El debate constituyente que se activó en el Congreso

A una maratónica sesión de cinco horas fueron convocados para mañana lunes los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El objetivo de la cita es debatir y consensuar un mecanismo que permita la redacción de una nueva Carta Fundamental que tome en cuenta los cambios estructurales que se han visto reclamados estos días.

La instancia que preside el diputado DC Matías Walker se fijó como propósito escuchar en un solo día -desde las 14.30 hasta las 19 horas- a abogados constitucionalistas y a diversos actores políticos y sociales que les ayuden a concordar y refundir en un solo texto los cinco proyectos que ya existen sobre la materia. La idea es votar, a más tardar el martes 5, "un camino institucional y democrático, mediante un proceso constituyente radicado en la ciudadanía, que permita dar una salida a la grave crisis de legitimidad y al desplome completo de todo el sistema político", según describe el diputado PS Leonardo Soto.

La idea de reactivar el proceso constituyente que se abrió a fines del gobierno de Michelle Bachelet, y que quedó congelado en los últimos años, tomó fuerza en los partidos de oposición el viernes de la semana pasada, luego de la masiva concentración que reunió a cerca de 1,2 millones de personas solo en Plaza Italia. Una movilización que, según reconoció el gobierno, marcó un "antes y un después", y que tuvo lugar pese a los esfuerzos de La Moneda por descomprimir la crisis, que incluyeron un giro en favor del diálogo y el anuncio de un paquete de 15 medidas -la llamada "agenda social"- que hizo el Presidente Sebastián Piñera la noche del martes 22 de octubre. Los puntos de la agenda, sin embargo, no fueron interpretados como cambios significativos, capaces de satisfacer las diversas demandas ciudadanas.

A partir de ese momento, algunos parlamentarios de oposición comenzaron a desempolvar los diferentes proyectos que se han presentado para cambiar la Carta Magna, que no concitan consenso al interior de los partidos y menos aún entre los bloques opositores.

En paralelo, senadores y diputados redactaron nuevas iniciativas, haciendo aún más engorrosa la discusión y complicando un posible entendimiento. Fue tal la confusión, que el martes 29, los jefes de ambas cámaras, el senador PPD Jaime Quintana y el diputado DC Iván Flores, junto a los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado, Felipe Harboe, y la Cámara de Diputados, Matías Walker, debieron reunirse para definir dónde y cómo quedaría radicada la discusión legislativa.

https://www.latercera.com/politica/noticia/presidentes-camara-senado-encuentro-nueva-constitucion/882292/

Antes de esa cita, eso sí, Walker jugó una carta que terminó inclinando la balanza en favor de los diputados. Puso en tabla para la sesión siguiente el debate sobre los proyectos que ya estaban circulando, aprovechando que la Cámara había votado en general el texto enviado por el gobierno de Bachelet, en abril de 2017, para modificar el capítulo XV de la Constitución. Dicha reforma establece un mecanismo para modificar completamente la Carta Fundamental a través del una convención constituyente, cuyos miembros deben ser establecidos por el Parlamento mediante una ley orgánica constitucional. La decisión de establecer una convención constituyente debe ser aprobada por 2/3 de los legisladores en ejercicio. Actualmente, esa cifra es difícil de alcanzar sin el respaldo de algunos parlamentarios de Chile Vamos. Y, hasta ahora, el gobierno no se ha mostrado dispuesto a abrir esa compuerta.

En caso de aprobarse este mecanismo, tanto sus miembros como su organización y funcionamiento, igualmente deben ser ratificados por 4/7 de los parlamentarios en ejercicio.

Este martes, durante el primer consejo de gabinete, justo tras el cambio ministerial, el Presidente Piñera insistió en la estrategia implementada por La Moneda para hacer frente a la crisis: priorizar el control del orden público, avanzar en la "agenda social" y fortalecer los diálogos ciudadanos como vía para escuchar y jerarquizar las demandas de los chilenos.

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FOTO: Presidencia.[/caption]

Pese a que en el oficialismo admiten que "Chile cambió", que "se necesita un nuevo pacto social", y a que incluso el propio Piñera no descartó "reformas estructurales" cuando se le consultó por el debate constitucional, hay sectores que se resisten a que ese acuerdo se exprese en una nueva Carta Magna. "No creo que cambiar la Constitución sea una salida a la crisis. Esto no es una crisis política, sino social. El derecho a la salud, a la educación, están en la Constitución. El problema está en cómo lograr salud y educación de calidad y eso no lo resuelve una nueva Constitución. Me asusta que el mundo político esté respondiendo a esta crisis con un discurso político cuando el problema es social", sostiene la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

Quienes no se han cerrado a la discusión son los parlamentarios de Evópoli. En 2016, el partido participó activamente de los encuentros locales y cabildos del proceso constituyente que empujó la expresidenta Bachelet e, incluso, el actual presidente de la colectividad, Hernán Larraín Matte, fue parte del Consejo de Observadores convocado por la exmandataria para fiscalizar dichos encuentros. Por estos antecedentes, en la colectividad están dispuestos al diálogo; sin embargo, para ellos la solución a la actual crisis no pasa por cambiar la Constitución. "Nosotros estamos abiertos a conversar sobre esta materia, pero somos escépticos de que este sea el problema de fondo que va a resolver la situación del país y, también, de la capacidad del mundo político de interpretar y de ponerse de acuerdo. Generar una nueva Constitución a partir de cero parece algo voluntarioso. Se pueden hacer reformas profundas a los capítulos de la Constitución, pero no partir con una hoja en blanco", señala el diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, miembro de la Comisión de Constitución.

"No creo que cambiar la Constitución sea una salida a la crisis. Esto no es una crisis política, sino social. El derecho a la salud, a la educación, están en la Constitución. El problema está en cómo lograr salud y educación de calidad y eso no lo resuelve una nueva Constitución. Me asusta que el mundo político esté respondiendo a esta crisis con un discurso político cuando el problema es social", sostiene la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

En RN, no piensan igual. El presidente del partido, Mario Desbordes, ha mantenido conversaciones con diputados de oposición, incluso del Frente Amplio, para discutir un cambio en el texto que respete la vía institucional y al mismo tiempo encauce las demandas de la población. El lunes, de hecho, habló sobre esto con el diputado RD Pablo Vidal, a quien le admitió que aunque no tenía todos los votos de sus parlamentarios, varios se estaban abriendo a la idea. Asimismo, le preguntó si el Frente Amplio podría allanarse a aprobar una convención constituyente -mecanismo que incluye participación de parlamentarios y de ciudadanos elegidos expresamente para redactar una Constitución- y no insistir en la idea de asamblea constituyente, una instancia que genera temor en Chile Vamos.

En la Cámara Alta, las conversaciones entre senadores de RN -encabezados por Manuel José Ossandón y Andrés Allamand- y de oposición han ido aún más lejos. "He conversado con senadores de oposición, porque no le tengo miedo en absoluto al plebiscito, a la democracia. Hoy nadie, después de todo lo que está sucediendo, tiene piso para decir que Chile no quiere cambios estructurales. El que sostenga eso está en otro país. Hay que ser prudentes en este tema, pero la prudencia no puede transformarse en miedo a los cambios, porque los cambios tienen que venir", sostiene el senador Ossandón.

Para Allamand, "el Congreso Nacional está en condiciones de reactivar de inmediato el debate constitucional . Al proyecto presentado por Michelle Bachelet al final de su período debieran adicionarse otras propuestas de reforma, tomando al conjunto como base de la discusión. Al mismo tiempo, deben fijarse mecanismos de participación amplios. Es perfectamente razonable también establecer un plazo para las deliberaciones y convenir un plebiscito en que la ciudadanía apruebe o rechace el proyecto que del aludido proceso resulte".

Los senadores de RN tienen previsto reunirse mañana -lunes 4 de noviembre- en la sede del Instituto Libertad, entre las 19 y 21 horas, para analizar un posible cambio a la Constitución y los posibles mecanismos para hacerlo.

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Los partidos no son los únicos que en los últimos días se han abierto a un proceso constituyente. El miércoles 30 de octubre, durante un conversatorio organizado por el presidente del Senado para hablar de nueva Constitución, el abogado constitucionalista Sebastián Soto -consejero del CDE y cercano al jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet-, sorprendió a los demás asistentes al encuentro al admitir que las movilizaciones sociales lo habían hecho cambiar de opinión. "Antes del movimiento de octubre yo era un profundo escéptico del cambio constitucional (...). Hoy no tengo ninguna claridad, no vengo con ninguna fórmula. He estado mudo por el profundo descontento", afirmó.

"Antes del movimiento de octubre yo era un profundo escéptico del cambio constitucional (...). Hoy no tengo ninguna claridad, no vengo con ninguna fórmula. He estado mudo por el profundo descontento", afirmó Sebastián Soto.

Los congresistas, tanto de RN como de oposición, saben que tienen poco margen de maniobra. Para los ciudadanos que se han estado movilizando durante las últimas dos semanas, los parlamentarios son parte del problema. Se les cuestiona su desconexión de la calle y sus privilegios. Un segmento importante de la población desconfía de ellos y duda que una solución de largo plazo pueda surgir del mismo grupo de políticos al que acusan de haber hecho oídos sordos a sus demandas por décadas.

Por eso, una idea que ha ido cobrando fuerza entre los parlamentarios de oposición es apostar por una reforma a la Constitución para incluir un artículo que permita convocar a un plebiscito dentro de los 30 días siguientes a su aprobación -lo que podría ser a fines de noviembre o inicios de diciembre- para que sea la ciudadanía la que decida si quiere una nueva Constitución y elija entre tres alternativas: asamblea constituyente, convención constituyente o una comisión bicameral del Congreso que elabore, dentro de un plazo determinado, un nuevo texto constitucional que deberá ser sometido a su ratificación por la ciudadanía en un nuevo plebiscito.

La Comisión de Constitución de la Cámara ya tiene un proyecto presentado en 2017 por un grupo de 10 parlamentarios de la llamada bancada "AC"-que fue respaldado por otros 40 diputados-que puede servir de base de trabajo.

En ese caso, señalan parlamentarios de oposición, el proyecto de nueva Constitución que presentó Bachelet seis días antes de terminar su mandato -casi a modo testimonial- sería un insumo más para la discusión dentro del nuevo órgano constituyente. La misma suerte correrían los resultados de los más de 7.900 encuentros locales autoconvocados (ELA) que se realizaron durante el proceso convocado durante el gobierno pasado, en los que participaron más de 105 mil personas. El debate de esos cabildos ciudadanos fue sistematizado a fines del año 2017 y todo su contenido es público.

Desde el gobierno, sin embargo, la apuesta por escuchar a la gente va por otro lado. El martes o miércoles próximo, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, tiene previsto dar a conocer el mecanismo que usarán para institucionalizar los diálogos ciudadanos que serán convocados por el gobierno. Estos apuntan a levantar una agenda social de corto, mediano y largo plazo a partir de un proceso de tres fases: jerarquización de las demandas sociales, priorización y ejecución de los cambios, señalan fuentes de La Moneda.

Sichel ha estado estudiando los modelos que implementó el gobierno francés de Emmanuel Macron para enfrentar la protesta de los "chalecos amarillos" y el debate ciudadano que llevó adelante en 2006 en Gran Bretaña el entonces primer ministro conservador David Cameron.

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En La Moneda aseguran que se han sacado aspectos de ambos modelos. Del francés, la forma en que se institucionalizó el diálogo a través de los municipios y gobiernos locales, en vez de hacerlo por medio de las organizaciones sociales, así como también la idea de participación individual en una plataforma online. Del inglés, se rescató la lógica de que la participación ciudadana esté en función de las demandas de las personas y no de las necesidades de las instituciones, afirman fuentes del gobierno.

Hasta ahora, La Moneda no se ha fijado una meta respecto del número de personas que esperan convocar y el piso mínimo que dé legitimidad a este proceso. Lo que sí han señalado es que el ideal es que el 90% de las comunas participe de estos cabildos autoconvocados. Más que en el número, el énfasis estará puesto en la representatividad de la participación, la gran cuestión en estas materias.