 millones. La clínica no dijo que ellos no estaban en riesgo vital”. Pese a no haber vivido una situación similar anteriormente, la familia ideó una forma de recaudar fondos. A través de la realización de dos rifas y la venta de completos y queques a sus amigos y vecinos de Renca, lograron recaudar $ 550 mil para pagar una pequeña parte de la cuantiosa deuda.

En paralelo, dice Nicole, un amigo de la familia que trabaja en una fundación “nos orientó respecto del tema, ya que yo personalmente fui a la Superintendencia de Salud y a Fonasa, pero la respuesta fue que debíamos pagar todo completo. Si no le pagábamos a la clínica teníamos que rematar la casa”.

Así, detalla, tras presentar la documentación en Fonasa se inició un proceso interno que se prolongó por casi un mes hasta que, finalmente, la institución notificó a la familia que se haría cargo por completo de la deuda, tras comprobar que la pareja había llegado a la clínica con sus exámenes de Covid-19 positivo, sufrían una neumonía y habían ingresado bajo la Ley de Urgencias.”Fonasa cuenta con distintos mecanismos para apoyar a sus beneficiarios. Si una persona que es asegurada por Fonasa necesita revisar alguna situación respecto de sus atenciones, puede hacer un reclamo: ya sea por teléfono o a través de la web”, aseguran desde la institución.

Alfredo Schönherr, presidente de Clínicas de Chile A.G., que reúne a 39 prestadores de salud privados en Santiago y regiones, enfatiza que durante la pandemia se han implementado una serie de mecanismos de protección financiera para las familias, “ya sea por la vía de planes de salud, coberturas preferentes o seguros catastróficos como Caec”. Y en el caso de los pacientes Fonasa que se atienden en recintos privados, se actualizaron convenios llamados Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), que acotan el impacto económico de quienes contraen el virus.

Este hecho, asegura Schönherr, ha traído un efecto colateral: “Muchos de nuestros establecimientos han quedado en una situación financiera delicada por los enormes gastos que hemos enfrentado y porque incluso, en ocasiones, hemos debido operar sin cubrir los costos de atención. Según la asociación, en el período marzo-mayo sus ingresos sufrieron una caída del 40%; es decir, cerca de $ 294 mil millones de pesos.

Desde la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, presidente del gremio, asegura que son los afiliados los que deben informarse sobre los beneficios vigentes de sus aseguradoras y cómo obtener las coberturas más convenientes. Desde la entidad detallan que, al 1 de julio, llegaron a las 4.133 hospitalizaciones y para el segundo semestre proyectan que éstas podrían superar las 3.000. Además, agregan, hasta la fecha las isapres han pagado cerca de $ 25 mil millones a las clínicas por concepto de hospitalizaciones a causa del Covid-19.

Mientras las clínicas, las isapres y Fonasa continúan sumando nuevas hospitalizaciones por coronavirus, y calculando las cuentas por cobrar de sus afiliados, Rosa Amalia Morales seguirá contemplando la hoja impresa con el millonario cobro que le entregó la aseguradora y que guarda en un cajón de su casa, hasta que se concrete la promesa que telefónicamente le hicieron a su familia tras este reportaje: analizar su caso y recalcular el monto a pagar. “En situaciones así -reflexiona ella- uno no piensa en la plata. Porque lo que quieres es salvar a tu ser querido”.