Ángela Salinas tomó un avión desde Antofagasta.

De un minuto a otro, la vida de su hija, la diputada Catalina Pérez, se dio vuelta por completo.

La madre y algunos amigos vinieron a ayudarla a desarmar la casa que compartía con Daniel Andrade Schwarze, en un barrio de Pedro Aguirre Cerda.

La ruptura con su pareja desde hace un año, y compañeros de militancia en Revolución Democrática desde 2014, se produjo la semana pasada, cuando Pérez recibió el llamando de un medio digital de su región para consultarle si sabía que Andrade, en su calidad de representante legal de la fundación Democracia Viva, había suscrito convenios por más de $ 426 millones con el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (también RD y exjefe de gabinete la diputada). Catalina Pérez asegura que no.

“Sostengo, una vez más, que no he tenido ninguna injerencia, participación ni soy responsable de ninguno de los hechos conocidos”, volvió a decir el viernes la parlamentaria, en una carta enviada a la directiva de su partido, el mismo que con el correr de los días fue distanciándose de su versión.

“Sin duda, es de los momentos más duros que hemos pasado colectivamente. En mi vida personal es la situación más dolorosa que me ha tocado vivir”, decía la parlamentaria, intentando afrontar la verdadera bomba que estalló al interior de su partido, del Frente Amplio, del gobierno y de una generación que llegó al poder con la promesa de hacer las cosas de una manera diferente, sin amiguismos, privilegios, ni menos corrupción.

El miércoles 14 de junio -después de almuerzo-, Pérez estaba feliz en su oficina en la Cámara de Diputados en Valparaíso. Se había aprobado el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que su partido había alentado tras 13 años de tramitación, y durante el almuerzo la bancada frenteamplista había conversado distendidamente sobre el reciente llamado hecho por el Presidente Gabriel Boric -en el cuarto aniversario de Convergencia Social (CS)- para unir a los tres partidos de la coalición (CS, RD y Comunes) y a “pensar en grande”.

Pero esa tarde, su alegría se esfumó en pocos minutos al recibir la llamada de un medio digital de su región, Timeline, que le pedía su opinión sobre los millonarios contratos firmados entre su pareja y su exjefe de gabinete. La diputada, abogada de la Universidad Católica del Norte, antes de que el caso saliera a la luz pública, envió un oficio a la Contraloría para que investigara los convenios y despejaran “dudas” en torno a su conocimiento.

“He decidido oficiar yo misma a Contraloría para despejar cualquier duda sobre la más absoluta legalidad y apego a los estándares de transparencia y probidad de este y cualquier convenio suscrito en la región”, dijo a ese medio. Y agregó que lo hacía “porque no voy a tolerar que algunos inescrupulosos, con claros incentivos políticos, busquen sembrar un manto de duda sobre mi gestión parlamentaria”.

Lo que no hizo Pérez, sin embargo, fue informar al gobierno sobre la inminente publicación del artículo.

El viernes 16, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, estaba en Rancagua inaugurando el Condominio La Luz. Compartía la felicidad de 176 familias que recibían las llaves de sus departamentos, cuando recibió en su teléfono una alerta con el título: “En dos meses, fundación de pareja de diputada Pérez se adjudicó $ 426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta”. Era la nota publicada por Timeline.

El experimentado político socialista inmediatamente se dio cuenta de que estaba frente a un problema mayor y que había que actuar con rapidez. Esa misma tarde, Montes llamó a Contreras para pedirle que dejara su cargo, mientras la noticia comenzó a viralizarse en redes sociales.

Aparte de ser indesmentibles, los detalles que rodeaban el caso tenían un morbo especial. Contreras había sido jefe de gabinete de Pérez entre junio de 2020 y junio de 2021, y tesorero de Revolución Democrática. Y Andrade había tenido una larga y pública relación política con la diputada.

El ingeniero civil electrónico -que había presidido la Fech entre 2016 y 2017- jugó un rol clave en la victoria de Catalina Pérez en las elecciones internas de RD, realizadas el 27 de enero de 2019, donde ella se impuso a Javiera Parada y a Alejandra Millán. Con Pérez ya como presidenta de Revolución Democrática, Andrade -quien por ese entonces era pareja de la actual jefa de la Dipres, Javiera Martínez- fue parte de la directiva con el cargo de coordinador de redes ciudadanas.

El sábado en la mañana, el Presidente Boric se enteró del asunto. Leyó la publicación y al rato conversó con Montes. El ministro socialista le informó que había pedido la renuncia al seremi por un complejo caso de conflicto de interés y el Mandatario le pidió la máxima severidad para enfrentar lo ocurrido.

A las 16.44 horas de ese día, Contreras publicó su renuncia en Twitter a través de una sentida carta donde lamenta “no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro”.

La noticia ya empezaba a circular por las redes con mayor fuerza. Y llegó a ojos de José Antonio Kast. “Este puede ser el Caval del gobierno de Boric. Renunció seremi de Vivienda de Antofagasta involucrado en la transferencia de más de $ 400 millones a fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez. Fiscalía y Contraloría deben intervenir”, tuiteó el líder republicano, amplificando la visión del artículo. En esos momentos, la UDI, que finalizaba un consejo directivo ampliado en Mantagua, pescó el tema. Había que adelantarse a la inminente arremetida que la bancada republicana haría ese lunes en el Congreso. Los diputados gremialistas acordaron liderar la ofensiva.

A diferencia de lo que esperaba Montes, la renuncia del seremi no aquietó las aguas. La magnitud de los dineros fiscales involucrados y la forma en que se habían llevado a cabo los pagos -en tres entregas de $ 200, $ 170 y $ 56 millones- encendieron las alarmas en La Moneda.

La curva de aprendizaje se veía otra vez golpeada.

El lunes (19) el tema se tomó la agenda y las redes sociales y la crisis se instalaron en el gobierno y en la coalición frenteamplista.

Según fuentes oficialistas, Boric estaba muy preocupado y molesto por lo acontecido y los nuevos detalles que aparecían por todos lados.

Hizo consultas a autoridades de RD del gobierno para despejar que no hubiese más vinculaciones en el gobierno central con Democracia Viva (lo que produjo una revisión de contratos y transferencias) y transmitió claramente a sus ministros que su postura era caiga quien caiga, aunque fuera el amigo más cercano de él.

En los pasillos de Palacio y de otros ministerios se instaló el temor de que esto sea un caso Caval para Boric (como lo había dicho Kast), ya que le pegaba en lo más profundo del discurso de la renovación de la política.

También se dijo que si esto se extendía a casos de platas políticas podía terminar horadando su capacidad de gobernar y avanzar en su programa, dependiendo de la magnitud de los casos.

Boric acudió esa tarde al velatorio de Alfredo Joignant Muñoz -exdirector de la Policía de Investigaciones durante el gobierno de Allende y padre del cientista político del mismo nombre- en la sede del PS. Según cuenta un dirigente presente, el Presidente se veía “muy preocupado, contrariado”.

A esa hora, la directiva de Convergencia Social se reunía a través de Zoom, acordando desmarcarse de sus socios de RD, que para entonces apoyaban cerradamente a Pérez.

De ahí que fuese notoria la ausencia de parlamentarios de CS en el punto de prensa que dio la diputada, flanqueada por el propio presidente de su partido, Juan Ignacio Latorre, y las diputadas de Comunes. Ese lunes en la tarde, Pérez se negaba a dejar la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, argumentando que ella no tenía que responder por actos cometidos por otros “hombres adultos”, en relación a Andrade y Contreras.

Para el martes, los distanciamientos se hicieron evidentes. La más clara fue La Moneda, quien a través de la vocera, Camila Vallejo, criticó el “descriterio político” que significaba el caso. Molesta, agregó que “nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas, obviamente, no contribuyen en nada”.

Luego vino el presidente de CS, Diego Ibáñez, quien ya había advertido en privado -incluso a Latorre- que había que ser muy duros en las declaraciones.

“Aquí todas las manzanas podridas tienen que salir del gobierno en la medida en que esto implique un acto que no está acorde a nuestras banderas. Esa es nuestra lucha, por eso nacemos como Frente Amplio, por eso hemos llegado al Congreso”, dijo en un punto de prensa en el Congreso.

Latorre, por su parte, circunscribía el asunto a un error político y decía que “la sospecha” se da “por el vínculo de cercanía a través de la diputada Pérez, por una parte el pololo de la diputada y, por otra parte, un seremi que había sido alguien de su confianza en su período anterior”.

Pero el asunto se fue poniendo cada vez más color de hormiga y en los noticieros de televisión se recordaban una y otra vez las declaraciones realizadas en agosto del año pasado por el entonces ministro Segpres Giorgio Jackson, quien dijo que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”.

En el PS resonaban con fuerza esas palabras y cundía la tentación de ajustar cuentas con la generación que tanto los había denostado, pero su presidenta, Paulina Vodanovic, debió hacer un trabajo de contención para calmar los ánimos.

Sin embargo, algunos dirigentes, como el senador del PS Fidel Espinoza, no dejó pasar la oportunidad. “Giorgio Jackson fundó este partido de la corrupción y está callado”, fue una de varias declaraciones, aludiendo al silencio del ministro, quien estuvo con licencia hasta el viernes, cuando apareció para decir que el hecho “es doblemente grave para quienes hemos tratado de empujar por estándares más altos”.

Si ya querían lanzarse contra los jóvenes de RD, las declaraciones de Latorre, involucrando al ministro Montes en el asunto, hirvieron a los socialistas.

“La conversación que hemos manejado, que hemos conversado con la misma subsecretaria, es que cuando ella recibe la información lo conversa en el ministerio, con el ministro y también con todo su gabinete”, dijo Latorre en la radio Concierto. Lo que planteaba el senador es que cuando se le hace llegar la información sobre este convenio a la subsecretaria Tatiana Rojas (también RD), ella lo comparte con el ministro.

Montes, indignado, llamó por teléfono a Latorre y lo mandó a buena parte.

El PS redobló la apuesta por intentar sacar a la subsecretaria. Pese a que ayer en la mañañana ella explicó que recibió los antecedentes, pidió todo los documentos sobre el caso para entregárselos al ministro, pero el caso explotó antes que ello ocurriera, en la noche Presidencia emitió un comunicado que anunciaba la salida de Tatiana Rojas. En su reemplazo asume Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional.

La tarde del jueves el Presidente Boric saldría a abordar el caso por primera vez, haciéndose cargo del golpe que significa el escándalo en su línea de flotación:

“Si en el pasado desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública, y en donde hubiese delitos o presunciones de delito -eso le corresponderá decirlo a la justicia-, hoy día, cuando quienes están involucrados son personas cercanas al gobierno tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes”.

Agregó que “a mí, como máxima autoridad del país, me molesta profundamente lo que está pasando, por eso, frente a situaciones que dañan la fe pública, hay que ser implacables, sin ningún espacio para ambigüedades”, dijo el jueves.

Con el correr de las horas, el problema solo iba creciendo. La Fiscalía de Antofagasta abrió una investigación por eventuales delitos de tráfico de influencias, malversaciones de caudales públicos y fraude al Fisco. Ameritaba una reunión entre las directivas

Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático para hablar de frente sobre qué estaba pasando.

Fue en la sede del PS, el viernes. A su llegada, el presidente de Revolución Democrática fue arrinconado por sus pares, quienes le pidieron explicación detallada sobre la situación y lo instaron a endurecer su discurso.

Tras la cita, el senador informó que el martes presentará una querella contra quienes resulten responsables, y de haber hablado de un “error político” pasó al “caiga quien caiga, sin doble estándar y sin silencios cómplices”. Anunció, además, que se congela la militancia de Catalina Pérez, tal como lo habían pedido varios alcaldes, entre ellos Tomás Vodanovic y Macarena Ripamonti, cuestión que dolió especialmente a la diputada.

A eso de las 20 horas, un equipo de la PDI llegaba hasta el departamento de Ñuñoa en el que Democracia Viva registra domicilio legal, que figura a nombre de la militante RD Cecilia Millán. Cientos de kilómetros al norte, hacían lo mismo en la sede que la fundación estableció en Antofagasta tras adjudicarse los dineros, y las oficinas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de dicha región.

Antes de que estallara este caso hubo una serie de advertencias que fueron desoídas en el oficialismo.

A fines de abril, una denuncia anónima llegó a Montes, donde se advertía que en la Seremía de Vivienda y en el gobierno regional de Antofagasta había un exceso de contrataciones de militantes de RD.

Días después, la asociación de funcionarios del Serviu de Antofagasta envió un mail a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), donde describe por primera vez el vínculo entre Andrade, Pérez y Contreras. Si bien Rojas tomó una serie de medidas, no instruyó un sumario administrativo hasta que apareció el caso en la prensa.

El 3 de junio, el diputado de RN Andrés Celis anuncia un ofició al subsecretario de Defensa, Víctor Barrueto, para conocer qué función cumple Andrade en el ministerio.

Por esos días, diputados de distintos partidos señalan que en los pasillos del Congreso eran un secreto a voces las eventuales irregularidades en la Secretaría Regional Ministerial de la Segunda Región y que los antecedentes llegaron a manos de varios legisladores.

Fue la diputada por Antofagasta Yovana Ahumada (ex PDG) quien recogió el guante enviando un oficio a Contreras, pidiendo información sobre estas tres transferencias de dinero a la fundación Democracia Viva.

Quienes conocen a Andrade lo califican como una persona muy inteligente, ambiciosa y con un estilo de hacer política que le ha traído éxitos y dificultades.

Recuerdan que al ingresar a RD -junto a un grupo proveniente de la Unión Nacional Estudiantil (UNE)- hubo voces internas en la colectividad que se opusieron a su llegada. Finalmente, el tema se votó en asamblea y se aprobó el ingreso.

“El partido recibe a todos los militantes de buena forma. Si hay quienes desean migrar, las puertas de esta casa están abiertas”, señalaba por esos días la dirigenta de RD Pamela Fierro.

El 31 de enero de 2018, en una entrevista en El Desconcierto, Andrade anunciaba el ingreso de UNE -que en ese momento formaba parte del movimiento Nueva Democracia- a RD, entonces presidido por Rodrigo Echecopar.

“Queremos cambiar Chile y la realidad actual y creemos que la mejor herramienta hoy es RD”.

Cercanos a Pérez señalan que le advirtieron varias veces a la diputada que su relación con él y los nexos de su pareja con DV le podría acarrear problemas.

Consultado al respecto, Latorre señala que “tenía conocimientos de la existencia de Democracia Viva, pero no de su funcionamiento interno ni de los dineros que recibía”.