Deconstruyendo La Moneda: el intenso trabajo de las más de 100 asesoras de género

Había algo que hacía ruido en el Ministerio de la Mujer sobre la Campaña Contra el Acoso en el Transporte Público que preparaba la Gobernación Regional Metropolitana. A raíz de la ola de denuncias por violencia sexual y hostigamiento en el Metro de Santiago hechas por estudiantes mujeres, los equipos de la ministra Antonia Orellana y su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se habían puesto a trabajar junto al gobernador Claudio Orrego y otras autoridades en un programa de concientización para erradicar estas conductas.

En los resultados de esas mesas de trabajo de las últimas semanas había algo en el mensaje que se quería comunicar -que sería una campaña en todo el transporte público y redes sociales- que estaba mal enfocado. Fue entonces que desde el Ministerio de la Mujer le hicieron correcciones a la gobernación: la más importante, que en la difusión del mensaje no se podían generar falsas expectativas a las víctimas para que denunciaran si es que no existían las condiciones para procesar esas denuncias. En vez, en el equipo de Orellana propusieron cambiar el enfoque a la percepción comunitaria respecto de la tolerancia a ese tipo de práctica.

Las sugerencias significaron un giro en la campaña. Y en la gestión fueron protagonistas las “asesoras de género” de los ministerios, una de las bajadas feministas más importantes del gobierno desde que asumió el Presidente Gabriel Boric. Hoy, cada una de las 24 carteras, la mayoría de las subsecretarías y también gran parte de los servicios públicos tienen a una asesora feminista que supervisa y guía las políticas que se trabajan en cada sector. En total, dicen, son más de 100 asesoras que trabajan entre los ministerios, subsecretarías y servicios ministeriales.

Pero no sólo se trata de las asesoras, porque las señales venían de antes. Las primeras fueron nombrar un gabinete de ministros paritario e incluir al Ministerio de la Mujer en el Comité Político, un rol en que la titular de la cartera, Antonia Orellana, ha hecho sentir su poder desde el inicio. La primera muestra la dio a tres días de haber asumido como ministra, tras vetar al sacerdote Felipe Berríos cuando el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció que encabezaría el equipo de asesores en materia de campamentos. Ahí la ministra alertó al comité político de que su presencia no era una buena señal. La decisión tomó más relevancia cuando el jesuita pasó a ser investigado por la justicia canónica tras una denuncia en su contra por actos de connotación sexual.

Pero las alertas no quedaron ahí y con el paso de los meses el plan feminista se ha ido afinando en forma y fondo en los espacios de trabajo más íntimos del Palacio de La Moneda. Partiendo por el Segundo Piso, donde trabaja la doctora en filosofía Luna Follegati -especialmente dedicada a esta materia-, quien asesoró directamente al Presidente en temas de género en la campaña presidencial.

Durante el período de instalación existió una instrucción del Presidente: tender a la paridad en los nombramientos. Eso, sumado a facilitar los espacios laborales, de manera de resguardar el cuidado de los hijos y el respeto de los horarios para mantener la vida familiar -aunque no en todos los ministerios se pueda cumplir- es algo que en La Moneda ven como un cambio importante en la manera de hacer las cosas respecto de los últimos gobiernos.

El cuidado a la hora de conformar los equipos y hacer contrataciones también existió. Que las personas no tuvieran deudas por pensión alimenticia o posibles antecedentes de algún tipo de violencia de género (ya sea física, psicológica o simbólica) fue un criterio importante. Así, fueron descartados algunos nombres en el proceso de nombramientos. Un caso ocurrió en la Secretaría de las Comunicaciones de la Segegob en los primeros días de marzo: un funcionario alcanzó a trabajar un solo día en La Moneda por el ruido interno que generó su llegada por supuestos antecedentes de violencia de género. Su partida nunca se explicó en en el equipo.

“Se han tenido conversaciones y colaboraciones con varias personas desde los primeros días de gobierno, las que luego han seguido trabajando en la secretaría o no. En esa línea, las personas que son parte oficial de Secom son aquellos y aquellas que han firmado contrato”, respondió la subsecretaria Valeska Naranjo al ser consultada por el caso.

Otro hecho conocido fue el del ex seremi de Educación de Bíobio, Héctor Aguilera, por sus dichos en la Radio RDI de Concepción: “Si bien es cierto se dice abuso sexual, la gente se imagina una situación altamente compleja. La situación ocurrió porque un estudiante se acercó a una menor y le hizo tocaciones”. Tras esas declaraciones, Aguilera tuvo que presentar su renuncia ante el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo. “Él estaba muy capacitado en términos de gestión, pero cometió un error muy grave, que es uno de los principales focos de conflictividad en las escuelas. Y muy desalineado al programa y del enfoque de derechos que le queremos dar, entonces tuvo que dar un paso al lado”, dicen en el gobierno.

Para enfatizar aún más este plan, en su primera cuenta pública y mientras citaba a la socialista Julieta Kirkwood y su lema “Democracia en el país y en la casa”, durante la revolución feminista de los años 80, el Presidente Boric dedicó varias páginas de su discurso al gobierno con perspectiva de género que quieren impulsar. “Plantearse un gobierno feminista implica que todas las acciones del Estado estén enfocadas en la paridad de género e igualdad en la arena institucional y política, así́ como ser capaces de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas que tengan relación con la vida de las mujeres y diversidades”, aseguró frente al Congreso el 1 de junio.

La bajada de este anuncio tiene proyectos concretos que ya se empezaron a llevar a cabo. En simple, además del cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030 -que es un instrumento de planificación previo a esta administración-, el gobierno tiene una agenda de género propia con compromisos ministeriales específicos, un sistema de equidad y una agenda regional.

Para velar porque todo esto se cumpla, actualmente es que existen las asesoras de género en los distintos espacios. La organización de este trabajo funciona así: dentro del Ministerio de la Mujer, la División de Políticas de Igualdad, liderada por la socióloga Tatiana Hernández, trabaja con una red de expertas para el seguimiento y la coordinación de la transversalización de la igualdad de género en el Estado. Cada una abarca un grupo de ministerios y se coordina con las asesoras de cada cartera, sosteniendo reuniones cada cierto tiempo para resguardar el buen cumplimiento de la agenda.

Todo esto no es nuevo, la idea de la transversalización de género era algo que vino con la creación del Ministerio de la Mujer, durante el segundo período de Michelle Bachelet. Sin embargo, no se había manifestado de manera tan evidente en las últimas dos administraciones. De hecho, desde el gobierno sostienen que hubo discrepancias con la ministra Zalaquett y la subsecretaria Abud, en cómo ellas dijeron que continuaron con ese trabajo de transversalización.

En ese sentido, transmiten que hay cosas que no se estaban desarrollando de forma correcta o no habían tenido la visibilización que, a juicio de ellos, debería tener. “Es evidente que hay mayor cantidad de mujeres participando en todos los ámbitos de decisión del gobierno. Siempre hubo personas al interior del Estado que impulsaron estos temas, incluso a veces era mal visto, o tuvo repercusiones en su carrera funcionaria. Tenemos algunos, los pocos datos que tenemos son gracias al trabajo de ellos”, sostiene la ministra Orellana.

Con todo, en cada una de las carteras ya comenzaron con la implementación de este plan. En el Mineduc, por ejemplo -a días de haber asumido en el cargo-, una de las primeras asesoras que se hicieron notar fue la excandidata a diputada -y ahora asesora de género de ese ministerio- Camila Arenas. Tras las denuncias por abuso y violencia sexual en los liceos emblemáticos de Santiago, que en principio la alcaldesa Evelyn Matthei denunció con el chat del caso “La Manada”, durante esas semanas y junto al ministro Marco Antonio Ávila, Arenas participó de las reuniones que sostuvieron con las alcaldesas de Providencia y Santiago para encontrar soluciones a las demandas. A eso también se sumó que recibieron a las alumnas de estos liceos en el Mineduc, además de desarrollar una serie de jornadas hacia una educación no sexista. Hasta ahora, ya se ha realizado una versión de esta actividad, en donde participó más del 90% de los establecimientos públicos con enseñanza media. El objetivo de esto, aseguran desde el Mineduc, es poner en el centro del debate de las comunidades educativas todas las prácticas de discriminación, hostigamiento o violencia de género y sexual que suceden al interior de los establecimientos educacionales. A estas jornadas también se suma un proceso de elaboración de una ley marco de educación en afectividad y sexualidad integral en el que han estado trabajando las encargadas de género. “La normativa busca avanzar en derechos e información pertinente a las distintas etapas de formación, promoviendo la igualdad sustantiva, la prevención y la justicia en las aulas de todos los ciclos educativos”, dicen en el Mineduc.

Camila Arenas forma parte del Frente Feminista de Convergencia Social, mismo lugar al que pertenece la ministra Antonia Orellana; la presidenta de las fundaciones de Presidencia y pareja del Presidente, Irina Karamanos, y otras tres asesoras de género ministeriales. En ese grupo también entran Carmen Luz Morales -esposa del jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía-, que trabaja en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal. Aunque de esa cartera confirman que trabaja ahí como asesora en enfoque de derecho en Digera (División de Gestión de Redes Asistenciales), en su cuenta de LinkedIn aparece como “asesora en enfoque de derechos y género”. La asesora de género del ministerio de Salud es Paula Araya; en la subsecretaría de Redes Asistenciales trabaja Vivian González; y en la subsecretaría de Salud Pública la asesora es Valentina Pantoja.

Existen ministerios en donde el trabajo de las asesoras ha sido más intenso, sobre todo en aquellos más “masculinizados”, como es el caso del Ministerio de Energía, donde preparan una Oficina de Género y Derechos Humanos a cargo de la ingeniera agrónoma Marcela Zulantay, que buscará -entre otras cosas- promover el nombramiento de mujeres en cargos importantes, o también en el Ministerio de Defensa. Ahí, el trabajo de la administradora pública con magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Paula González, junto con las otras dos encargadas de género de las subsecretarías, ha sido actualizar los sistemas de prevención y abordaje de acoso sexual y laboral de todas las instituciones; incorporar enfoque de género en la planificación de las relaciones internacionales 2022-2026, a fin de promover la integración y aporte de las mujeres en esa área de la Defensa e iniciar el diseño del tercer Plan de Acción Nacional de la Agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, que incorporará la gestión de emergencias y desastres.

Algo similar ocurre en el Ministerio del Interior. Ahí, los incendios propios de la contingencia han hecho que quien tome un rol protagónico en los espacios de deliberación en materia de género sea la asesora de la cartera Francisca Bozzo. En esos trabajos también la ministra Siches ha sostenido reuniones con todas las encargadas de los distintos servicios ministeriales. Sin embargo, Bozzo es quien coordina la Mesa Ministerial de Género y, además, forma parte del gabinete como integrante del círculo de confianza de Siches. Su trabajo, hasta ahora, ha ido en la línea de instalar el enfoque de género en la reforma a las policías, reuniéndose con generales mujeres de Carabineros y también en la construcción de la Política Nacional Migratoria.

Durante la gira de abril del Presidente Gabriel Boric junto a algunos de sus ministros en Argentina, hubo una foto que, desde la oficina ministerial de Santiago, llamó la atención de la asesora de género del Ministerio de Energía y doctora en Física con estudios de género, Tania Sauma. Por esos días el ministro Claudio Huepe sostuvo una reunión bilateral con su par argentino en Buenos Aires. En la imagen que publicaron para comunicar dicha instancia no había una sola mujer. La asesora se comunicó con el ministro para hacerle ver que eso no podía volver a ocurrir. Desde ahí que no han sido pocas las veces en que Tania Sauma ha tenido que preguntar al comienzo de las reuniones si es que acaso trabajan mujeres en el lugar que puedan participar de la toma de decisiones. En ese gabinete están conscientes de que el problema es de fondo y que viene de hace tiempo, por eso el despliegue de las asesoras y la Oficina de Género es importante para corregirlo a largo plazo, pero saben que las formas también importan.

Bien lo sabe la ministra Antonia Orellana, quien también ha tenido que hacer cambios a la hora de actualizar la estrategia comunicacional de una administración a otra. “Lo primero fue empezar a hablar de la diversidad de las mujeres. Nosotras queremos erradicar el concepto de la señora Juanita, porque es una visión estereotipada, está la señora Juanita, está la señora Marcia y son todas distintas, dependiendo de dónde vivan y qué hacen. Las estereotipaciones no contribuyen a la visibilización de sus necesidades. Entonces, lo primero es mostrar esa diversidad”, dice la ministra. Eso, transmiten en La Moneda, también tiene una bajada gráfica que implica no caer en estereotipos, preocupándose de mostrar la diversidad de colores, de cuerpos, etc.

A la hora de ajustar métodos e instrumentos de trabajo, también ha habido cambios. En cuanto al Plan Nacional de Igualdad, una política de Estado 2018-2030, ha habido que retroceder en algunas cosas que hizo el gobierno anterior. Por ejemplo, que al lado de cada vez que decía sexualidad ellos agregaron también “maternidad”. Todo eso se ha ido actualizando.

En el Ministerio de Obras Públicas ha habido ajustes, pero también sugerencias. Durante las primeras reuniones con los servicios ministeriales en los que la asesora Lorena Ureta participó junto al ministro Juan Carlos García, instó a los presentes a hablar de la equidad de género, evitar el mansplaining (cuando un hombre le explica algo a una mujer sin considerar que ella sabe igual o más de lo que está hablando) y usar el lenguaje inclusivo, pues se había considerado como un estándar dentro del ministerio.

Esto último también lo han implementado otras carteras. En Bienes Nacionales, por ejemplo, aseguran que “están en proceso de actualización de un manual de comunicaciones inclusivas y la realización de campañas y capacitaciones internas para promover el lenguaje no sexista”. Resguardar eso va a depender de la facilidad y naturalidad que tengan las autoridades ministeriales de comunicarse con esos estándares y -de pasada- que no les ocurra un impasse como el del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, cuando habló de “las y los medicamentos”. Entre las recomendaciones para el uso del lenguaje, según explican algunas asesoras, hay ejemplos como tener cuidado cuando se utilizan conceptos para referirse a personas trans (ideal hablar de identidades sexogenéricas), o también en materia de niñez, no utilizar conceptos como “menores”. “Hay veces que las asesoras tienen que estar corriendo detrás de algunos subsecretarios porque les cuesta un montón usar el lenguaje inclusivo. Lo mismo ocurre con documentos, a veces hay que hacer revisiones”, dice una asesora de género de La Moneda.

Pero aunque reconocen que a algunas les ha tocado correr detrás, ni a la ministra Orellana ni tampoco a las asesoras les gusta el estereotipo en el que recae su trabajo. Así lo explica una de ellas : “No somos la policía del género”.

*El texto fue actualizado a las 12:22 del domingo.